{"id":6022,"date":"2018-11-04T14:58:23","date_gmt":"2018-11-04T17:58:23","guid":{"rendered":"http:\/\/correspondenciadeprensa.com\/?p=6022"},"modified":"2018-11-11T08:31:25","modified_gmt":"2018-11-11T11:31:25","slug":"colombia-la-banca-y-las-empresas-espanolas-en-el-ecocidio-del-rio-cauca-miriam-garcia-torres","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/?p=6022","title":{"rendered":"Colombia – La banca y las empresas espa\u00f1olas, en el ecocidio del R\u00edo Cauca. Miriam Garc\u00eda-Torres"},"content":{"rendered":"

La rentabilidad de los negocios del Ibex35 oculta con frecuencia graves da\u00f1os socio-ecol\u00f3gicos y violaciones de derechos humanos en Am\u00e9rica Latina.<\/strong><\/p>\n

Miriam Garc\u00eda-Torres *<\/strong><\/p>\n

Ctxt, 31-10-2018<\/strong><\/p>\n

https:\/\/ctxt.es\/es\/<\/a><\/strong><\/p>\n

Correspondencia de Prensa, 4-11-2018<\/strong><\/p>\n

Hace tiempo que ya no toca el r\u00edo. Desde que lo represaron, cuenta, tiene un color verdoso, como de difunto. Rudy Estela Posada, campesina y cofundadora del movimiento R\u00edos Vivos Antioquia, suspira cuando le preguntan sobre los impactos que Hidroituango est\u00e1 provocando en los pueblos ubicados en el Ca\u00f1\u00f3n del r\u00edo Cauca, en Colombia. \u201cPerdimos nuestras casas, nuestro trabajo, nuestra cultura, nuestro bosque seco tropical. La mayor p\u00e9rdida que hemos tenido es nuestro arraigo al territorio\u201d.<\/p>\n

La conflictividad generada por este megaproyecto hidroel\u00e9ctrico, que incluye la construcci\u00f3n de una presa de 225 metros de altura y un embalse de 79 kil\u00f3metros de largo con capacidad para 20 millones de metros c\u00fabicos de agua, dura ya varios a\u00f1os. Pero el conflicto est\u00e1 en una nueva fase desde que en la madrugada del pasado 28 de abril un derrumbe obstruy\u00f3 uno de los t\u00faneles de desv\u00edo de la presa. Los torrentes provocados por la crecida del r\u00edo como consecuencia de los taponamientos y vaciados de agua, se llevaron por delante puentes, casas, y los medios de vida de cientos de familias de la zona.<\/p>\n

Salt\u00f3 entonces la primera alarma que poco despu\u00e9s se convirti\u00f3 en emergencia tras varios desprendimientos de tierra, la aparici\u00f3n de grietas en la monta\u00f1a y filtraciones de agua en la presa. La situaci\u00f3n estaba fuera de control. Las autoridades colombianas decretaron la alerta roja y m\u00e1s de 13.000 personas fueron evacuadas permanentemente de forma preventiva: la obra de mayor envergadura del pa\u00eds estaba en riesgo de colapso y se tem\u00eda que pudiera provocar una avalancha de proporciones catastr\u00f3ficas.<\/p>\n

La emergencia social y ambiental es de tal magnitud que en junio la Autoridad Nacional de Licencia Ambiental (ANLA) suspendi\u00f3 provisionalmente la construcci\u00f3n del megaproyecto \u2013a excepci\u00f3n de las obras de contenci\u00f3n de la emergencia\u2013, a la espera de que un grupo de peritos expertos determine su viabilidad.<\/p>\n

Contin\u00faa la alerta roja de evacuaci\u00f3n en varios municipios y la incertidumbre permanente para alrededor de 200.000 personas, la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica ha se\u00f1alado en un informe lo que las comunidades organizadas en torno a R\u00edos Vivos vienen denunciando desde hace diez a\u00f1os: que los estudios eran insuficientes e inadecuados, y que fueron realizados \u201cm\u00e1s para cumplir un requisito en el licenciamiento ambiental que para el adecuado desarrollo del proyecto\u201d. El informe recoge 35 irregularidades que ponen en tela de juicio tanto a EPM, la empresa a cargo del proyecto, como a la propia ANLA. Solo as\u00ed se entiende que hayan pasado por alto 11 fallas geol\u00f3gicas, la cultura y la econom\u00eda de m\u00e1s de 26.000 personas, y la memoria de entre 500 y 900 v\u00edctimas de desaparici\u00f3n forzada del conflicto armado cuyos cuerpos quedar\u00e1n sin ser localizados bajo el agua.<\/p>\n

En la zona de influencia del megaproyecto el 60% de la poblaci\u00f3n es v\u00edctima del conflicto armado. A la violencia ocasionada por el conflicto colombiano se suma ahora la provocada por Hidroituango. Es m\u00e1s, para R\u00edos, existe una coincidencia hist\u00f3rica entre los hitos temporales de un proceso y otro, de manera que el megaproyecto se habr\u00eda beneficiado de las masacres y desplazamientos provocados durante las \u00faltimas d\u00e9cadas en la zona. Porque entender el conflicto armado es comprender su v\u00ednculo con la disputa por el control de unos territorios que resultan estrat\u00e9gicos para los intereses del poder pol\u00edtico-econ\u00f3mico nacional y transnacional. Un problema estructural, el del acaparamiento del territorio para la profundizaci\u00f3n del modelo econ\u00f3mico, que ha quedado fuera del proceso de paz y que explica en gran medida por qu\u00e9 los asesinatos de l\u00edderes sociales se han incrementado de forma alarmante tras la firma del acuerdo en 2016. Solo en los primeros ocho meses de este a\u00f1o han sido asesinados en Colombia 110 l\u00edderes sociales. M\u00e1s del 5% de ellos defend\u00edan su territorio frente a los impactos de Hidroituango.<\/p>\n

La huella de la marca Espa\u00f1a <\/strong><\/p>\n

Cuando en abril de 2011 se constituy\u00f3 el movimiento R\u00edos Vivos en Colombia, las comunidades afectadas por Hidroituango ya ven\u00edan denunciando el se\u00f1alamiento de l\u00edderes sociales opuestos al megaproyecto y la ausencia de informaci\u00f3n sobre los impactos que \u00e9ste generar\u00eda. El conflicto era manifiesto. Pese a ello, tres meses despu\u00e9s Ferrovial Agroman, la filial de construcci\u00f3n de Ferrovial, anunciaba la firma de un contrato por 55 millones de euros para la construcci\u00f3n de los t\u00faneles de desviaci\u00f3n de la presa.<\/p>\n

Aunque deb\u00edan estar finalizados para el a\u00f1o 2013, la empresa espa\u00f1ola acumul\u00f3 retrasos y sobrecostes en las obras, de manera que el contrato pas\u00f3 a manos del consorcio colombo-brasile\u00f1o CCC. Seg\u00fan evidencia ahora el informe de la Contralor\u00eda, la modificaci\u00f3n del dise\u00f1o de los t\u00faneles que se realiz\u00f3 posteriormente no contaba con la licencia requerida al momento de iniciar las obras. Este dato es importante, porque es precisamente en los t\u00faneles de desv\u00edo donde se origin\u00f3 la crisis el pasado mes de abril.<\/p>\n

Pero la participaci\u00f3n de Ferrovial en Hidroituango no es la \u00fanica huella de la marca Espa\u00f1a. En diciembre de 2017 el BID Invest, la instituci\u00f3n del sector privado del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, concedi\u00f3 una l\u00ednea de cr\u00e9dito de mil millones de d\u00f3lares a EPM para la construcci\u00f3n de la hidroel\u00e9ctrica. De ellos, 650 millones proven\u00edan de un pr\u00e9stamo otorgado por varios bancos comerciales internacionales e inversores institucionales, entre los que se encuentran BBVA y Santander.<\/p>\n

En ese momento los impactos sociales y ecol\u00f3gicos de este megaproyecto \u2013que antes de la emergencia ya hab\u00eda provocado 10 desalojos forzosos y la p\u00e9rdida de los medios de vida de m\u00e1s de 500 familias\u2013 eran m\u00e1s que evidentes. Tambi\u00e9n eran conocidas las campa\u00f1as de difamaci\u00f3n, amenazas, seguimientos y asesinatos cometidos contra integrantes de R\u00edos Vivos, denunciadas por organizaciones internacionales de derechos humanos. Sin embargo, nada de esto parece suponer un impedimento para que BBVA siga incluyendo este megaproyecto en su secci\u00f3n sobre \u201cfinanciaci\u00f3n responsable de proyectos\u201d, por un pr\u00e9stamo puente que el banco hab\u00eda concedido ya en el a\u00f1o 2012.<\/p>\n

Este caso muestra, una vez m\u00e1s, que tras la rentabilidad de los negocios del IBEX35 se ocultan con frecuencia graves da\u00f1os socio-ecol\u00f3gicos y violaciones de derechos humanos. Y no es un caso aislado. El informe \u201cEl IBEX 35, en guerra contra la vida\u201d de Ecologistas en Acci\u00f3n recoge otros ejemplos en los que empresas espa\u00f1olas como Repsol, ACS, Iberdrola, Gas Natural Fenosa (ahora Naturgy), Acciona y Renovalia est\u00e1n involucradas. La lista es extensa porque el problema es sist\u00e9mico.<\/p>\n

En riesgo de colapso<\/strong><\/p>\n

El caso de Hidroituango encuentra similitudes con otros muchos de los 2.584 conflictos socio-ecol\u00f3gicos que el Atlas Global de Justicia Ambiental tiene registrados en todo el mundo. Megaproyectos hidroel\u00e9ctricos, mineros, petroleros, agroindustriales o de infraestructura se imponen en aquellos territorios donde se encuentran los recursos naturales que resultan estrat\u00e9gicos para alimentar una econom\u00eda global en permanente crecimiento.<\/p>\n

Los patrones de despojo comparten rasgos comunes: alianzas entre el poder pol\u00edtico y econ\u00f3mico, entre la oligarqu\u00eda nacional y el capital transnacional, v\u00ednculos con fuerzas armadas estatales y no-estatales, y una concatenaci\u00f3n de violencias sobre las comunidades locales, consideradas da\u00f1os colaterales de los intereses econ\u00f3micos de una \u00e9lite global. Solo se pueden permitir este privilegio quienes se saben protegidos por su poder econ\u00f3mico, sus influencias pol\u00edticas, su capacidad medi\u00e1tica y por marcos jur\u00eddicos conniventes con sus intereses. En otras palabras, quienes se saben impunes.<\/p>\n

La semana pasada se celebr\u00f3 en Ginebra la cuarta sesi\u00f3n para negociar un tratado internacional jur\u00eddicamente vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos que contribuya a poner freno a la impunidad de las grandes corporaciones. El proceso, centrado este a\u00f1o sobre la discusi\u00f3n del borrador cero \u2013un documento que ha dejado fuera gran parte de las propuestas de la sociedad civil\u2013 sigue sufriendo la obstaculizaci\u00f3n de la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n

Lo que est\u00e1 en juego no es poco. La posibilidad de contar con un marco normativo vinculante y \u2013hay que precisar\u2013 adecuado, es crucial para que sea posible establecer responsabilidades civiles y penales a las grandes corporaciones cuando cometen violaciones a los derechos humanos, para disponer obligaciones sobre las instituciones financieras y econ\u00f3micas internacionales, o para que las normas sobre derechos humanos no est\u00e9n subordinadas a los tratados de comercio e inversi\u00f3n, entre otras cosas. Se trata \u2013haciendo una analog\u00eda con Hidroituango\u2013 de la necesidad de contar con un dique de contenci\u00f3n para una emergencia socio-ecol\u00f3gica global que cada a\u00f1o se salda con el asesinato de m\u00e1s de 200 personas defensoras del medio ambiente en todo el mundo.<\/p>\n

Pero, aqu\u00ed tambi\u00e9n, aspirar a resolver el problema pasa necesariamente por atender a sus causas estructurales. Y la cuesti\u00f3n clave en este sentido es que nos encontramos en un momento hist\u00f3rico en el que debemos hacer frente a un escenario global que \u2013como Hidroituango\u2013, est\u00e1 en alerta roja por riesgo de colapso. El IPCC acaba de alertar en su \u00faltimo informe sobre la necesidad de limitar el incremento global de temperatura a 1,5\u00baCsi queremos mantenernos dentro de un nivel de riesgo asumible en un contexto mundial marcado por el cambio clim\u00e1tico. Al ritmo actual de emisiones nos quedan 12 a\u00f1os para llegar a este escenario. Apenas una d\u00e9cada para emprender transformaciones estructurales en sectores como la agricultura, la industria, la construcci\u00f3n o el transporte, que lleven a una reducci\u00f3n de la demanda energ\u00e9tica global. Los pa\u00edses de la Uni\u00f3n Europea, que tienen una responsabilidad hist\u00f3rica indiscutible, deber\u00e1n reducir sus emisiones al menos un 55% hasta 2030, es decir, una disminuci\u00f3n del 7% anual.<\/p>\n

El reto es may\u00fasculo y la conclusi\u00f3n, clara: acometer esta transformaci\u00f3n sin precedentes es incompatible con la l\u00f3gica de los grandes megaproyectos, con el modelo de acumulaci\u00f3n de capital inherente al funcionamiento de las grandes corporaciones, y con la esencia misma de un sistema econ\u00f3mico suicida en t\u00e9rminos sociales y ecol\u00f3gicos. Ante un futuro pr\u00f3ximo marcado por la inevitable reducci\u00f3n de la disponibilidad de energ\u00eda y materiales, la sociedad civil organizada deber\u00e1 tener un papel central si queremos aspirar a construir otros modelos socioecon\u00f3micos basados en criterios de justicia social y ambiental. Algo as\u00ed como poner en marcha un desmantelamiento controlado del orden existente, para construir otros sostenibles y equitativos. Un desmantelamiento controlado, como el que demandan las comunidades organizadas del Ca\u00f1\u00f3n del Cauca para Hidroituango.<\/p>\n

* Miriam Garc\u00eda-Torres es miembro de Ecologistas en Acci\u00f3n.\u00a0 Especializada en estudios socio-ambientales, ecolog\u00eda pol\u00edtica feminista y derechos humanos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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