{"id":48170,"date":"2025-07-03T19:15:12","date_gmt":"2025-07-03T17:15:12","guid":{"rendered":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/?p=48170"},"modified":"2025-07-03T19:15:12","modified_gmt":"2025-07-03T17:15:12","slug":"panama-denuncias-de-represion-tortura-y-censura-en-bocas-del-toro-minka","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/?p=48170","title":{"rendered":"Panam\u00e1 – Denuncias de represi\u00f3n, tortura y censura en Bocas del Toro. [Mink\u2019a]"},"content":{"rendered":"\n

Panam\u00e1 impone silencio: denuncias de represi\u00f3n, tortura y censura en Bocas del Toro<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Noelia Carrazana<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Mink\u2019a comunicaci\u00f3n<\/a><\/em>, 1-7-2025<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Correspondencia de Prensa<\/a><\/em>, 3-7-2025<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La provincia paname\u00f1a de Bocas del Toro se encuentra bajo estado de excepci\u00f3n desde el 14 de junio, tras la implementaci\u00f3n de la Operaci\u00f3n Omega, un despliegue policial y militar ordenado por el presidente Jos\u00e9 Ra\u00fal Mulino con el objetivo de levantar los bloqueos viales en protesta contra la controvertida Ley 462 del sistema de pensiones. La medida ha estado acompa\u00f1ada por graves denuncias de violaciones a los derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas, violencia sexual, detenciones arbitrarias y censura informativa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Organismos de derechos humanos y un equipo de m\u00e1s de 20 abogados defensores informaron sobre\u00a0al menos 70 personas detenidas, muchas de las cuales fueron\u00a0trasladadas sin notificaci\u00f3n ni orden judicial\u00a0a provincias alejadas, dificultando su acceso a representaci\u00f3n legal. La abogada Lirieth Rodr\u00edguez denunci\u00f3 que algunos detenidos han sido\u00a0golpeados, privados de alimentos y v\u00edctimas de agresiones f\u00edsicas, psicol\u00f3gicas e incluso sexuales. En algunos casos extremos, se habr\u00eda forzado a los arrestados a\u00a0ingerir perdigones, seg\u00fan testimonios recogidos por los juristas.<\/p>\n\n\n\n

El abogado Jos\u00e9 Luis Santamar\u00eda advirti\u00f3 que\u00a0no se conoce con precisi\u00f3n el paradero de varios de los detenidos, lo cual genera preocupaci\u00f3n por posibles casos de\u00a0desaparici\u00f3n forzada. A esto se suma el restablecimiento del\u00a0Art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n, suspendido previamente y ahora reactivado para limitar el derecho al\u00a0habeas corpus, lo que ha sido cuestionado por expertos legales como una\u00a0violaci\u00f3n a tratados internacionales\u00a0suscritos por Panam\u00e1.<\/p>\n\n\n\n

En paralelo, el Gobierno orden\u00f3 la\u00a0interrupci\u00f3n temporal de los servicios de internet residencial y telefon\u00eda m\u00f3vil en toda la provincia, como parte de lo que calific\u00f3 como un \u201cestado de urgencia\u201d. Esta medida ha sido denunciada por el\u00a0Comit\u00e9 para la Protecci\u00f3n de los Periodistas (CPJ), que la calific\u00f3 como un\u00a0ataque a la libertad de expresi\u00f3n y al derecho de la ciudadan\u00eda a recibir informaci\u00f3n independiente y veraz.<\/p>\n\n\n\n

Las autoridades paname\u00f1as aseguran que los operativos buscan restablecer la libre circulaci\u00f3n, afectada desde finales de abril por bloqueos encabezados por comunidades ind\u00edgenas, docentes y movimientos sociales. Sin embargo,\u00a0l\u00edderes del pueblo Ng\u00e4be-Bugl\u00e9\u00a0y otras organizaciones acusan al Gobierno de desplegar una estrategia de\u00a0represi\u00f3n generalizada contra el descontento social.<\/p>\n\n\n\n

