{"id":23746,"date":"2022-01-27T08:55:43","date_gmt":"2022-01-27T07:55:43","guid":{"rendered":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/?p=23746"},"modified":"2022-01-27T08:55:43","modified_gmt":"2022-01-27T07:55:43","slug":"guatemala-25-anos-de-paz-ricardo-saenz-de-tejada","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/?p=23746","title":{"rendered":"Guatemala – \u00bf25 a\u00f1os de paz? [Ricardo S\u00e1enz de Tejada]"},"content":{"rendered":"

El aniversario del fin de la guerra interna en Guatemala pas\u00f3 desapercibido. Parte de la ciudadan\u00eda prefiere hablar con amarga iron\u00eda de los \u00abrecuerdos de paz\u00bb. Las esperanzas de derechos, paz e igualdad se disiparon frente a la corrupci\u00f3n, el neoliberalismo, las redes criminales y un proceso de involuci\u00f3n democr\u00e1tica que hoy se extiende por gran parte de Centroam\u00e9rica.<\/b><\/span><\/p>\n

Nueva Sociedad<\/a>, enero 2022<\/b><\/span><\/p>\n

Correspondencia de Prensa<\/a>, 27-1-2022<\/span><\/strong><\/p>\n

El 29 de diciembre de 1996 se firm\u00f3 en el Palacio Nacional de la Cultura el Acuerdo de Paz Firme y Duradera entre el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Con la suscripci\u00f3n de este documento terminaba una d\u00e9cada de negociaciones y se pon\u00eda fin a una guerra que tuvo, de acuerdo con la Comisi\u00f3n para el Esclarecimiento Hist\u00f3rico, un saldo de 200.000 muertos y 50.000 desaparecidos. Aquella tarde de diciembre, miles de guatemaltecos se hicieron presentes en la Plaza de la Constituci\u00f3n para celebrar la finalizaci\u00f3n del conflicto, festejos que se realizaron tambi\u00e9n en la mayor\u00eda de las ciudades y pueblos que fueron afectados por la violencia, as\u00ed como en los campamentos insurgentes, donde los combatientes guerrilleros se hab\u00edan \u00abconcentrado\u00bb para iniciar su desmovilizaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Un cuarto de siglo despu\u00e9s, la fecha pas\u00f3 casi desapercibida para la mayor\u00eda de la ciudadan\u00eda guatemalteca. El gobierno realiz\u00f3 un acto desangelado en el Patio de la Paz presidido por el ministro de cultura y al que asistieron mayoritariamente empleados de gobierno; el partido de la antigua insurgencia, ahora denominado Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca-Movimiento Amplio de Izquierda (URNG-MAIZ), public\u00f3 un largo comunicado en el que subrayaba la importancia de los acuerdos y las fallas en su cumplimiento, mientras que la plataforma de organizaciones de v\u00edctimas realiz\u00f3 una peque\u00f1a protesta frente al Palacio Nacional.<\/span><\/p>\n

\u00bfC\u00f3mo fue la negociaci\u00f3n y qu\u00e9 se estableci\u00f3 en los acuerdos de paz?<\/b><\/span><\/p>\n

Los grupos insurgentes aglutinados en la URNG negociaron el fin de la guerra con cuatro gobiernos distintos: Vinicio Cerezo Ar\u00e9valo (1986-1991), Jorge Serrano El\u00edas (1991-1993), Ramiro de Le\u00f3n Carpio (1993-1996) y Alvaro Arz\u00fa Irigoyen (1996-2000). Cuando iniciaron los di\u00e1logos, Am\u00e9rica Central era en uno de los \u00faltimos escenarios de la Guerra Fr\u00eda y el gobierno estadounidense estaba obsesionado con contener la \u00abamenaza comunista\u00bb en la regi\u00f3n. Para 1996, el Muro de Berl\u00edn hab\u00eda sido derribado, la Uni\u00f3n Sovi\u00e9tica se hab\u00eda desintegrado, los sandinistas hab\u00edan entregado el poder tras un proceso electoral democr\u00e1tico y las guerrillas salvadore\u00f1as aglutinadas en el Frente Farabundo Mart\u00ed para la Liberaci\u00f3n Nacional (FMLN) eran ya la segunda fuerza pol\u00edtica en el vecino pa\u00eds.<\/span><\/p>\n

