{"id":4079,"date":"2017-12-25T19:14:34","date_gmt":"2017-12-25T19:14:34","guid":{"rendered":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/?p=4079"},"modified":"2017-12-25T19:14:34","modified_gmt":"2017-12-25T19:14:34","slug":"uruguay-ahora-y-antes-violencia-institucional-e-impunidad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/?p=4079","title":{"rendered":"Uruguay &#8211; Ahora y antes: violencia institucional e impunidad"},"content":{"rendered":"<p><strong>Uruguay<\/strong><\/p>\n<p><strong>Se present\u00f3 el informe anual sobre derechos humanos de SERPAJ <\/strong><\/p>\n<p><strong>Ahora y antes <\/strong><\/p>\n<p><strong>Desde Serpaj se apuntan avances, pero tambi\u00e9n retrocesos. Las fuertes reivindicaciones para la conquista de nuevos derechos tuvieron como contracara el incremento de la violencia institucional, que, ejercida contra determinados sectores, fue ignorada, justificada o promovida. En 2017, adem\u00e1s, la justicia \u2013magra a la hora de condenar las violaciones cometidas durante la dictadura\u2013 retrocedi\u00f3 a\u00f1os en el debate sobre la imprescriptibilidad, mientras el Estado, frente a las \u201cmentiras\u201d y las \u201camenazas\u201d, se caracteriz\u00f3 por \u201cla inacci\u00f3n\u201d.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Betania N\u00fa\u00f1ez<\/strong><\/p>\n<p><strong>Brecha, 15-12-2017 <\/strong><strong><a href=\"https:\/\/brecha.com.uy\/\">https:\/\/brecha.com.uy\/<\/a><\/strong><\/p>\n<p>La agenda de derechos se ampli\u00f3. Sin embargo, hay derechos consagrados en las leyes que se violan en los hechos y hay fuertes reivindicaciones para conquistar nuevos, mientras sigue habiendo sectores de la sociedad por los que pocos pelean, y derechos que pocos defienden. Esa mirada, que atraviesa buena parte del informe del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) de 2017, \u201cDerechos humanos en el Uruguay\u201d, dispara la interrogante: \u00bfQu\u00e9 tipo de sujetos construye la agenda de derechos? \u201cHay algunos reclamos que se acompa\u00f1an y otros que no, entonces es interesante preguntarse si construye un sujeto transformador, cr\u00edtico, integral, que se preocupa por toda la gama de vulneraci\u00f3n de derechos o si sigue habiendo un grado de desigualdad en las reivindicaciones\u201d, plante\u00f3 Mauro Tomasini, miembro del consejo editor del informe, en di\u00e1logo con Brecha. Ni bien se habla de seguridad, \u201clos derechos empiezan a desvanecerse. Todos los avances que hay en algunos \u00e1mbitos, en otros, se limitan, se anulan o no existen, y hay conquistas muy interesantes mientras hay personas que viven en mazmorras\u201d, ejemplific\u00f3.<\/p>\n<p>Y en la misma l\u00ednea, Mariana Mosteiro, tambi\u00e9n militante de Serpaj e integrante del consejo editor, dijo al semanario que \u201cha habido muchos avances, pero en lo que est\u00e1 englobado en el informe como \u2018Seguridad democr\u00e1tica y derechos humanos\u2019, ha habido retrocesos\u201d. Por ejemplo, la modificaci\u00f3n del C\u00f3digo de la Ni\u00f1ez y la Adolescencia, que extendi\u00f3 la prisi\u00f3n preventiva hasta 150 d\u00edas, \u201cdeja una situaci\u00f3n grav\u00edsima a los adolescentes, de menos garant\u00edas que para los adultos\u201d. Asimismo, desde Serpaj consideran que la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia basada en g\u00e9nero, aprobada este mi\u00e9rcoles, implica un avance importante, pero \u201cel agravamiento de penas nos parece realmente un retroceso, porque no creemos que la c\u00e1rcel deba seguir siendo una soluci\u00f3n a todos los problemas\u201d.<\/p>\n<p>Tanto en el sistema penal juvenil como en el adulto, plante\u00f3 Mosteiro, \u201csigue habiendo una ausencia vertebral de qu\u00e9 hacer con una persona que est\u00e1 privada de libertad. La cantidad de muertes dentro de las c\u00e1rceles en 2016 fue alarmante, y en 2017 tambi\u00e9n viene siendo terrible\u201d. Seg\u00fan datos incluidos en el informe y facilitados por el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, en las c\u00e1rceles murieron 47 personas durante 2016 y en los primeros diez meses de 2017, otras 38.