{"id":4473,"date":"2018-05-04T16:20:44","date_gmt":"2018-05-04T19:20:44","guid":{"rendered":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/?p=4473"},"modified":"2018-05-04T16:20:44","modified_gmt":"2018-05-04T19:20:44","slug":"mexico-las-desapariciones-y-la-militarizacion-bajo-juicio-internacional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/?p=4473","title":{"rendered":"M\u00e9xico – Las desapariciones y la militarizaci\u00f3n bajo juicio internacional"},"content":{"rendered":"

Paulina Villegas, desde Ciudad de M\u00e9xico<\/strong><\/h3>\n

\u00a0<\/strong>The New York Times, edici\u00f3n en espa\u00f1ol, 30-4-2018 , <\/strong>https:\/\/www.nytimes.com\/es\/<\/a><\/strong><\/p>\n

Una fr\u00eda noche de diciembre de 2009, tres integrantes de una familia fueron secuestrados en el estado de Chihuahua por un grupo de hombres armados que vest\u00edan uniforme militar; nunca se les volvi\u00f3 a ver.<\/p>\n

Ahora, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, est\u00e1 examinando por primera vez las desapariciones de los tres civiles: Nitza Paola Alvarado Espinoza, Jos\u00e9 \u00c1ngel Alvarado Herrera y Roc\u00edo Irene Alvarado Reyes.<\/p>\n

Su historia es parte de un caso que la corte \u2014un \u00f3rgano judicial independiente con autoridad legal en M\u00e9xico\u2014 escuch\u00f3 durante dos d\u00edas y que concluy\u00f3 el 27 de abril. Involucra acusaciones de violaciones a los derechos humanos por parte de los militares mexicanos durante operaciones oficiales que comenzaron hace m\u00e1s de una d\u00e9cada para combatir el narcotr\u00e1fico y el crimen organizado.<\/p>\n

El caso trae a la luz el impacto a gran escala que la militarizaci\u00f3n de la seguridad p\u00fablica ha tenido en grandes regiones del pa\u00eds desde que las tropas fueron movilizadas por primera vez para realizar operativos antinarc\u00f3ticos en 2006.<\/p>\n

\u201cMi familia es solo un caso de desaparecidos. Pienso que somos la voz de todos los mexicanos que han pasado por la misma situaci\u00f3n, pero que muchos por miedo no denuncian\u201d, dijo en una entrevista Mitzi Alvarado, hija de Nitza. \u201cEn este sentido, la verdad y la justicia para nosotros significa justicia y verdad para todos los desaparecidos de M\u00e9xico\u201d.<\/p>\n

Mientras los familiares esperan el fallo, el pa\u00eds enfrenta uno de los periodos m\u00e1s mort\u00edferos en la historia reciente y un Ej\u00e9rcito con mayor poder es responsable de combatirlo. Cifras oficiales muestran que el a\u00f1o pasado la tasa de homicidios fue la m\u00e1s alta registrada hasta la fecha, la cual supera el derramamiento de sangre experimentado durante el punto cr\u00edtico de la guerra contra las drogas, en 2011.<\/p>\n

En diciembre, cuando M\u00e9xico aprob\u00f3 la Ley de Seguridad Interior, a trav\u00e9s de la cual se legitima el papel de los militares en la lucha contra el narco, cre\u00f3 indignaci\u00f3n en las Naciones Unidas, as\u00ed como entre grupos de derechos humanos locales e internacionales. Los opositores advirtieron que la medida conducir\u00eda a abusos, dejar\u00eda de manera indefinida a los soldados en las calles y militarizar\u00eda las actividades policiales en el futuro cercano.<\/p>\n

Las fuerzas armadas rechazaron hacer declaraciones; sin embargo, el secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, ha defendido p\u00fablicamente a los militares al afirmar que es la \u00fanica instituci\u00f3n que efectivamente se enfrenta al crimen organizado. A medida que la violencia vinculada con el narcotr\u00e1fico se ha disparado en los \u00faltimos a\u00f1os, Cienfuegos ha solicitado al gobierno federal en repetidas ocasiones un marco legal que proteja a su personal, alegando que hoy es m\u00e1s necesario que nunca.<\/p>\n

