En el país de los muertos nadie sabe quién muere

Nadie puede decir a ciencia cierta quiénes son los 300.000 muertos, los 310.000 desplazados o los 60.000 desaparecidos —cuando menos— que México escupió en los últimos 14 años.

Guillermo Garat

Revista Lento, junio 2020

Correspondencia de Prensa, 8-6-2020

El estado de “guerra interna” y “sin cuartel” declarado en 2006 pretendía “recuperar la normalidad”, “restituir el mando de autoridad”, “liberar a México de las garras de la delincuencia”, “la violencia, las drogas” y “las adicciones”. Todo lo prometía un Felipe Calderón recién llegado a la presidencia, en medio de serias acusaciones de fraude electoral. Más adelante, en 2006, mientras algunas tropas desembarcaban en Michoacán, aseguró que el narcotráfico estaba desafiando al Estado: “Genera inseguridad y violencia, degrada el tejido social” y “socava el activo más valioso: los niños y jóvenes”.

En 2008 Estados Unidos y México firmaron la Iniciativa Mérida. En el papel, reconocieron tener responsabilidades compartidas. Estados Unidos compra la mayor parte de las drogas que se trafican desde el sur. México, además de producir opioides, marihuana y drogas sintéticas, es un gran receptor y distribuidor global de cocaína andina, sobre todo colombiana, que atraviesa fronteras a plata o plomo.

La iniciativa significó un cheque en blanco para la intervención de las Fuerzas Armadas y la “cooperación” de ambos países. En 2008 y 2009 Estados Unidos entregó en total 700 millones de dólares para reforzar la frontera y para que México comprara pertrechos de guerra, tecnología de espionaje e hiciera una reforma judicial.

Después de modificar la Constitución, se suprimieron algunas garantías procesales para la delincuencia organizada y para quien fuera sospechoso de integrarla. Por medio de un régimen de excepción a la figura cautelar del arraigo, que priva de libertad de manera preventiva a quien sea simplemente sospechoso de delitos de ese tipo. Con esto, mientras transcurre una investigación, un detenido puede ser retenido por 40 días, prorrogables por otros 40. Es tiempo suficiente para hacer un buen ablande a través de apremios físicos, que han sido plenamente comprobados. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, un organismo federal, recibió 11.608 denuncias por torturas entre 2006 y 2014.

La prioridad, admitida por los gobiernos, era apresar o directamente asesinar a líderes de los cárteles. Pero esa excepcionalidad se usó para mucho más que el narcotráfico. En 2006 el Estado mexicano gastaba 2.600 millones de dólares en defensa; en 2015 esa cifra era de 7.900 millones de dólares, el triple. Entre 2013 y 2015 el gobierno mexicano compró 1.000 millones de dólares de armamento a Estados Unidos, según datos de The Washington Post. A eso hay que sumarles otros 1.500 millones de material bélico que adquirió de las Fuerzas Armadas estadounidenses, y 2.000 millones invertidos por empresas privadas de 2012 a 2015. A su vez, entre 2008 y 2015 el Estado mexicano transfirió 2.500 millones de dólares a la “guerra contra las drogas”.

Sin embargo, la situación no parecía estarse acercando a la paz, sino más bien lo contrario. Un informe de da cuenta de que hacia 2006 había cuatro cárteles, sobre todo dedicados al tráfico de cocaína y marihuana. Entre 2006 y 2012 se registraron 59. En ese lapso, varios minicárteles se desprendieron de estructuras más grandes y sus disputas tiñeron —y tiñen— de sangre casi todo México. Las armas que las sustentaban fluían por las mismas fronteras por las que fluían las armas legales. En México hay 2.000 millones de armas ilegales, y 70% ingresa desde Estados Unidos, informó el secretario general de Defensa de ese país, Luis Sandoval, en 2019.

Las armas se combaten con armas, y los militares tomaron posesión de responsabilidades civiles. Al comienzo del gobierno de Calderón ocuparon 25 jefaturas policiales en 32 estados. En 2006 había 37.253 militares en las calles cumpliendo tareas de seguridad interna, y en 2016 llegaron a ser 51.994. El despliegue militar ha desatado una epidemia de ejecuciones, desapariciones y amenazas, y ha ocasionado el avance del crimen organizado en el seno de los estados federales. Las organizaciones sociales denuncian que las violaciones a los derechos humanos y los crímenes que permanecen impunes están estrechamente relacionados con la presencia de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interna.

Los resultados de la guerra contra las drogas no sólo son cuestionables, sino opacos. No existen instrumentos de validación de objetivos de una política que en 2021 cumplirá 15 años. “Las mediciones oficiales dicen muy poco de los resultados”, advierte la investigadora Laura Atuesta en un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas, uno de los think tanks más conocidos de México. Atuesta también avisa de la “falta de sistematización comprensiva” de la información, así como de “deficiencias en la documentación y en los ejercicios analíticos y empíricos”.

“Lo que ocurre en México podría acercarse al terrorismo de Estado. Los crímenes que se cometen, los disfracen como los quieran disfrazar, son responsabilidad del Estado”, dijo Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, al portal Cimac.

En 2016 sólo Siria, en medio de la guerra internacional más grave del mundo actual, superó a México en muertes violentas. Aunque el gobierno mexicano de entonces cuestionó la comparación, no ofreció un panorama estadístico claro. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito evaluó que entre 2007 y 2012 México computó la tasa más alta de homicidios de América Latina.

Sin embargo, en los 20 años anteriores al inicio del conflicto los homicidios en México eran considerablemente menos. En 2007 se registraron ocho cada 100.000 habitantes. La tasa se hizo añicos con la “guerra contra las drogas”. En 2011 pasó a 24, y llegó a 27 en 2019, cuando hubo 34.582 homicidios no desagregados entre asesinatos y bajas del conflicto interno. De 2006 a 2018 los asesinatos fueron 275.817, según la fuente oficial de estadísticas mexicana, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). De los 102.696 homicidios ocurridos entre 2006 y 2012, el conflicto armado causó 70.000, según Christof Heyns, relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales.

