{"id":2982,"date":"2017-07-21T16:33:54","date_gmt":"2017-07-21T16:33:54","guid":{"rendered":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/?p=2982"},"modified":"2017-07-21T16:33:54","modified_gmt":"2017-07-21T16:33:54","slug":"colombia-la-otra-cara-de-la-paz-la-matanza-de-lideres-sociales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/?p=2982","title":{"rendered":"Colombia &#8211; La otra cara de la paz: la matanza de l\u00edderes sociales"},"content":{"rendered":"<p><strong>Colombia<\/strong><\/p>\n<p><strong>La otra cara de la paz<\/strong><\/p>\n<p><strong>La matanza de l\u00edderes sociales <\/strong><\/p>\n<p><strong>A Jos\u00e9 Yimer Cartagena \u00dasuga lo mataron entre la noche del martes 10 y la madrugada del 11 de enero en la regi\u00f3n de Urab\u00e1. Su cuerpo fue agujereado por m\u00e1s de 30 pu\u00f1aladas y ten\u00eda visibles signos de tortura. M\u00e1s de 40 dirigentes sociales han sido masacrados en los \u00faltimos siete meses en Colombia, sin que del tema se hable a nivel internacional.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Rafael Alonso Mayo *<\/strong><\/p>\n<p><strong>Brecha, 14-7-2017\u00a0<\/strong><strong><a href=\"http:\/\/brecha.com.uy\/\">http:\/\/brecha.com.uy\/<\/a><\/strong><\/p>\n<p>Con 30 a\u00f1os de edad, Yimer era vicepresidente de la Asociaci\u00f3n Campesina del Alto Sin\u00fa (Asodecas) e integraba el movimiento pol\u00edtico Marcha Patri\u00f3tica, en el departamento de C\u00f3rdoba. En sus \u00faltimos meses de vida andaba motivando a los campesinos de la zona a dejar los cultivos il\u00edcitos y a integrarse a los programas de sustituci\u00f3n que ha venido promoviendo el gobierno nacional en distintas zonas del pa\u00eds. Pero tambi\u00e9n, dicen sus compa\u00f1eros de Asodecas, se encontraba haciendo pedagog\u00eda del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 entre el gobierno colombiano y las Farc, tras 52 a\u00f1os de guerra. \u201cEra una persona muy entregada al trabajo social, muy atento al cambio del pa\u00eds y de su comunidad. Su muerte fue para nosotros, como asociaci\u00f3n, un golpe muy duro\u201d, dice su compa\u00f1ero Luis Carlos Su\u00e1rez, coordinador de Asodecas.<\/p>\n<p>Jos\u00e9 viajaba desde un sector conocido como El Cerro hasta el casco urbano de Carepa cuando fue abordado por un grupo de hombres armados que lo obligaron a subirse a una camioneta blanca de alta cilindrada. Los mismos hombres le advirtieron a la comunidad no mencionar ni una sola palabra de lo que hab\u00edan visto.<\/p>\n<p>Un d\u00eda despu\u00e9s sus familiares debieron ir hasta la morgue del pueblo a reconocer el cad\u00e1ver.<\/p>\n<p>\u00bfQui\u00e9n lo asesin\u00f3 y por qu\u00e9? \u00bfQui\u00e9n est\u00e1 matando a los l\u00edderes sociales en Colombia tras la firma del acuerdo de paz? \u00bfEs este un fen\u00f3meno sistem\u00e1tico o una simple coincidencia, en un pa\u00eds agobiado por m\u00faltiples conflictos y acostumbrado a ver caer, asesinados, a defensores de derechos humanos, profesores, alcaldes, ministros, e incluso a candidatos presidenciales? Estas preguntas se las han venido haciendo en los \u00faltimos meses defensores de derechos humanos, analistas, periodistas e investigadores, a ra\u00edz de la muerte de Jos\u00e9 Yimer y de 41 l\u00edderes m\u00e1s que, seg\u00fan el medio independiente Generaci\u00f3n Paz, han sido asesinados entre el 2 de diciembre de 2016 y el 1 de julio del presente a\u00f1o.