A l’encontre, 2-5-2022
Traducción de Correspondencia de Prensa, 3-5-2022
A pesar de los miles de millones de dólares en ayudas federales a los inquilinos en ciudades y estados, la cifra de expulsiones por parte de los propietarios está alcanzando niveles anteriores a la pandemia en ciudades de todo el país. Esto se produce al mismo tiempo que el aumento de los salarios sigue siendo inferior a la inflación y millones de personas luchan contra el aumento de los precios de los productos de primera necesidad.
Según las estimaciones -de la última encuesta Pulse de hogares realizada por la Oficina del Censo de EE.UU.- el 35% de los encuestados dijo que era «muy» o «algo» probable que tuviera que abandonar su casa en los próximos dos meses a causa de un desahucio. Sólo un 11% afirmó haber solicitado y recibido ayudas para el alquiler a través de programas financiados con fondos federales. Por lo general, [estos programas] son administrados por los estados y las ciudades, que se encargan de distribuir unos 46.500 millones de dólares en ayudas a propietarios e inquilinos. Una encuesta más amplia (Pulse) descubrió que casi el 25% de los hogares en régimen de alquiler «no están seguros» o «no están nada seguros» de poder pagar el alquiler del próximo me.
Estas cifras federales son sólo estimaciones extrapoladas a partir de encuestas, pero si se ajustaran a la realidad, una ola creciente de desahucios podría expulsar a millones de personas a medida que aumenta el costo de la vida.
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Hasta hace poco, el aumento del empleo y el apoyo de los programas transitorios de ayuda ante la pandemia protegían a la clase trabajadora de los estragos de la inflación, según Shawn Fremstad, investigador del Center for Economic and Policy Research (CEPI). Sin embargo, las empresas siguen subiendo los precios para los consumidores. Y el Congreso no «consiguió» prorrogar programas de ayuda como la desgravación fiscal por hijo, que había aumentado en de marzo de 2021, y que evitó que millones de personas pasaran hambre el año pasado.
«Pero ahora está claro que la voracidad de las empresas golpea duramente a la clase trabajadora», dijo Shawn Fremstad en una declaración de finales de abril. «Según la Oficina del Censo, más de uno de cada tres adultos (alrededor del 34%) declara tener dificultades para hacer frente a los gastos habituales del hogar, el mayor índice que hemos visto desde principios de 2021.»
En los seis estados y 31 ciudades analizados por el Laboratorio de Desahucios (Eviction Lab) de la Universidad de Princeton, los propietarios presentaron más de 10.247 solicitudes de desahucio durante la semana pasada.
En las ciudades de Texas -Houston, Dallas y Fort Worth- los propietarios presentaron 37.000 solicitudes de desahucio en los tres primeros meses del año, según un informe basado en los mismos datos y publicado por el Texas Tribune.
En Dallas, las solicitudes de expulsión se redujeron a seis por semana durante el pico de la pandemia, pero las solicitudes se intensificaron después de que las moratorias locales y federales sobre las expulsiones hace unos meses fueran levantadas. Más de 1.000 solicitudes se registraron en Dallas durante una sola semana de abril. En otras ciudades de todo el país se publican informes similares a medida que se van agotando las ayudas sociales.
Y la crisis de la vivienda va más allá del desahucio. Debido en parte al colapso de la red de seguridad social y a los bajos salarios de los trabajadores de muchos sectores, casi uno de cada tres hogares estadounidenses no puede permitirse un alquiler de 600 dólares al mes, e incluso menos, lo que hace que muchas familias tengan que hacer frente a condiciones de hacinamiento o de inseguridad en la vivienda.
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Mucho antes de que la pandemia obligara a cerrar empresas y dejara a millones de personas sin trabajo, Estados Unidos se enfrentaba a una crisis de vivienda y desahucios. Incluso antes de la pandemia, a muchos se les cobraban alquileres que ya no podían pagar, según las organizaciones de defensa de los inquilinos. Antes de 2020, se registraban más de 3,6 millones de desahucios al año en Estados Unidos.
El atraso en los pagos del alquiler puede conducir a los inquilinos a la pérdida de sus hogares, especialmente en los estados rojos (republicanos), donde los inquilinos tienen pocas protecciones legales. En caso de desalojo, sólo el 3% de los inquilinos están representados por un abogado, frente al 81% de los propietarios, según la National Coalition on the Civil Right to Counsella. Sin embargo, muchos desahucios ni siquiera son impugnados ante los tribunales, según John Pollock, abogado de la Coalición Nacional [National Coalition].
