Mientras el hacinamiento es moneda corriente en las cárceles, el Estado paga cifras millonarias por las plazas que continúan vacías en el nuevo centro de reclusión. Faltan operadores penitenciarios, y de los que están, más de un tercio está certificado por enfermedad. Las particularidades de un modelo de gestión que despierta optimismo en las autoridades generan resistencias en los presos y dejan contenta a la empresa privada, el único actor que hasta el momento parece estar haciendo un buen negocio...
