{"id":4107,"date":"2017-12-31T19:26:49","date_gmt":"2017-12-31T19:26:49","guid":{"rendered":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/?p=4107"},"modified":"2017-12-31T19:26:52","modified_gmt":"2017-12-31T19:26:52","slug":"mexico-se-refuerza-el-poder-militar-sobre-las-instituciones-civiles","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/?p=4107","title":{"rendered":"M\u00e9xico – Se refuerza el poder militar sobre las instituciones civiles"},"content":{"rendered":"

M\u00e9xico<\/strong><\/p>\n

M\u00e9xico refuerza el poder militar sobre instituciones civiles<\/strong><\/h3>\n

La hora verde <\/strong><\/h3>\n

\u201cEn tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer m\u00e1s funciones que las que tengan exacta conexi\u00f3n con la disciplina militar\u201d, dice la Constituci\u00f3n mexicana. En 1996 los militares comenzaron a cumplir tareas de seguridad p\u00fablica de manera \u201cexcepcional\u201d. Desde entonces, en la pr\u00e1ctica, la excepci\u00f3n se volvi\u00f3 la norma. Y ahora es ley.<\/strong><\/p>\n

Eliana Gilet, desde Ciudad de M\u00e9xico<\/strong><\/p>\n

Brecha, 29-12-2017 <\/strong>https:\/\/brecha.com.uy\/<\/a><\/strong><\/p>\n

En el \u00faltimo d\u00eda del per\u00edodo legislativo de este a\u00f1o el Congreso mexicano les entreg\u00f3 a las fuerzas armadas el amparo necesario para operar legalmente como polic\u00eda y fiscal\u00eda, al aprobar una ley que les permite concretar \u201cacciones de seguridad interior en el territorio de una entidad federativa o zona geogr\u00e1fica del pa\u00eds\u201d. Gracias a una simple ley, no una reforma constitucional, los militares en M\u00e9xico podr\u00e1n intervenir \u201cfrente a riesgos y amenazas que comprometan o afecten la seguridad nacional\u201d.<\/p>\n

Ganar terreno<\/strong><\/p>\n

Fue en 1996, con la ley federal contra la delincuencia organizada, que el entonces presidente Ernesto Zedillo les permiti\u00f3 a los militares salir a la calle por primera vez. Y fue con la declaraci\u00f3n de \u201cguerra contra el narcotr\u00e1fico\u201d de Felipe Calder\u00f3n, diez a\u00f1os m\u00e1s tarde, que se comenz\u00f3 a asentar el uso de las fuerzas armadas para operativos tradicionalmente policiales, a pesar de que M\u00e9xico entonces viv\u00eda el a\u00f1o con la menor tasa de homicidios en d\u00e9cadas y que un informe del Instituto Belisario Dom\u00ednguez, del Senado, afirma que no exist\u00eda \u201cuna crisis de seguridad ni ola de violencia que justificara el despliegue simult\u00e1neo de operativos con las fuerzas armadas, de car\u00e1cter permanente, en diversos estados de la rep\u00fablica entre 2006 y 2007\u201d.<\/p>\n

Sigui\u00f3 un per\u00edodo en el que las instituciones militares crecieron y se fortalecieron. Un proceso que se agudiz\u00f3 bajo la presidencia del actual mandatario, Enrique Pe\u00f1a Nieto. Entre 2012 y 2016 se privilegi\u00f3 la inversi\u00f3n en armamento, se duplicaron las bases de operaciones militares (de 75 a 142) y los efectivos aumentaron de 212 mil a 250 mil. Todo redund\u00f3 en un constante aumento del gasto militar. Seg\u00fan la periodista Tania Montalvo, datos de la Secretar\u00eda de Hacienda muestran que la partida para \u201cgastos de seguridad p\u00fablica y nacional\u201d ha aumentado 1.291 por ciento en cuatro a\u00f1os de gobierno de Pe\u00f1a Nieto (Animal Pol\u00edtico, 8-V-17).<\/p>\n

