{"id":4507,"date":"2018-05-10T07:30:12","date_gmt":"2018-05-10T10:30:12","guid":{"rendered":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/?p=4507"},"modified":"2018-05-10T07:30:20","modified_gmt":"2018-05-10T10:30:20","slug":"europa-la-criminalizacion-de-la-solidaridad-en-el-mediterraneo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/?p=4507","title":{"rendered":"Europa &#8211; La criminalizaci\u00f3n de la solidaridad en el Mediterr\u00e1neo"},"content":{"rendered":"<p><strong>\u00a0<\/strong><strong>Juan Hern\u00e1ndez Zubizarreta * <\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><strong>lamarea.com, 7-5-2018, <\/strong><strong><a href=\"https:\/\/www.lamarea.com\/\">https:\/\/www.lamarea.com\/<\/a><\/strong><\/p>\n<p>\u201cLos defensores de las personas en movimiento se enfrentan a restricciones sin precedentes, incluidas amenazas y agresiones, denuncias en el discurso p\u00fablico y criminalizaci\u00f3n. En concreto, se ha detenido y acusado de contrabando de personas a defensores que han salido al mar para rescatar a otras personas en movimiento, y se les han embargado embarcaciones\u201d. En su informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el pasado 23 de marzo, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situaci\u00f3n de las y los defensores de derechos humanos, Michel Forst, apuntalaba con estas palabras la preocupaci\u00f3n que diferentes organizaciones sociales tienen frente a la creciente criminalizaci\u00f3n de la solidaridad con las personas migrantes y refugiadas en tierra europea.<\/p>\n<p>Y es que hoy las diferentes normas penales y administrativas lo mismo se aplican a vecinos y vecinas del valle del Roya, situado en la frontera francoitaliana, que a estudiantes, personas jubiladas, agricultores, bomberos o a misiones de salvamento mar\u00edtimo. Se extienden tanto a acciones de ayuda humanitaria y sensibilizaci\u00f3n con ONG como Proactiva Open Arms, Salvamento Mar\u00edtimo Humanitario o Proem-Aid, como a personas concretas como la activista espa\u00f1ola Helena Maleno, el sacerdote eritreo Mussie Zerai o el agricultor franc\u00e9s C\u00e9dric Herrou.<\/p>\n<p>Ya dice el Relator de la ONU en el informe mencionado que \u201cel simple acto de ofrecer t\u00e9 y galletas a un inmigrante irregular ha sido motivo de enjuiciamiento penal\u201d, y que varios pa\u00edses han ordenado el cierre de comedores sociales, el embargo de embarcaciones de rescate y la demolici\u00f3n de centros de alojamiento temporal. Medidas que van acompa\u00f1adas de profundas reformas de los marcos normativos, que conllevan la criminalizaci\u00f3n de las organizaciones que trabajan en favor de las personas migrantes. El aplastante triunfo de Orb\u00e1n en Hungr\u00eda va a dar paso a la aprobaci\u00f3n de una dur\u00edsima ley en este sentido.<\/p>\n<p>La directiva 2002\/90 del Consejo de la Uni\u00f3n Europea, destinada a definir la ayuda a la entrada, a la circulaci\u00f3n y a la estancia irregular, precisa que los Estados miembros deber\u00e1n sancionar a cualquier persona que ayude a entrar o transitar dentro de la UE a personas no nacionales de un Estado miembro. Y queda a criterio de los Estados no penalizar a quienes act\u00faen por motivos humanitarios. Todo ello est\u00e1 provocando, por un lado, un desorden normativo que genera una falta de seguridad jur\u00eddica seg\u00fan cu\u00e1l sea el Estado en que se ayude a personas migrantes y refugiadas; por otro, que los Estados no apliquen la cl\u00e1usula humanitaria y, por tanto, que contin\u00fae la criminalizaci\u00f3n en territorio comunitario. \u00bfPor qu\u00e9 las instituciones europeas no regulan, de manera expresa y precisa, que la ayuda humanitaria y solidaria de quienes apoyen a las personas refugiadas y migrantes no puede sancionarse en ning\u00fan caso y en ning\u00fan pa\u00eds de la UE?<\/p>\n<p>Estos hechos no son ajenos al contexto espec\u00edfico en que se desarrollan las pol\u00edticas migratorias, tanto de la UE como de pa\u00edses como Italia. El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), en su sesi\u00f3n del 18-20 de diciembre de 2017 realizada en Palermo, ha rese\u00f1ado una serie de sucesos de m\u00e1xima transcendencia para comprender toda la complejidad que envuelve la criminalizaci\u00f3n de la solidaridad. Sin ir m\u00e1s lejos, en relaci\u00f3n al el procesamiento de los \u201cbuques humanitarios\u201d que act\u00faan en las costas del Mediterr\u00e1neo.