{"id":48866,"date":"2025-08-06T21:03:02","date_gmt":"2025-08-06T19:03:02","guid":{"rendered":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/?p=48866"},"modified":"2025-08-06T21:03:02","modified_gmt":"2025-08-06T19:03:02","slug":"peru-la-corte-interamericana-de-derechos-humanos-condenara-nuevamente-a-peru-la-diaria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/?p=48866","title":{"rendered":"Per\u00fa – La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenar\u00e1 nuevamente a Per\u00fa. [La Diaria]"},"content":{"rendered":"\n

Foto FIDH<\/a><\/em><\/sub><\/p>\n\n\n\n

Pablo Rodr\u00edguez Almada*<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La Diaria<\/a><\/em>, 6-8-2025<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Correspondencia de Prensa<\/a><\/em>, 6-8-2025<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El Congreso de Per\u00fa aprob\u00f3 una ley de amnist\u00eda para militares y polic\u00edas acusados de cr\u00edmenes de lesa humanidad cometidos en el per\u00edodo 1980-2000, lapso en que existi\u00f3 en Per\u00fa un conflicto armado interno contra Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amar\u00fa.<\/p>\n\n\n\n

Este tema se enmarca en la denominada \u201cjusticia transicional\u201d, que es un modelo de justicia relacionado a cambios de gobierno o conflictos armados internos que pretende solucionar legalmente el problema de cr\u00edmenes cometidos por gobiernos, ya sean dictatoriales o democr\u00e1ticos.<\/p>\n\n\n\n

Existen antecedentes de leyes de autoamnist\u00eda \u2013que son aquellas expedidas a favor de quienes ejercen la autoridad y por estos mismos\u2013 aprobadas por el Congreso peruano, que fueron dejadas sin efecto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).<\/p>\n\n\n\n

El primer caso, que es emblem\u00e1tico, porque es la primera vez que la Corte IDH dejaba sin efecto una ley de amnist\u00eda de un Estado parte de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos (CADH), es la sentencia en el caso Barrios Altos versus Per\u00fa del 14 de marzo de 2001, en el cual fall\u00f3 dejando sin efecto dos leyes aprobadas en el gobierno de Alberto Fujimori para amnistiar a militares y polic\u00edas que hab\u00edan cometido cr\u00edmenes de lesa humanidad en el marco de la lucha contra los guerrilleros.<\/p>\n\n\n\n

En el caso espec\u00edfico, los hechos que dieron lugar a la demanda ante la Corte IDH ocurrieron en el vecindario Barrios Altos de la ciudad de Lima, el 3 de noviembre de 1991, cuando seis oficiales del Ej\u00e9rcito, integrantes del \u201cescuadr\u00f3n de eliminaci\u00f3n\u201d denominado Grupo Colina, irrumpieron en un inmueble del vecindario referido, en el cual se encontraban 19 personas realizando una fiesta para recaudar fondos para la reparaci\u00f3n del edificio, obligaron a estas a arrojarse al piso y dispararon durante dos minutos contra ellas, asesinando a 15 de las 19 personas. Las cuatro personas restantes terminaron con heridas graves y una de ellas incapacitada de forma permanente.<\/p>\n\n\n\n

Los asesinatos se realizaron en represalia contra presuntos integrantes de Sendero Luminoso. El Congreso peruano sancion\u00f3, el 14 de junio de 1995, la ley de amnist\u00eda 26.479, que exoneraba de responsabilidad a los militares, polic\u00edas y tambi\u00e9n a civiles que hubieran cometido, entre 1980 y 1995, violaciones a los derechos humanos o participado en esas violaciones. La jueza Antonia Saquicuray decidi\u00f3 que la Ley 26.479 no era aplicable a los procesos penales pendientes en su juzgado contra cinco miembros del Servicio de Inteligencia Nacional, debido a que la amnist\u00eda violaba las garant\u00edas constitucionales y las obligaciones internacionales que la Corte IDH impon\u00eda a Per\u00fa.<\/p>\n\n\n\n