\u201cHoy los delitos son de otro nivel e importancia, involucran a muchas personas, a veces hasta familias, y nosotros estamos sin un marco legal\u201d, sostuvo Cienfuegos en un evento p\u00fablico en marzo. \u201cAs\u00ed, nos impiden ayudar\u201d.<\/p>\n

Otras personas que apoyan esta ley, incluidos el presidente Enrique Pe\u00f1a Nieto y funcionarios del gobierno federal, han argumentado que la legislaci\u00f3n regular\u00eda las operaciones militares y ofrecer\u00eda certeza legal tanto a las fuerzas armadas como a la poblaci\u00f3n al dejar en claro las tareas, l\u00edmites y obligaciones de los soldados. Este marco legal, afirman, ha estado ausente desde hace un largo tiempo.<\/p>\n

De acuerdo con las estimaciones del gobierno, 32.000 personas han desaparecido en M\u00e9xico desde 2006, ausencias que han dejado una herida indeleble en familias de todo el pa\u00eds. Miembros de las fuerzas de seguridad son sospechosos por algunas de esas desapariciones, aunque muchas otras supuestamente son obra de los c\u00e1rteles del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n

El fracaso de M\u00e9xico para investigar estos casos ha dejado a personas como las que integran la familia Alvarado buscando respuestas de manera desesperada, pero sin ning\u00fan lugar al cual puedan acudir.<\/p>\n

El fallo de la corte en el caso de los Alvarado, que se espera para los pr\u00f3ximos meses, podr\u00eda influir en otro caso analizado por la Suprema Corte de Justicia de M\u00e9xico: la controversia constitucional planteada sobre una ley que, seg\u00fan se\u00f1alan sus cr\u00edticos, refuerza el papel de los militares en el cumplimiento de trabajos que corresponden a la polic\u00eda en las calles.<\/p>\n

Durante los dos gobiernos anteriores en M\u00e9xico, el papel del Ej\u00e9rcito ha aumentado para incluir operaciones contra los c\u00e1rteles, as\u00ed como para realizar labores policiacas. Al mismo tiempo, han surgido denuncias formales presentadas por civiles ante varias agencias gubernamentales por acusaciones de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.<\/p>\n

No obstante, a medida que se acumulan las acusaciones por cr\u00edmenes graves contra soldados y polic\u00edas, los militares permanecen pr\u00e1cticamente intocables, protegidos por gobiernos dispuestos a mantener el Estado de derecho mediante la \u00fanica fuerza que parece capaz de enfrentarse a los grupos del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n

Los tres miembros de la familia Alvarado fueron secuestrados de Ejido Benito Ju\u00e1rez, un peque\u00f1o pueblo del estado de Chihuahua. En ese momento, la guerra contra las drogas ten\u00eda en jaque al norte del estado. Chihuahua ahora tiene una de las cifras m\u00e1s altas de personas desaparecidas en M\u00e9xico (m\u00e1s de dos mil casos abiertos desde 2007).<\/p>\n

En los ocho a\u00f1os que lleva la investigaci\u00f3n, las autoridades mexicanas no han llevado ante la justicia a ninguna persona en conexi\u00f3n con el caso Alvarado ni han ofrecido ninguna informaci\u00f3n sobre d\u00f3nde podr\u00edan estar.<\/p>\n

Durante la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 27 de abril, miembros de la familia Alvarado testificaron que por lo menos tres investigadores de distintas agencias gubernamentales les han dicho que sus familiares hab\u00edan sido retenidos para ser interrogados en cuarteles militares cercanos despu\u00e9s de que soldados allanaran Ejido Benito Ju\u00e1rez en busca de sospechosos. Un investigador incluso asegur\u00f3 a los familiares que, para el d\u00eda siguiente, los retenidos probablemente ser\u00edan liberados.<\/p>\n