<\/p>\n<p>Los Estados miembros est\u00e1n promoviendo pol\u00edticas de externalizaci\u00f3n de fronteras con el apoyo pol\u00edtico y econ\u00f3mico de la Uni\u00f3n Europea. Son pol\u00edticas dirigidas contra la migraci\u00f3n y realizadas a trav\u00e9s de acuerdos con pa\u00edses de origen y de tr\u00e1nsito de las personas migrantes. Tal y como describe el TPP, estos convenios son reg\u00edmenes para-jur\u00eddicos, con modalidades tales como agendas, asociaciones, declaraciones, intercambios de notas, memorandos, etc.; todos caracterizados por la opacidad, la informalidad, el secreto y la arbitrariedad, lo que les permite escapar a cualquier forma de control democr\u00e1tico. Adem\u00e1s, las pol\u00edticas de externalizaci\u00f3n interpretan de manera muy discrecional la obligaci\u00f3n de socorro y fomentan la criminalizaci\u00f3n de las organizaciones de rescate en el mar o de quienes practican asistencia y solidaridad hacia las personas migrantes y refugiadas.<\/p>\n<p>En el caso de Italia, comienzan con el proceso de Karthoum (2004) y finalizan con los acuerdos bilaterales con pa\u00edses como Egipto (2007), Nigeria (2011), Sud\u00e1n (2016), Libia (2017) o Niger (2017). El TPP destaca dos de los casos mencionados.<\/p>\n<p>El primero, el memor\u00e1ndum de entendimiento entre Italia y Sud\u00e1n firmado en agosto de 2016, que no es ajeno al\u00a0 hecho de que el presidente Bashir haya sido condenado dos veces por la Corte Penal Internacional por cr\u00edmenes contra la humanidad. Este memor\u00e1ndum deja claro que no puede garantizar los derechos humanos, ya que la expulsi\u00f3n colectiva de Europa de los migrantes sudaneses y su exposici\u00f3n al riesgo de tratamiento inhumano y degradante es una prueba fehaciente de la contradicci\u00f3n de este acuerdo con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.<\/p>\n<p>El segundo, el memor\u00e1ndum de entendimiento con el gobierno de reconciliaci\u00f3n nacional del Estado de Libia. Este no ha tenido en cuenta la inestabilidad del pa\u00eds, cuyas autoridades no est\u00e1n en posici\u00f3n de garantizar la potestad jurisdiccional sobre las violaciones de derechos humanos cometidas contra los migrantes, ya que varios gobiernos supuestamente leg\u00edtimos y tres grupos militares se autoproclaman como ej\u00e9rcitos legales. Por otra parte, la existencia de centros de detenci\u00f3n y de tr\u00e1nsito \u2014de hecho, enormes c\u00e1rceles a cielo abierto\u2014, junto a la manifiesta complicidad entre \u201clas fuerzas de orden y de seguridad\u201d y las organizaciones de traficantes de seres humanos, son hechos elocuentes de la creciente impunidad. No podemos olvidar que la guardia costera libia est\u00e1 formada por grupos armados apoyados por la UE.<\/p>\n<p>El TPP ha certificado, adem\u00e1s, la manera en que los testigos narraron numerosos casos de muertes, deportaciones, desapariciones de personas, encarcelamientos arbitrarios, torturas, violaciones, esclavitud y una sistem\u00e1tica persecuci\u00f3n a los hombres y mujeres migrantes. Parece evidente que externalizar las fronteras a Sud\u00e1n y a Libia implica devolver a miles de personas, cuyos derechos humanos son vulnerados sistem\u00e1ticamente, al lugar del que huyen. Se subordina la obligaci\u00f3n que tienen los gobiernos europeos y las instituciones comunitarias de socorrer y acoger a las personas que se encuentran a la deriva en el Mediterr\u00e1neo, por acuerdos que priorizan la seguridad y la externalizaci\u00f3n de fronteras. Lo que acarrea, a su vez, perseguir y criminalizar a las organizaciones y barcos que protegen a quienes escapan de biograf\u00edas del horror. As\u00ed se va consolidando una verdadera asimetr\u00eda jur\u00eddica, que sit\u00faa los acuerdos de externalizaci\u00f3n de fronteras por encima de las convenciones internacionales de derechos humanos y afianza \u201clas devoluciones en caliente\u201d.<\/p>\n<p>Igualmente, el Tribunal Permanente de los Pueblos constata que la decisi\u00f3n de las instituciones ejecutivas de la UE y de la Agencia Frontex de suspender la operaci\u00f3n de socorro Mare Nostrum y la activaci\u00f3n de la operaci\u00f3n de vigilancia Trit\u00f3n ha provocado el retroceso de la l\u00ednea de patrullaje y rescate en defensa de los l\u00edmites de las aguas territoriales italianas. Esto supone el incremento del n\u00famero de muertes en el mar, y al mismo tiempo ha comprometido el trabajo de las ONG de salvamento al quedar condicionadas por la obligaci\u00f3n de devoluci\u00f3n a la guardia costera libia.