Mediapart, 17-1-2019

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Traducción de Ruben Navarro – Correspondencia de Prensa

ʺAtaque grave a los ecosistemasʺ, ʺamenaza severa para la existencia humana y no humanaʺ, ʺcambios radicales en los modos de vida tradicionales de las familias indígenasʺ. Los términos son fuertes, las frases incisivas. Cuanto más avanza el lector en el ʺinforme de la comisión del Tribunal Internacional Por los Derechos de la Naturaleza sobre el caso Tipnisʺ, más se ve abrumado por la política ambiental del presidente boliviano Evo Morales.

Este texto (ver documento informe-tribunal-final-jan-7th-2019-word), redactado por tres miembros del tribunal, acaba de ser difundido públicamente y fue entregado al gobierno boliviano el miércoles 16 de enero. El informe pide expresamente que la justicia tome sanciones contra las autoridades del país a propósito del caso Tipnis (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure), por ʺviolaciones repetidas de los derechos de la Tierra Madreʺ. Este tribunal internacional fue creado en 2014 y se propone juzgar, gracias a especialistas del tema, las violaciones de los derechos ambientales en el mundo. Alberto Acosta, Shannon Biggs y Enrique Viale (respectivamente economista ecuatoriano, activista medioambiental estadounidense y abogado argentino), acompañados por Hana Begovic, de la Alianza para los derechos de la naturaleza, fueron a Bolivia en agosto de 2018 para verificar por sus propios ojos la situación del Tipnis.

En noviembre de 2017, al mismo tiempo que la COP23 de Bonn, el Tribunal por la defensa de los derechos de la naturaleza fue informado sobre la situación de esta reserva natural indígena, situada en el corazón de Bolivia. El parque beneficiaba hasta entonces de una protección legal contra todo tipo de ʺalteración humanaʺ, pero Evo Morales, en agosto de 2017, decidió levantar esa protección para poder construir una carretera que atravesará la reserva de Norte a Sur. Sesenta kilómetros con una naturaleza excepcional y una biodiversidad incomparable.

Alberto Acosta, uno de los miembros del tribunal que visitó el Tipnis, explica: ʺEn la Amazonia, un kilómetro de carretera asfaltada da lugar a 3 o incluso 4 kilómtros de caminos anexos. Se imaginan ustedes entonces el impacto de esos 60 kilómetros.ʺ Y para el economista, la idea de construir una carretera ʺrespetuosa del medio ambienteʺ, tal como lo dijo el gobierno boliviano, carece completamente de sentido: ʺEso significa querer hacernos creer que Drácula es vegetariano y que puede, de ahora en adelante, hacerse cargo del banco de sangreʺ.

Según este especialista, esa carretera tendrá forzosamente un impacto fuerte sobre el medio ambiente y si ha habido una reacción internacional sobre este asunto es porque esa carretera se ha transformado en el símbolo de las promesas olvidadas de un gobierno que se reivindicaba, cuando fue elegido en 2006, indígena y protector de la Madre Tierra…

Ese parque natural protegido va a ser literalmente cortado en dos, poniendo así en peligro el ecosistema de 858 vertebrados diferentes, entre los cuales algunos que ya están en peligro de extinción, así como el modo de vida de los Chima, de los Yucararé y de los Mojeños, poblaciones indígenas que habían sabido hasta ahora conservar su modo de vida tradicional.

Es un viejo proyecto de todos los gobiernos bolivianos desde 1990, provocó muchas movilizaciones a escala nacional. Durante las nueve “marchas indígenas”, los “anti-carretera” recorrieron miles de kilómetros hasta La Paz, antes de enfrentarse, en la mayoría de los casos, a la represión policial que provocó un total de 74 heridos en 2011.

Pablo Solón es un activista medioambiental que trabajó “estrechamente” con Evo Morales, en el marco de varios gobiernos, sobre temas medioambientales. Para él, que fue también embajador de Bolivia en la ONU, el Tipnis “no es lo más grave”. Si ese parque se ha vuelto emblemático, “es porque de pronto la contradicción entre el discurso y la realidad nos salta a la vista”; nos recuerda que en términos de impacto medioambiental, “lo que sucede en el corazón del Tipnis no es nada, comparado a lo que vivimos, cada año, cada día, en el país.”

En Bolivia, cada año, son quemadas entre 200.000 y 250.000 hectáreas de selva –equivalente a la isla de La Reunión. La agricultura sobre chamizado (selva quemada) es practicada intensamente en el país. Esta deforestación permite el desarrollo de mega proyectos, como las represas hidroeléctricas del Bala o del Chepete que, una vez  construidas, inundarán espacios tan vastos como cinco veces la ciudad de La Paz y ocasionarán el desplazamiento de más de 5.000 personas.