Elena Cruz, presidenta del Congreso General de la Comarca Ng\u00e4be-Bugl\u00e9, denunci\u00f3 p\u00fablicamente que la\u00a0represi\u00f3n ha dejado heridos dentro de comunidades ind\u00edgenas, responsabilizando directamente al presidente Mulino y a sus ministros de Seguridad y Gobierno. La lideresa exigi\u00f3 la derogaci\u00f3n inmediata de la\u00a0Ley 462, as\u00ed como la\u00a0anulaci\u00f3n del memorando de entendimiento suscrito con Estados Unidos, considerado lesivo para la soberan\u00eda nacional.<\/p>\n\n\n\n

Los operativos en la regi\u00f3n incluyeron\u00a0uso de gases lacrim\u00f3genos, operativos terrestres y a\u00e9reos, e incluso la activaci\u00f3n de un\u00a0puente a\u00e9reo humanitario\u00a0para garantizar el ingreso de alimentos y personas a zonas aisladas por las protestas.<\/p>\n\n\n\n

Pese a un acuerdo parcial con el sector bananero, los bloqueos contin\u00faan en distintos puntos de la provincia, encabezados por docentes, comunidades campesinas e ind\u00edgenas que reclaman la\u00a0restituci\u00f3n de derechos laborales, territoriales y sociales.<\/p>\n\n\n\n

Organizaciones que est\u00e1n moviliz\u00e1ndose a pesar de las represiones<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Desde el inicio de las protestas en abril de 2025, el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Econ\u00f3micos y Sociales (FRENADESO) ha jugado un papel crucial en la organizaci\u00f3n y coordinaci\u00f3n de movilizaciones en diversas regiones de Panam\u00e1. Adem\u00e1s de los reclamos contra la Ley 462 del sistema de pensiones, los manifestantes exigen la derogaci\u00f3n del memorando de entendimiento con Estados Unidos, la defensa de la soberan\u00eda nacional y la oposici\u00f3n a proyectos de miner\u00eda a cielo abierto. Las protestas han sido especialmente intensas en las provincias de Bocas del Toro, Chiriqu\u00ed, Veraguas y la Comarca Ng\u00e4be-Bugl\u00e9, donde comunidades ind\u00edgenas, docentes y trabajadores han mantenido bloqueos y manifestaciones. En respuesta, el gobierno ha implementado medidas represivas, incluyendo el estado de emergencia, la suspensi\u00f3n de derechos constitucionales y el uso de la fuerza para dispersar a los manifestantes.<\/p>\n\n\n\n

En el \u00e1mbito sindical, el Sindicato \u00danico Nacional de Trabajadores de la Construcci\u00f3n y Similares (SUNTRACS) ha sido objeto de una persecuci\u00f3n sistem\u00e1tica por parte del gobierno. Tras la detenci\u00f3n de sus dirigentes Genaro L\u00f3pez y Jaime Caballero, el secretario general Sa\u00fal M\u00e9ndez solicit\u00f3 asilo pol\u00edtico en la embajada de Bolivia en Panam\u00e1, donde recibi\u00f3 protecci\u00f3n temporal mientras se analizaba su solicitud. La situaci\u00f3n ha generado preocupaci\u00f3n a nivel internacional, con organizaciones como la Federaci\u00f3n Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) condenando la represi\u00f3n de los derechos sindicales en Panam\u00e1 y exigiendo la liberaci\u00f3n inmediata de los dirigentes detenidos. La comunidad internacional sigue de cerca los desarrollos en Panam\u00e1, mientras la poblaci\u00f3n mantiene su firme posici\u00f3n en defensa de sus derechos y demandas sociales.<\/p>\n\n\n\n

Diversas organizaciones internacionales, como el\u00a0Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam)\u00a0y plataformas de derechos humanos, han pedido a la comunidad internacional\u00a0monitorear la situaci\u00f3n\u00a0y\u00a0respaldar al pueblo paname\u00f1o\u00a0frente a lo que consideran una crisis multidimensional de tipo\u00a0econ\u00f3mico, social, pol\u00edtico y judicial.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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