(1) La mayor cantidad de muertes \u201csuceden en los centros m\u00e1s grandes, como el Comcar y el Penal de Libertad, y si bien las recomendaciones nacionales e internacionales proponen que se piense en centros peque\u00f1os, estamos por inaugurar una c\u00e1rcel (en Punta de Rieles, que ser\u00e1 gestionada bajo el modelo de participaci\u00f3n p\u00fablico-privada) para 1.900 personas, que va en contra de todo lo que Uruguay tiene ratificado mediante acuerdos internacionales\u201d, resumi\u00f3 Mosteiro.<\/p>\n<p>\u201cEse Uruguay for export del matrimonio igualitario, la despenalizaci\u00f3n del aborto y la legalizaci\u00f3n de la marihuana\u201d tiene la contracara de \u201cotro mont\u00f3n de circunstancias muy soterradas que permiten ofrecer la imagen de que no tenemos tantos problemas\u201d, sostuvo Madel\u00f3n Aguerre, miembro de Serpaj, el pasado mi\u00e9rcoles durante la presentaci\u00f3n del informe.<\/p>\n<p>Por eso, en la actividad se hizo \u00e9nfasis en que existe un aumento de \u201cla violencia institucional\u201d y un \u201cdeterioro de algunos derechos humanos\u201d, acompa\u00f1ado de algo que apareci\u00f3 \u201cen los \u00faltimos tiempos\u201d y \u201ces extremadamente peligroso y preocupante: hay situaciones que son aprovechadas para echar le\u00f1a al fuego de la demanda social de mayor castigo, y hay personas que est\u00e1n utilizando su libertad de expresi\u00f3n para pedir pena de muerte, cadena perpetua y otras cosas mucho peores\u201d, como lo plante\u00f3 el periodista Fabi\u00e1n Werner, a lo que su colega, Andrea Villaverde, acot\u00f3: \u201cPensar que en Uruguay hace tres a\u00f1os hubo un movimiento social muy fuerte que parti\u00f3 desde los m\u00e1s j\u00f3venes y logr\u00f3 que no se bajara la edad de imputabilidad\u201d. Si en ese momento \u201cse vio a una sociedad muy politizada que respond\u00eda en clave de derechos humanos, muy poco tiempo despu\u00e9s, las personas que estaban movilizadas hoy est\u00e1n anestesiadas frente a esos reclamos\u201d. Los dos comunicadores, invitados por Serpaj, comentaron diferentes aspectos abordados en el informe.<\/p>\n<p><strong>Amenazas, inacci\u00f3n e impunidad<\/strong><\/p>\n<p>En materia de pasado reciente, el cap\u00edtulo que abre el informe, \u201clas conclusiones tristemente no son mejores que a\u00f1os anteriores y es terrible que la justicia haya reforzado la impunidad: tenemos una Suprema Corte de Justicia (Scj) que no nos deja de sorprender con fallos como el de la inconstitucionalidad\u201d del segundo y tercer art\u00edculo de la ley que restableci\u00f3 la pretensi\u00f3n punitiva del Estado para los delitos cometidos durante la dictadura, plante\u00f3 Mosteiro. \u201cTampoco se vieron avances del Grupo de Trabajo Verdad y Justicia, que depende directamente del Ejecutivo. Nos preocupa fuertemente porque el tiempo se vuelve un enemigo para las causas, para obtener justicia\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n<p>En ese sentido, en el art\u00edculo de los abogados Pablo Chargo\u00f1ia y Cl\u00e9mence Schumacher se sostiene que \u201cla mayor\u00eda de las v\u00edctimas de cr\u00edmenes de lesa humanidad no han visto satisfecho su derecho al amparo judicial.\u201d (2) Desde 2002, con el primer procesamiento \u2013el del canciller del gobierno de facto, Juan Carlos Blanco, por la desaparici\u00f3n forzada de Elena Quinteros\u2013, \u201cse someti\u00f3 a juicio penal a un total de 31 personas\u201d, por lo que se concluye que \u201cel exiguo n\u00famero caracteriza el modelo de justicia-impunidad posdictadura\u201d.<\/p>\n<p>La mayor\u00eda de los procesamientos refieren a casos de desaparici\u00f3n forzada \u2013algunos catalogados como homicidios \u201ca pesar de la ignorancia sobre el paradero de la v\u00edctima y del car\u00e1cter permanente del il\u00edcito\u201d\u2013 y en abril de este a\u00f1o, por primera y \u00fanica vez, se imput\u00f3 el delito de tortura. En el art\u00edculo se subraya que no ha habido ning\u00fan procesamiento por cr\u00edmenes contra la libertad sexual ni sustracci\u00f3n de menores.