<\/p>\n<p>\u00bfDe d\u00f3nde vienen las balas y qu\u00e9 intereses hay de por medio para acabar con la vida de representantes de peque\u00f1as organizaciones rurales, muchas de ellas ubicadas en las antiguas zonas de influencia de las Farc, que luego de entregar sus armas se preparan para reintegrarse a la vida civil?<\/p>\n<p>Son muchas preguntas sobre un asunto complejo para un pa\u00eds como Colombia, que aunque transita hacia el posconflicto con la entrega reciente por parte de las Farc de m\u00e1s de 7 mil armas a las Naciones Unidas y la desmovilizaci\u00f3n de igual n\u00famero de hombres de ese grupo, a\u00fan es escenario de combates en selvas y monta\u00f1as, donde operan el Ej\u00e9rcito de Liberaci\u00f3n Nacional (Eln) \u2013con cerca de 2.500 hombres, seg\u00fan estimaciones oficiales\u2013 y varias disidencias de antiguos grupos paramilitares, desmovilizados hace una d\u00e9cada por el gobierno de \u00c1lvaro Uribe y que ahora se conocen con los nombres de El Clan del Golfo y Autodefensas Gaitanistas de Colombia.<\/p>\n<p><strong>Reacomodo <\/strong><\/p>\n<p>\u201cNo hay un actor \u00fanico\u201d, es la primera respuesta que ofrece el investigador social Max Yuri Gil, quien lleva varios a\u00f1os descifrando las imbricadas redes del conflicto armado en Colombia. Podr\u00eda decirse, explica, que se debe fundamentalmente a disputas de tipo territorial asociadas a la llegada de nuevas organizaciones a los territorios abandonados por las Farc. Se trata de grupos paramilitares o \u201cgrupos posdesmovilizaci\u00f3n\u201d, como prefiere llamarlos la Onu, que estar\u00edan disput\u00e1ndose estos territorios, caracterizados por econom\u00edas ilegales donde predominan los cultivos de coca, la miner\u00eda ilegal y la tala de bosques. \u201cEso ha generado una gran disputa por los recursos, y cuando las Farc abandonan estas \u00e1reas empieza a producirse un reacomodo, un reordenamiento que ha costado la vida de una parte de estos l\u00edderes\u201d, explica el acad\u00e9mico. Sin embargo, el gobierno de Juan Manuel Santos ha defendido la postura de que en el pa\u00eds no existen grupos paramilitares sino bandas criminales que act\u00faan sin mayor articulaci\u00f3n. \u201cEn Colombia no hay paramilitarismo. Decir que en el pa\u00eds hay paramilitarismo significar\u00eda otorgar un reconocimiento pol\u00edtico a unos bandidos dedicados a la delincuencia com\u00fan organizada\u201d, dijo en enero pasado el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.<\/p>\n<p>Las declaraciones de Villegas han sido rebatidas por instituciones como el Centro de Investigaci\u00f3n y Educaci\u00f3n Popular (Cinep), que en un informe publicado en mayo (\u201cEl paramilitarismo en Colombia s\u00ed existe\u201d) atribuye a paramilitares 550 hechos violentos ocurridos en 2016, entre los que se encuentran asesinatos, desapariciones y torturas. Esta cifra, destaca el informe, \u201cdemuestra que contin\u00faa la guerra sucia contra l\u00edderes sociales, defensores de derechos humanos y l\u00edderes pol\u00edticos de izquierda\u201d.<\/p>\n<p>El Ministerio de Defensa insiste en que aqu\u00ed no hay paramilitares, pero se comportan como tales, apunta Max Yuri Gil. \u201cLo que pasa es que la particularidad del paramilitarismo colombiano es que desde hace muchos a\u00f1os est\u00e1 muy permeado por el narcotr\u00e1fico, y eso ofrece una especie de turbulencia\u201d, agrega.