Mientras, por medio de leyes y recursos se les fue otorgando un papel cada vez m\u00e1s central en la lucha contra el crimen organizado, y las fuerzas armadas fueron ganando peso y poder en la sociedad mexicana, al punto de poder presentarse como imprescindibles. Entre los pol\u00edticos incluso existe un consenso inc\u00f3modo sobre esto, que templ\u00f3 el debate legislativo de la nueva ley. La izquierda parlamentaria sostuvo que se trataba de una movida electoral del oficialista Partido Revolucionario Institucional (Pri) para evitar perder la presidencia en las elecciones de 2018. Pocos sectores, salvo contadas excepciones, lograron oponerse de manera contundente y argumentar por qu\u00e9 es un problema para la democracia que los militares asuman funciones, ya no como auxiliares de las autoridades civiles, sino \u201ccoordinando\u201d operaciones por encima de \u00e9stas, sin control previo o posterior.<\/p>\n

En el pa\u00eds de los 34 mil desaparecidos en democracia, los militares se han librado con esta ley de la obligaci\u00f3n de rendir cuentas de cu\u00e1ntos muertos dejan a su paso. Esa fue la garant\u00eda que exigieron las fuerzas armadas, en palabras del general Salvador Cienfuegos, titular del Ej\u00e9rcito y de la Secretar\u00eda de Defensa, para continuar con una tarea que, argumentaron, ya no pueden seguir cumpliendo por fuera de lo que establece la ley. Cienfuegos reclam\u00f3 p\u00fablicamente la aprobaci\u00f3n de \u201cun marco jur\u00eddico que regule la actuaci\u00f3n de los militares en tareas de seguridad p\u00fablica\u201d y les brinde un respaldo legal, porque, dijo, \u201cnuestros soldados ya lo est\u00e1n pensando si le entran a seguir enfrentando a estos grupos con el riesgo de ser procesados por delitos que tengan que ver con derechos humanos, o a lo mejor les conviene m\u00e1s que los procesemos por no obedecer\u201d.<\/p>\n

Y es que el principal argumento de los promotores de la nueva ley en el Congreso fue el de los hechos consumados.<\/p>\n

Fuera de control <\/strong><\/p>\n

La ley de seguridad interior, que ya ha sido ratificada, dispone que el presidente podr\u00e1 entregar el control de cualquier territorio de la rep\u00fablica a un \u201ccoordinador\u201d militar \u2013propuesto por los secretarios de la Armada y de Defensa\u2013 a quien todas las autoridades civiles existentes deber\u00e1n obedecer y con quien deber\u00e1n colaborar. El coordinador elaborar\u00e1 su propio protocolo de actuaci\u00f3n y uso de la fuerza. La ley centraliza el control de este mecanismo en el Poder Ejecutivo y las propias fuerzas armadas, y no le otorga ninguna posibilidad de supervisi\u00f3n al Poder Legislativo. En teor\u00eda la justicia civil podr\u00eda imputar a militares que hayan cometido cr\u00edmenes, pero en la pr\u00e1ctica en M\u00e9xico esto ha demostrado ser una tarea muy dif\u00edcil ya antes de la existencia de esta ley; hay numerosas trabas jur\u00eddicas para que act\u00fae la justicia civil en lugar de la justicia militar en casos donde han operado las fuerzas armadas.<\/p>\n

El art\u00edculo 11 de la ley de seguridad interior le permite al presidente emitir una \u201cdeclaraci\u00f3n de protecci\u00f3n a la seguridad interior\u201d sobre una zona del pa\u00eds, y eso basta para que sea intervenida militarmente 72 horas m\u00e1s tarde. Para ello le alcanza con consultar al Consejo de Seguridad Nacional (compuesto por el Ejecutivo y la inteligencia militar). Pero el presidente tambi\u00e9n podr\u00e1 saltearse este mecanismo de consulta y \u201cordenar acciones inmediatas\u201d (art\u00edculo 16). O incluso las propias fuerzas armadas podr\u00e1n intervenir directamente, sin una declaraci\u00f3n del presidente, cuando act\u00faen en la \u201cprevenci\u00f3n de riesgos\u201d. Pero los criterios para establecer lo que ser\u00e1 considerado \u201cprevenci\u00f3n de riesgos\u201d est\u00e1n detallados en documentos que en parte son secretos.<\/p>\n

