Viento Sur, 15-3-2020
Correspondencia de Prensa, 16-3-2020
Anoche entró en vigor el «Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma para gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19», tras un largo Consejo de Ministros extraordinario en el que básicamente se aprobaron dos grupos de medidas con un plazo de 15 días, transcurrido el cual deberá ser debatido en el Parlamento:
- Confinar a la población en sus domicilios
Restringiendo la utilización de las vías de uso público de forma individual y para los siguientes supuestos: compra de alimentos, productos farmacéuticos o de primera necesidad, acudir a centros sanitarios, entidades bancarias o de seguros, ir al trabajo, retornar a la vivienda habitual en caso de encontrarse fuera de la misma, efectuar cuidados de personas mayores, menores, dependientes y personas con discapacidad y por motivos de fuerza mayor o cuestiones justificadas. Los vehículos privados también estarán justificados y el Ministerio de Interior puede ordenar el cierre de carreteras. A su vez, el Gobierno recomienda el teletrabajo.
Esta medida en si misma desde el punto de vista preventivo estás justificada, aunque su impacto será muy desigual en la sociedad pues las posibilidades reales de teletrabajar están limitadas a un sector minoritario de la población y a sólo a una parte de las actividades laborales, y las posibilidades efectivas de efectuarlas con los centros docentes cerrados también son diferentes en los casos de tener que simultanear el trabajo en casa con el cuidado de las y los escolares.
El problema que conlleva y al que el gobierno no ha dado solución es el cese de actividades económicas cuyo primer efecto va a ser el aumento del paro de los asalariados y de ingresos en los autónomos. Efecto que se va a manifestar en la pérdida de empleo y salario en el caso de los sectores más precarizados, multiplicación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que pueden suponer una ocasión de oro para la restructuración de plantillas por parte de muchos patronos dado que, según dijo Sánchez en la rueda de prensa, se va a flexibilizar el procedimiento lo que puede suponer la eliminación de los ya escasos requisitos existentes. Ante ello cabe preguntarse ¿qué medidas extraordinarias van a adoptarse para asegurar salarios e ingresos de las y los trabajadores asalariados o por cuenta ajena que hayan perdido su trabajo? ¿Qué dotaciones extraordinarias van a efectuarse para poder asumir el coste público de los ERTE? ¿Qué dotaciones para abordar la situación de emergencia social a la que está abocada una importante parte de la población?
A tenor de lo aprobado en el Consejo de Ministros del pasado martes día 10, en el que se suspendieron los vuelos desde Italia y los viajes del Imserso o las actividades deportivas con público, hizo la siguiente provisión: 18.225 millones de euros, de los cuales 14.400 van destinados a PYMES y autónomos para paliar teóricamente los efectos negativos del impacto de la epidemia, pero con truco, puesto que 14.000 millones se sustancian en aplazamiento de impuestos y 400 millones se darán mediante créditos ICO (Instituto de Crédito Oficial). En ambos casos se trata de aplazar el problema, sin más, fundamentalmente mediante la minoración actual de ingresos del Estado. Por tanto, para la atención de necesidades sociales y sanitarias se dedicarán 3.825 millones de euros, de los cuales 3.800 millones son anticipos a las Comunidades autónomas para que atiendan sus obligaciones competenciales en materia de sanidad, por lo que no es dinero nuevo ya que repercutirá, si no se solventa, en menor dotación futura. Los restantes 25 millones se dedicarán a becas de comedor. Por tanto, de momento, 0 euros para salarios o ingresos de autónomos o situaciones de emergencia sobrevenidas en las capas más empobrecidas de la población.
La cuestión que resta plantearse en este punto es ¿el Consejo de Ministros del próximo martes día 17 de marzo aprobará las partidas necesarias para conjurar la emergencia social? ¿Adoptará medidas para evitar el empobrecimiento masivo? ¿Establecerá la posibilidad de impago de las hipotecas para las rentas inferiores a 30.000 euros anuales? ¿Posibilitará el cese del pago de alquileres en los casos que lo requieran? ¿Anulará la obligación de pagar alquileres a los fondos buitres que acogió el PP? ¿Regulará las condiciones laborales para evitar que, una vez más, la crisis y la salida de la crisis, se haga a costa de las gentes trabajadoras? Y ello nos lleva a un segundo grupo de preguntas asociadas a la necesidad de fondos para invertir y gastar: ¿reclamará y cobrará el gobierno de una vez los 65.000 millones de euros del rescate bancario, exigible ya con un sistema bancario más que saneado y boyante? ¿Decretará la creación de un impuesto extraordinario sobre los beneficios de las grandes empresas?
