{"id":26058,"date":"2022-05-08T18:40:26","date_gmt":"2022-05-08T16:40:26","guid":{"rendered":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/?p=26058"},"modified":"2022-05-08T18:41:10","modified_gmt":"2022-05-08T16:41:10","slug":"colombia-rastro-de-sangre-la-violencia-marca-la-campana-daniel-gatti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/?p=26058","title":{"rendered":"Colombia – Rastro de sangre. La violencia marca la campa\u00f1a. [Daniel Gatti]"},"content":{"rendered":"
Congresistas colombianos protestan contra la masacre de Putumayo. Afp, Ra\u00fal Arboleda<\/h5>\n

Con m\u00e1s de 200 masacres desde 2020 hasta hoy, la cercan\u00eda de las presidenciales acelera el ritmo de los asesinatos pol\u00edticos. Al mismo tiempo, algunos militares empiezan a reconocer las atrocidades cometidas bajo el mandato de \u00c1lvaro Uribe.<\/b><\/span><\/p>\n

Brecha<\/a>, 6-5-2022 <\/b><\/span><\/p>\n

Correspondencia de Prensa<\/a>, 8-5-2022<\/strong><\/span><\/p>\n

Las elecciones de 2018 fueron las menos violentas de la historia pol\u00edtica reciente de Colombia. Las de este a\u00f1o \u2013las legislativas de marzo (v\u00e9ase \u00abEl v\u00f3rtice del hurac\u00e1n\u00bb, Brecha, 17-III-22) y las presidenciales del 29 de mayo\u2013 se dan en cambio en un contexto de violencia creciente. Cuando Iv\u00e1n Duque lleg\u00f3 al poder, en agosto de 2018, los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) llevaban casi dos a\u00f1os de aplicaci\u00f3n. En setiembre de 2017, Naciones Unidas hab\u00eda dado por terminado el proceso de desmovilizaci\u00f3n del exgrupo guerrillero, que involucr\u00f3 a unos 13 mil de sus combatientes. Los acuerdos implicaban la puesta en marcha de una serie de reformas pol\u00edticas y sociales. Duque se propuso dejarlos en papel mojado. No solo los incumpli\u00f3, sino que dio v\u00eda libre a los grupos paramilitares, que comenzaron a cazar a los excombatientes desmovilizados (como ya hab\u00eda sucedido en procesos de paz anteriores) y acentu\u00f3 la represi\u00f3n a las protestas sociales, que a lo largo de su gesti\u00f3n se fueron multiplicando hasta llegar al paro nacional de hace justo un a\u00f1o (v\u00e9ase \u00abMasacrados<\/a>\u00bb, Brecha, 7-V-21).<\/span><\/p>\n

\u00abNo se puede negar que, a cinco a\u00f1os de la firma del acuerdo de paz, permanece el sufrimiento de las comunidades campesinas, ind\u00edgenas y afro a lo largo de todo el pa\u00eds, as\u00ed como la exclusi\u00f3n y la falta de oportunidades, especialmente para mujeres y hombres j\u00f3venes\u00bb, dijo por estos d\u00edas Martha M\u00e1rquez, directora del Centro de Investigaci\u00f3n y Educaci\u00f3n Popular (CINEP), que a fines de abril present\u00f3 su balance semestral sobre la violencia pol\u00edtica en Colombia.<\/span><\/p>\n

El informe, publicado en la revista Noche y Niebla<\/a>, da cuenta de un \u00abavance del paramilitarismo en connivencia con el Estado\u00bb y de \u00abpersecuci\u00f3n a la protesta social\u00bb, que se traduce en un goteo continuo de asesinatos de dirigentes sociales y de excombatientes. Seg\u00fan el documento, en 2021 la Polic\u00eda Nacional y los grupos paramilitares fueron responsables de casi 1.400 casos de violaciones a los derechos humanos, muchas de ellas cometidas durante e inmediatamente despu\u00e9s del paro nacional.<\/span><\/p>\n

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz estableci\u00f3 a su vez que, desde el acuerdo con las FARC, han sido asesinados 1.270 dirigentes sociales y 314 excombatientes. Entre enero de 2020 y noviembre de 2021, hubo reportes de 179 \u00abmasacres\u00bb (matanzas colectivas) y, en lo que va de este a\u00f1o, 33, con 122 v\u00edctimas. Hay en promedio una masacre cada cuatro d\u00edas. Los dirigentes sociales atacados y muertos en 2022 suman 61. El caso m\u00e1s reciente, el 30 de abril, es el del l\u00edder ind\u00edgena Yesid Ca\u00f1a. Tres semanas antes hab\u00edan sido asesinados dos exguerrilleros.<\/span><\/p>\n