Si estos números son correctos, México superó los 300.000 homicidios en 14 años de guerra contra las drogas. Pero las autoridades no pueden decir a ciencia cierta cuál es la cantidad de “bajas” del conflicto armado más cruento de América Latina.

Lejos de sacar a los jóvenes de “la droga”, la guerra los mata como ninguna otra epidemia. Cada diez días hay 1.000 homicidios en México. De esos caídos en la sucesión de batallas, 36 eran niños, niñas o adolescentes, y el año pasado también lo eran cuatro de cada 100 desaparecidos.

Desde 2006 las distintas organizaciones contabilizaron 30.000 niños huérfanos por el conflicto. De los 2.000 asesinatos de niñas, niños y adolescentes que se registraron de 2006 a 2014, la mitad ocurrieron durante intervenciones armadas, dice el reporte “La situación de los derechos humanos en México”, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de 2016.

De las 14.540 muertes de jóvenes de entre 15 y 24 años que tuvieron lugar en 2017, más de 7.000 fueron homicidios, la principal causa de muerte en esa edad, reportó el Inegi. Entre personas de 25 a 34 años hubo 9.500 homicidios, que fueron la primera causa de fallecimiento en ese grupo etario, después de los accidentes, con la mitad de muertes.

En 2011 se fundó la primera asociación de familiares de desaparecidos, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Hasta entonces habían contabilizado más de 55.000 asesinatos relacionados con el crimen organizado. Pero mientras este organismo negociaba una ley para reconocer, caracterizar y buscar a los desaparecidos, algunos de sus integrantes empezaron a desaparecer.

Desde 2006 la cantidad de personas “no localizadas” llegó a 60.053, según el último informe del gobierno federal. Las estadísticas sobre personas “ausentes” son muy cuestionables. Diez de los 32 estados mexicanos no aportaron información para un relevamiento sin precedentes que llevó a cabo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con la CIDH, “a pesar de la magnitud de la desaparición de personas en México, no existe claridad respecto al número de personas desaparecidas, y menos aún sometidas a la desaparición forzada”.

La ciudadanía no denuncia porque no hay justicia posible. Hasta 2017, de un total de 2.420 acciones judiciales por tortura en la Procuraduría General de la Nación, sólo hubo 15 sentencias condenatorias. El organismo interamericano denuncia “negligencia” y “falta de voluntad” para dar respuestas. “Algunos elementos de la Policía Federal y las policías estatales, así como muchas policías municipales, estarían coludidos con organizaciones del crimen organizado”, reconoció la CIDH.

La impunidad es tal que en todo el país decenas de grupos de familiares salen a buscar ellos mismos a sus desaparecidos. No tienen colaboración de los gobiernos estatales ni federales. Para comprobar que en el lugar sospechoso hay una fosa, deben meter una varilla en la tierra. “Y la olemos. Si sale olor a podrido sabemos que hay un cuerpo”, contó a la CIDH un integrante de uno de los tantos colectivos dedicados a buscar a sus seres queridos. Por si fuera poco, también padecen persecución en varios estados.

Durante lo más álgido del conflicto interno, los asesinados o desaparecidos podían ser policías, operarios de maquilas, migrantes, empleados, técnicos, profesionales y también jóvenes pobres relacionados a la más baja escala con el menudeo de drogas. “Si hubiera reconocimiento sabríamos quiénes son las víctimas, habría una caracterización de ellas. El tema es que hoy no podemos responder quién desaparece. Es muy difícil que encuentres algún documento serio en el que se diga quiénes fueron las víctimas y por qué murieron. No hay una caracterización ni un reconocimiento de víctimas”, explicó Olga Sánchez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. La organización, que tiene estatus consultivo en Naciones Unidas, acompaña a las víctimas de este y otros conflictos.

“Viendo las cifras y la capacidad no sólo de fuego, sino de organización, negociación y logística que tiene el crimen organizado, conforme al derecho penal internacional y humanitario, la situación en México reúne los requisitos para decir que el país todavía vive un conflicto armado”, afirma Sánchez, coautora del estudio “El costo social de la guerra contra las drogas en México”.

La comisión acompaña a familiares de las víctimas con apoyo psicológico y también legal. Entre los varios casos que siguen está el de Jorge Antonio Parral. Fue secuestrado en el puesto de peaje donde trabajaba el 24 de abril de 2010. Dos días después, el Ejército mexicano dio a conocer, a través de los medios de comunicación, que Parral había sido abatido durante un operativo en una casa controlada por un grupo del crimen organizado. Los militares decían que el hombre de 38 años era parte del clan, hasta que nueve años y medio después, luego de que su familia lo hallara en una fosa común y un forense dictaminara que le habían disparado a corta distancia, la Justicia reclasificó su caso. Pero no hay más avances que eso. Hay miles de casos más en los que se violan las garantías procesales sistemáticamente y la impunidad sella los crímenes.

Hay unas 300.000 personas que no pudieron contar la historia. Pero hay otras 310.000 que sí la cuentan: los desplazados.

La periodista veracruzana Melina Zurita fue amenazada para que abandonara su ciudad. Como freelancer cubría dos temas: la búsqueda de desaparecidos por parte de sus familiares y las luchas que los gremios educativos desataban contra la reforma impulsada por el ex presidente Enrique Peña Nieto. Como no se fue de Xalapa, le enviaron a un “colega” con lustrosos billetes ensobrados. Al periodista que recibe migajas —o el pan calentito— del crimen organizado le llaman coyotero, como al perro amaestrado para perseguir coyotes.