<\/p>\n<p>En febrero de 2018 Frontex ha puesto en marcha la denominada operaci\u00f3n Themis, que ya no obliga a trasladar a las personas refugiadas y migrantes rescatadas en el mar Mediterr\u00e1neo a Italia. Eso implica, de facto, desplazar a Libia la responsabilidad de salvar a los migrantes en el mar. En este sentido, el director de Proactiva Open Arms, \u00d3scar Camps, ha manifestado que en el puerto de Tr\u00edpoli se encuentra amarrado el buque Capri de la marina de guerra italiana, desde donde se coordinan los guardacostas libios. Libia se convierte pues en el eje sobre el que bascula la defensa de las personas refugiadas y migrantes, toda una paradoja radicalmente opuesta a la filosof\u00eda de los derechos humanos.<\/p>\n<p>Por si fuera poco, todo ello viene acompa\u00f1ado de procesos judiciales contra las ONG que operan en las aguas del Mediterr\u00e1neo central y de campa\u00f1as difamatorias en connivencia con el gobierno italiano. Este \u00faltimo, adem\u00e1s, ha tomado otras iniciativas dirigidas a disuadir su presencia, como el \u201cc\u00f3digo de conducta\u201d, la acusaci\u00f3n de complicidad con los traficantes y la extensi\u00f3n de dudas sobre su financiaci\u00f3n. Est\u00e1 muy claro que no quiere \u201ctestigos humanitarios y solidarios\u201d que cuestionen con su mera presencia la crueldad de las pol\u00edticas migratorias. El TPP ha escuchado acusaciones detalladas del comportamiento de la guardia costera libia, recogidas durante la declaraci\u00f3n de los representantes de la organizaci\u00f3n alemana Sea Watch, Sos Mediterran\u00e9e y Proactiva Open Arms, y ha valorado que la responsabilidad debe extenderse al gobierno italiano y a las agencias europeas.<\/p>\n<p>En realidad, los gobiernos europeos y las instituciones comunitarias no solo est\u00e1n eliminando y suspendiendo derechos, tambi\u00e9n est\u00e1n reconfigurando qui\u00e9nes son sujetos de derecho y quienes quedan fuera de la categor\u00eda de seres humanos. Y eso provoca una nueva etapa en la desregulaci\u00f3n del sistema internacional de los derechos humanos. Todo ello tiene una profunda conexi\u00f3n con esa l\u00f3gica colonial y racista que promueve diferentes derechos para diferentes categor\u00edas de personas. Como afirma Camps, \u201cel S\u00e1hara y el Mediterr\u00e1neo son las aut\u00e9nticas c\u00e1maras de gas del siglo XXI\u201d.<\/p>\n<p>No obstante, conviene recordar que las normas internacionales de derechos humanos no avalan bajo ning\u00fan concepto que organizaciones de la sociedad civil sean procesadas por prestar ayuda a personas refugiadas y migrantes a lo largo del continente europeo. Si la equidad es un valor vinculado a las pol\u00edticas p\u00fablicas, la solidaridad se une directamente con los n\u00facleos esenciales de los derechos humanos, y las personas y organizaciones sociales tienen todo el derecho y el deber de ponerla en pr\u00e1ctica, ya que es una exigencia \u00e9tica ineludible. Es m\u00e1s, prestar ayuda a quien la necesita, m\u00e1s all\u00e1 de su situaci\u00f3n administrativa, est\u00e1 perfectamente adecuado a la filosof\u00eda del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. As\u00ed lo reflejan las convenciones internacionales sobre refugiados, la Declaraci\u00f3n sobre los defensores de los derechos humanos en conexi\u00f3n con la Declaraci\u00f3n Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Derecho del Mar, junto a los diferentes informes presentados por el Relator Especial de la ONU sobre la situaci\u00f3n de los defensores de los derechos humanos.<\/p>\n<p>Por eso, ayudar a los personas a cruzar el Mediterr\u00e1neo en la actual situaci\u00f3n de reiterado incumplimiento institucional y ausencia de pol\u00edticas a favor de los derechos humanos es perfectamente leg\u00edtimo, m\u00e1s all\u00e1 de la legalidad comunitaria y nacional que prioriza las repatriaciones y \u201clas devoluciones en caliente\u201d. De ninguna manera la ayuda humanitaria y la solidaridad entre seres humanos puede ser ilegal. Como dijo la l\u00edder del movimiento sufragista Emmeline Pankhurst en 1908 al jurado que la estaba juzgando, \u201cestamos aqu\u00ed no por quebrantar las leyes, sino por nuestros esfuerzos por crear nuevas leyes\u201d.<\/p>\n<p>* Juan Hern\u00e1ndez Zubizarreta (@JuanHZubiza) es profesor de la Universidad del Pa\u00eds Vasco e investigador del Observatorio de Multinacionales en Am\u00e9rica Latina (OMAL) \u2013 Paz con Dignidad.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ya dice el Relator de la ONU en el informe mencionado que \u201cel simple acto de ofrecer t\u00e9 y galletas a un inmigrante irregular ha sido motivo de enjuiciamiento penal\u201d, y que varios pa\u00edses han ordenado el cierre de comedores sociales, el embargo de embarcaciones de rescate y la demolici\u00f3n de centros de alojamiento temporal. 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