«Simplemente, se van. Si intentan luchar por su cuenta, saben que van a perder», nos dijo John Pollock en una entrevista: «La mitad de las personas implicadas ni siquiera acuden a los tribunales siendo que esto los puede llevar a quedarse sin hogar, a perder a sus hijos, a perder su trabajo.» Pero, la simple presentación de un desahucio, independientemente de la decisión judicial, puede quedar en el expediente del inquilino durante años.
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Las repercusiones de esta crisis son muy dispares. Entre 2012 y 2016, los inquilinos negros recibieron avisos de desalojo por parte de los propietarios a una tasa media que casi duplica la de los inquilinos blancos. Y las mujeres negras con bajos ingresos se vieron afectadas de forma desproporcionada, según la American Civil Liberties Union.
Afortunadamente, dice Pollock, la preocupación por la vivienda durante la pandemia permitió ampliar los esfuerzos en muchas ciudades para garantizar el derecho de los inquilinos a la representación legal y establecer programas que eviten las expulsiones. El objetivo [de estos programas] es resolver los conflictos entre inquilinos y propietarios para evitar una audiencia de desahucio en los tribunales. Los sindicatos de inquilinos también se han organizado para enfrentarse colectivamente a los propietarios y luchar contra los desahucios en todo el país.
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Los estados de Washington, Maryland y Connecticut implementaron programas de «derecho a la asistencia jurídica», los que brindan asesoramiento legal a los inquilinos que, amenazados de expulsión, en función de sus ingresos. Recientemente se crearon programas similares en Nueva York, San Francisco, Newark, Boulder, Baltimore, Filadelfia, Louisville, Kansas City, Mineápolis, Toledo, Seattle, Denver y Cleveland, según John Pollock. Según él, «hay actualmente 16 jurisdicciones que tienen derecho a un abogado. En 2017, no había ninguna».
Otras ciudades han tratado de contrarrestar la crisis de los desahucios promulgando nuevas protecciones para los inquilinos, pero según John Pollock, estos esfuerzos adolecen de «dificultades de aplicación».
«A menudo los inquilinos tienen que presentar algo así como una declaración jurada, pero no saben cómo hacerlo y los propietarios pueden impugnarla», dice Pollock. «En las ciudades en las que no tienen derecho a un abogado, algunos de los programas tendientes a evitar los procesos judiciales de desahucios y otro tipo de esfuerzos han resultado útiles, pero a veces se ven obstaculizados por el hecho de que no hay abogados presentes para asegurarse de que las leyes son realmente aplicadas», dice Pollock.
Incluso en las ciudades en las que los inquilinos tienen derecho a un abogado, las estructuras necesarias para muchos de los nuevos planes están todavía en construcción. Según John Pollock, hay escasez de abogados defensores de inquilinos en todo el país. El Tribunal Supremo anuló el pasado mes de agosto una moratoria federal sobre los desahucios, y la mayoría de las moratorias locales expiraron. Los juzgados locales se llenan ahora de inquilinos que se enfrentan a un desalojo, y las audiencias en persona sustituyen al fin las llamadas a través de Zoom, muy costosas, que solían retrasar los procedimientos judiciales y dejar a los defensores sin acceso a Internet durante los periodos de cierre por pandemia.
Sin embargo, los defensores saben que el derecho a contar con un abogado puede mantener a muchas personas en sus hogares. En Nueva York, el 84% de los inquilinos con representación legal permanecen en sus casas; en Cleveland, el 93% de los inquilinos con representación legal evitan el desalojo o el traslado contra su voluntad, según John Pollock.
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Muchos inquilinos no pueden presentarse en el juzgado por motivos de trabajo, familia u otras obligaciones durante el día. En las ciudades en las que no existe el derecho a la asistencia jurídica, estos inquilinos tienen, a menudo, que abandonar sus casas sin tener la oportunidad de hacer valer sus derechos. La representación legal que proporcionan los programas de derecho a la asistencia jurídica puede resolver este problema rápidamente, ya que los abogados comparecen ante el tribunal y realizan los trámites en nombre de los inquilinos.
Según Pollock, los defensores de los derechos de los inquilinos estimulan a cada vez más estudiantes de derecho para que se conviertan en abogados de inquilinos, con la esperanza de crear un «canal » entre las facultades de derecho y los programas estatales y locales que brindan representación legal a los inquilinos. Y añadió: «Vemos esto como una lucha de vanguardia por los derechos civiles, y lo es; lo concebimos como parte de la lucha por el derecho a la vivienda». [Publicado en Truthout, 29-4-2022)