El 14 de setiembre de 2013 los gremios docentes hicieron una manifestación en la plaza de Lerdo, en Veracruz, y se les sumaron familiares de desaparecidos. Entre los periodistas estaba Zurita. La Policía reprimió con saña a los manifestantes. Hombres armados, vestidos de negro con botas y cascos militares también salieron a la caza de periodistas, docentes y estudiantes. Zurita fue acorralada entre una decena de hombres pertrechados para la guerra que la golpearon y le robaron sus grabadores y cámaras. Una vez detenida, fue torturada con descargas eléctricas y más golpes.

—En mi caso hicieron un trabajo muy limpio: no dejaron ni un moretón visible. No les importó golpear y dejarles golpes visibles a los manifestantes porque sabían de la impunidad —explicó desde la ciudad de México a la que tuvo que desplazarse, como otro tercio de millón de mexicanos.

También tuvo que dejar su pueblo Evelia Bahena, con 40 años y dos hijos. En 2006 Evelio, su padre, que sabía inglés porque había trabajado en Estados Unidos, fue llamado por los trabajadores de una mina cercana a Cocula, su pueblo, en el estado de Guerrero. La canadiense Gold Corp. Tecominko imponía jornadas de horas sin descanso a sus empleados. Los obreros querían negociar el almuerzo, pero no se hacían entender con los gerentes.

—Mi papá se reunió con los ingenieros a petición de la comunidad. Y les habló en inglés, pero se percató de que ellos también hablaban español —dice Bahena con suspicacia y cara de cuento repetido.

Aquel episodio fue uno de los primeros capítulos de su novela personal, que bien podría comenzar en 1994, cuando se firmó el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Entonces se instalaron en México varias industrias extractivistas, sobre todo grandes mineras que, beneficiadas con exoneraciones fiscales y otras prerrogativas, perforaron las sierras que dibujan al país de norte a sur. En 2013 la minera canadiense Media Luna comenzó a operar cerca de Cocula. Buscaba oro en Guerrero, el estado mexicano más pobre, con más homicidios y más expuesto a redes de todo tipo de actividad ilícita. Hizo la mayor inversión que recuerde la zona: 80 millones de dólares.

Los pobladores vieron cómo los lixiviados volcados al río Balsas modificaron su entorno. La contaminación les quitó el trabajo a los pescadores, mientras aumentaban el cáncer de piel, las malformaciones y los abortos espontáneos. “Cosas que antes no se veían”, dice Bahena. Cuando la comunidad se organizó para pedir respeto comenzaron las amenazas, los asesinatos a líderes comunitarios y el primer intento de linchamiento a Bahena, que fue emboscada en un camino, junto con otras personas. También fue hostigada por la prensa local coyotera y debió rebatir acusaciones en la Justicia. Defender el río también le costó violencia contra sus hijos, que padecen epilepsia.

La misma OEA reconoce que los aparatos de seguridad de algunas empresas privadas juegan con los chicos malos. “Algunas grandes empresas […] cuentan con sus propios cuerpos privados de seguridad. Las fuerzas privadas de seguridad también suelen ser fuentes de violencia”.

Guerrero es uno de los estados menos favorecidos económicamente y arrastra un conflicto social centenario, al que el Estado ha respondido con violencia. De Guerrero, por caso, eran los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

—Siempre hubo cárteles y delincuentes, pero nunca habían utilizado esta estrategia de control y daño psicológico contra las comunidades, desplazándolas, extorsionando a los habitantes, matando, desapareciendo gentes —explica Bahena.

Desde 2015, es una de las 281.400 desplazadas que cuenta la CIDH en México. O una de las 310.527 personas que abandonaron su casa para mudarse a otro estado contabilizadas por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos entre 2009 y enero de 2017. Bahena dice que forzaron su desplazamiento sólo físicamente:

—Yo sigo trabajando. No puedes dejar de ser referencia.

Se define como defensora de los derechos humanos. Proteger la salud de su río y sus vecinos la ayudó a entender las desigualdades de género que ella misma vivía. Ahora vive en un estado que no es el suyo, sin apoyo federal ni estatal. En su nueva ciudad también fue víctima de desconocidos que entraron a su casa y se llevaron información personal.

Entre 2012 y 2015 las organizaciones sociales reportaron a la CIDH unas 1.000 detenciones de defensores de derechos humanos. En 2019, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos contabilizó 21 muertes entre ellos. Pero Bahena y otros tantos no piensan abandonar:

—¿Por qué vas a dejar de defender tus derechos y los de la gente? De todos modos, vas a morir. Si les estorbas te van a querer desplazar, y si no te quieres ir te van a matar. Hagas o no la defensa de los derechos humanos, si estorbas te van a quitar”, dice Bahena convencida.

El saldo de la guerra: más droga

La producción de opio en México pasó de 150 toneladas en 2007 a 586 en 2017, según Naciones Unidas, mientras que el área de cultivos aumentó de 6.900 hectáreas a 30.600, que serían 44.100 de acuerdo con la DEA, la agencia estadounidense contra el narcotráfico, que también registra un incremento en la pureza de la heroína producida en México. Hasta 2014 la mayor parte de la heroína incautada en Estados Unidos provenía de Colombia, pero, según el último reporte de la DEA, desde 2015 proviene de México.

En el marco de la guerra contra las drogas surgió en México una nueva industria de drogas sintéticas, como las metanfetaminas. Las organizaciones criminales de todo el mundo tienen negocios con los cárteles mexicanos.

Además, desde que Calderón encendió la batalla, también se incrementó el uso de drogas dentro de México. Según el último relevamiento de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas disponible, el consumo interno se habría duplicado entre 2006 y 2016.

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¿Por quién suenan las sirenas en el desierto de Juárez?