En principio las \u201cdeclaraciones de protecci\u00f3n\u201d tendr\u00e1n una vigencia de un a\u00f1o, pero podr\u00e1n prorrogarse indefinidamente (art\u00edculo 15). Y toda informaci\u00f3n sobre las acciones tomadas bajo dichas declaraciones es considerada de \u201cseguridad nacional\u201d, algo que dificulta su acceso a cualquier actor externo a la instituci\u00f3n militar y por ende compromete la transparencia de la actuaci\u00f3n del Estado.<\/p>\n

La ley deja abierta la interpretaci\u00f3n de las situaciones que podr\u00e1n considerarse \u201cataques a la seguridad interior\u201d, y tampoco especifica cu\u00e1les son los \u201criesgos\u201d de los ataques que ameriten dichas \u201cdeclaraciones\u201d.<\/p>\n

Hac\u00eda a\u00f1os que iniciativas similares a esta ley circulaban en el parlamento sin ser aprobadas. Pero esta fue votada en 15 d\u00edas, los \u00faltimos del per\u00edodo legislativo. El 30 de noviembre el proyecto de ley fue aprobado en la ma\u00f1ana en las comisiones que lo ten\u00edan en estudio, enviado en la tarde al pleno de Diputados y aprobado tambi\u00e9n. As\u00ed, de manera expedita, la ley avanz\u00f3 su primer casillero, y dos semanas m\u00e1s tarde, el 15 de diciembre, fue aprobada en el Senado.<\/p>\n

(In)Constitucionalidad<\/strong><\/p>\n

Durante la primera semana de diciembre el trabajo del lobby castrense hab\u00eda sido intenso. El general Alejandro Ramos Flores, jefe de la Unidad de Asuntos Jur\u00eddicos de la Defensa, particip\u00f3 al menos de dos reuniones en el Senado. El general Salvador Cienfuegos ya hab\u00eda lanzado la pelota a la cancha, menos de un mes antes, cuando le hab\u00eda exigido p\u00fablicamente al Poder Legislativo que sancionara la ley de seguridad interior. Los militares fueron escuchados.<\/p>\n

Los que no fueron escuchados fueron el alto comisionado para los Derechos Humanos de la Onu, la Comisi\u00f3n Nacional de Derechos Humanos, una veintena de sus comisiones locales y un centenar de organizaciones de la sociedad civil mexicana reunidas en el colectivo Seguridad sin Guerra, que dijeron que la ley s\u00f3lo iba a traer m\u00e1s violencia y que sellar\u00eda la derrota del poder civil frente al militar.<\/p>\n

Uno de los principales cuestionamientos a la norma (y que fue debatido por los legisladores) fue su dudosa constitucionalidad. El debate no es nuevo. Tiene sus or\u00edgenes en 1996, cuando se aprob\u00f3 la ley federal contra la delincuencia. Ese mismo a\u00f1o fue presentado un amparo de inconstitucionalidad contra dicha ley. Pero la Suprema Corte de Justicia resolvi\u00f3 rechazarlo y sent\u00f3 jurisprudencia al interpretar que \u201cla participaci\u00f3n del Ej\u00e9rcito, la Armada y la Fuerza A\u00e9rea en auxilio de las autoridades civiles\u201d era constitucional.<\/p>\n

El abogado constitucionalista Santiago Corcuera, que fue presidente del Comit\u00e9 contra la Desaparici\u00f3n Forzada de la Onu en 2016 y 2017, estima que la resoluci\u00f3n 1\/96 \u201cfue una mala decisi\u00f3n\u201d, y se\u00f1al\u00f3 a Brecha que fue a ra\u00edz de este fallo que \u201cse viene arrastrando esta creencia de que el presidente puede disponer de los militares para esas labores\u201d.<\/p>\n

