El coronavirus plantea una encrucijada al movimiento que se volcó a las calles en octubre. Lejos de proyecciones catastrofistas, los protagonistas de la revuelta creen que las medidas de Sebastián Piñera frente a la emergencia sanitaria se traducirán en una segunda ofensiva popular tanto o más explosiva que la de hace seis meses.

C. González Farfán, desde Santiago

Brecha, 9-4-2020

Correspondencia de Prensa, 9-4-2020

Tarde del viernes 3 de abril. Una toma aérea registra un camión militar que da la vuelta completa a una desierta Plaza de la Dignidad. De un lado, un carabinero dirige el tránsito. En eso pasa una comitiva de vehículos. De uno de ellos baja el presidente, Sebastián Piñera. Ronda la plaza y pronto enfila hacia la estatua del general Manuel Baquedano. Se sienta. Uno de los hombres que lo acompañan le saca una foto. Piñera vuelve a subir al vehículo y retoma la ruta hacia el sector oriente de la capital chilena.

La secuencia ininterrumpida que mostró ese video desmiente la explicación que dio el mandatario esa misma noche vía Twitter. La foto de Piñera sentado a los pies del monumento a Baquedano, plagado de consignas en su contra, provocó indignación, por ser una zona en que regía la cuarentena total. “Provocación” fue la palabra más repetida. “Me bajé un par de minutos a saludar a un grupo de carabineros y militares que ayudaban a dirigir el tránsito, me saqué una foto y continué mi camino. Lamento si esta acción pudo malinterpretarse”, se disculpó el jefe de Estado.

“Este gesto de Piñera se inscribe en una serie de acciones. Lo interpretamos como un intento restituyente del gobierno, que ha sido fuertemente impugnado durante la revuelta y tiempo atrás por medio del movimiento feminista”, dijo a Brecha Alondra Carrillo, vocera de la Coordinadora Feminista 8M, una de las organizaciones articuladoras del feminismo en Chile.

Esa histórica marcha del 8 de marzo, que convocó a más de 1 millón de mujeres sólo en Santiago, auguraba un mes prolífico en manifestaciones contra Piñera. La irrupción del coronavirus, sin embargo, apaciguó el ardoroso momento. Poco antes de que se tomaran las medidas más drásticas contra la epidemia, el movimiento seguía firme exigiendo dignidad en los espacios públicos. El alejamiento de las calles comenzó con el estado de catástrofe decretado por el gobierno el 18 de marzo. Acto seguido, se anunció el toque de queda, vigente hasta hoy entre las 22.00 y las 5.00 horas. El 26 de marzo el Ministerio de Salud (Minsal) dictó las primeras cuarentenas totales en algunas comunas de la capital chilena. El plebiscito constitucional que se reclamó en las protestas, fijado inicialmente para el 26 de abril, fue postergado para el 25 de octubre.

“No hay que olvidar que la primera decisión de las autoridades, luego de decretar el estado de catástrofe, fue mandar a pintar el caballo de Baquedano, en un intento de higienización de los rastros de la revuelta. Hay aquí un acto de desmemoria, negacionismo y olvido del proceso político chileno que todavía está en curso, aunque esté interrumpido”, agregó Alondra Carrillo.

En eso coincide el historiador Sergio Grez, cuya obra se centra en el análisis de los movimientos populares en Chile. Según explicó a Brecha, “la rebelión popular no ha muerto, sino que está adquiriendo nuevas formas”. Pero reconoce que “la pandemia ha tenido la virtud, para Piñera y los partidarios del statu quo, de sacar de las calles a un montón de personas y cortar momentáneamente las protestas populares, que se vendrían impetuosas en otoño e invierno”.

Lo que Grez observa entre líneas es apenas un “reflujo obligado por la circunstancia”, que durará “lo que dure el peak del coronavirus”. Por ello, se atreve a pronosticar que la revuelta social “se manifestará con tanta o más fuerza que el año pasado durante la primavera de 2020, cuando pasen los efectos más devastadores de la pandemia”.