El Congreso peruano aprob\u00f3 una segunda ley de amnist\u00eda, la 26.492, del 28 de junio de 1995, dirigida a interferir con las actuaciones judiciales del caso Barrios Altos. Dicha ley declar\u00f3 que la amnist\u00eda no era \u201crevisable\u201d en sede judicial y que era obligatoria su aplicaci\u00f3n. Adem\u00e1s, ampli\u00f3 el alcance de la Ley 26.479, concediendo una amnist\u00eda general para todos los funcionarios militares, policiales o civiles que pudieran ser objeto de procesamientos por violaciones de derechos humanos cometidas entre 1980 y 1995, aunque no hubieran sido denunciadas. El efecto de esta segunda ley fue impedir que los jueces se pronunciaran sobre la legalidad o aplicabilidad de la primera ley de amnist\u00eda, invalidando lo resuelto por la jueza Saquicuray e impidiendo decisiones similares en el futuro. Se\u00f1al\u00f3 la Corte IDH en el p\u00e1rrafo 41 de la sentencia del caso Barrios Altos versus Per\u00fa: \u201cEsta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnist\u00eda, las disposiciones de prescripci\u00f3n y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos\u201d, y en el numeral 4\u00ba del fallo, la Corte IDH decide \u201cdeclarar que las leyes de amnist\u00eda 26.479 y 26.492 son incompatibles con la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos y, en consecuencia, carecen de efectos jur\u00eddicos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

El segundo caso en el cual la Corte IDH conden\u00f3 al Estado peruano por cr\u00edmenes de lesa humanidad es el de La Cantuta versus Per\u00fa (sentencia del 29 de noviembre de 2006). El caso refiere a la violaci\u00f3n de los derechos humanos del profesor Hugo Mu\u00f1oz S\u00e1nchez y nueve estudiantes, por el secuestro de estos, que sucedi\u00f3 en la Universidad Nacional de Educaci\u00f3n Enrique Guzm\u00e1n y Valle, en La Cantuta, Lima, el 18 de julio de 1992, y que habr\u00eda contado con la participaci\u00f3n de efectivos del Ej\u00e9rcito peruano, quienes secuestraron a las v\u00edctimas para posteriormente desaparecerlas y ejecutar sumariamente a algunas de ellas, as\u00ed como por la alegada impunidad en que se encuentran tales hechos al no haberse realizado una investigaci\u00f3n diligente. La Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos alega que el caso refleja los abusos cometidos por las fuerzas militares, as\u00ed como la pr\u00e1ctica sistem\u00e1tica de violaciones de derechos humanos, entre ellas desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales realizados por agentes estatales siguiendo \u00f3rdenes de jefes militares y policiales, como ha sido resaltado por la Comisi\u00f3n Interamericana desde comienzos de la d\u00e9cada del 90 y por la Comisi\u00f3n de la Verdad y Reconciliaci\u00f3n del Per\u00fa. Esta \u00faltima se form\u00f3 en el gobierno de transici\u00f3n de Valent\u00edn Paniagua el 4 de junio de 2001 y continu\u00f3 en el gobierno de Alejandro Toledo. Se\u00f1ala la sentencia comentada que \u201ces evidente c\u00f3mo, desde las altas esferas del Estado \u2013el Ejecutivo, el Congreso de la Rep\u00fablica y la Corte Suprema de Justicia\u2013, se articularon los mecanismos constitucionales y legales disponibles, con abuso de poder, a fin de sustraer a los presuntos autores materiales e intelectuales de la administraci\u00f3n de justicia competente, obtener en la justicia castrense decisiones favorables a los procesados y luego intentar asegurar por medio de leyes de amnist\u00eda la impunidad de los responsables materiales\u201d. La sentencia analizada declara que \u201cel Estado incumpli\u00f3 su obligaci\u00f3n de adoptar disposiciones de derecho interno a fin de adecuar la normativa interna a las disposiciones de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Este nuevo intento de amnistiar a militares y polic\u00edas por parte del gobierno de la presidenta de Per\u00fa, Dina Boluarte, emulando lo que pretendi\u00f3 hacer en su momento el gobierno de Alberto Fujimori, va en consonancia con las pol\u00edticas de negaci\u00f3n del terrorismo de Estado y de \u201cmano dura\u201d que est\u00e1n aplicando los gobiernos de derecha en Latinoam\u00e9rica. A esta ley de amnist\u00eda que aprob\u00f3 el Parlamento peruano se le suma una iniciativa de reforma constitucional para ampliar las hip\u00f3tesis en que se puede aplicar la pena de muerte, que ya se hab\u00eda ampliado en una reforma constitucional en el gobierno de Fujimori.<\/p>\n\n\n\n

En definitiva, dado que existen, respecto de leyes de amnist\u00eda para militares y polic\u00edas que violaron los derechos humanos, cosa juzgada con relaci\u00f3n al Estado de Per\u00fa en dos sentencias \u2013los casos Barrios Altos y La Cantuta\u2013, en el futuro, si se presentara un caso ante la Corte IDH, a consecuencia de la aplicaci\u00f3n de esta nueva ley de amnist\u00eda, el Estado peruano ser\u00e1 condenado por el tribunal interamericano, dejando sin efecto dicha ley.<\/p>\n\n\n\n

*Pablo Rodr\u00edguez Almada<\/strong> es doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Tiene una maestr\u00eda en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Es docente universitario.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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