Corcuera, que es uno de los acad\u00e9micos que han levantado la voz en contra de la ley de seguridad interior se\u00f1al\u00f3 que el problema del fallo 1\/96 fue \u201cque la Suprema Corte no repar\u00f3 en distinguir el concepto de seguridad interior del de seguridad p\u00fablica, y los confundi\u00f3\u201d.<\/p>\n

El art\u00edculo 89 de la Constituci\u00f3n mexicana dispone que, con el fin de \u201cpreservar la seguridad nacional\u201d, el presidente puede recurrir a los militares \u201cpara la seguridad interior y defensa exterior de la federaci\u00f3n\u201d. Pero, seg\u00fan Corcuera, \u201ccuando el 89 refiere a la \u2018seguridad interior\u2019 habla del bien jur\u00eddico que es violentado por la guerra, en casos de sedici\u00f3n o rebeli\u00f3n de las propias fuerzas castrenses. Lo que dice el art\u00edculo es que cuando hay un conflicto armado interno se pone en riesgo la seguridad interior y entonces el presidente puede recurrir a las fuerzas armadas para apagar la rebeli\u00f3n, pero no para combatir a la delincuencia, como ahora se pretende\u201d.<\/p>\n

Seg\u00fan Corcuera, la resoluci\u00f3n que aval\u00f3 la salida de los militares a las calles por primera vez en 1996 tambi\u00e9n \u201ccontradice claramente\u201d el art\u00edculo 129 de la Constituci\u00f3n, que establece que \u201cen tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer m\u00e1s funciones que las que tengan exacta conexi\u00f3n con la disciplina militar\u201d.<\/p>\n

Otro argumento que se manej\u00f3 para plantear la inconstitucionalidad de la ley de seguridad interior fue que el Congreso no tiene facultades para legislar en esa materia, se\u00f1al\u00f3 Corcuera, aunque recalc\u00f3 que el principal problema de la ley es que \u201csuspende los derechos sin seguir formalidades y sin controles\u201d. Aunque el jefe de Estado sea civil, el peligro es que su poder se transforme tan s\u00f3lo en una fachada, advirti\u00f3 el experto. \u201cPara m\u00ed esta ley es un intento de legalizar la p\u00e9sima decisi\u00f3n de Felipe Calder\u00f3n que nos sumi\u00f3 en un tsunami de sangre\u201d, sentenci\u00f3.<\/p>\n

\u201cEs exorbitante, significa la usurpaci\u00f3n de facultades de otros \u00f3rganos del Estado. Es la militarizaci\u00f3n de tareas que les corresponden a los civiles, de acuerdo con la Constituci\u00f3n. Si los militares se har\u00e1n cargo de la seguridad p\u00fablica y la investigaci\u00f3n de delitos \u00bfc\u00f3mo le llamamos a esto m\u00e1s que intervenci\u00f3n de los militares? La sensaci\u00f3n es que intentan legalizar lo que actualmente realizan de forma ilegal\u201d, concluy\u00f3 el experto.<\/p>\n

En su argumentaci\u00f3n en el Congreso, el senador y redactor de la ley de seguridad interior, Roberto Gil Zuarth, miembro del Pan, partido de extrema derecha, list\u00f3 el derrotero de la militarizaci\u00f3n legal: primero el fallo del Supremo que aval\u00f3 la ley por la que los militares salieron a las calles en 1996; luego, en 2004, la ley de seguridad nacional incluy\u00f3 en esa categor\u00eda al crimen organizado y le entreg\u00f3 las riendas de su persecuci\u00f3n a la inteligencia militar; y el tercer paso, sostuvo Gil, fue que los legisladores fueron extendiendo la definici\u00f3n de los delitos que ser\u00e1n considerados como de crimen organizado, al punto que hasta el robo de veh\u00edculos es considerado uno de ellos.<\/p>\n