El dilema es claro. De momento Sánchez sólo ha pedido a la población que adopte una serie de medidas de autoprotección, cosa necesaria, pero a día de hoy no ha tomado las decisiones que corresponden para evitar que, de nuevo, el sangre, sudor y lágrimas recaiga en las y los de siempre, las gentes de abajo sin merma de los privilegios y ganancias de los de arriba.
Que lo tenga claro el gobierno. Ahora no vamos a recordarle que anduvo por detrás de los acontecimientos arrastrando los pies durante días decisivos y que fue aceptando la realidad de la gravedad de la epidemia a trancas y barrancas por error a tener que adoptar medidas impopulares, pero sí que conviene tener presente que si algo crea alarma y malestar social es la sensación de la inexistencia de un plan, de una hoja de ruta, que se manifiesta en dos cuestiones. En primer lugar en la adopción de medidas parciales, a veces inconexas, con la excusa de que la epidemia es cambiante (¡ya lo habíamos visto en el caso chino o italiano!) y, en segundo lugar, la falta de voluntad política para movilizar los recursos económicos necesarios siguiendo la ortodoxia neoliberal de Nadia Calviño. En ese malestar puede encontrar la derecha el río revuelto en el que rehacer sus réditos electorales.
- Centralización del mando en un Estado mayor
Compuesto por los Ministerios de Defensa, Interior, Transportes y Sanidad, ese Consejo de administración de la crisis, estará liderado por el presidente del gobierno, según su propia expresión, cuando hizo el llamamiento a que todos los demás ( partidos, instituciones y ciudadanía) se pusieran detrás de él. Ello significa que confiere toda la decisión sanitaria al Estado, tanto del sector público como del privado, incluyendo la posibilidad de intervención en la industria sanitaria, pero también unos poderes extraordinarios a la policía y se reserva un papel de policía al propio ejército. Para resumir lo más inmediato: todos los cuerpos policiales, incluso los autonómicos y locales, quedarán bajo el mando único del Ministerio del Interior. A su vez, el Ministerio de Sanidad tendrá en su mano «todos los medios sanitarios públicos y privados, civiles y militares».
El primer significado de esta decisión es que la dimensión laboral de los efectos del estado de alarma se minusvalora con la consiguiente marginación de la Ministra de Trabajo y que en un momento en el que la distribución de bienes va a ser esencial se ningunea al Ministro de Comercio. En términos políticos ello significa que Sánchez monopoliza en el seno del gobierno el mando en la crisis al dar todas las competencias a ministros socialistas dejando sin rol alguno a Unidas Podemos (UP).
Pero hay una segunda dimensión de esta decisión aún más importante. Sánchez establece la relación directa del gobierno con cada individuo residente en territorio del Estado español como si la sociedad fuera exclusivamente una suma de individualidades, por lo que no cuenta ni con las organizaciones sindicales y sociales que vertebran los intereses de las clases populares, ni tampoco con la realidad del ordenamiento jurídico que distribuye competencias en el seno de Estado entre el gobierno central y los gobiernos de las comunidades. Si lo primero supone reforzar la concepción neoliberal de la sociedad compuesta por individuos y Estado sin más mediaciones, lo segundo significa dinamitar el Estado de las autonomías en la práctica y una vía abierta a la recentralización unitarista, renunciando a las posibilidades que ofrece el autogobierno, siendo este asunto especialmente grave en los casos de Euskadi (Comunidad Vasca) y Catalunya, donde se conculcan los escasos derechos nacionales adquiridos. Sánchez en vez de presidir la coordinación de esfuerzos ha optado por la vía de sustituir en sus funciones al resto en una dañina (e ineficiente) maniobra política. Difícilmente podrá solucionar este roto en la reunión de hoy día 15 con los presidentes de los gobiernos de las comunidades.
