{"id":42513,"date":"2024-07-24T20:35:25","date_gmt":"2024-07-24T18:35:25","guid":{"rendered":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/?p=42513"},"modified":"2024-07-24T20:35:25","modified_gmt":"2024-07-24T18:35:25","slug":"uruguay-un-mapa-de-las-deficiencias-del-estado-en-el-abordaje-de-la-explotacion-sexual-de-ninas-ninos-y-adolescentes-stephanie-demirdjian","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/?p=42513","title":{"rendered":"Uruguay – Un mapa de las deficiencias del Estado en el abordaje de la explotaci\u00f3n sexual de ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes. [Stephanie Demirdjian]"},"content":{"rendered":"\n

Movilizaci\u00f3n Ni Una Menos en la plaza Independencia (archivo La Diaria, junio de 2020).<\/sub><\/p>\n\n\n\n

Un mapa de las deficiencias del Estado uruguayo en el abordaje de la explotaci\u00f3n sexual de ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Stephanie Demirdjian*<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La Diaria<\/a><\/em>, 24-7-2024<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Correspondencia de Prensa<\/a><\/em>, 24-7-2024<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En un momento en que el tema est\u00e1 en el ojo de la tormenta, una investigaci\u00f3n de Flacso Uruguay revela obst\u00e1culos en la detecci\u00f3n, atenci\u00f3n y reparaci\u00f3n a las v\u00edctimas, que en definitiva terminan impactando en su protecci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La Operaci\u00f3n Oc\u00e9ano en 2019, el caso Penad\u00e9s en 2023 y en estos d\u00edas la situaci\u00f3n de una adolescente de 16 a\u00f1os que estaba bajo supervisi\u00f3n del Instituto del Ni\u00f1o y Adolescente del Uruguay (INAU), qued\u00f3 embarazada y falleci\u00f3 despu\u00e9s en una ces\u00e1rea de emergencia<\/em><\/a>. Tres casos que involucran a actores distintos, en contextos dis\u00edmiles y con repercusiones diferentes, pero atravesados por un mismo hilo conductor: la explotaci\u00f3n sexual hacia ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes, una problem\u00e1tica que en Uruguay est\u00e1 tan extendida como naturalizada.<\/p>\n\n\n\n

El caso m\u00e1s reciente, en particular, prendi\u00f3 las alarmas porque destap\u00f3 otras situaciones de vulneraci\u00f3n de derechos que se repiten sistem\u00e1ticamente en dispositivos gestionados por el Estado y dej\u00f3 expuestas las fisuras de un sistema que claramente est\u00e1 fallando a la hora de proteger a las ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes.<\/p>\n\n\n\n

Una investigaci\u00f3n que hizo Flacso Uruguay para Unicef y el Fondo de Poblaci\u00f3n de las Naciones Unidas, que todav\u00eda no tuvo su presentaci\u00f3n p\u00fablica, pretende poner luz sobre esas fallas y, as\u00ed, ayuda tambi\u00e9n a darles un marco contextual a estos casos con nombre y apellido, que no son aislados.<\/p>\n\n\n\n

El estudio, titulado Explotaci\u00f3n sexual hacia ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes. Un diagn\u00f3stico de los abordajes en Uruguay<\/em>, al que accedi\u00f3 la diaria<\/em>, fue realizado entre octubre de 2021 y mayo de 2022 por las investigadoras Magdalena Caccia Lijtenstein, Carolina Camilo Zabala, Elizabeth Oria Giordan e Isabel P\u00e9rez de Sierra, con la coordinaci\u00f3n de Ana Gabriela Fern\u00e1ndez Saavedra y Lena Fontela Kopl. Se centr\u00f3 en las acciones llevadas adelante por el Estado entre 2016 y 2021, sobre la base de una revisi\u00f3n documental, el an\u00e1lisis de los (escasos) datos que hay al respecto y 54 entrevistas con actores nacionales y departamentales que trabajan en el tema.<\/p>\n\n\n\n

Los hallazgos permiten reconocer que hubo avances en t\u00e9rminos de normativa y de dise\u00f1o de pol\u00edticas p\u00fablicas, pero tambi\u00e9n que \u201ceste reconocimiento no implica no observar obst\u00e1culos importantes que no permiten que la protecci\u00f3n sea efectiva y que facilitan la exposici\u00f3n de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes a fen\u00f3menos que les exceden, que les implican y que ponen en riesgo el derecho a la vida y a la integridad f\u00edsica\u201d, sintetizaron las integrantes del equipo de investigaci\u00f3n en di\u00e1logo con la diaria<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