<\/p>\n<p>Y a ese panorama, que se sostiene desde hace d\u00e9cadas, se le sum\u00f3 este a\u00f1o la ausencia del Estado uruguayo en las sesiones de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), realizadas en mayo en Buenos Aires, tema que fue abordado en el art\u00edculo de Wilder Tyler, director de la Instituci\u00f3n Nacional de Derechos Humanos. (3) En esas instancias se buscaba debatir el proceso de selecci\u00f3n de los jueces que integran la Scj, que en las palabras de Tyler \u201cse limita a una negociaci\u00f3n pol\u00edtica entre los partidos representados en el Parlamento\u201d y se caracteriza por \u201cla falta de transparencia e informaci\u00f3n p\u00fablica as\u00ed como por la ausencia de participaci\u00f3n de la sociedad\u201d. Asimismo, se pretend\u00eda analizar \u201clos obst\u00e1culos cada vez m\u00e1s evidentes para la investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n de los abusos contra los derechos humanos cometidos durante la pasada dictadura militar\u201d y \u201clas amenazas contra fiscales, abogados y defensores de los derechos humanos que fueran proferidas por un \u2018Comando Barneix\u2019, as\u00ed como la sustracci\u00f3n de informaci\u00f3n y las amenazas a integrantes del Grupo de Investigaci\u00f3n en Antropolog\u00eda Forense del Uruguay (Giaf)\u201d. Por eso, la ausencia del Estado uruguayo \u201ccaus\u00f3 estupor y perplejidad, primero, y una buena cuota de indignaci\u00f3n, despu\u00e9s\u201d, y si bien en el per\u00edodo de sesiones celebrado en octubre en Montevideo, \u201cUruguay prest\u00f3 todo su apoyo\u201d y la ausencia en Buenos Aires parec\u00eda haber sido superada, mientras Tyler redactaba el art\u00edculo que aqu\u00ed se menciona, \u201cse conoci\u00f3 una (nueva y) nefasta sentencia\u201d, la de la Scj: \u201cDe esta forma la corte ubica a Uruguay en contravenci\u00f3n de la normativa internacional que lo obliga en materia de derechos humanos y de los est\u00e1ndares legales del sistema interamericano. Se da as\u00ed un nuevo paso para consolidar la impunidad en el pa\u00eds\u201d.<\/p>\n<p>\u201cEs significativo que un pa\u00eds como Uruguay, que respald\u00f3 hist\u00f3ricamente al sistema interamericano de derechos humanos, terminara dejando una silla vac\u00eda. Es un hecho simb\u00f3lico (que en materia de derechos humanos) fue tal vez de los m\u00e1s importantes del a\u00f1o\u201d, dijo Werner sobre el cierre de la presentaci\u00f3n, a lo que Villaverde agreg\u00f3: \u201cEse hecho y la no respuesta de (el presidente Tabar\u00e9) V\u00e1zquez al pedido de Familiares\u201d de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, que exigi\u00f3 la destituci\u00f3n del comandante en jefe del Ej\u00e9rcito, Guido Manini R\u00edos, por brindar informaci\u00f3n falsa sobre el paradero de un posible enterramiento clandestino, \u201c fueron los dos hechos m\u00e1s graves del a\u00f1o\u201d. Y agreg\u00f3: \u201cEste 2017 ha sido un a\u00f1o complejo. No s\u00f3lo sucedieron las amenazas\u201d, primero, del Comando Barneix y, m\u00e1s recientemente, la dirigida al fiscal de Corte, Jorge D\u00edaz, \u201csino que tambi\u00e9n se vio una gran inacci\u00f3n del Estado. De las amenazas todav\u00eda no sabemos nada. El robo en el Giaf tampoco se ha aclarado\u201d.<\/p>\n<p><strong><u>Notas <\/u><\/strong><\/p>\n<p>1) El tema se aborda en el art\u00edculo \u201cNadie es capaz de matarte en mi alma\u201d.<\/p>\n<p>2) \u201cLa judicializaci\u00f3n de las graves violaciones a los derechos humanos del pasado reciente: norma jurisprudencial (2013-2017).\u201d<\/p>\n<p>3) \u201cEl Estado uruguayo y la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en su 162o per\u00edodo de sesiones en Buenos Aires: la ausencia que nadie necesitaba.\u201d<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Desde Serpaj se apuntan avances, pero tambi\u00e9n retrocesos. 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