Faltan insumos básicos

En los protagonistas de la revuelta prevalece una mirada crítica de las medidas adoptadas por la autoridad sanitaria para combatir el coronavirus. Ejemplo de ello fue el millonario arriendo del centro de eventos Espacio Riesco, situado en la zona norte de Santiago, para habilitarlo como hospital de emergencia. Según abogados citados en el portal del Ciper, el régimen de excepción constitucional decretado para el país durante 90 días faculta al Estado para requisar bienes en circunstancias extraordinarias, como esta.

Los números del covid-19 se mueven velozmente en el escenario actual. Hasta el cierre de esta edición, el Minsal contaba 5.116 contagiados y 43 fallecidos. Las cifras oficiales, sin embargo, han sido refutadas por gremios de la salud, como el del Colegio Médico y la Confederación Nacional de Funcionarias y Funcionarios de Salud Municipal (Confusam).

“La crisis sanitaria es un caos. Este gobierno hace instructivos de cómo enfrentar esta pandemia y a los tres días los cambia. Hoy el problema más grave que tenemos en la salud pública es que no contamos con los elementos de protección. El gobierno señala en sus cadenas que ha gastado millones en estos insumos, pero no se reflejan en nuestro quehacer. El 80 por ciento de los funcionarios sólo estamos con los insumos básicos: mascarillas y guantes desechables”, explicó a este semanario la presidenta de la Confusam, Gabriela Flores, cuya agrupación ha tenido un protagonismo de larga data en los movimientos sociales. Según el catastro diario que hace la Confusam, hasta el 7 de abril había 170 trabajadores de la salud infectados por covid-19, 175 a la espera de los resultados de los exámenes por probable contagio y 1.599 en cuarentena.

“El derecho a la salud pública no está consagrado en Chile”, agregó Flores, para quien la pandemia se ha encargado de develar las diferencias entre las clases sociales en Chile. Citó el caso del médico de 61 años, de la sureña ciudad de Temuco, que fue diagnosticado de covid-19 y luego trasladado a una clínica privada de Santiago en un avión de la Fuerza Aérea de Chile, y el de Francis Zamora, un fotógrafo de 34 años de la comuna popular de Puente Alto que falleció la semana pasada por esa enfermedad, luego de que se le negara dos veces la realización del examen y se lo enviara a hacer cuarentena en su casa. La fiscalía investiga el caso de Zamora y la Contraloría General ha pedido un informe a la Fuerza Aérea.

En definitiva, cree la presidenta de la Confusam, la negligencia del gobierno motivará a la gente que pide cambios estructurales a volver a repletar las calles: “Volveremos a recoger el guante para exigir una salud pública verdadera que dé dignidad a las personas. Que sea un derecho y no un negocio. El movimiento no se ha debilitado. Resurgirá para pedir lo que el pueblo mandató”.

Vacaciones en cuarentena

Tras decretar la suspensión de clases, el Ministerio de Educación (Mineduc) lanzó el programa online Aprendo en Línea, dirigido a estudiantes de enseñanza primaria y secundaria, para que avancen en los estudios mientras dura la emergencia. Las comunidades educativas, sin embargo, dicen que no hubo una consulta previa para tomar esta decisión, en circunstancias en las que un 44 por ciento de la población chilena, según una encuesta de 2018 de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, no tiene conexión fija a Internet.

“Las medidas nos parecen ridículas. No existen las condiciones para estudiar. Echan adelante procesos educativos mal diseñados porque no nos escuchan. No todas las cuarentenas son iguales. No todas las casas de Chile tienen acceso a jabón y alcohol gel. Un joven no se puede conectar a Internet a las ocho de la mañana sabiendo que al mismo tiempo tiene que hacerle desayuno a su hermano chico, porque los padres salen a trabajar”, comentó Víctor Chanfreau, integrante de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) y emblemático vocero estudiantil durante la “rebelión de los torniquetes” en el metro de Santiago.