El informe revela una trama institucional con \u201cfuertes debilidades, solapamientos o desarticulaciones que no permiten un abordaje integral\u201d de la problem\u00e1tica, y la existencia de concepciones \u201cdis\u00edmiles\u201d sobre el fen\u00f3meno, tanto entre quienes desarrollan la pol\u00edtica como en el personal t\u00e9cnico. \u201cEs una dificultad que aparece en la propia g\u00e9nesis de la pol\u00edtica, en la construcci\u00f3n del problema social que pretende abordar, en su escasez o nula evaluaci\u00f3n y monitoreo, en su escasa problematizaci\u00f3n durante su implementaci\u00f3n y adecuaci\u00f3n a situaciones vers\u00e1tiles y desafiantes que la institucionalidad poco expedita no ha podido pensar y abordar las situaciones de explotaci\u00f3n sexual hacia ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes de forma eficaz\u201d, puntualizaron las acad\u00e9micas. \u201cEn t\u00e9rminos generales\u201d, agregaron, \u201cpodemos ver que el problema se desarrolla de forma m\u00e1s \u00e1gil que la pol\u00edtica de abordaje y protecci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Las barreras en la detecci\u00f3n y atenci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Si bien la investigaci\u00f3n asegura que las herramientas de detecci\u00f3n \u201cvienen siendo trabajadas de manera sistem\u00e1tica\u201d, por lo que \u201cse ha logrado identificar un mayor n\u00famero de situaciones que antes se pasaban por alto\u201d, persisten algunos desaf\u00edos. Uno es que la mayor\u00eda de las situaciones detectadas tiene que ver con ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes que se encuentran institucionalizados. Como contrapartida, las situaciones de explotaci\u00f3n que no tienen ning\u00fan tipo de v\u00ednculo con el INAU \u201cno llegan a los equipos\u201d, destacaron los actores locales entrevistados.<\/p>\n\n\n\n

Para las investigadoras, otro de los problemas se sit\u00faa \u201cen la primera l\u00ednea de detecci\u00f3n\u201d \u2013la educaci\u00f3n, la salud, los centros juveniles, entre otros\u2013, donde es necesario \u201csuperar la naturalizaci\u00f3n, la interpretaci\u00f3n de consentimiento en los v\u00ednculos, sesgos de g\u00e9nero y la no identificaci\u00f3n de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes como v\u00edctimas\u201d, algo que s\u00f3lo puede lograrse con m\u00e1s instancias de formaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

En cuanto a la atenci\u00f3n, la principal barrera que se\u00f1ala el informe es la dificultad del diagn\u00f3stico por la escasez de dispositivos de atenci\u00f3n directa en el territorio nacional y los pocos cupos que limitan nuevos ingresos.<\/p>\n\n\n\n

De hecho, hoy en d\u00eda, el Proyecto Traves\u00eda es el \u00fanico servicio del Estado que atiende espec\u00edficamente situaciones de explotaci\u00f3n sexual hacia infancias y adolescencias, y su alcance es limitado, ya que funciona s\u00f3lo en Montevideo. Las autoridades del INAU anunciaron el a\u00f1o pasado la creaci\u00f3n de un centro de 24 horas especializado en explotaci\u00f3n sexual, pero todav\u00eda no se concret\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

De todas formas, aunque la internaci\u00f3n en hogares de 24 horas suele presentarse como parte de la estrategia de abordaje, muchas de las personas consultadas opinaron que ser\u00eda \u201ccontraproducente\u201d o \u201cpeligroso\u201d \u2013como, de hecho, qued\u00f3 en evidencia en algunos de los casos de trascendencia p\u00fablica\u2013. \u201cEn las entrevistas se relatan diferentes casos de adolescentes que manifestaron expl\u00edcitamente no querer permanecer all\u00ed, llegando, incluso, a escapar poniendo en riesgo sus vidas. Si bien est\u00e1 en discusi\u00f3n la existencia de centros exclusivos para abordar estas situaciones (bajo el riesgo de la guetizaci\u00f3n y de lo f\u00e1cilmente identificables que ser\u00edan), hay acuerdo en que actualmente los hogares no est\u00e1n preparados para atender las situaciones de explotaci\u00f3n sexual hacia ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes\u201d, resume el estudio.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n hubo consenso en la dificultad que implica la ausencia de un \u201c\u00fanico criterio\u201d respecto de las derivaciones, ya que algunos casos se derivan a los equipos itinerantes (gestionados por las organizaciones El Paso y Gurises Unidos, a trav\u00e9s de convenios firmados con el INAU), otros directamente al INAU y otros al Sistema Integral de Protecci\u00f3n a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav).<\/p>\n\n\n\n

Otro aspecto a revisar es la falta de di\u00e1logo entre los dispositivos orientados a la atenci\u00f3n de mujeres adultas en situaci\u00f3n de violencia, a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), y los programas destinados a la atenci\u00f3n de infancias y adolescencias, bajo la rector\u00eda del INAU.<\/p>\n\n\n\n