<\/p>\n<p>Seg\u00fan el periodista Juan Diego Restrepo, las balas que est\u00e1n asesinando a l\u00edderes sociales y a defensores de derechos humanos vienen de diversos sectores. Entre ellos destaca los grupos de narcotraficantes con intereses en algunas regiones estrat\u00e9gicas. Pero tambi\u00e9n est\u00e1n los due\u00f1os de amplias extensiones de tierra que han sido afectados por los procesos recientes de restituci\u00f3n. Restrepo tampoco descarta el accionar de grupos guerrilleros, como el Eln y algunas disidencias de las Farc, que prefirieron huir de los acuerdos antes que apostar a la v\u00eda pac\u00edfica.<\/p>\n<p>El tema del narcotr\u00e1fico resulta fundamental para entender el conflicto colombiano durante las \u00faltimas tres d\u00e9cadas. Sobre todo si se tiene en cuenta que los grupos ilegales se han alimentado de \u00e9l para financiar sus acciones. As\u00ed lo argumentan los distintos informes del Centro Nacional de Memoria Hist\u00f3rica, organismo creado bajo la ley de v\u00edctimas y restituci\u00f3n de tierras (1.448), de 2011, con el objetivo de reconstruir la memoria de la guerra en el pa\u00eds.<\/p>\n<p>Este no es un tema menor, sobre todo cuando se sabe que Colombia encabeza la lista de los pa\u00edses con mayor producci\u00f3n de coca, seg\u00fan el informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos. Las \u00faltimas cifras sobre el crecimiento de este cultivo en el pa\u00eds indican que la cantidad de hect\u00e1reas sembradas pas\u00f3 de 160 mil, en 2015, a 188 mil en 2016, un crecimiento del 13 por ciento.<\/p>\n<p>En cuanto al proceso de restituci\u00f3n de tierras, el asunto no es de menor importancia si se entiende que \u00e9ste ha sido determinante en el conflicto armado interno. En las \u00faltimas tres d\u00e9cadas miles de campesinos han debido abandonar sus parcelas, que han sido usurpadas. La ley 1.448 busca generar las condiciones propicias para reparar a las v\u00edctimas y devolver la tierra a quienes por derecho propio son sus poseedores. Pero antes de que la ley demostrara resultados efectivos, los campesinos recibieron amenazas y empezaron a ser asesinados. Ser \u201creclamante de tierras\u201d en Colombia tambi\u00e9n se ha convertido en un factor de persecuci\u00f3n y asesinato. \u201cDada la complejidad de los territorios, es necesario pensar que no hay un inter\u00e9s com\u00fan nacional, sino que hay unas agendas territorializadas que impactan a diversos actores que desde la legalidad ven en el asesinato una manera de intimidar y acallar voces tan importantes como las de los l\u00edderes sociales\u201d, reflexiona Juan Diego Restrepo.<\/p>\n<p>Otro asunto que influye notoriamente, dice Max Yuri Gil, es que el acuerdo de paz con las Farc ofrece un conjunto de transformaciones democr\u00e1ticas que empiezan a llegar a los territorios. \u201cDigamos que hay una especie de reordenamiento de la competencia por los poderes locales, y creo que hay sectores que est\u00e1n tratando de diezmar las bases sociales de las Farc de cara a una competencia electoral futura.\u201d<\/p>\n<p><strong>Asesinatos sistem\u00e1ticos <\/strong><\/p>\n<p>Un tema que ha estado en el debate durante los \u00faltimos meses entre el gobierno y diversos actores sociales y acad\u00e9micos es si la muerte violenta de l\u00edderes sociales puede considerarse sistem\u00e1tica o si por el contrario son simplemente acciones no planificadas de los actores ilegales. En marzo pasado, durante la sesi\u00f3n 161 de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), el gobierno advirti\u00f3 que era prematuro declarar la muerte violenta de l\u00edderes sociales como una acci\u00f3n sistem\u00e1tica. Esas afirmaciones se dieron dos meses despu\u00e9s de que el ministro de Defensa dijera que estos asesinatos est\u00e1n m\u00e1s relacionados con el crimen organizado y que no hay evidencias suficientes para sugerir la existencia de elementos comunes. \u201cHay asesinatos, pero no son sistem\u00e1ticos. Si lo fueran ser\u00eda el primero en aceptarlo\u201d, apunt\u00f3 Villegas.