Caído el telón del progresismo, la principal discusión de la izquierda se movió sin escalas hacia el viejo campo económico, luego de la primavera de los nuevos derechos. El maridaje de la línea mayoritaria del Pit-Cnt (1) con el FA (Frente Amplio) y los sectores medios dejó una larga lista de cuentas pendientes. En tanto, la “nueva normalidad” trae consigo un horizonte plagado de conflictos en el que la perspectiva de clase vuelve a considerarse una variable de peso en el debate.

Brecha, 29-4-2020

Correspondencia de Prensa, 1-5-2020

La tolerancia de la sociedad uruguaya con el sindicalismo en los últimos años –a pesar de tres gobiernos consecutivos de la izquierda– es tan poca que los trabajadores ya se acostumbraron a pedir disculpas. La semana pasada fue lo del dique Mauá. Un grupo de militantes sindicales escribió frases alusivas al 1 de mayo y tapó parte de un grafiti que un artista, auspiciado por la Intendencia de Montevideo, había estampado en el murallón. La osadía motivó una queja pública de Christian di Candia (Frente Amplio) el intendente de la capital, que el 23 de abril escribió en las redes sociales: “En la noche de ayer nos comunicamos con el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, para manifestarle nuestra preocupación sobre el mural tapado en la Rambla Sur”. Las inquietudes de Di Candia se amplificaron en Internet. Eran diez, eran veinte, eran cincuenta condenando a los inadaptados de brocha y engrudo. Y el resultado no tardó en llegar: el mismo día, el Secretariado Ejecutivo difundió un comunicado público en el que reconocía el “error”.

Antes del asunto del dique, le tocó a Gabriel Molina, dirigente del sindicato de trabajadores de Antel (empresa telefónica estatal) y secretario de prensa y propaganda de la organización. Se filtró a los medios un largo audio en el que Molina se refería, en una conversación privada, a la decisión del Poder Ejecutivo de recortar salarios públicos, por fuera de la negociación colectiva, para destinar fondos al combate de la pandemia. “Fue muy inteligente lo que este hijo de mil putas hizo”, espetó en un momento de enojo, refiriéndose al presidente, y allí mismo pidió disculpas por la expresión. Una vez filtrado el audio, se pidió su cabeza en las redes sociales. Y allá salió Molina a hacer público el pedido de disculpas que ya había hecho en privado.

En las encuestas de “confianza en las instituciones”, los sindicatos ocupan casi siempre el último lugar. Detrás de los bancos, detrás de los militares, detrás de la Policía, detrás de los empresarios, detrás de los partidos políticos. La última rectificación del movimiento sindical ocurrió a raíz de la forma en la que se decidió llevar adelante las manifestaciones por el Día de los Trabajadores. El 16 de abril –con la negación de la cadena nacional para el Primero de Mayo– la Mesa Representativa discutió una serie de medidas para difundir su mensaje. Se aprobó por mayoría realizar un video, organizar reuniones en los centros de trabajo, convocar una conferencia de prensa y llevar adelante una campaña de difusión con “pintadas de muros, pasacalles, redes sociales y todos los instrumentos de difusión al alcance”. También se definió realizar cuatro pequeños actos públicos en Montevideo –y uno en cada departamento del Interior– “tomando todas las medidas sanitarias”.

La reacción pública de rechazo llegó inmediatamente. Y fue tal que el Secretariado convocó, de manera urgente, una segunda reunión de la Mesa, a raíz de las opiniones que “hemos recibido estos últimos días de filiales nuestras, del Smu (Sindicato Médico del Uruguay)y de personalidades vinculadas a la salud”, según quedó registrado en el acta. El 23 de abril, aquello que había sido votado casi por unanimidad fue objeto de división en la interna. La línea mayoritaria votó para que parte de la decisión inicial fuera revocada y resolvió, en sustitución, hacer una “caravana vehicular”. Al día siguiente, circuló por las redes sociales un mensaje de voz que advertía falsamente que la organización estaba planificando contratar automóviles para aparentar mayor convocatoria. “El Pit-Cnt no va a pagar ni un solo peso a los que participen en ninguna caravana en todo el país. Lo que está circulando es simplemente un acto de mala intención”, dijo Fernando Pereira, a quien, cuando no tiene que salir a pedir disculpas o hacer desmentidos, le toca hasta atender bromas pesadas, como recibir un pedido masivo de pizzas que llegó hace algunas semanas a la sede de Jackson.

