Apenas tenía 22 años y era, según cuenta Gabriel García Márquez, «una muchacha muy bella, tímida y absorta, con una inteligencia y un buen juicio que le hubieran servido para cualquier cosa grande en la vida». Lo más grande que decidió, y por lo que dejó la carrera de Medicina, fue la lucha guerrillera.
Con la farsa electoral Ortega y Murillo se atornillan al poder. Que ellos sigan en el poder significa más pobreza, más miseria, más represión, más desigualdad, más caos para Nicaragua.
Mientras dentro y fuera de Nicaragua diversas voces desde los medios de comunicación, gobiernos, activistas y ciudadanos en el exilio llamaban a no votar en las elecciones presidenciales del domingo, una masa de 155 mil 854 personas tomó un rumbo distinto cuando acudieron a las urnas, sin aspavientos ni manifestaciones, para anular las boletas.
La violencia del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra las personas LGBTI+ ha aumentado en los últimos años, pero los activistas perseveran en la lucha por sus derechos.
La dictadura no nos cayó de un palo de mango y en el ambiente diplomático de las elites todo puede ser blanqueado, para que siga la fiesta…
La resistencia popular tiene que pasar a un periodo de acumular fuerzas para protagonizar nuevas sublevaciones, esta vez con un horizonte mucho más claro”.
Éste, y no el de 1979, es el Ortega que hoy gobierna Nicaragua. Su deriva, tanto más amarga cuanto que viene de un pasado memorable, pone a la izquierda latinoamericana ante una incomodidad parecida a la que producen Cuba y Venezuela.
Las protestas en Nicaragua han erosionado la alianza entre el gobierno, el gran empresariado y las iglesias. Entretanto, la represión alentada por Daniel Ortega y Rosario Murillo aumenta y las elecciones de noviembre de 2021 están lejos de ser competitivas. Las fuerzas contrarias al régimen se encuentran disgregadas y las detenciones de potenciales candidatos se han vuelto cotidianas.
Decenas de antimotines allanan viviendas de dirigentes de Unamos (MRS) y les imputan delitos de "terrorismo".
Entre 2007 y 2017, los poderes fácticos económicos y políticos sellaron sus oídos y cerraron los ojos, aunque era del dominio público que el gobernante era: represor, simulador, inepto, corrupto y mentiroso.
Estas leyes son tres facetas de la misma política de amenazas contra todas las actividades independientes de la ciudadanía, contra la expresión y la divulgación de opiniones críticas contra el gobierno y contra todos los intentos de formar una oposición política frente al régimen dictatorial del presidente Daniel Ortega y de su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo.