{"id":600,"date":"2016-06-12T20:18:09","date_gmt":"2016-06-12T20:18:09","guid":{"rendered":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/?p=600"},"modified":"2016-06-12T20:18:09","modified_gmt":"2016-06-12T20:18:09","slug":"argentina-a-seis-meses-del-nuevo-gobierno-un-diagnostico-socio-economico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/?p=600","title":{"rendered":"Argentina. A seis meses del nuevo gobierno: un diagn\u00f3stico socio-econ\u00f3mico"},"content":{"rendered":"

Argentina<\/strong><\/p>\n

A seis meses del nuevo gobierno: un diagn\u00f3stico socio-econ\u00f3mico<\/strong><\/p>\n

Plataforma 2012, Buenos Aires, 10-6-2016 \u00a0<\/strong>www.plataforma2012.org.ar<\/a><\/strong><\/p>\n

A seis meses de asumido el nuevo gobierno, desde Plataforma 2012 proponemos recuperar la vigencia de nuestro planteo originario y retomar, bajo las actuales condiciones, el necesario debate sobre los problemas fundamentales que siguen pendientes de resoluci\u00f3n en la Argentina.<\/p>\n

En nuestro documento original de enero de 2012 planteamos algunos ejes problem\u00e1ticos: las violaciones de derechos humanos y el avance en la legislaci\u00f3n represiva; el proceso de concentraci\u00f3n de riqueza y especialmente el problema de la concentraci\u00f3n de la propiedad de la tierra y la soja-dependencia, correlato del despojo de comunidades campesinas y pueblos originarios, el avance de la megaminer\u00eda contaminante y los privilegios recibidos por las grandes corporaciones mineras, cerealeras, petroleras, automotrices, bancos. En esta l\u00ednea, se\u00f1alamos el incremento de las brechas de la desigualdad. Por \u00faltimo, apuntamos a visibilizar la construcci\u00f3n, por parte del gobierno, de un relato que pretend\u00eda enmascarar dichas pol\u00edticas y alianzas, bajo un discurso \u00e9pico pretendidamente progresista y fuertemente descalificador y estigmatizante de toda disidencia.<\/p>\n

Es indudable que el gobierno anterior dej\u00f3 como herencia problemas profundos. Para nombrar algunos: alta inflaci\u00f3n, niveles crecientes de pobreza; aumento del empleo informal y de la desocupaci\u00f3n, el mayor d\u00e9ficit fiscal en la historia democr\u00e1tica reciente, muy bajo nivel de reservas, intercambio comercial deficitario con controles arbitrarios de importaciones y mercado de cambios, producci\u00f3n y empleo privado estancados hace a\u00f1os con el empleo p\u00fablico creciendo como mero refugio, un esquema de subsidios a los servicios p\u00fablicos caracterizado por la corrupci\u00f3n en la connivencia entre las empresas y el gobierno y una progresiva incapacidad de sostenimiento financiero y la destrucci\u00f3n del sistema de indicadores econ\u00f3micos y sociales, etc.<\/p>\n

Esta herencia es responsabilidad del gobierno anterior, pero los caminos elegidos por el actual gobierno para intentar resolver estos problemas no parecen los m\u00e1s adecuados y ni siquiera garantizan su resoluci\u00f3n. M\u00e1s a\u00fan, el modo en c\u00f3mo ha encarado la herencia recibida revela las caracter\u00edsticas del nuevo oficialismo: se trata de un gobierno neoempresarial, que entiende la pol\u00edtica como gesti\u00f3n y marketing y concibe la tecnocracia como la estrategia central de la construcci\u00f3n de hegemon\u00eda.<\/p>\n

En efecto, el punto anterior referido a la \u201cherencia recibida\u201d constitu\u00eda un test general para el nuevo gobierno, que decidi\u00f3 abordar su resoluci\u00f3n optando por un ajuste tradicional \u2013uno m\u00e1s de los que hist\u00f3ricamente ha sufrido la sociedad argentina-, golpeando duramente a los sectores m\u00e1s vulnerables, e incrementando las desigualdades \u2013incluso justific\u00e1ndolas-, en nombre de la promesa de un futuro \u201cderrame\u201d. De este modo, lejos de las promesas de \u201cpobreza cero\u201d, el discurso fundacional del nuevo oficialismo se centra en la necesidad de un \u201csinceramiento doloroso y eficaz\u201d, el cual es presentado como si hubiera una respuesta \u201c\u00fanica\u201d, de car\u00e1cter \u201ct\u00e9cnico\u201d, sin discutir el modo de abordaje, con lo cual se pretende ocultar la estructura de intereses que existe detr\u00e1s de la dial\u00e9ctica existente entre la herencia recibida y la resoluci\u00f3n implementada, la cual, una vez m\u00e1s, favorece a los sectores m\u00e1s concentrados de la sociedad.<\/p>\n

Basta observar que en estos meses la inflaci\u00f3n se aceler\u00f3 como resultado de las pol\u00edticas oficiales, la pol\u00edtica monetaria y cambiaria se muestra contradictoria y muy favorable a la renta financiera mientras el sistema productivo soporta fuertes incrementos de costos; de hecho, la mejora competitiva de la devaluaci\u00f3n de inicio se erosion\u00f3 en gran medida con la aceleraci\u00f3n de precios, al tiempo que las tasas de inter\u00e9s impulsadas desde el Banco central garantizan negocios financieros especulativos para los grandes operadores. Asimismo, pese al d\u00e9ficit fiscal se resignaron impuestos a las grandes corporaciones mineras y agropecuarias mientras no se ajustan escalas y tributos a los grupos de menores ingresos y a las empresas de menor tama\u00f1o. Se reclama una situaci\u00f3n de emergencia para el ajuste del gasto p\u00fablico y de los salarios, pero no se plantean impuestos directos y progresivos a la renta financiera, a las grandes fortunas y a la concentraci\u00f3n de la propiedad.<\/p>\n

Puede afirmarse que las principales medidas en el campo econ\u00f3mico del actual gobierno han buscado reestablecer la renta financiera y las ganancias de las grandes corporaciones, con el declarado objetivo de atraer capitales al pa\u00eds. El anunciado blanqueo de capitales es otra medida que va en el mismo sentido y que se contradice con el discurso oficial contra la corrupci\u00f3n p\u00fablico-privada. En estas cuestiones, preocupa la confusi\u00f3n que est\u00e1 generando el gobierno entre inter\u00e9s p\u00fablico y privado. La elecci\u00f3n como funcionarios p\u00fablicos de ex CEOs de las grandes corporaciones empresariales es un dato m\u00e1s de esta confusi\u00f3n. El gobierno parece considerar que administrar los bienes y servicios p\u00fablicos es igual que administrar los bienes y servicios privados, lo cual es un error probado por la literatura y la investigaci\u00f3n econ\u00f3mica y social.<\/p>\n

En este sentido, y como muestra del modo en que se implementaron los ajustes de las tarifas de servicios, el inter\u00e9s primordial del gobierno ha sido el de garantizar r\u00e1pidamente las ganancias de las empresas, dejando en un segundo plano el impacto negativo sobre el bienestar de la poblaci\u00f3n (desconociendo incluso las diferencias t\u00e9rmicas entre los extremos de la geograf\u00eda nacional en la aplicaci\u00f3n del incremento tarifario de electricidad y gas), y los costos de empresas de menor tama\u00f1o que son las responsables principales de la oferta laboral en el pa\u00eds. La concepci\u00f3n de la gesti\u00f3n p\u00fablica con criterios de las grandes corporaciones privadas, qued\u00f3 evidenciada en la ola de reclamos y el anuncio cotidiano de excepciones a los ajustes. M\u00e1s que \u201ceficiencia\u201d, el gobierno muestra desconocimiento y arbitrariedad, adem\u00e1s de las sospechas sobre funcionarios por sus estrechos v\u00ednculos con las corporaciones beneficiadas.<\/p>\n

Los recientes anuncios gubernamentales, pegados a un blanqueo y a la eliminaci\u00f3n del impuesto a los bienes personales, tambi\u00e9n tiene reminiscencias del gobierno anterior, que habilit\u00f3 varios blanqueos durante su gesti\u00f3n y siempre us\u00f3 la estrategia de justificar y legitimar medidas favorables a los grupos de mayor riqueza con algunas medidas sensibles socialmente. As\u00ed, el anuncio de la oferta del Estado para todos aquellos jubilados que est\u00e1n en litigio (con sentencia firme o que est\u00e1n en juicio), lo cual implicar\u00eda un aumento del 45% para aquellos que acepten entrar en este acuerdo, es una medida en el sentido correcto, pero no se tiene en claro c\u00f3mo seguir\u00e1 el financiamiento a futuro de estos beneficios y del conjunto del sistema porque el pago de esos beneficios est\u00e1 atado a un nuevo blanqueo de capitales. En realidad, el pago de la deuda hist\u00f3rica para con los jubilados s\u00f3lo podr\u00eda sostenerse en el tiempo si se lleva a cabo una reestructuraci\u00f3n impositiva general y progresiva; acompa\u00f1ado esto de un aumento del empleo en blanco.<\/p>\n

Por otro lado, el anuncio de un nuevo blanqueo no es s\u00f3lo a todas luces pol\u00edtica y moralmente inaceptable, sino que adem\u00e1s vendr\u00eda atado a la promesa de eliminar el impuesto a los bienes personales para el a\u00f1o 2019. O sea, no solo que pueden blanquear lo que estaba en negro, sino que adem\u00e1s no van a cobrarle en el futuro impuestos por esa riqueza. El impuesto a la riqueza es uno de los instrumentos m\u00e1s eficaces para combatir la desigualdad distributiva y deber\u00eda potenciarse en lugar de eliminarse.<\/p>\n

Peor a\u00fan, el actual gobierno ha resuelto profundizar la pol\u00edtica del gobierno anterior favorable a la matriz energ\u00e9tica sostenida en hidrocarburos. Como hemos expuesto en otros documentos, esta apuesta no s\u00f3lo es cara sino tambi\u00e9n nociva para el pa\u00eds y va a contramano de los crecientes problema que plantea el cambio clim\u00e1tico al tiempo que profundiza los conflictos territoriales en torno a la contaminaci\u00f3n del medio ambiente. La no publicidad del contrato de YPF con la multinacional Chevron, el mantenimiento de los contratos con China son solo ejemplos de la continuidad en la materia.<\/p>\n

Otra medida preocupante es la modificaci\u00f3n del decreto 436 del 31 de enero de 1984, sancionado en la \u00e9poca de Alfons\u00edn, que hab\u00eda quitado a los militares el manejo de una serie de definiciones en torno a su personal, que pasaban a ser controladas por el Ministro de Defensa. Este decreto fundacional de la nueva era democr\u00e1tica, fue reemplazado por un reciente decreto presidencial (721\/2016), por el cual las Fuerzas armadas vuelven a tener atribuciones para decidir ascensos, traslados, designaciones, premios, incorporaci\u00f3n de retirados en espacios de formaci\u00f3n, que desde 1985 estaban bajo el control pol\u00edtico. De este modo, se fortalece un funcionamiento m\u00e1s corporativo y aut\u00f3nomo de las fuerzas armadas, lo cual implica un claro retroceso respecto del necesario control civil de las mismas.<\/p>\n

En otro orden, contrariamente a lo que se esperaba, no se observa una despolarizaci\u00f3n del campo pol\u00edtico-social. Por un lado, sectores importantes del exoficialismo niegan el car\u00e1cter cr\u00edtico de la herencia recibida (como si la Argentina anterior al 10 de diciembre de 2015 hubiese sido un pa\u00eds igualitario, sin problemas de inflaci\u00f3n, de pobreza, de empleo ni de tipo de cambio, entre otros), exacerbando con ello los esquemas binarios. Por otro lado, el actual oficialismo ha preferido potenciar esa brecha como estrategia pol\u00edtica. Sin desconocer que el empleo p\u00fablico fue utilizado por el gobierno anterior con fines pol\u00edtico-partidarios, tambi\u00e9n hay que se\u00f1alar que el actual gobierno se embarc\u00f3 en una pol\u00edtica de despidos que en varios casos alcanzan \u00e1reas relevantes del Estado e involucran personal de planta, con muchos a\u00f1os de antig\u00fcedad. Las contradicciones que se observan en cuanto a la recuperaci\u00f3n del personal t\u00e9cnico del Indec no le otorgan al gobierno mucha legitimidad para estas acciones.<\/p>\n

Asimismo, el acento puesto en el sobre-empleo estatal no se corresponde con la evidente necesidad de ampliarlo en \u00e1reas vitales como la salud y la educaci\u00f3n p\u00fablica cuyo deterioro es reconocido por los estudios especializados en la materia. Tambi\u00e9n hay necesidad de ampliar coberturas, incorporar empleo en \u00e1reas sensibles al bienestar, el cuidado y la igualdad de oportunidades de la poblaci\u00f3n. M\u00e1s a\u00fan cuando ya es evidente y aceptado por el propio gobierno, que las pol\u00edticas aplicadas han generado mayor deterioro en los ingresos y el bienestar de la poblaci\u00f3n m\u00e1s vulnerable.<\/p>\n

Pese a que se contin\u00faa sin estad\u00edsticas oficiales en la materia, estimaciones privadas cuya solidez ha sido reconocida por funcionarios de este gobierno se\u00f1alan un incremento notable de la pobreza por ingresos y un deterioro de las condiciones laborales de la poblaci\u00f3n m\u00e1s vulnerable. Otra vez, la rapidez del ajuste para recomponer la ganancia de los grandes grupos empresarios contrasta con la lentitud en pol\u00edticas dirigidas a sostener el empleo y el bienestar de los grupos m\u00e1s desaventajados. A\u00fan si el proyecto de la pensi\u00f3n universal representa una se\u00f1al positiva, la ampliaci\u00f3n de la cobertura de la Asignaci\u00f3n por Hijo a los monotributistas, la anunciada baja del IVA para el consumo de ciertos productos de grupos seleccionados de la poblaci\u00f3n, las \u201ctarifas sociales\u201d, son paliativos insuficientes y que contin\u00faan con el criterio de \u201cindividualizar\u201d carencias en lugar de \u201cuniversalizar\u201d servicios. Estas continuidades se\u00f1alan que al igual que el anterior gobierno, el actual apuesta a continuar con la fragmentaci\u00f3n en el sistema de protecci\u00f3n social y el aliento a la prestaci\u00f3n de bienes y servicios sociales segmentados seg\u00fan el nivel de ingresos y riquezas.<\/p>\n

En otro orden, el reciente veto presidencial a la llamada Ley antidespidos, sancionada por el Parlamento Nacional, tambi\u00e9n marca una continuidad con pol\u00edticas del gobierno anterior. Es discutible la efectividad de una norma de este tipo para proteger el empleo, pero no es cierto como afirma el oficialismo que la misma genere pobreza o destruya empleo. La pobreza crece y el empleo se destruye por muchas otras razones, incluyendo algunas de las actuales pol\u00edticas que descargan sobre el costo laboral el ajuste de otros precios. En todo caso, y m\u00e1s all\u00e1 de cuestionar la norma que apunta s\u00f3lo a la protecci\u00f3n del empleo de los grupos m\u00e1s formales, es criticable el veto a una ley parlamentaria. Si bien el \u201cveto\u201d es una herramienta prevista por la Constituci\u00f3n (algo de lo cual el actual presidente se ha servido de modo recurrente y controversial durante sus 8 a\u00f1os de mandato en la ciudad de Buenos Aires, sumando 128 entre vetos parciales y totales), el mismo representa un remanente del pasado, vinculado con un modo de concebir la democracia que rechazamos (el debate colectivo situado bajo la autoridad o custodia \u00faltima de un individuo dotado de la imparcialidad de la que las mayor\u00edas sociales y legislativas carecen).<\/p>\n