El Pit-Cnt tiene que remar contra la corriente de su mala reputación. Aunque, con todo, no es de sus principales problemas. Si el año anunciaba algunas turbulencias, la pandemia colocó más nubes negras en el horizonte. El movimiento sindical –que todavía no hizo el duelo de la alianza estratégica que sus mayorías promovieron con el gobierno frenteamplista– arrastra una interna conturbada. Pero también ingresa en un escenario de discusión en el que el aspecto económico vuelve a dominar el itinerario de la izquierda, que hasta hace poco parecía estar recostada en elementos vinculados con la agenda de derechos y protagonizada por organizaciones que levantan las banderas de las llamadas minorías. El cimbronazo de la depresión económica –con componentes previstos e imprevistos– vuelve a poner a la malherida clase trabajadora en el escenario central del movimiento social.

Frente interno

Desde el último congreso, que sesionó en 2018, la interna del Pit-Cnt quedó partida en tres. La corriente mayoritaria se llama Gerardo Cuesta. Está integrada por una alianza entre el Partido Comunista del Uruguay (Pcu) –con una mayoría absoluta en los gremios de la construcción y la metalurgia, principales aliados del proyecto desarrollista del FA– y Articulación, una aglomeración de frenteamplistas de centro, fundamentalmente reunida en el triunvirato del sindicato del comercio (Fuecys), los bancarios (Aebu) y los funcionarios de magisterio (Fum). Fernando Pereira y Marcelo Abdala son sus principales referentes. La Gerardo Cuesta es la fuerza de movilización de los comunistas más la disposición conciliadora de los moderados. Funcionan de forma aceitada y lideran con relativa tranquilidad.

Luego existen dos minorías. La corriente En Lucha es la segunda en disputa. Está integrada fundamentalmente por los públicos: la Confederación de Funcionarios del Estado (Cofe) y la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Montevideo (Adeom). Pero también la integra, de forma algo marginal, el sindicato de la bebida (Foeb). Aunque está formada mayormente por cuadros frenteamplistas (no alineados al Pcu), su principal disputa con las mayorías pasa por reivindicar una “independencia de clase” que, en lo discursivo, le permite distanciarse de lo que en la Gerardo Cuesta es más evidente: su relación abierta con la orgánica del FA. A En Lucha la distinguen su escasa capacidad de alianza con organizaciones de peso político por fuera de lo sindical, un corporativismo siempre acechante sobre la base de la presión en el sector público y un pragmatismo, algo tosco, habitualmente distante de las viejas tradiciones del sindicalismo uruguayo. Sus referentes principales son Valeria Ripoll y Joselo López (y Richard Reed como figura pública fuera de la orgánica), quienes tienen una intensa presencia en la opinión pública, que no parece corresponderse con su aporte en la discusión de ideas.

El llamado Grupo de los 8 es la corriente minoritaria por excelencia. Está integrado por ocho sindicatos de base, que en el último congreso se descolgaron con un documento que discutía el liderazgo de las dos corrientes mayoritarias. Su escasa incidencia cuantitativa en la organización es inversamente proporcional a la incidencia de su propuesta política. El Grupo de los 8 desentierra discusiones que fueron una parte fundamental de la conformación, a mediados de los sesenta, de la Cnt: reclama que se respeten los estatutos, no admite que el Pit-Cnt sea concebido como una central (pero sí como una convención), denuncia la falta de democracia interna y reniega de las figuras de presidente y secretario general, inexistentes en los documentos fundacionales. Lo integran la educación privada; funcionarios postales; funcionarios de la Udelar (Universidad de la República) , la Ute (empresa eléctrica estatal) y el Codicen (dirección de la enseñanza pública) y funcionarios gastronómicos, de las artes gráficas y ferroviarios. Asumen protagonismo en la discusión de ideas, pero aparecen a la retaguardia en cuanto a capacidad de movilización.

Este año tendría que llevarse adelante –según el estatuto– el congreso ordinario de la convención, máxima instancia de decisión después de la Mesa. Pero llegó la pandemia. Antes, las minorías empujaban para que se realizara. Las mayorías, sin embargo, estaban divididas. Los comunistas, como Marcelo Abdala, tenían una postura a favor (en la interna tienen poco que perder). Y los moderados, como Fernando Pereira, se abroquelaban en la negativa (de no ser por su alianza con en el Pcu, Articulación se reduciría a tres gremios importantes pero minoritarios). Poco ha cambiado.