Nieto de un detenido desaparecido durante la dictadura de Pinochet, Chanfreau aseguró a Brecha que el movimiento estudiantil “se está cuidando para volver a las calles” y “ahora ha asumido un rol de retaguardia” para ir en ayuda de las comunidades. Contó que, en este período de encierro obligado, la Aces ha conformado cuatro comités territoriales (de salud, abastecimiento, apoyo y protesta) para salvaguardar a la población, ya que “al gobierno no le importa proteger al pueblo, sino los intereses de los grandes empresarios”.

El Colegio de Profesores también ha expresado su malestar por los anuncios del Mineduc en el contexto de la pandemia. Especialmente ruidoso para el gremio de más de 100 mil afiliados es que se hayan adelantado las vacaciones de invierno al período de cuarentena. El martes, más de ochocientos colegios publicaron una carta dirigida al ministro de Educación, Raúl Figueroa, para revertir el anuncio. Al cierre de esta edición, no ha habido una respuesta de la autoridad, y el receso de dos semanas debería arrancar el lunes.

“Adelantar las vacaciones de invierno es no entender nada. Hay cientos de niños encerrados en sus casas. Muchos viven en sectores vulnerables. Para ellos, la cuarentena no es ninguna gracia, no es un descanso. Es una obsesión del ministerio cumplir con formalidades y calendarios en un contexto de anormalidad absoluta. Pedimos más humanidad y menos cumplimiento de normas”, dijo a este semanario el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar.

Sin agua no hay lavado de manos

El derecho humano al agua constituye una de las banderas de lucha del movimiento social en curso. Rodrigo Mundaca es un activista con una dilatada trayectoria en esta causa y el vocero nacional del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente. Vive en La Ligua, en la provincia de Petorca, unos 156 quilómetros al norte de Santiago. En dicha provincia conviven realidades opuestas. Los cerros están absolutamente secos e intervenidos por plantaciones gigantes de paltos. De los ríos no hay casi rastro y cientos de animales vagan por el valle buscando infructuosamente una vertiente de agua. “En la provincia de Petorca existe un modelo de despojo en el territorio asociado al agronegocio de las paltas, que ha comprometido severamente la vida de las personas”, explicó Mundaca a Brecha.

Ganador del prestigioso Premio Internacional de Derechos Humanos de Núremberg 2019, Mundaca aseguró que las grandes empresas de la palta han secado el valle y dejado a miles de familias sin acceso expedito al recurso hídrico. Sin ir más lejos, agregó, “el 70 por ciento de las familias de la provincia de Petorca recibe agua a través de camiones aljibe” y “cerca de un millón y medio de personas en Chile tienen serias dificultades para acceder al agua potable”.

En virtud de ello, el dirigente abrió una interrogante: “¿Cómo le pedimos a la gente que se lave las manos si no tiene acceso al agua potable?”. Mundaca contó que en Petorca los camiones aljibe están entregando 50 litros de agua diarios por familia. “Esa cantidad es absolutamente insuficiente para las medidas de higienización de las manos. Una hectárea de paltos requiere un litro de agua por segundo para satisfacer toda la demanda de riego, es decir, 84.600 litros de agua por día. Si gastamos dos litros aproximadamente en cada lavado de manos, una hectárea de paltos equivale a 42.300 lavados de manos”, fundamentó el activista, para quien es urgente derogar el código de aguas, redactado en 1981, durante la dictadura, que concede a privados los derechos de aprovechamiento del agua.

Greenpeace Chile, en tanto, lanzó una campaña llamada Suelta el Agua, con la que emplaza al gobierno a “diseñar un plan de distribución de agua que garantice constancia, frecuencia y calidad”, comentó su director nacional, Matías Asun. En conversación con este semanario, Asun calculó que son 350 mil las personas en Chile que dependen de sistemas de agua potable rural y a quienes, sin embargo, se les corta periódicamente el suministro, por lo que no pueden cumplir con los protocolos de lavado de manos y sanitización.