El objetivo de Evo Morales es el de transformar a Bolivia en “el corazón energético de América del Sur.”  Mientras tanto, el hecho de cortar árboles permite desde ya, abrir un espacio para la ganadería y para la soja transgénica. Bolivia ya forma parte de los diez países del mundo cuyo porcentaje de deforestación por cabeza es más elevado. En la región de Santa Cruz (al Este del país), la agroindustria prospera sin ser para nada molestada por el gobierno, el que le facilita incluso la implantación. En 2011, por ejemplo, el Parlamento votó la ley 144, un texto que “regula” los OGM pero no los prohíbe.bolivia231 ii

Hoy, según las estimaciones de diferentes centros bolivianos de investigación sobre la agricultura, el 100% de la soja cultivada en Bolivia sería OGM. Una soja resistente al glifosato, con el cual se trata cada año un millón de hectáreas. Para Pablo Solón, Evo Morales habría cedido ante los agricultores del Este del país “para comprar así la paz social. Ahora, puede ir tranquilamente a los diferentes salones de la agricultura en Santa Cruz. Antes, antes no podía poner los pies en ellos.”.

Cocaína y acoso

Una parte de los productores de coca quedó también muy satisfecha con la política de Evo Morales y con sus nuevas orientaciones en materia de medio ambiente. El presidente boliviano, que era él mismo productor y dirigente sindical agrícola, permite, poco a poco, la ampliación de las superficies de producción de coca en regiones en las que la planta producida es sin embargo amarga, poco propicia a ser masticada. Son regiones más bien conocidas por estar en el centro del narcotráfico –en particular, la región de Chapare, al límite del Tipnis.

En el parque indígena, una zona está “colonizada” por los productores de coca, llamados “cocaleros.” En un principio, limitados a una zona reservada, mordisquean poco a poco el terreno del parque, lo que implica una importante deforestación. Y en ese sentido, los expertos temen que la futura carretera permita a los productores de extenderse más aún.

Alertados por las poblaciones indígenas del parque sobre la situación del “Polígono 7”, los miembros de la comisión del Tribunal para los derechos de la Naturaleza intentaron, en el transcurso de su visita de agosto de 2017,  ingresar en la zona en la que están implantados los cocaleros. Pero, sin embargo, el acceso les fue denegado antes de haber sido detenidos durante varias horas, sin intervención policial alguna, por unos cincuenta productores de coca.

Para Alberto Acosta, el territorio es una “zona sin derecho alguno”: “Son los productores de coca quienes dictan la ley. Por ejemplo, para atravesar un puente, los camiones militares se ven obligados a pedir a los cocaleros un permiso especial.” Después de este incidente, el Ministro del Interior, Carlos Romero, calificó a la comisión de “no oficial” y su informe fue calificado de “documento sin valor.”

Si bien es cierto que este Tribunal por los derechos de la Naturaleza es una iniciativa de los ciudadanos y que no goza de un reconocimiento internacional, éste se basa “legalmente” en la declaración de Tiquipaya, un pueblo boliviano que se encuentra en el centro del país, donde en 2014 fue organizada la conferencia mundial de los pueblos sobre el cambio climático y la defensa de la vida, convocada por… el propio Evo Morales.

Como miles de bolivianos, especialistas y activistas internacionales, Shannon Biggs y Alberto Acosta estaban presentes y recuerdan aún el entusiasmo de entonces ante la idea de reunir una serie de “proposiciones destinadas a la comunidad internacional con el objetivo de preservar la vida y de luchar contra el cambio climático.” El discurso de Evo Morales fue impresionante, se dirigió “a los pueblos del mundo”, llamando a “decidir sobre el futuro de la Madre Tierra”, el que concluyó gritando, extático: “El planeta o la muerte.”

Jorge Gómez, director de un centro investigación boliviano sobre el medio ambiente (el CEDLA), reconoce que en el momento de la llegada de Evo Morales al gobierno, se sintió “muy entusiasmado.” Tuvo, incluso, “la oportunidad de formar parte del gobierno”, pero prefirió “mantenerse independiente”, comenta ahora. Enseguida, las relaciones se degradaron. La ONG empezó a criticar la política medioambiental –atribución de tierras- y también, la situación en el Tipnis.

LA ONG se convirtió de esta manera en blanco de las críticas públicas por parte de los miembros del gobierno, los que la acusaron de estar financiada por entidades extranjeras y de sembrar la discordia entre los movimientos sociales y la ONG. Los controles fiscales se multiplicaron, la presión administrativa aumentó, los contratos de alquiler de los locales no les fueron renovados. La misma situación le tocó vivir a la CEDIB, otro centro de investigaciones particularmente crítico, o a la Fundación Tierra.

Según Pablo Solón, Evo Morales no tiene la excusa de la realidad de la gestión del poder, en un mundo globalizado que amordaza los ideales medioambientales. “Los OGM son un claro ejemplo de ello –explica. En 2010, el gobierno tenía todas las posibilidades de tomar un rumbo agroecológico, pero decidió no hacerlo.” Ahora bien, según su opinión, no prevalecieron solo las bajas razones electorales: “El presidente boliviano quiere, ante todo, quedarse en el poder. La agroecología es una agricultura de los pequeños de abajo. Ésta no genera enormes beneficios que se vierten luego en las arcas del Estado y no enriquece a los grandes agricultores, esos mismos de los que Evo Morales busca los votos y el apoyo.”

Hoy, Evo Morales sigue su camino, el del desarrollo a toda costa, pero condena al país a una lógica de extracción de materias primas y a una huella ecológica desastrosa. Para Pablo Solón y otros activistas medioambientales, el gobierno prevé incluso, próximamente, la puesta en práctica de la fractura hidráulica.

* Alice Campaignolle, corresponsal Mediapart en La Paz