Frente externo

Desde marzo, hay aproximadamente 150 mil solicitudes de envío al seguro de paro. (2)El número creció exponencialmente, en forma inédita, en tan sólo dos meses. Los sectores más afectados son –de mayor a menor cantidad de solicitudes– los del comercio por mayor y menor, la industria manufacturera, el alojamiento y los servicios gastronómicos, el transporte y el almacenamiento. El gobierno, en términos generales –a tono con la política de contingencia de la mayoría de los países–, ha intentado contener la sangría estirando la sábana de la protección social y buscando algunas soluciones ad hoc para los monotributistas (que incluyen transferencias de fondos del Inefop) y todavía pocos salvavidas para el sector informal, que en Uruguay alcanza al 25 por ciento del empleo.

Con la actual correlación de fuerzas, las mayorías han intentado amortiguar los impulsos de radicalización de las bases, sosteniendo un ámbito de negociación con el que consideran el componente menos nocivo de la coalición de derechas: el ministro de Trabajo, Pablo Mieres (Partido Independiente). La radicalización es principalmente desatada por los embates políticos del Grupo de los 8, que continúa, además, jalonando el protagonismo de la Mesa. En la primera reunión de abril, por ejemplo, el Grupo de los 8 presentó una moción de caracterización del gobierno y de la etapa actual en la que instaba a profundizar la posición de clase del Pit-Cnt, precipitando la confrontación. La moción fue abortada por la línea mayoritaria. Hubo, sin embargo, detalles para tener en cuenta: la moción fue apoyada por 11 sindicatos (con la adhesión de Adeom), rechazada por 19 y tuvo seis abstenciones (entre ellas, las de Cofe y la bebida). Adeom también votó con la minoría cuando llegó la hora de reconsiderar las manifestaciones del Primero de Mayo en la Mesa siguiente, Cofe votó con la mayoría y la bebida mantuvo la abstención. La radicalización de las medidas tensiona a la corriente En Lucha y a los trabajadores públicos, que seguramente ganarán protagonismo con la discusión del presupuesto (quizás con los sindicatos de la educación a la cabeza) y de la propia ley de urgencia, que da relevancia a los trabajadores de Ancap (empresa petrolera estatal) por ejemplo.

En el sector privado, la radicalización dependerá, también, del ritmo de la crisis. Mientras que los dos principales sindicatos –el de la metalurgia y el de la construcción– no han experimentado grandes sismos (aunque no escapan a los seguros de paro), los sectores que hasta ahora han acompañado la moderación, pero, en los hechos, vienen siendo golpeados duramente (los del comercio, el transporte, el empleo doméstico, entre otros), tienden a ponerse en guardia. Por su parte, los informales –que se hallaban divididos en dos organizaciones sindicales, a raíz de las diferencias por la regularización que llevó adelante la Intendencia de Montevideo– pueden incluso ganar estructura dentro de la convención, apoyando la hipótesis del enfrentamiento. Al mismo tiempo, la próxima ronda consejos de salario, prevista inicialmente para junio (a excepción de la construcción), probablemente será postergada, ante la negativa de las cámaras de mantener los convenios anteriores. Otro foco de conflicto en el horizonte.

Frente estratégico

En el congreso, la corriente mayoritaria ha embarcado a la organización en una perspectiva estratégica que se ha dado en llamar “bloque social de los cambios”. Fue propiciada en paralelo a la carrera por el cuarto gobierno frenteamplista (luego frustrado), cuando la administración de Tabaré Vázquez caía en cuanto a popularidad y resultados, y se volvía cada vez más probable, por primera vez en 15 años, una restauración conservadora. El bloque buscó favorecer políticamente un marco de alianzas entre organizaciones afines al FA que han protagonizado el movimiento social en los últimos años, cuando iniciativas vinculadas a la agenda de las llamadas minorías ganaron protagonismo. La agenda se instaló como tendencia en el debate público, pero pareció no favorecer decisivamente a la izquierda en las últimas elecciones, en las que el aumento del desempleo –por ejemplo– sí dio señales de incidir de forma determinante.