Por otra parte, la investigaci\u00f3n apunta que \u201cuno de los principales desaf\u00edos vinculados a la atenci\u00f3n\u201d radica en que muchas de las adolescentes que atraviesan estas situaciones \u201cno se identifican como v\u00edctimas\u201d e incluso \u201chay cierta romantizaci\u00f3n\u201d al respecto, \u201cante lo cual las estrategias de abordaje deben adaptarse\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Articulaci\u00f3n interinstitucional, registro y presupuesto<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Una de las cr\u00edticas principales que se le hace a la institucionalidad es que, en algunos casos, existe una \u201csuperposici\u00f3n de \u00e1mbitos cuando las competencias y tem\u00e1ticas se solapan\u201d. Esto ocurre, por ejemplo, entre el Comit\u00e9 Nacional para la Erradicaci\u00f3n de la Explotaci\u00f3n Sexual Comercial y No Comercial de la Ni\u00f1ez y la Adolescencia (Conapees) y el Consejo Nacional de Prevenci\u00f3n y Combate a la Trata y la Explotaci\u00f3n de Personas, o el mismo Sipiav. En otros casos, queda en evidencia la necesidad de coordinar con el Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia en el \u00e1mbito nacional o en las representaciones departamentales.<\/p>\n\n\n\n

A la vez, en las entrevistas se se\u00f1ala que hay m\u00faltiples capacitaciones, mapas de ruta y protocolos para actuar frente a las situaciones de abuso sexual, mientras que en lo que respecta a la explotaci\u00f3n sexual de infancias y adolescencias \u201ctodo es m\u00e1s artesanal\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Una medida que s\u00ed impact\u00f3 de forma \u201cfavorable\u201d en la coordinaci\u00f3n interinstitucional, espec\u00edficamente con la Fiscal\u00eda, fue la creaci\u00f3n de la Unidad de V\u00edctimas y Testigos, que en el informe califican como un \u201chito\u201d que \u201ctiene repercusiones en el acceso de las v\u00edctimas a la Justicia\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Por otro lado, hay consenso en que \u201cno existen criterios \u00fanicos para el registro\u201d de los datos sobre el fen\u00f3meno, \u201cni acuerdos macro con relaci\u00f3n a d\u00f3nde llevarlo a cabo\u201d. Las investigadoras detallan en el documento que \u201cvarias instituciones registran los casos de forma paralela, sumado a que las formas utilizadas que no est\u00e1n estandarizadas impiden contar con informaci\u00f3n sobre el caso abordado desde distintas instituciones, los procesos de atenci\u00f3n, seguimiento y las trayectorias de vida de las v\u00edctimas\u201d.<\/p>\n\n\n\n

A modo de ilustraci\u00f3n: en 2023, el Conapees registr\u00f3 346 casos de explotaci\u00f3n sexual de ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes, mientras que el Sipiav detect\u00f3 163 situaciones, seg\u00fan cifras que actualiz\u00f3 este mes el semanario Brecha<\/a><\/em> tras un pedido de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica. Por el momento, ninguno de los dos organismos \u2013que, por cierto, funcionan en la \u00f3rbita del INAU\u2013 pudo explicar bien cu\u00e1l es la diferencia entre un registro y el otro.<\/p>\n\n\n\n

Esta ausencia de criterios comunes para el registro \u201chace que la informaci\u00f3n con la que se cuenta sobre la dimensi\u00f3n actual del fen\u00f3meno no sea fiable y se encuentre fragmentada en distintos registros a los que tienen acceso espec\u00edfico distintos actores institucionales\u201d, afirma la investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Para enfrentar este problema, las responsables del estudio sugieren el dise\u00f1o de un sistema \u201cen el que se integren los registros existentes con un patr\u00f3n com\u00fan y con atributos que sean relevantes no s\u00f3lo para la fase de tratamiento de las situaciones, sino para la construcci\u00f3n de indicadores que puedan medir su evoluci\u00f3n en el tiempo\u201d.<\/p>\n\n\n\n

En cuanto a la coordinaci\u00f3n interinstitucional, proponen la elaboraci\u00f3n de protocolos unificados para las instituciones intervinientes en todas las etapas de abordaje y el dise\u00f1o de mecanismos de articulaci\u00f3n entre las distintas \u201cinstitucionalidades nucleadas en torno a los temas de trata, de violencia basada en g\u00e9nero y generaciones y de explotaci\u00f3n sexual hacia ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes\u201d. Una recomendaci\u00f3n en este sentido es que Inmujeres se integre al Conapees, por ejemplo.<\/p>\n\n\n\n