En setiembre pasado, cuando se present\u00f3 un anterior informe del CINEP, el director de Noche y Niebla, el padre jesuita Javier Giraldo, hab\u00eda denunciado el \u00abdesmoronamiento del Estado de derecho\u00bb. \u00abLo que queda son las ruinas de un Estado genocida\u00bb, dijo entonces. El 21 de abril, en la presentaci\u00f3n del \u00faltimo balance del centro, el sacerdote puso el acento en la impunidad de todos estos hechos. \u00abSe est\u00e1 dando al traste con la credibilidad de la Justicia\u00bb, afirm\u00f3. Y en la conferencia se aludi\u00f3 al retorno a las pr\u00e1cticas de los \u00abfalsos positivos\u00bb: la ejecuci\u00f3n lisa y llana por fuerzas de seguridad de militantes pol\u00edticos y sociales, presentados luego por el Estado como muertos en combate, algo habitual durante los mandatos de \u00c1lvaro Uribe (2002-2010), el padre pol\u00edtico y referente de Duque.<\/span><\/p>\n

Un caso de ese tipo habr\u00eda tenido lugar el 28 de marzo en el departamento de Putumayo, donde el ej\u00e9rcito mat\u00f3 a 11 personas. El ministro de Defensa, Diego Molano, dijo ante el parlamento el 25 de abril que se trat\u00f3 de una operaci\u00f3n contra \u00abel ELN [Ej\u00e9rcito de Liberaci\u00f3n Nacional] y disidencias de las FARC\u00bb, y que se hizo \u00abbajo estrictos protocolos\u00bb y siguiendo \u00abest\u00e1ndares de derechos humanos\u00bb. El presidente Duque se refiri\u00f3 en Twitter a una exitosa operaci\u00f3n contra el narcotr\u00e1fico.<\/span><\/p>\n

Una investigaci\u00f3n publicada el 12 de abril por la revista Cambio<\/a> da cuenta, por el contrario, de una \u00abmatanza\u00bb. Los periodistas de esa publicaci\u00f3n y de otros medios recogieron los testimonios de \u00abm\u00e1s de 30 sobrevivientes, habitantes, familiares de las v\u00edctimas, militares, fiscales y t\u00e9cnicos judiciales\u00bb y accedieron a \u00abun paquete de escalofriantes fotograf\u00edas, informes oficiales y reveladores videos que fueron analizados por expertos forenses\u00bb, consigna Cambio.<\/span><\/p>\n

Seg\u00fan se\u00f1ala la investigaci\u00f3n, los militares se presentaron durante una fiesta ind\u00edgena regional que reun\u00eda a comunidades de Colombia, Per\u00fa y Ecuador al grito de \u00abSomos la guerrilla\u00bb, vestidos como si se tratara de disidencias de las FARC. Los testigos hablan de ejecuciones y dicen que a varios de los asesinados les colocaron fusiles tras haberlos acribillado. \u00abLos hallazgos preliminares de los cuerpos indican que hubo manipulaci\u00f3n y alteraci\u00f3n del sitio con fines de escenificar, es decir, se muestra algo que en realidad no ocurri\u00f3 para desviar la investigaci\u00f3n de forma deliberada\u00bb, afirm\u00f3 un forense.<\/span><\/p>\n

Entre los muertos figuran el presidente de la Junta de Acci\u00f3n Comunal, su esposa, embarazada, un gobernador ind\u00edgena y un adolescente de 16 a\u00f1os. Solo uno de los 11 asesinados ten\u00eda alg\u00fan tipo de antecedente policial. En el lugar se encontraron \u00abm\u00e1s muertos que armas, apenas cinco\u00bb, dice la revista. En el parlamento, el senador Iv\u00e1n Cepeda, del Pacto Hist\u00f3rico, liderado por Gustavo Petro \u2013favorito para ganar las elecciones presidenciales\u2013, asegur\u00f3 que se est\u00e1 ante un muy probable ejemplo de falsos positivos.<\/span><\/p>\n

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Entre 2002 y 2008 hubo en Colombia 6.402 casos de falsos positivos. No era una pr\u00e1ctica represiva nueva (sus or\u00edgenes se remontan a fines de los a\u00f1os ochenta), pero en \u00e9pocas de los gobiernos de Uribe se generalizaron. Desde el 26 de abril se los est\u00e1 ventilando con todo detalle, durante audiencias de la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz (JEP), un tribunal especial creado por los acuerdos de 2016. Las audiencias tienen lugar en Oca\u00f1a, a pedido de los familiares de las v\u00edctimas, que consideran esa ciudad del departamento de Norte de Santander como representativa de esa modalidad represiva. En Oca\u00f1a hubo 120 casos de falsos positivos y en todo el departamento m\u00e1s de 300. La sede elegida fue la Universidad Francisco de Paula Santander, que lleva el mismo nombre del batall\u00f3n responsable de los cr\u00edmenes.<\/span><\/p>\n