<\/p>\n<p>Para Max Yuri Gil, en cambio, no hay ninguna duda de la sistematicidad de estas acciones. Por ello considera que la discusi\u00f3n propuesta por el ministro de Defensa pertenece m\u00e1s al campo ret\u00f3rico y jur\u00eddico que al de la realidad.<\/p>\n<p>Una l\u00ednea similar plantea Andr\u00e9s Su\u00e1rez, investigador del Centro Nacional de Memoria Hist\u00f3rica, para quien el problema radica en que se est\u00e1 convirtiendo un problema pol\u00edtico, como es la muerte violenta de l\u00edderes sociales, en un asunto jur\u00eddico. \u201cSi yo empiezo a buscar que se cumpla desde lo jur\u00eddico la condici\u00f3n de un ataque sistem\u00e1tico o generalizado, puedo encontrar las razones para decir que no tengo elementos suficientes. Este planteamiento ayuda a bajarle el perfil al tema y eso favorece el accionar de los actores\u201d, dice. Su\u00e1rez plantea la necesidad de hacer un an\u00e1lisis pol\u00edtico del tema. \u201cDesde 2012 hasta la fecha tenemos ataques recurrentes contra l\u00edderes sociales, en un contexto donde la violencia se ha reducido, pero la que afecta a los l\u00edderes est\u00e1 subiendo. Segundo, un ataque sistem\u00e1tico tambi\u00e9n se puede leer por patrones que uno encuentra. Por ejemplo, a qui\u00e9n se ataca de manera permanente. Y tercero, cuando hablamos de patrones sistem\u00e1ticos, a veces imaginamos que est\u00e1n orquestados desde el nivel central, y resulta que los planes para que algo sea sistem\u00e1tico tambi\u00e9n pueden ser regionales\u201d, se\u00f1ala el acad\u00e9mico, y llama la atenci\u00f3n sobre la necesidad de abrir la perspectiva para poder entender y visibilizar las estrategias de los perpetradores de estos cr\u00edmenes.<\/p>\n<p>El periodista Juan Diego Restrepo tampoco duda de la sistematicidad de estos homicidios. \u201cQue hayan matado a 30 o 35 l\u00edderes sociales en lo que va del a\u00f1o tiene que estar diciendo algo al respecto de c\u00f3mo son miradas y c\u00f3mo son analizadas sus actuaciones\u201d, observa.<\/p>\n<p>El defensor del pueblo, Carlos Negret Mosquera, subraya a su vez que la informaci\u00f3n obtenida por su entidad \u201crevela que estas violaciones a los derechos humanos son generalizadas, al tener un n\u00famero significativo de v\u00edctimas pertenecientes a grupos de caracter\u00edsticas semejantes, y sucedidas en un mismo per\u00edodo y espacio geogr\u00e1fico\u201d. Entre el 1 de enero de 2016 y el 1 de marzo de este a\u00f1o, la Defensor\u00eda del Pueblo relev\u00f3 156 asesinatos de dirigentes sociales y defensores de derechos humanos.<\/p>\n<p><strong>Nada nuevo <\/strong><\/p>\n<p>Si bien estos asesinatos han aumentado sobre todo desde 2012, cuando arrancaron las negociaciones de paz entre el gobierno y las Farc, atentar contra l\u00edderes de la sociedad civil siempre ha sido parte de la estrategia de los actores armados ilegales. S\u00f3lo entre 2005 y 2015 el Observatorio de Restituci\u00f3n y Regulaci\u00f3n de Derechos de Propiedad Agraria contabiliz\u00f3 el asesinato de 500 dirigentes campesinos. El Observatorio, del que hacen parte varias universidades colombianas, advierte que a pesar de las \u00faltimas desmovilizaciones de organizaciones armadas, el fen\u00f3meno no ha disminuido y, por el contrario, tiende a aumentar. Tambi\u00e9n destaca que estas acciones est\u00e1n asociadas a grupos herederos de las estructuras paramilitares presentes en los territorios, aunque pone bajo la lupa que m\u00e1s de la mitad de los asesinatos (58 por ciento) hayan sido perpetrados por \u201cagentes desconocidos\u201d.