Mundaca estima que la revuelta vivirá un segundo impulso después de la peor fase de la pandemia, ya que el manejo de la crisis sanitaria demostró que “los derechos sociales se transformaron en objetos de lucro, usura y exclusión”. Para él, hay pandemias en Chile que no han sido abordadas, como “el modelo de desarrollo, que deja zonas de sacrificio y una matriz energética que depende del carbón y tiene privatizadas el agua y la tierra”.

Las perspectivas de la revuelta

Un polémico dictamen de la Dirección del Trabajo, que decretó la no obligatoriedad de pagar los sueldos de los trabajadores en cuarentena, y la histórica caída de los fondos de pensiones, cuya pérdida, se calcula, fue de 25 mil millones de dólares sólo durante marzo, han agudizado la inquina contra el gobierno, dijo Grez.

“El virus le ha servido al gobierno para reponer fuerzas, sentirse más seguro, pasarles la cuenta a los movimientos populares y recuperar, así, las posiciones perdidas, con un desparpajo y una seguridad que no veíamos hacía mucho tiempo. Pero, una vez más, se engañan al creer que le han quebrado la moral al movimiento social. Esta es una inflexión táctica de la rebelión popular”, advirtió el historiador.

El presidente del Movimiento NO + Afp –coordinadora que clama por cambiar el actual sistema previsional de capitalización individual por otro solidario y tripartito–, Luis Mesina, sostiene que la crisis sanitaria “golpea de manera mucho más brutal a Chile que a otros países de la región” porque no cuenta con seguridad social. A contrapelo de sus pares, Mesina es más cauto respecto de la supuesta nueva fuerza que adquirirá la revuelta. “Creo que los teóricos se equivocan al decir que el 18 de octubre se repetirá mecánicamente. Es probable que ocurra, pero también que no. No todos los procesos son iguales. ¿Con qué ropa haremos huelga si el planeta entero está paralizado por el coronavirus?”, se preguntó.

Si se reactiva el movimiento, dijo Mesina a Brecha, este requerirá una dirección para “salir con inteligencia” a recuperar alguno de sus derechos: “Aún no recuperamos ni uno solo”. Grez, en cambio, apuesta que las consecuencias económicas de la pandemia se traducirán en “un material altamente explosivo”, que desembocará en una nueva “ofensiva” del despertar de Chile.

En tanto, Alondra Carrillo, del movimiento feminista, considera que “el aislamiento físico imposibilita las expresiones de rebeldía popular, que fueron una herramienta para subvertir el orden normal”, pero que también es cierto que la rebelión sigue en pie. “Es esta crisis el fundamento de la movilización del 8M y de la revuelta de octubre. Nada de eso puede haber desaparecido simplemente. Es imposible. Somos las mismas que salimos a la calle el 8 y el 9 de marzo las que hoy estamos velando por nuestro cuidado y organizando redes de solidaridad para dar respuestas donde el Estado no existe”, especificó la vocera de la Coordinadora 8M.

Al no poder ocupar las calles, la Coordinadora 8M desplazó su activismo a plataformas virtuales que permitan generar rutinas de autocuidado y prevención. Asimismo, levantó un Plan de Emergencia Feminista frente al coronavirus, puesto que los casos de violencia de género han aumentado debido al confinamiento prolongado. “Muchos niños, niñas y niñes están obligados a mantenerse encerrados con su agresor, y ese es un escenario muy riesgoso para las mujeres”, expresó Carrillo. Entre los puntos del plan, destacó la necesidad de crear redes de protección entre los mismos vecinos para responder ante los casos de violencia de género y establecer un mecanismo de denuncia en línea.

El futuro del movimiento social, afirmó Carrillo, dependerá de lo que ocurra en estos meses de emergencia sanitaria. “La disputa política aún está en juego. Eso lo sabe el gobierno. Por eso Piñera fue a pararse a la Plaza de la Dignidad: saben que es un proceso en curso. Esto no es un paréntesis, ni una pausa, ni una tregua”, agregó la vocera, para quien la revuelta social y la movilización feminista están frente a un vértice histórico todavía abierto: “Dependerá del sentido que podamos producir en esta crisis”.