Guillermo Garat

Revista Lento, junio 2020

Cuando se habla de guerra contra las drogas se piensa en el combate de policías, militares y sicarios, pero no tanto en el personal de salud que atiende a las víctimas. Con la violencia extrema, hospitales y ambulancias se convirtieron en objetivos y las secuelas afectaron de manera definitiva a médicos y paramédicos.

El desierto de México es el más grande de América Latina, y es el enclave de una frontera que desde el inicio asumió su naturaleza hostil. La arena traza el límite entre México y Estados Unidos. Ciudad Juárez, que refugia a 1.300.000 habitantes expuestos al polvo y las balas cruzadas al borde del río Bravo, fundó una identidad compartida con El Paso, Texas, su ciudad espejo. De una a otra, un tráfico constante y desordenado —y muchas veces ilegal— lleva y trae personas y mercancías sin descanso.

Aunque la capital del estado de Chihuahua es la ciudad homónima, la más poblada es Juárez. Situada en una región históricamente violenta, en los últimos 20 años ha sido calificada como uno de los lugares más inseguros de México. La frontera juarense ha sido el jardín de la guerra contra las drogas decretada por el ex presidente Felipe Calderón (2006-2012). En 2008 desembarcó en Juárez el Operativo Conjunto Chihuahua, para brindar seguridad a la población y debilitar a las estructuras del crimen organizado a través del “combate frontal”.

Al inicio, el operativo en el departamento de Chihuahua desplegó a 2.026 militares y 425 policías federales. Para finales de 2010, más de 10.000 uniformados, en su mayoría del Ejército, habían pisado suelo chihuahuense. Así y todo, la paz prometida jamás llegó. El tráfico de drogas, la corrupción y la delincuencia aumentaron junto con los homicidios, los femicidios, las desapariciones y las torturas.

Comprender los efectos del “combate frontal contra las drogas” no es tarea sencilla, porque, para empezar, los datos oficiales son poco fiables. En 2006 Ciudad Juárez registró 227 asesinatos violentos. Durante los primeros dos años y medio de operativos los asesinatos ascendieron a 6.500: 1.589 en 2008, 2.393 en 2009, 3.766 en 2010. En 2019 hubo 1.499 asesinatos. Y desde enero hasta el 17 de marzo de 2020 hubo 339 asesinatos. La ciudad nunca recuperó la calma.

Durante los años más álgidos de la guerra contra las drogas cada media hora moría una persona de forma violenta en México. Y Juárez ocupaba el primer lugar en frecuencia y en cantidad.

Los muertos se apilaban en la morgue. Los heridos eran atendidos por el personal de salud, expuesto al trato cara a cara con sicarios. Médicos, enfermeras y administrativos contaban con un botón de pánico que no funcionaba.

En 2016, David Correa era comandante de la Cruz Roja y tenía 12 años de servicio en la institución. Antes del comienzo del “combate frontal” contra las drogas la institución atendía a uno o dos baleados por semana. Otro comandante, Edgar Mena, guarda memoria de una masacre en la que hubo 32 personas heridas tiradas en el piso. Integraba el Departamento de Rescate de Ciudad Juárez. Estaba de guardia en la puerta de Emergencias de la Cruz Roja. Adentro atendían a un herido de bala.

—Llegaron unos vehículos. Se bajaron como cinco o seis sicarios, amarraron a los enfermeros y paramédicos que estábamos en la puerta de Emergencias. Entraron, buscaron a uno y lo mataron enfrente del doctor, la enfermera y un paramédico —dice este ex bombero reconvertido en paramédico.

Su gremio pasó de atender fracturas expuestas, heridas de arma blanca, intoxicaciones, partos, paros cardíacos y lesiones de tránsito a presenciar la acción de lanzacohetes, granadas y metralletas. Debieron aprender a moverse rápido en el fuego cruzado, y a encontrar signos vitales entre una veintena de cuerpos masacrados. Los médicos tuvieron que dejar el cobijo del quirófano o el consultorio para saludar a sicarios con un balazo en el vientre que encañonaban a la recepcionista de la sala de espera para ser atendidos de forma urgente.

El 2 de setiembre de 2009 hubo una masacre en el centro de atención para adicciones Aliviane de Ciudad Juárez. Los criminales pusieron a 23 rehenes “en fila y dispararon contra ellos 82 veces con fusiles AK-47. Murieron 18, dos más [fueron] heridos graves y de los otros tres nada se sabe”, informó la edición latinoamericana del diario español El País. El Departamento de Rescate llegó para atender a los heridos. Algunos todavía se movían. “Buscábamos al que podía vivir. Esa sensación de llegar, entrar y percibir olor a pólvora y sangre no se olvida”, dice Mena.

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Soldados de la Marina se enfrentan contra presuntos delincuentes parapetados en una casa de seguridad del municipio de Veracruz, 14 de abril de 2014. Foto: Félix Márquez.

La tarde del 15 de julio de 2010 Nancy Paz, paramédica del Departamento de Rescate, intentaba abrir una vía aérea a una persona herida en el piso vestida de policía de la cintura para arriba. También llegaron al lugar policías federales y periodistas. El doctor Guillermo Ortiz Collazo tenía su clínica a una calle del atentado. Escuchó el alboroto y salió a ayudar, tan apurado que olvidó su maletín. Por eso le pidió a su hijo adolescente que lo fuera a buscar. La paramédica estaba hincada sosteniendo el cuello del paciente. El doctor se agachó y le pidió que dejara al moribundo. “Tiene exposición de masa encefálica, retírate de aquí”. Mientras el doctor Ortiz Collazo se paraba, se accionó un coche bomba. “Si él no hubiera estado parado detrás de ella le hubiera arrancado la cabeza”, explica la doctora Claudia Gámez, médica generalista y directora de una clínica pública que antes atendía sobre todo a policías municipales. Los medios hablan de entre 11 y 20 lesionados. El coche bomba mató a un paramédico, dos policías federales y al doctor Ortiz Collazo.

Esos recuerdos todavía están presentes en la memoria de Gámez, que nos pidió no publicar su nombre ni apellido para este artículo. Conocía muy bien a la paramédica y al médico que estuvieron en la escena aquella tarde.

En 2007, cuando empezó el revuelo, Gámez, con 32 años, era directora de una clínica en la que había consultas de primer nivel y también una sala de urgencias. Allí atendían de cinco a seis heridos por arma de fuego a diario. Pero también llegaron a atender hasta diez. “Al cabo de un mes eran cientos”, explica. Los años más sangrientos que recuerda la doctora son los mismos que marcan las estadísticas, de 2007 a 2010. “Fueron los más catastróficos. Siguió, pero no con la intensidad de esos años, que parecían interminables”, concluye ahora.

En la clínica habían instalado un botón de pánico. Lo accionaron varias veces, pero la Policía llegaba “tardísimo”. “Si había alguna contingencia a las nueve de la mañana, llegaban casi a las ocho de la noche”. “Hasta cierto punto era entendible”, porque la Policía también tenía miedo. “Mas no lo justifico”, dice.

Un grupo de policías federales de investigaciones llegó a preguntarle por otro policía.

—No traían placas ni se identificaron. Querían información de un paciente. Fue difícil, si cooperaba en cierto sentido ya era “parte de”. O como ya sabía que iban por él, pueden matarte porque lo sabes. Y si no cooperas también.

Gámez veía heridas de ametralladoras MK fabricadas al otro lado de la frontera, las mismas que usaron las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Irak y Afganistán. Y también huellas de los fusiles de asalto de tráfico ilegal más comercializados del mundo, los AK-47. Son los predilectos de los cárteles (incluso les cantan narcocorridos). Pero los policías custodias del hospital seguían con sus armas “raquíticas”. Mirando sus pistolas, los podía identificar. Todos lucían uniformes irregulares, chalecos, pasamontañas y armamento pesado: paramilitares, sicarios, gánsteres y, con el tiempo, también los policías.

—Si se ponían su trajecito azul sabían que eran policías y los mataban, entonces tenían que andar vestidos igual que ellos —dice la doctora.

Sin uniformes distintivos, aquello no era precisamente una guerra.

—Era un hormiguero de todos contra todos. Incluso entre policías. El que estaba en esta puerta, estaba contra el de la otra puerta. Así de sencillo. Y no les importaba nada —explica Gámez.

A pesar de la violencia y la falta de protección, la doctora del centro de salud comunitario, de carácter fuerte y frontal, debía mantener el temple. Tenía que buscar la forma de controlar el miedo, porque no sólo sentía que podían venir por ella o a terminar un “trabajo”, sino también por el personal a su cargo: unos 60 profesionales y administrativos trabajaban en la clínica que recibía, en sus diez consultorios, a 750 personas por semana más acompañantes.

Los especialistas de la salud están preparados para casi todo, pero el problema de fondo no era de atención.

—Nada ni nadie te prepara para que llegue un sicario y te diga: “¿Dónde está Fulanito?”. Estás preparada para atender un choque de un camión, pero a los pacientes que llegan graves de un accidente no los persigue el camión para acabar de matarlos.

El “combate frontal” se convirtió en decenas de batallas diarias para los médicos. Todo cambió. Las puertas que separaban al personal médico del público dejaron de ser inviolables.

—Antes había respeto. Esa puerta, aunque estuviera abierta, era un límite. Y ese límite se rompió. Si estaba cerrada con llave, podían abrirla a balazos —recuerda.

Los centros de salud se blindaron colocando vidrios gruesos e instalando puertas metálicas a prueba de balas. Esa división tampoco era deseable. “Empezó a limitar la relación médico-paciente”, lamenta la directora.

Los paramédicos asisten a los heridos allí donde quedaron tirados y llegan primero que nadie. Fueron y son los más expuestos al fuego. La frecuencia y la violencia de los episodios los tomó por sorpresa. “El primer año no supimos qué hacer porque nos agarró desprevenidos”, dice David Correa, ex comandante de Cruz Roja. La organización internacional de socorristas contrató a psicólogos para su personal, que empezó a lucir un nuevo uniforme, bien vistoso, y chaleco antibalas.

Pero nada los blindó. Se les volvió rutina discutir con militares y policías sobre cómo y cuándo intervenir. Los funcionarios de la Policía Federal no los dejaban acceder a donde estaban los lesionados, se lamenta el comandante Correa. “Muchos eran contrincantes y la Policía quería que murieran”, dice Edgar Mena, del Departamento de Rescate. “Me tocó presenciar muchas masacres y es muy fuerte porque no puedes hacer gran cosa”, cuenta Mena.

Gonzalo Mora recuerda que un militar le pidió que no pisara la sangre. Pero era imposible.

—Todo el piso, los muebles y las paredes estaban como si hubieran tirado baldes de sangre. Entonces le dije: “¿Qué hago? ¿Me meto o tú los sacas?”.

En otra ocasión, cinco ambulancias prendieron sus sirenas para ayudar a los heridos de una balacera sucedida en una casa. Un policía federal se arrogó la clasificación de los heridos a trasladar. Mora lo increpó: “Si te vas a hacer cargo y mueren es tu rollo. Yo me retiro”. El policía balbuceó: “No, no, no… Es que… Adelante”.

Los métodos militares y policíacos atentaban contra el personal de salud, y evidenciaban desinterés en el debido procedimiento y falta de miramientos por los derechos humanos. “Querían golpear a los heridos arriba de la unidad”, dice Correa con bronca.

Los paramédicos prendían la radio con temor. Los grupos criminales interceptaban el transmisor de la ambulancia para pasar un narcocorrido. “A veces nos amenazaban. También nos hablaban por teléfono”, recuerda Correa. Les indicaban que no fueran a tal lugar. Los paramédicos sabían que si pasaban determinada canción iban contra los policías municipales.

También los interceptaban en la ruta y los seguían. “Se nos ponían enfrente, se emparejaban y nos enseñaban las armas”, recuerda el comandante Mena, que tampoco se olvida de las veces que debieron regresar a la base antes de ser repelidos a balazos ni de cuando debían dejar al herido sin atención hasta que el área se despejara de balas cruzadas.

Mora se turnaba con su compañero. Cada día, uno hacía de paramédico y el otro de chofer. Además de las vicisitudes de la violencia, debía enfrentar los embates del tránsito.

—Puedes chocar, te pueden atropellar. Pero también debía respetar los límites de velocidad, aunque alguien muriera en la ambulancia. Si infringes leyes de tránsito y hay un accidente automovilístico, tienes que pagar.

Choqué varias veces y tuve que pagar cantidades fuertes —dice este paramédico con 20 años de servicio que renunció por la mala paga y las pésimas condiciones de seguridad, que afectaron sus relaciones familiares.

—Decidí salirme por bienestar mental —confiesa.

A mediados de 2019, las frecuencias de las ambulancias volvieron a ser intervenidas con narcocorridos y amenazas por el crimen organizado de Ciudad Juárez. El 17 de marzo, mientras un policía ingresaba a Urgencias en ambulancia, un grupo de sicarios disparó sobre varios paramédicos que festejaban el aniversario número 43 del Cuerpo de Rescatistas de Ciudad Juárez. Una doctora fue rozada por una bala y un paramédico cayó con una herida en el pecho.

Aunque los homicidios violentos se redujeron notablemente en comparación con el pico de violencia que imperó de 2008 a 2012, “el temor sigue estando”.

—Como antes ya no es, pero pasa una camioneta y pienso lo peor. Llego a un semáforo en rojo y me toca estar al lado de unos camionetones y pienso “¡Ay, wey!” —dice Correa, que llevaba 12 años como paramédico cuando hablamos, en 2016.

Cuando la doctora Gámez trabajaba en el hospital, varias unidades policiales la escoltaban por la mañana en su auto hasta la clínica, donde un agente permanecía con ella todo el turno. A la salida la volvían a escoltar. En ese entonces Gámez estaba embarazada. Durante ese tiempo tuvo miedo de que le sucediera algo. Cuando nació el niño no salía de su casa. Su familia se desplazaba “fijándose a los lados para ver si había gente parada en las esquinas, personas vigilando la casa o carros sospechosos”.

—Te vuelves paranoica —dice.

Por entonces, si un desconocido le preguntaba a qué se dedicaba respondía “a la casa”, por miedo al secuestro que padecieron varios colegas. Cuando dejó de trabajar en el hospital municipal sintió más miedo.

—En el momento la adrenalina te mantiene alerta, te protege, estás atenta a todo, pero cuando no estaba ahí me sentía vulnerable, sola y abandonada.

El tiempo de la violencia extrema pasó. Gámez, con ayuda de su humor, su apoyo familiar y su vocación, sigue adelante. Aquellos trágicos episodios terminaron por ayudarla. Es más cuidadosa.

—Ya no son recuerdos, son experiencias bien vividas y enseñanzas. Es un aprendizaje que no cualquiera tiene. Antes no observaba. Podía ver, pero no observar —explica.

La violencia que ella parece haber sorteado dejó marcas.

—Quedó mucha gente dañada, lastimada. Muchos médicos ahora andan armados, muchas doctoras se retiraron de la profesión —explica la especialista, que nunca pidió apoyo psicológico porque “no ha sido necesario”.

—He sido “loca” desde siempre, y esto no me va a volver más loca —dice con humor.

Alejada de las responsabilidades de aquella clínica, ahora realiza una residencia en medicina familiar.

La gran mayoría de los profesionales de la salud que salieron lesionados son paramédicos. Ellos no tenían ni tienen puertas blindadas. Pero “con heridas emocionales quedamos la gran mayoría”, admite Gámez con altivez.

Para esas heridas no hay sirenas ni quirófanos.

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La geofísica que mapea los femicidios en México

Estefanía Camacho

Revista Lento, junio 2020

Cada diez días mueren 105 mujeres en México por violencia machista. María Salguero elaboró un mapa virtual de los desaparecidos y luego georreferenció los femicidios con perspectiva de género. Sus hallazgos demostraron que las cifras oficiales estaban lejos de la realidad.

Cada día, María Salguero dedica de tres a cuatro horas a juntar y publicar información en mapafeminicidios.blogspot.com, un sitio interactivo que creó en 2016. En su mapa cada mujer asesinada tiene una cruz con un color diferente que identifica el año en que murió. Después de actualizar la base de datos sale a recorrer 15 kilómetros en bicicleta, mientras escucha bandas de black metal como Venom o Bathory. Vuelve y ayuda a su mamá en la casa.

Por las noches, cuando puede, toca el piano como terapia contra la cantidad de información cruel que consume para alimentar un mapa que ha sido alabado en todo México por mostrar como nadie y como nunca los femicidios que sucesivos gobiernos se negaron a reconocer. Puede concluir el día viendo Academia de cachorros, una serie cuyos protagonistas son simpáticos perritos, o gifs con gatitos. Lo hace para no pensar más en los asesinatos que recopila día a día.México0806 III

Su principal fuente son los periódicos amarillistas, pero sus mapas ofrecen mucha más información y detalles que las autoridades públicas. Compara los datos obtenidos con los del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que registra los femicidios desde 2015 pero lo hace de una manera que no resulta suficiente para que la ciudadanía y los gobiernos entiendan y atiendan el problema.