Violencia letal<\/strong><\/p>\n

Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Agust\u00edn Pro Ju\u00e1rez, se\u00f1al\u00f3 a Brecha que \u201cun informe hecho por el programa de pol\u00edticas de drogas del (estatal) Centro de Investigaci\u00f3n y Docencia Econ\u00f3micas presenta datos de una preocupante relaci\u00f3n entre el despliegue militar y el aumento de la violencia, mientras no se redujo la disponibilidad de drogas en ninguna parte ni disminuyeron los delitos laterales\u201d. Seg\u00fan Aguirre, la nueva ley de seguridad interior no incorpora nada de los aprendizajes de una d\u00e9cada de guerra contra el narco, y \u201cesas omisiones revelan su verdadera naturaleza: estamos ante una pieza legislativa pensada y dise\u00f1ada para satisfacer las exigencias de las fuerzas armadas\u201d, afirm\u00f3.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n de Laura Atuesta, mencionada por Aguirre, concluy\u00f3, por ejemplo, que \u201cla violencia en municipios donde hubo enfrentamientos entre la fuerza p\u00fablica y el crimen organizado se increment\u00f3 en mayor medida que en los municipios en donde no se observaron \u00e9stos\u201d. Y que un 9 por ciento del aumento total de homicidios se puede atribuir a la participaci\u00f3n de militares en operativos contra el crimen organizado.<\/p>\n

Y es que la sociedad civil denuncia que las actuaciones de los militares son altamente letales. Cuando intervienen las fuerzas armadas casi no hay heridos ni detenidos (el pico en 2011 fue de 19,5 muertos por cada herido). Esto, se\u00f1alan, es la muestra de un uso desproporcionado y excesivo de la fuerza letal por los militares.<\/p>\n

En cuanto a las desapariciones forzadas, hay casos que indican la participaci\u00f3n de las fuerzas armadas desde la llamada \u201cguerra sucia\u201d de la d\u00e9cada de 1970. Hay otros ocurridos entre 2007 y 2010 que tambi\u00e9n demuestran la participaci\u00f3n de efectivos del Ej\u00e9rcito y la Armada. Un caso emblem\u00e1tico es el de Ayotzinapa. Elementos de un cuerpo irregular del Batall\u00f3n 27 de Iguala, llamado \u00d3rgano de B\u00fasqueda de Inteligencia, estuvieron presentes en el momento en que los polic\u00edas detuvieron a los estudiantes, sin intervenir; luego ocultaron informaci\u00f3n y se negaron a ser entrevistados por el Grupo Independiente de Expertos Internacionales, investigadores externos clave para avanzar en la elucidaci\u00f3n del caso. Las organizaciones civiles aportan que del estudio de casos surge que militares han inhumado clandestinamente a personas que detuvieron arbitrariamente y que murieron a causa de las torturas por ellos infligidas.<\/p>\n

El colectivo Seguridad sin Guerra articul\u00f3 las voces de los opositores a la ley de seguridad interior. Su principal argumento fue que la reforma cambia la relaci\u00f3n entre el poder civil y el militar, y alerta que sus implicancias van m\u00e1s all\u00e1 del \u00e1mbito de la seguridad nacional.<\/p>\n

Una de los integrantes de ese colectivo es Eliana Garc\u00eda, quien durante el gobierno de Pe\u00f1a Nieto fue la encargada de la Subprocuradur\u00eda de Derechos Humanos de la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica hasta mitad del a\u00f1o 2015, cuando renunci\u00f3. Seg\u00fan Garc\u00eda, la nueva ley \u201ces la muestra m\u00e1s clara de claudicaci\u00f3n social ante el poder miliar, mientras se ha destinado cero dinero a la prevenci\u00f3n social del delito\u201d.<\/p>\n

Garc\u00eda fue una de las primeras funcionarias a las que les toc\u00f3 atender las b\u00fasquedas ciudadanas de fosas clandestinas, iniciadas por las organizaciones de familiares luego de la desaparici\u00f3n de los normalistas de Ayotzinapa, y explic\u00f3 a Brecha que la nueva ley de seguridad interior tambi\u00e9n significa un retroceso para la investigaci\u00f3n de las desapariciones forzadas en M\u00e9xico. En octubre pasado, despu\u00e9s de m\u00e1s de tres a\u00f1os de presiones de los familiares de desaparecidos en el Congreso, se hab\u00eda logrado conseguir la ley general de desaparici\u00f3n forzada, que facilita la investigaci\u00f3n de desapariciones en las que estuvieron involucrados militares. Pero la nueva ley de seguridad la \u201cvuelve nugatoria\u201d, afirm\u00f3, porque aunque no la anula, en los hechos pone una tranca para el acceso a la justicia cuando se sospeche la participaci\u00f3n militar en una violaci\u00f3n de los derechos humanos. Por eso la nueva norma \u201ces una ley de guerra para la impunidad\u201d, afirm\u00f3.<\/p>\n