Al sentir que las puertas de la justicia eran cerradas abruptamente por las autoridades mexicanas, la familia recurri\u00f3 a los tribunales internacionales, donde est\u00e1n siendo representados por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, una organizaci\u00f3n mexicana que provee asistencia legal.<\/p>\n

En la audiencia de dos d\u00edas en San Jos\u00e9 de Costa Rica, los fiscales mexicanos que testificaron ante la corte argumentaron que enfrentaban un \u201ccaso muy complejo\u201d que probablemente involucr\u00f3 a \u201cvarios actores\u201d. El seguimiento de varias l\u00edneas de investigaci\u00f3n contin\u00faa, afirmaron.<\/p>\n

Aunque los fiscales aseguran que ellos hab\u00edan investigado el papel de los militares, dijeron que no encontraron suficiente evidencia para confirmar su responsabilidad. En vez de eso se\u00f1alaron que es com\u00fan que los criminales usen vestimenta similar a los uniformes militares para enga\u00f1ar a las autoridades, e indicaron que los Alvarado tal vez fueron blanco de c\u00e1rteles.<\/p>\n

La Comisi\u00f3n Interamericana de los Derechos Humanos, uno de los dos brazos legales que, junto con la corte, vigila los derechos humanos en el continente como parte de la Organizaci\u00f3n de Estados Americanos, solicit\u00f3 a las autoridades mexicanas en 2010 encontrar a los Alvarado y emitir medidas cautelares para el resto de los familiares. Seis a\u00f1os despu\u00e9s, la comisi\u00f3n concluy\u00f3 que los militares eran responsables de las desapariciones bas\u00e1ndose en la evidencia, que incluye declaraciones de testigos y reportes de la Comisi\u00f3n Nacional de Derechos Humanos, as\u00ed como de otros expertos que analizaron el contexto de la violencia en el \u00e1rea.<\/p>\n

En su reporte, la comisi\u00f3n hace referencia a un contexto de caos durante las operaciones militares de la \u00e9poca en la que los Alvarado desaparecieron. Las personas sacadas a la fuerza de sus hogares y llevadas a cuarteles militares para interrogatorios ilegales. La Comisi\u00f3n Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, dice el reporte, hab\u00eda reunido cientos de acusaciones de tortura, cateos ilegales, tratos crueles y humillantes, amenazas, intimidaci\u00f3n y desapariciones forzadas.<\/p>\n

Si el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sigue el mismo curso, podr\u00eda presionar a M\u00e9xico a investigar en profundidad el papel de las fuerzas armadas y a procesar a miembros del Ej\u00e9rcito, pagar la reparaci\u00f3n del da\u00f1o a la familia, emitir una disculpa p\u00fablica o asumir medidas m\u00e1s extremas para asegurarse de que dichas desapariciones no ocurran de nuevo.<\/p>\n

Mitzi Alvarado y su gemela, Nitza, ten\u00edan solo 14 a\u00f1os cuando se llevaron a su madre. Durante los \u00faltimos ocho a\u00f1os, ellas y su hermana menor, Daisy, se han mudado de una ciudad a otra. Vivieron con algunos familiares y despu\u00e9s con otros debido al temor de que los agentes que creen que se llevaron a su madre fueran tras ellas para secuestrarlas.<\/p>\n

Para agravar a\u00fan m\u00e1s su ansiedad, poco despu\u00e9s de las desapariciones otro familiar recibi\u00f3 llamadas telef\u00f3nicas para advertir a la familia entera que abandonaran el estado de Chihuahua dentro de veinticuatro horas o ser\u00edan asesinados. Al final, la mayor\u00eda abandon\u00f3 el estado.<\/p>\n

Las tres hermanas estudian ahora en la Universidad Comunitaria de El Paso, en Texas, donde viven despu\u00e9s de que les concedieran asilo pol\u00edtico. Otros ocho miembros de la familia todav\u00eda esperan las resoluci\u00f3n sobre sus solicitudes de asilo pol\u00edtico en Estados Unidos.<\/p>\n

\u201cEl Estado mexicano nos dej\u00f3 hu\u00e9rfanas y es muy injusto, no se vale\u201d, dijo Mitzi llorando.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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