Salguero estudia los contextos en que las mujeres son asesinadas, en dónde son asesinadas. Desde entonces la sociedad es testigo de que los femicidios no son un evento aislado y se dan en todos los estados. En los años 90 parecía que sólo ocurrían en Ciudad Juárez, en la frontera norte con Estados Unidos, y en el estado de México, al centro del país. Con el mapa que Salguero alimenta se vislumbró que en estados con gobiernos conservadores, como Veracruz y Guanajuato, la cifra de femicidios es mayor que lo que las autoridades estaban dispuestas a admitir.

Era lo que ella buscaba: investigar, sin afán de estar en lo correcto, si en todo el país había femicidios, con la sospecha de que no era un fenómeno circunscripto a los lugares que acaparaban las noticias. Las cruces que marcan los femicidios pusieron en aprietos a las autoridades, porque casi no caben en el mapa digital. Entre otras cosas, porque la ausencia de un sistema estadístico que contabilice la frecuencia y el tenor de los femicidios provocó el asombro de la prensa internacional.

Salguero pasó de georreferenciar rocas a georreferenciar homicidios, y se convirtió en una referente para el feminismo, para periodistas, para organizaciones de la sociedad civil y hasta para autoridades públicas. No es posible entender el fenómeno de los femicidios en México sin mirar su mapa.

—Hasta en la Policía Federal me dijeron que hago inteligencia de femicidios, porque para explicar los datos necesitas aterrizarlos en un contexto.

En el informe “Violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016”, ONU Mujeres encontró que entre 1985 y 2016 hubo 52.210 asesinatos de mujeres y que uno de cada tres ocurrió entre 2007 y 2016. Para las mujeres el año más violento en México fue 2012, con 2.769 asesinatos, presuntos femicidios.

La cifra más baja se había registrado en 2007, cuando comenzaba la “guerra contra las drogas”. Desde entonces, las mujeres fueron asesinadas con mayor frecuencia. El conteo de las víctimas de la violencia patriarcal no es sencillo, por la falta de información clasificada con perspectiva de género. Por eso el trabajo de Salguero se tornó tan importante.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública federal contabilizó 3.620 femicidios entre 2015 y 2019, a partir de información reportada por procuradurías y fiscalías de los 32 estados federales. La suma del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) de México, un organismo autónomo reconocido por Naciones Unidas y presente en 20 estados en el que confluyen 40 organizaciones de base, es de 3.751 femicidios, sin contar homicidios dolosos contra mujeres en el mismo período.

Los 400 femicidios computados en Ciudad Juárez entre 1993 y 2006 generaron alertas múltiples, pero más lo hicieron los 469 que hubo entre 2009 y 2010 en ese estado fronterizo. La magnitud de los crímenes y su repetición no eran acordes a las cifras oficiales. La Organización de los Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Mujeres y la articulación mexicana de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer pidieron acciones y transparencia a sucesivos gobiernos federales.

Uno de los pedidos fue el registro de información fidedigna de los femicidios que todavía se computan como asesinatos en no pocos estados. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de 2007, obligó al Estado mexicano a crear un banco de datos sobre la violencia de género.

Pero esa base de datos no cumple su cometido, denuncia María de la Luz Estrada, coordinadora ejecutiva del OCNF. Estrada cree que la cantidad de femicidios y desapariciones de niñas y mujeres podría ser mayor que las que ellas mismas pueden clasificar.

Probar que en México no hay discriminación en materia de género no es tan fácil como muchos quisieran.

—El costo político de admitir que el Estado mexicano discrimina y que a las mujeres las matan por ser mujeres genera un conflicto al gobierno. A mí los fiscales me han dicho que me conforme con que tipifiquen el femicidio como homicidio calificado —explica la activista feminista.

Las organizaciones de la sociedad civil, al ver que las fiscalías acreditan el delito de femicidio como homicidio, solicitan las carpetas de las investigaciones, porque el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no incluye información importante para saber si se está ante un femicidio o no. También hacen solicitudes al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, para obtener más detalles sobre la cantidad de homicidios dolosos contra mujeres que no son clasificados como femicidios por las fiscalías. Además, recurren a la Secretaría de Salud para pedir datos estadísticos sobre muertes violentas con presunción de homicidio. Pero son las fiscalías las que determinan si la causa de muerte es femicidio u homicidio.

—Si nosotras estamos sacando datos es porque a nivel estatal y federal no hay una base de datos. Al contrario, los estados dan la información que quieren y la dosifican —explica Estrada.

Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de la organización no gubernamental Transparencia Mexicana, entiende que se debe exigir la correcta clasificación de los femicidios, porque muchas veces son tratados como homicidios dolosos.

—Los vacíos que dejan los gobiernos son llenados por la sociedad civil. Suplir alguna deficiencia del gobierno tiene un lado muy oscuro, porque si no mejora la estadística oficial no hay forma de que una organización de la sociedad civil cubra el territorio entero ni todos los delitos. Es una solución correcta a corto plazo, pero una muy mala idea a largo plazo —explica.

A las 7.16 del 19 de setiembre de 1985 María Salguero tenía seis años y se divertía fantaseando que las olas de un barco la mecían. Mientras Ciudad de México padecía uno de los sismos más intensos de su historia, ella tenía la sensación más fascinante que había conocido hasta entonces. Para la niña era como un juego mecánico de feria en su propia casa, que se sacudía, como todo a su alrededor.