<\/p>\n<p>En este escenario tambi\u00e9n hay que recordar la masacre de buena parte de los militantes de la Uni\u00f3n Patri\u00f3tica (UP), el partido de izquierda que surgi\u00f3 de las negociaciones de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las Farc, en 1984. El asesinato de dos de sus candidatos a la presidencia, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo, de siete de sus congresistas, 13 diputados, 11 alcaldes, 70 concejales y de por lo menos 3 mil de sus militantes llev\u00f3 a que 32 a\u00f1os despu\u00e9s el Estado reconociera este hecho como un genocidio pol\u00edtico. \u201cEl exterminio y desaparici\u00f3n de la Uni\u00f3n Patri\u00f3tica jam\u00e1s debi\u00f3 haber ocurrido\u201d, admiti\u00f3 en setiembre de 2016 el presidente Santos frente a un grupo de sobrevivientes de la UP. Y admiti\u00f3 que \u201cel Estado no tom\u00f3 medidas suficientes para impedir y prevenir los asesinatos, los atentados y las dem\u00e1s violaciones, a pesar de la evidencia palmaria de que esa persecuci\u00f3n estaba en marcha\u201d.<\/p>\n<p>Comparando ese \u201cgenocidio\u201d con la situaci\u00f3n actual, Andr\u00e9s Su\u00e1rez enfatiza que los militantes de la UP salieron a la escena p\u00fablica a reivindicar las banderas de su partido, cosa que no hacen los l\u00edderes sociales que est\u00e1n siendo asesinados actualmente. \u201cEstamos hablando de un perfil de gente que no ha manifestado necesariamente apuestas de participaci\u00f3n pol\u00edtica. Se est\u00e1 diciendo, entonces, que ahora no se necesita participar en una contienda electoral para ser potencial v\u00edctima: no te organices, ni te quiero ver en reu\u00adniones en las cuales va a implementarse o se va a materializar el acuerdo de paz\u2026\u201d<\/p>\n<p>Max Yuri Gil reconoce que aunque el asesinato de defensores de derechos humanos y de dirigentes sindicales y campesinos ha sido habitual en el pa\u00eds, las cifras presentes son superiores, y ello est\u00e1 relacionado directamente con la finalizaci\u00f3n del proceso de paz. \u201cEs evidente que hay un incremento de las acciones ligado al fin del proceso de negociaci\u00f3n y a la fase de implementaci\u00f3n y transformaci\u00f3n de las Farc en partido pol\u00edtico\u201d, dice. Juan Restrepo no lo niega, pero observa que \u201cquienes dicen que esto es nuevo no tienen el contexto, no ligan el pasado con el presente, no tienen esa posibilidad de relacionar hechos, territorios, agendas, y eso va invisibilizando situaciones que hablan de una sistematicidad\u201d. Si los asesinatos de este tipo se siguen produciendo sin que el Estado haga nada por prevenirlo, se pregunta, \u201c\u00bfqui\u00e9n en los territorios se va a poner la camiseta de la defensa del proceso de paz? \u00bfQui\u00e9n en los territorios va a participar de la implementaci\u00f3n, qui\u00e9n lo va a liderar?\u201d.<\/p>\n<p>* Antrop\u00f3logo y periodista colombiano. Especial para Brecha.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A Jos\u00e9 Yimer Cartagena \u00dasuga lo mataron entre la noche del martes 10 y la madrugada del 11 de enero en la regi\u00f3n de Urab\u00e1. Su cuerpo fue agujereado por m\u00e1s de 30 pu\u00f1aladas y ten\u00eda visibles signos de tortura. 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