Dependencia <\/strong><\/p>\n

Jos\u00e9 Guevara, director de la Comisi\u00f3n Mexicana de Defensa y Promoci\u00f3n de los Derechos Humanos, detall\u00f3 para Brecha las dificultades que ven\u00edan teniendo las instituciones civiles para llevar a cabo investigaciones independientes en los casos en que han operado las fuerzas armadas, y esto sin que existiera una ley que les otorgue potestades de fiscal\u00eda. \u201cCuando los militares detienen alguna persona y la ponen a disposici\u00f3n del Ministerio P\u00fablico (MP), la entregan con un reporte en el que describen el supuesto hecho delictivo que cometi\u00f3. Lo que hemos visto en los casos que representamos es que esos reportes est\u00e1n llenos de mentiras, porque con 24 o 48 horas de anticipaci\u00f3n llevan a la persona a sus cuarteles, la torturan, le arrancan confesiones y cuando presentan el reporte al MP ya est\u00e1 fabricado el caso\u201d, explic\u00f3 Guevara, que viene litigando en casos de violaciones a los derechos humanos desde hace casi 30 a\u00f1os.<\/p>\n

\u201cEn este esquema, los polic\u00edas y los fiscales dependen del Ej\u00e9rcito en labores de seguridad p\u00fablica, lo que hace muy dif\u00edcil que ante una denuncia de abuso cometido por un militar, un fiscal lo investigue\u201d, apunt\u00f3 Guevara, y sostuvo que esta realidad en el terreno ya tiene por consecuencia una \u201cimpunidad de facto\u201d y que la nueva ley de seguridad interior es \u201cuna ley a medida para garantizar la impunidad militar y (afirmar) la dependencia que tiene de ellos la clase pol\u00edtica\u201d.<\/p>\n

Guevara alert\u00f3 tambi\u00e9n sobre las preocupantes lagunas de la nueva ley: \u201cNo es clara, no establece que la intervenci\u00f3n militar se limite a las agencias de seguridad. Si se considera que un caso de corrupci\u00f3n, por ejemplo, es una afectaci\u00f3n a la seguridad interior, podr\u00eda intervenirse militarmente \u2013\u2018coordinando\u2019 por encima de los civiles\u2013 a instituciones de desarrollo social, pol\u00edticas educativas, en cuestiones de tr\u00e1nsito o comercio. La ley permite que el pa\u00eds se convierta en un r\u00e9gimen militar\u201d, sentenci\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u201cEn tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer m\u00e1s funciones que las que tengan exacta conexi\u00f3n con la disciplina militar\u201d, dice la Constituci\u00f3n mexicana. En 1996 los militares comenzaron a cumplir tareas de seguridad p\u00fablica de manera \u201cexcepcional\u201d…<\/p>\n","protected":false},"author":102520410,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"aside","meta":{"_coblocks_attr":"","_coblocks_dimensions":"","_coblocks_responsive_height":"","_coblocks_accordion_ie_support":"","advanced_seo_description":"","jetpack_seo_html_title":"","jetpack_seo_noindex":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[783],"tags":[17212,51660269],"class_list":["post-4107","post","type-post","status-publish","format-aside","hentry","category-mexico","tag-america-latina","tag-ley-de-seguridad-interior","post_format-post-format-aside"],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_likes_enabled":false,"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p7lt2C-14f","amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4107","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/102520410"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4107"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4107\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4108,"href":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4107\/revisions\/4108"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4107"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4107"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4107"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}