Las investigadoras dijeron a la diaria<\/em> que otro aspecto que atraviesa pr\u00e1cticamente todos los \u00e1mbitos y que forma parte de las debilidades institucionales es el presupuestal. \u201cEsto se refleja en la escasez de recursos humanos capacitados, la falta de formaci\u00f3n en distintas \u00e1reas para todo el pa\u00eds, la necesidad de mejora de la recolecci\u00f3n de informaci\u00f3n estad\u00edstica o la discusi\u00f3n te\u00f3rica conceptual entre las diversas instituciones\u201d, puntualizaron, y aseguraron que tambi\u00e9n es un problema que el Conapees \u201cno cuente con presupuesto propio y dependa de la asignaci\u00f3n presupuestal de cada una de las instituciones, que no siempre se vuelca al desarrollo de las acciones incluidas en los planes\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Acceso a la Justicia y reparaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Pr\u00e1cticas como la \u201crevictimizaci\u00f3n\u201d, \u201cconvocar a la misma hora a la v\u00edctima y al explotador\u201d o \u201ccerrar el caso despu\u00e9s de una retractaci\u00f3n\u201d siguen siendo \u201cmoneda corriente en algunas localidades del interior del pa\u00eds\u201d, asegura el informe tras afirmar que la falta de capacitaci\u00f3n y sensibilizaci\u00f3n por parte de operadores jur\u00eddicos es un \u201cgran problema\u201d en el acceso a la Justicia de las v\u00edctimas de explotaci\u00f3n sexual.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, profesionales de diversos \u00e1mbitos relatan situaciones concretas que \u201cfueron llevadas a la Justicia, pero no hubo una penalizaci\u00f3n del delito, a pesar de que exist\u00edan pruebas contundentes\u201d, y aseguran que hay una \u201cnaturalizaci\u00f3n\u201d de la explotaci\u00f3n sexual infantil y adolescente por parte de algunos jueces.<\/p>\n\n\n\n

Otro escollo grande es que hoy en d\u00eda la pr\u00e1ctica judicial implica que ante un caso de explotaci\u00f3n sexual de ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes \u201cnecesariamente se deba dar tr\u00e1mite a dos procesos en paralelo\u201d, uno en un juzgado de Familia y otro en Penal, lo que puede llevar a que se adopten \u201cmedidas que se superponen o pueden contradecirse, con distintos plazos, pruebas, jueces\u201d, se\u00f1ala el estudio. Este problema es atribuido directamente a que, \u201cpor falta de presupuesto\u201d, todav\u00eda no se crearon los juzgados especializados en violencia basada en g\u00e9nero, dom\u00e9stica y sexual que prev\u00e9 la Ley 19.580, que tienen el objetivo de \u201cconcentrar y evitar el gran obst\u00e1culo que presentan las v\u00edctimas ante las distintas sedes judiciales\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Se suma adem\u00e1s que las v\u00edctimas menores de 18 a\u00f1os no cuentan con patrocinio legal directo, sino a trav\u00e9s de su representante legal. \u201cEsto, en algunos casos, opera como barrera o intermediaci\u00f3n en el acceso a la Justicia y en el proceso de reparaci\u00f3n a trav\u00e9s de la sentencia del perpetrador, puesto que es recurrente que tenga v\u00ednculos comunitarios y\/o directos con la familia de la v\u00edctima\u201d, dice la investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Por otra parte, el seguimiento y la reparaci\u00f3n integral de las v\u00edctimas de explotaci\u00f3n sexual figuran como \u201cdimensiones que a\u00fan se encuentran en un estadio inicial\u201d, ya que \u201cla pol\u00edtica no ha dise\u00f1ado dispositivos o mecanismos de seguimiento y acompa\u00f1amiento de los procesos, lo que genera situaciones de desprotecci\u00f3n y la posibilidad de recurrencia del fen\u00f3meno\u201d.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n vincula la dificultad para sostener los procesos a \u201clos propios modos de atenci\u00f3n (cupos, plazos para la atenci\u00f3n, modalidades), pero tambi\u00e9n a las caracter\u00edsticas de las adolescentes que atraviesan estas situaciones y su propio reconocimiento como v\u00edctimas\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Respecto de la reparaci\u00f3n, recuerda que el resarcimiento econ\u00f3mico no se encuentra incorporado en la legislaci\u00f3n nacional \u2013a diferencia de otras leyes orientadas a v\u00edctimas de violencia, como la 19.580\u2013, mientras que la reparaci\u00f3n integral del da\u00f1o a nivel psicosocial es algo que \u201cest\u00e1 lejos de ser una realidad\u201d.<\/p>\n\n\n\n

*Stephanie Demirdjian<\/strong>, licenciada en Ciencias de la Comunicaci\u00f3n. Periodista. Editora de Feminismos en la diaria<\/a><\/em>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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