Debido al trato dado a UP y sobre todo al segundo aspecto relacionado con Euskadi y Catalunya, el futuro de las alianzas del PSOE se vuelve incierto, lo que unido al triunfo –al menos de momento— del ala más neoliberal del gobierno de las ministras de Hacienda y Economía, no es de descartar que veamos un nuevo panorama post Estado de alarma en el debate de los Presupuestos Generales del Estado. De momento hay movimientos preocupantes. Por un lado las maniobras de acercamiento de Arrimadas (Ciudadanos) al PSOE si este rompe las conversaciones con la Generalitat y en concreto con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), por otro el apoyo envenenado de Abascal (Vox) a las decisiones del gobierno, precisamente por lo que suponen de recentralización disciplinaria. Por su parte Casado (Partido Popular) está jugando la carta electoralista de desgaste a toda costa del PSOE, tomando argumentos de aquí y de allá, intentando liderar el posible malestar social de amplias capas trabajadoras, proponiendo medidas de apariencia keynesiana combinadas con el mantra de rebajas de impuestos a las empresas, olvidando que la privatización de la sanidad y el deterioro de los hospitales y servicios públicos que perdieron miles de profesionales, vieron deteriorar sus medios y tuvieron que cerrar camas, fue obra de los gobiernos central y de las comunidades de su partido, siempre ávido, como ahora con la medicalización de hoteles, de buscar nichos para el negocio privado.
Corolario
Estamos conociendo tres crisis concomitantes que como tales se realimentan. La económica que ahora se agrava, la sanitaria que es más dura por el desmantelamiento sistemático de lo público y, a su vez, incide en la primera, y la climática que como telón de fondo tiene correlación con las dos anteriores. En los momentos de crisis es cuando pueden tomarse bifurcaciones estratégicas. Bien repetir y reforzar la lógica que presidió la del 2008 y que determinó la actuación del gobierno Zapatero hasta consumarse en la reforma acelerada del artículo 135 de la Constitución, a la vez que se seguía apuntalando el modelo económico vigente, ambientalmente insostenible, económicamente ineficaz y socialmente injusto por estar subordinado al dictado de las finanzas y la Comisión europea; o bien impulsar la inversión en un nuevo modelo productivo respetuoso con la biosfera, poniendo en valor la planificación democrática, la defensa de los intereses de la mayoría social frente a la oligarquía, creando un sólido sector público y social en las industrias estratégicas, en la investigación y en los servicios a la ciudadanía y, en definitiva construyendo una sociedad sobre nueva planta.
– Manuel Gari, economista, forma parte del Consejo Asesor de Viento Sur.
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Declaración de Anticapitalistas ante el Estado de alarma
16 de marzo de 2020
Hemos venido planteando que el gobierno estaba reaccionando lentamente y de forma errática ante el avance de la epidemia del coronavirus y ayer aprobó un insuficiente Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma para gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, tras un largo Consejo de Ministros extraordinario que tendrá vigencia durante un plazo de 15 días, transcurrido el cual deberá ser debatido en el Parlamento.
Consideramos que es insuficiente porque no contempla las medidas económicas y fiscales necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria, a sus efectos económicos y laborables, y muy probablemente a una situación de emergencia social.
El decreto establece los sacrificios, necesarios, que la población debe hacer para evitar el contagio, pero no abre un horizonte de esperanza para que, de nuevo, el “sangre, sudor y lágrimas” que nos pide el presidente del gobierno Sánchez no supongan sacrificios de las clases trabajadoras que vislumbran un horizonte con mayores riesgos de empobrecimiento, desempleo y pérdida de derechos. Y ni siquiera adopta medidas inmediatas para evitar nuevos dramas habitacionales ni para reforzar el sistema público sanitario.
Confinar a la población en sus domicilios no basta, hay que arbitrar recursos extraordinarios para dotar a los hospitales públicos y facilitar el cuidado de escolares. Es necesario recomendar el teletrabajo, pero también hay que asegurar las medidas de protección a todos los puestos de trabajo que lo requieren en la sanidad, los trabajos de cuidados, en el transporte y en todos los sectores económicos. Hay que cortar de raíz, no “flexibilizar”, la avalancha de ERTEs y EREs con los que la patronal está aprovechando para reestructurar las plantillas. Y, desde luego, erradicar cualquier ayuda a empresas con despidos. Hay que asegurar los salarios no percibidos por los trabajadores o los ingresos no realizados por los autónomos.