La mayor parte de las v\u00edctimas de estos casos eran hombres de 25 a 35 a\u00f1os de origen rural, acusados sin pruebas de pertenecer a la guerrilla. No viv\u00edan en Norte de Santander. Por lo general all\u00ed llegaban enga\u00f1ados con ficticias ofertas de empleo. Los ejecutaban, los hac\u00edan pasar como guerrilleros muertos en combate y desaparec\u00edan sus cuerpos. La JEP estableci\u00f3 que \u00aben esa regi\u00f3n miembros de la fuerza p\u00fablica \u201cescogieron a sus v\u00edctimas en procesos irregulares de inteligencia militar, que derivaron en falsas bajas en combate\u201d\u00bb (diario El Espectador, 25-IV-22).<\/span><\/p>\n

La novedad de las primeras audiencias fue que un general del Ej\u00e9rcito, otros nueve militares y un civil reconocieron por primera vez su responsabilidad en las matanzas, contaron c\u00f3mo las llevaron a cabo y pidieron perd\u00f3n a los familiares de los asesinados. \u00abQuiero que hoy el mundo sepa que eran campesinos, que yo, como miembro de la fuerza p\u00fablica, asesin\u00e9 cobardemente, les arrebat\u00e9 la ilusi\u00f3n a sus hijos, les desgarr\u00e9 el coraz\u00f3n a sus madres por una presi\u00f3n, por unos falsos resultados, por tener contento a un gobierno\u00bb, declar\u00f3 un cabo ante la JEP. Y el general Paulino Coronado dijo: \u00abQuiero expresarles que siento un gran remordimiento que me lacera el alma. S\u00e9 que afectamos a familias enteras, padres, madres, hijos, nietos. Les dejamos un gran vac\u00edo\u00bb.<\/span><\/p>\n

En las afueras del tribunal, las integrantes de Madres de Falsos Positivos colocaron carteles pidiendo saber todo, absolutamente todo, que las confesiones ingresen en el fondo del asunto. \u00ab\u00bfQui\u00e9n dio la orden?\u00bb, reclamaron. En 2021, los 11 acusados reconocieron por escrito ante la JEP que hab\u00edan actuado siguiendo un plan sistem\u00e1tico de exterminio. En la audiencia lo ratificaron.<\/span><\/p>\n

Un coronel, Rub\u00e9n Castro, dijo que \u00e9l \u00abdebi\u00f3\u00bb transmitir a sus subalternos \u00ablas pol\u00edticas de los diferentes escalones del mando\u00bb y acus\u00f3 al entonces comandante del Ej\u00e9rcito, Mario Montoya. Montoya siempre ha negado toda responsabilidad en los falsos positivos. Tambi\u00e9n la ha negado Uribe. El expresidente podr\u00eda ir a juicio pr\u00f3ximamente, no por ese caso en s\u00ed, sino por haber manipulado testigos y ofrecido sobornos para desacreditar al senador Cepeda, que lo acus\u00f3 de estar vinculado a grupos de extrema derecha. En agosto de 2020, la Corte Suprema orden\u00f3 su arresto domiciliario mientras avanzaba en la investigaci\u00f3n (v\u00e9ase \u00abLa mala hora del parapresidente\u00bb, Brecha, 7-VIII-20), pero luego el expediente pas\u00f3 a un tribunal ordinario, que orden\u00f3 su excarcelaci\u00f3n. La fiscal\u00eda tom\u00f3 a su cargo la investigaci\u00f3n y pidi\u00f3 su archivo, pero el 27 de abril una jueza lo desestim\u00f3. Si un tribunal superior confirma ese fallo, Uribe ser\u00e1 enjuiciado. Tras la derrota de su Centro Democr\u00e1tico en las legislativas de marzo, ser\u00eda el segundo mazazo pol\u00edtico en poco tiempo para este hombre, adalid de la estrategia de \u00abseguridad democr\u00e1tica\u00bb, tan ensalzada por las derechas del mundo, incluida la uruguaya.<\/span><\/p>\n

Hace dos a\u00f1os, cuando Uribe fue enviado a prisi\u00f3n domiciliaria, una veintena de expresidentes y exjefes de gobierno le manifestaron su solidaridad. Entre ellos estaban el paname\u00f1o Ricardo Martinelli, enjuiciado por corrupci\u00f3n, el salvadore\u00f1o Alfredo Cristiani, del partido de ultraderecha Arena, el espa\u00f1ol Jos\u00e9 Mar\u00eda Aznar, el argentino Mauricio Macri. Y nuestro Luis Alberto Lacalle.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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