La crisis sanitaria nuevamente revolcó a la izquierda en el barro de la realidad económica, para la cual hace un año los oídos no eran demasiados, cuando las manifestaciones que ganaban terreno en cuanto a movilización tallaban mayormente en aspectos descentrados del problema capital-trabajo, al menos en sus formas clásicas. A la vez, declarada la emergencia, el FA dejó en segundo plano lo que podría ser una discusión interna sobre la derrota electoral de noviembre y pudo amortiguar su caída violenta del Poder Ejecutivo a las filas de la militancia de base, en las que aún hay muchas cuentas que ajustar. La nueva realidad requería acciones rápidas en otros campos.

Las organizaciones del movimiento social según las cuales el aspecto económico no configuraba el centro de la discusión tendieron a ser hegemónicas antes del covid. El hecho de que esa agenda no constituya un objeto de disputa política visible en el contexto actual dificulta ahora su protagonismo. Más de una lectura de la crisis desde una perspectiva de izquierda se regodeó en cobrarles a los liberales sus ensoñaciones con el mercado, recordó el valor de lo público, señaló la importancia del sistema de salud estatal, etcétera. Sin embargo, pocos retomaron la discusión que empezaba a asomar antes de la pandemia, vinculada con la posibilidad de que la “agenda de derechos” (3) –promovida por sectores con un fuerte arraigo en la clase media capitalina– haya eclipsado el protagonismo de las demandas obreras, que durante el progresismo se abroquelaron en la defensa del modelo desarrollista, lo que dinamitó también las posibles alianzas con organizaciones ecologistas, por ejemplo.

La alianza con la agenda de los sectores medios empujó muchas veces al Pit-Cnt a la retaguardia del “bloque” y generó varios embates dentro y fuera de la organización. El posicionamiento de las mayorías a favor de la coalición de izquierdas –por ejemplo– llevó a suavizar algunas críticas al gobierno del FA cuando este adoptó medidas que contravenían los derechos laborales (como el proyecto de ley que modificaba la negociación colectiva, presentado en noviembre por el exministro Ernesto Murro). Críticas en el mismo sentido se hicieron oír cuando organizaciones sociales que no integraban el “bloque” (por no estar alineadas con el FA) demandaron a la organización obrera que se pronunciara a favor de sectores no asalariados de la población que reclamaron, sin éxito, visibilidad y calificación política durante los gobiernos frenteamplistas, como quienes enfrentaban la pobreza y la violencia en las periferias urbanas, la población privada de libertad –que rompía récords de muerte en el sistema penitenciario– y los adolescentes que padecían la inhumanidad del sistema penal juvenil. (Otro aspecto que la crisis sanitaria vino a revertir de un plumazo, pues obligó a la organización a plantear soluciones para los cientos de miles de trabajadores informales que viven al día y son la cara más visible de estos sectores sin representación.) Como en toda la izquierda, la crisis tiende a empujar al Pit-Cnt a reconfigurar su marco de alianzas, al mismo tiempo que el parate económico arrecia con intensidad y se reacomodan los términos del debate. Es probable que los cambios heredados de la primavera de los “nuevos derechos” –encabezada por el feminismo como articulador central y principal movimiento social de los últimos años– sigan su curso minando las viejas estructuras de la política uruguaya, incluida la convención obrera. Pero, en la “nueva normalidad”, la izquierda se aproximará, por fuerza, a decidir si los trabajadores organizados –y, en general, los sectores más desfavorecidos económicamente, que constituyen la mayoría de la población y en los que predominan, precisamente, las mujeres– tendrán ahora un rol protagónico en la agenda o seguirán entrando a la discusión por la puerta de servicio de la clase media montevideana.

Notas de Correspondencia de Prensa 

1) Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores, central sindical única.

2) El desempleo oficial, según la última medición del Instituto Nacional de Estadística, se ubicaba  en 10.6% al comenzar la “emergencia sanitaria”. Mientras, la pandemia vino a “descubrir” que la “informalidad” alcanza, luego de 15 años de gobiernos progresistas, a un 30% del total de la fuerza laboral, estimada en un millón seiscientas mil personas.

3) Se refiere a las leyes de despenalización del aborto, la comercialización legal de marihuana en farmacias registradas, y a la legalización del matrimonio homosexual, entre otros “nuevos derechos”.