Lo aprobado en el Consejo de Ministros del pasado martes día 10 nos da una pista de un camino antisocial. Se aprobó una línea de ayudas de 18.225 millones de euros con la siguiente composición: 14.400 para PYMES y autónomos en forma de aplazamiento de impuestos y 400 millones se darán mediante créditos ICO. Con ello se aplaza el problema, sin más, a la vez que se merman los ingresos de las arcas públicas. A las necesidades sociales y sanitarias se dedicarán 3.825 millones de euros, de los cuales 3.800 millones son anticipos a las Comunidades autónomas para que atiendan sus obligaciones competenciales en materia de sanidad, por lo que en el futuro habrá menos transferencias, simplemente se demora el agujero; y 25 millones irán a becas de comedor. Así pues, no hay inyección de dinero para inversión, investigación, salarios perdidos, ingresos no realizados de autónomos o situaciones de emergencia social sobrevenida o agravada.
Por ello, exigimos que el Consejo de Ministros del próximo martes día 17 de marzo apruebe las partidas necesarias para conjurar la emergencia social; el impago de las hipotecas para las rentas inferiores a 30.000 euros anuales; el cese del pago de alquileres en los casos justificados; eliminación de la obligación de pagar alquileres a los fondos buitres; regular las condiciones laborales para evitar que, una vez más, la crisis y la salida de la crisis se haga a costa de las gentes trabajadoras. Para ello es necesario sacar el dinero de dónde está. El gobierno debe cobrar los 65.000 millones de euros del rescate bancario y crear un impuesto extraordinario sobre los beneficios de las grandes empresas.
La centralización en manos de Sánchez y de los Ministerios de Defensa, Interior, Transportes y Sanidad, junto con unos poderes extraordinarios a la policía y el conferir un papel de policía al propio ejército, son elementos de alto riesgo democrático. Ignorar las recomendaciones planteadas por el ministerio de Trabajo y marginar al Ministro de Consumo, cuando es más necesario que nunca organizar a la sociedad en ese terreno, es un claro intento de dejar sin peso a las voces más a la izquierda del gobierno. Todo el mundo conoce nuestra posición crítica con la estrategia del gobierno de coalición, pero no nos da igual en qué sentido se resuelva la batalla en el seno del ejecutivo. La “línea Calviño” significaría agudizar el sufrimiento de millones de personas, pulverizaría las relaciones comunitarias y lanzaría a la gente trabajadora a una lucha por la supervivencia.
Por otro lado, Sánchez establece la relación directa del gobierno con cada individuo residente en territorio del Estado español y no cuenta con las organizaciones sindicales y sociales ni tampoco con gobiernos de las comunidades. Ello significa una recentralización unitarista que atenta al autogobierno, especialmente en Euskadi, Galicia y Catalunya, donde se conculcan los escasos derechos nacionales conquistados. Sánchez ha preferido imponer la vía “ordeno y mando” a presidir la coordinación de esfuerzos. El trato dado a UP, la recentralización y el triunfo –de momento– del ala más neoliberal del gobierno de las ministras de Hacienda y Economía, nos hace entrever un futuro incierto de las alianzas del PSOE en asuntos tan relevantes como los Presupuestos Generales del Estado.
Hay maniobras de acercamiento de Ciudadanos al PSOE a condición de que rompa sus conversaciones con los nacionalistas catalanes. Incluso VOX ha aplaudido la recentralización porque la ve como un mecanismo que facilita una salida autoritaria de la crisis sin cuestionar a la minoría privilegiada. El Partido Popular, en plena euforia electoralista, está realizando una oportunista y cínica oposición al gobierno sin reparar en sus responsabilidades en el desmantelamiento de la sanidad pública y proponiendo medidas contradictorias de aumento del gasto y bajada de impuestos.
El gobierno puede adoptar la misma vía fallida que tomó en la crisis de 2008 que supuso un reforzamiento de la oligarquía y un empobrecimiento de la mayoría social, un creciente autoritarismo y un duro golpe al frágil “Estado del bienestar” existente en el estado español. La vía de Zapatero allanó el camino a Rajoy. También puede adoptar la contraria. No se pueden pedir sacrificios en el terreno de los derechos sociales y del bienestar económico cuando estamos viendo casos de enriquecimiento corrupto y obsceno en la monarquía.
Es necesario optar por la vía que pone en el centro la vida, los intereses de las clases trabajadoras y la ampliación de los derechos y libertades. O sea, la defensa de los servicios públicos, la socialización de los sectores estratégicos de la economía y el impulso de la planificación democrática para poner en pie un modelo productivo y reproductivo en armonía con la biosfera. Precisamente cuando hay una crisis, es el momento en que hay que elegir. Y hoy más que nunca, es necesario elegir: o con la gente trabajadora o con los beneficios de la banca y de las grandes empresas.