La activista sabe interpretar y entender los desastres. Convivió con ellos. Lee crónica roja desde que tenía ocho años. Cualquier niño o niña en México creció viendo las portadas morbosas y sangrientas de diarios como Pásala, Metro o El Gráfico sin cuestionar por qué existían esos pasquines. Ella agradece su existencia, sin justificar el uso indebido de fotografías filtradas por policías. Para Salguero es información valiosa que no encuentra en otro lado.

La crónica roja publica información de fuentes policiales y da bastantes detalles sobre los crueles asesinatos de mujeres. Leyendo esos periódicos sensacionalistas determina los casos de femicidios. Gracias a sus reportajes, también sabe cómo el crimen organizado envía mensajes a enemigos o aliados ejecutando a mujeres que vinculan con grupos rivales.

Las mujeres son una presa. El cruce de datos con perspectiva de género le permite analizar los contextos y estudiar cómo impacta en las mujeres la “guerra contra el narco”, una pulseada que parecía de machos contra machos. Las torturan, las matan, las atan de manos y las tiran por ahí en bolsas. Pueden ser las parejas que decían amar o jefes, capataces y peones del crimen organizado. María Salguero sabe leer ese subgénero literario de la realidad conocido como narcomensajes, que se marca a fuego en los cuerpos de las mujeres para mandar señales.

—Todas las violencias conviven en el mismo territorio. Tienes mujeres asesinadas en una determinada zona. Hay mujeres asesinadas por narcomenudeo, por sus parejas, por violencia comunitaria, y arrojan los cuerpos en barrios marginados o en las periferias de municipios y estados —relata Salguero.

En ocasiones los cárteles decapitan a mujeres a las que vinculan con sus enemigos. “Ahí están tus putas informantes”, decía un mensaje en los cadáveres de varias mujeres maniatadas. Observando el detalle, Salguero distingue femicidios ejecutados por una pareja que se hace pasar por un grupo delincuencial, o viceversa.

Desde que se inició la llamada guerra contra el narco las mujeres no sólo son vilmente asesinadas, sino que son explotadas sexualmente, víctimas de tráfico y de desplazamiento forzado. También hay miles de madres que buscan a sus hijos, y abuelas que se quedaron con sus nietos y buscan a sus familiares desaparecidos.

Así, aumentan las cruces en el mapa de femicidios de Salguero. Son las marcas con las que ella deja el rastro de una persona que ya no está.

El 5 de junio de 2009 un incendio en la guardería ABC, en Sonora, al norte de México, mató a 49 niños menores de cuatro años. La guardería incumplía los estándares de protección civil. Una de las dueñas era familiar de Margarita Zavala, la esposa del ex presidente de entonces, Felipe Calderón. Las explicaciones de las autoridades para no asumir responsabilidades fueron una lavada de manos. En 2010, María Salguero se unió a un grupo de periodistas que cubrían las protestas de los padres de los niños. Después de las concentraciones, familiares de desaparecidos se acercaron para denunciar la ausencia de sus seres queridos.

En 2011 Salguero y algunos amigos se unieron para hacer un sencillo mapa online de referencia para los periodistas que no encontraban cifras oficiales de personas desaparecidas. Ella dice que era un mapa “chafa” o poco útil, aunque lograron ubicar 8.000 perfiles de desaparecidos, sus fotografías y las direcciones donde habían sido vistos por última vez.

Ese mapa fue y es útil aunque Salguero, por modestia y con humor, diga lo contrario. Nadie se había tomado el trabajo de hacer esa cartografía de la ausencia. Además, esos 8.000 desaparecidos eran muchos más que los 5.397 reportados entre 2006 y 2011 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos gubernamental.

Recién en 2020 la cantidad de desaparecidos se esclareció por voluntad política. Hasta que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador creó la Comisión Nacional de Búsqueda, los estados clasificaban la desaparición como secuestro o privación ilegal de la libertad y creaban subregistros para matizar el dato preocupante que fue dado a conocer este año. México tiene oficialmente 61.637 personas desaparecidas.

En las manifestaciones por los desaparecidos Salguero conoció a María Herrera, una mujer de Michoacán que busca a sus cuatro hijos. Allí la vio cargar con las cuatro fotografías de sus niños.

—No te puedes quedar como piedra cuando ves el llanto de una madre desesperada que clama justicia por su familia desaparecida.

Luego Salguero se dedicó a mapear los asesinatos de periodistas y, por último, los femicidios. Inspirada en un mapa local de Ciudad de México sobre femicidios, Salguero hizo uno nacional en 2016. Su plan era continuar hasta el inicio de la maestría en sismos y terremotos, y después donar el trabajo. Ahora dice que su sueño cambió, porque desea hacer una maestría enfocada en violencia de género.

Le hubiera gustado escribir la historia y el contexto de cada mujer asesinada georreferenciada en su mapa, para que no sea una cifra más. Pero, dice sonriendo —siempre sonriendo—, no se le da escribir. Esta mujer de tez oscura y largo cabello negro y lacio que le llega a la cintura ríe cada vez que habla, y cuando termina una oración suelta una carcajada. Es una forma de separar su vida privada de las “cosas cabronas” que enfrenta, dice.

Al caminar cerca de su hogar, en el centro de Ciudad de México, pasando los indestructibles edificios coloniales de piedra a prueba de terremotos, saluda a los vendedores ambulantes, a quienes conoce bien porque de niña armaba un puesto con sus padres. Ahora ella es un mapa andante, un activo de la inteligencia y la memoria mexicana.

—En la universidad me dedicaba a georreferenciar los valores magnéticos del subsuelo, lo que significa situar las coordenadas de las rocas en un mapa. Buscaba conocer las características de las rocas. Ahora busco saber las características de los asesinatos de las mujeres. Los datos no dicen nada si no tienes los contextos de los femicidios, y no los escribo porque no sé cómo, pero me los aprendo de memoria —dice Salguero, la geofísica feminista que mapeó el horror como nadie en México.