Desde Plataforma 2012 seguimos con atenci\u00f3n tambi\u00e9n el modo en que, desde los tribunales se enfrentan los casos de corrupci\u00f3n, presentes y pasados. Sobre tales procesos, nos interesa marcar dos cuestiones, de naturaleza estructural, que pueden ayudarnos a pensar sobre los mismos, alej\u00e1ndonos de la coyuntura inmediata. En primer lugar, entendemos que, m\u00e1s all\u00e1 de los intereses e intencionalidades presentes \u2013obvios e inevitables en cualquier disputa pol\u00edtica de relevancia- el debate sobre la corrupci\u00f3n resulta de enorme relevancia, sobre todo a la luz del car\u00e1cter estructural, m\u00e1s que epis\u00f3dico, adquirido por la misma durante los \u00faltimos a\u00f1os del anterior gobierno: se trat\u00f3 de un r\u00e9gimen que, m\u00e1s que convivir con eventos aislados de criminalidad \u2013recurrentes a lo largo de toda nuestra vida institucional- construy\u00f3 una maquinaria alimentada y generadora de actividades il\u00edcitas. Pasamos de contar con un gobierno salpicado de actos ilegales a otro que result\u00f3 definido por ellos. El actual gobierno se encuentra obligado a dar se\u00f1ales (m\u00e1s) claras, de que ha roto lazos con dichos mecanismos (sin embargo, la experiencia pasada en el Gobierno de la Ciudad lo muestra m\u00e1s vinculado que enfrentado a la maquinaria puesta en marcha por el gobierno anterior).<\/p>\n

En segundo lugar, consideramos que las dificultades, ocasionales apuros, limitaciones y titubeos que muestra el sistema judicial en la atenci\u00f3n de los casos de corrupci\u00f3n estructural tampoco resultan coyunturales: las acciones y omisiones de la justicia argentina \u2013y, en particular, de la justicia federal- aparecen motivados menos por el derecho y c\u00f3mo interpretarlo, que por c\u00e1lculos de conveniencia, propios de los magistrados y fiscales a cargo de las investigaciones. Sin presi\u00f3n social y pol\u00edtica, y sin cambios significativos que se operen sobre el poder judicial, no resulta en modo alguno esperable un cambio en este modo \u2013interesado o c\u00f3mplice- con que nuestro sistema institucional procesa hoy los casos m\u00e1s graves de la corrupci\u00f3n estructural.<\/p>\n

Asimismo, no podemos dejar de manifestar nuestro rechazo al Protocolo de Actuaci\u00f3n de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones P\u00fablicas, que emiti\u00f3 apenas asumido el nuevo gobierno, a trav\u00e9s del Ministerio de Seguridad. Nuevamente, el inaceptable legado del gobierno anterior en la materia (el espionaje sobre trabajadores desde el Estado o por medio de fuerzas auspiciadas por el gobierno; la represi\u00f3n constante de obreros \u2013de Lear, Kraft, Pepsico, Donnelley, etc.; bajo una ret\u00f3rica de respeto de los derechos humanos y sociales de los trabajadores, la sanci\u00f3n de la ley antiterrorista), no protege al nuevo gobierno frente a las objeciones que merece por el modo en que comenzara a tratar el tema de la protesta social. El protocolo propuesto pec\u00f3 por problemas de todo tipo, incluyendo problemas procedimentales (un texto que afecta en particular a los grupos m\u00e1s desaventajados de la sociedad, pero que fuera escrito a las apuradas, con vocaci\u00f3n meramente efectista, y sin una consulta directa y obligatoria a los sectores que terminar\u00edan siendo los m\u00e1s afectados por el mismo); y sustantivos (una visi\u00f3n torpe sobre los aspectos expresivos del derecho a la protesta; un desconocimiento de las responsabilidades del Estado en la afectaci\u00f3n de derechos constitucionales b\u00e1sicos que luego dan base a la protesta; el apresuramiento en la calificaci\u00f3n de las conductas de protesta como delictivas; liviandad y vaguedades impermisibles en la regulaci\u00f3n jur\u00eddica del comportamiento de las fuerzas de seguridad; etc.).<\/p>\n

A pesar de que el protocolo represivo con el que se quiso sancionar e impedir las manifestaciones callejeras, fue inaplicable hasta ahora, nuevos y graves hechos represivos sacuden la escena social. Desde febrero de este a\u00f1o, son innumerables los hechos de represi\u00f3n y los avances en la criminalizaci\u00f3n de la protesta que han afectado diferentes sectores , desde trabajadores del \u00e1mbito p\u00fablico y privado, hasta pueblos originarios, abarcando la totalidad de nuestra geograf\u00eda, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Sin embargo, al igual que la ley antiterrorista, dicho protocolo queda disponible para ser aplicado cuando las condiciones sociales lo permitan. De hecho, en el corto plazo el gobierno proyecta relanzar dicho protocolo.<\/p>\n

No obstante la persistencia de la polarizaci\u00f3n y la profundizaci\u00f3n de la crisis econ\u00f3mica, las grandes manifestaciones sociales de los \u00faltimos meses muestran la necesidad de recomponer desde otra perspectiva, la respuesta colectiva a pol\u00edticas p\u00fablicas que no reconocen como prioritarios derechos b\u00e1sicos como el trabajo, la vivienda, la tierra, la educaci\u00f3n y la salud, as\u00ed como el derecho a contar con servicios b\u00e1sicos (electricidad, gas y agua). Dicha recomposici\u00f3n requiere como condici\u00f3n necesaria una articulaci\u00f3n social que respete los diferentes protagonismos populares, coloc\u00e1ndose as\u00ed por fuera de cualquier pretensi\u00f3n de liderazgo \u00fanico o hegemonismo, tal como es visible en aquellas fuerzas sociales nucleadas en el anterior oficialismo.<\/p>\n

Como ya hemos se\u00f1alado en documentos anteriores, desde Plataforma 2012 consideramos queson numerosos los temas relevantes que deber\u00edan abordarse, en orden de repensar la relaci\u00f3n entre sociedad y Estado, pol\u00edtica y econom\u00eda, ciudadan\u00eda y democracia: la necesidad de una reforma tributaria progresiva que incluya impuestos verdes, a la riqueza y a la herencia; de una reforma pol\u00edtica que contemple mecanismos e instituciones que permitan evitar la concentraci\u00f3n del poder pol\u00edtico y posibiliten la democratizaci\u00f3n de las decisiones en la vida pol\u00edtica; de una reforma del sistema nacional de cuidado y ampliaci\u00f3n de la calidad de la salud, de la educaci\u00f3n p\u00fablica, de pol\u00edticas de g\u00e9nero que incluyan una declaraci\u00f3n emergencia nacional en materia de violencia de g\u00e9nero; de la sanci\u00f3n de un ingreso ciudadano universal e incondicional; de pol\u00edticas p\u00fablicas de protecci\u00f3n del medio ambiente y de los bienes naturales que apunten no s\u00f3lo a una sustentabilidad fuerte sino tambi\u00e9n a la descentralizaci\u00f3n y desconcentraci\u00f3n econ\u00f3mica; de una pol\u00edtica social dirigida a mejorar la calidad de vida y la participaci\u00f3n pol\u00edtica de los pueblos originarios; de planes de desarrollo regionales, de desarrollo productivo, orientados a la desconcentraci\u00f3n de la propiedad rural y de la riqueza; de pol\u00edticas de combate del narcotr\u00e1fico; en fin, de pol\u00edticas culturales amplias y planificadas en pos del libre acceso a la cultura, la informaci\u00f3n y la comunicaci\u00f3n. Estos son algunos de los grandes temas que hoy no discute el nuevo gobierno ni est\u00e1n presentes en la agenda pol\u00edtica.<\/p>\n

Firmas Grupo Promotor de Plataforma:<\/p>\n

Osvaldo Acerbo, Julio Aguirre, Mirta Antonelli, Jonatan Baldiviezo, H\u00e9ctor Bidonde, Jorge Brega, Jos\u00e9 Emilio Buruc\u00faa, Diana Dowek, Lucila Edelman, Roberto Gargarella, Adriana Genta, Adrian Gorelik, Diana Kordon, Dar\u00edo Lagos, Alicia Lissidini, Rub\u00e9n Lo Vuolo, Gabriela Massuh, Patricia Pintos, Daniel Rodr\u00edguez, Alfredo Saavedra, Ana Sarchione, Beatriz Sarlo, Maristella Svampa, Ruben Szuchmacher,\u00a0 Nicol\u00e1s Tauber Sanz, Jaco Tieffenberg, Enrique Viale, Patricia Zangaro.<\/p>\n

Para adherir:\u00a0 \u00a0plataforma2012@plataforma2012.org,ar<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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