Los cambios en el mundo afectaron a los actores en contienda. Las guerrillas pasaron de pensar el di\u00e1logo y negociaci\u00f3n como una t\u00e1ctica que les permitiera ganar tiempo para recomponer fuerzas a considerarlo un proceso estrat\u00e9gico que posibilitar\u00eda, desde su punto de vista, sentar las bases para la soluci\u00f3n de los problemas que causaron la guerra. Para el gobierno, implic\u00f3 tambi\u00e9n limitar la militarizaci\u00f3n del Estado y contener la autonom\u00eda del Ej\u00e9rcito en asuntos de contrainsurgencia. Para un sector de las elites empresariales, la pacificaci\u00f3n vendr\u00eda a mejorar el \u00abclima de negocios\u00bb y atraer\u00eda nuevas inversiones.<\/span><\/p>\n

Fue entonces cuando se molde\u00f3 una compleja agenda de negociaci\u00f3n dividida en temas sustantivos y operativos. Lo sustantivo abordaba los problemas que la sociedad guatemalteca ven\u00eda arrastrando desde tiempos coloniales y poscoloniales: el racismo, la discriminaci\u00f3n y la exclusi\u00f3n de los pueblos ind\u00edgenas, pero tambi\u00e9n la concentraci\u00f3n de la riqueza y la propiedad, as\u00ed como la persistencia de la pobreza y la desigualdad. Adem\u00e1s, dentro del eje sustantivo se pon\u00eda el foco en la militarizaci\u00f3n del Estado y el predominio del Ej\u00e9rcito en asuntos de seguridad ciudadana. Las cuestiones operativas, que fueron colocadas al final de la agenda de negociaci\u00f3n, se vinculaban con la desmovilizaci\u00f3n e incorporaci\u00f3n a la legalidad de las unidades guerrilleras. Adem\u00e1s, se trataron problem\u00e1ticas como el retorno de la poblaci\u00f3n refugiada en M\u00e9xico y en zonas monta\u00f1osas y selv\u00e1ticas del pa\u00eds, y el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos.<\/span><\/p>\n

Las negociaciones establecieron mecanismos para vincular a las organizaciones de la sociedad civil. Primero, se las incorpor\u00f3 a trav\u00e9s de una ronda de di\u00e1logos con la insurgencia, que facilit\u00f3 a las guerrillas encontrar puntos de coincidencia con las organizaciones sociales. Posteriormente, se dio lugar a Asamblea de la Sociedad Civil, espacio en el que por primera vez organizaciones, grupos, y pueblos pudieron dialogar y elaborar propuestas de soluci\u00f3n a los problemas del pa\u00eds. La Asamblea produjo documentos de consenso sobre cada uno de las tem\u00e1ticas de la negociaci\u00f3n. Aunque no eran vinculantes, estos documentos permit\u00edan constatar los alcances reales de cada uno de los acuerdos.<\/span><\/p>\n

Antes de negociar los temas sustantivos, se suscribieron varios acuerdos enmarcados en la defensa de los derechos humanos. En marzo de 1994, se suscribi\u00f3 el Acuerdo global sobre derechos humanos que entr\u00f3 en vigencia inmediatamente y dio lugar al despliegue de la Misi\u00f3n de Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA), cuya presencia no solo contribuy\u00f3 a la disminuci\u00f3n de las violaciones a los derechos humanos, sino que cre\u00f3 un ambiente propicio para la participaci\u00f3n y movilizaci\u00f3n social. En junio de ese mismo a\u00f1o se firm\u00f3 el Acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado, bajo el cual se institucionaliz\u00f3 el retorno organizado y en condiciones dignas de las miles de familias que tuvieron que desplazarse por las campa\u00f1as contrainsurgentes. Tambi\u00e9n en junio de 1994, se firm\u00f3 el Acuerdo sobre el Establecimiento de la Comisi\u00f3n para el Esclarecimiento Hist\u00f3rico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los Hechos de Violencia que han causado sufrimientos a la poblaci\u00f3n guatemalteca. La discusi\u00f3n de este tema fue compleja, ya que para el gobierno y el Ej\u00e9rcito resultaba inaceptable aceptar que se juzgara a los responsables de las violaciones graves y sistem\u00e1ticas a los derechos humanos ocurridos durante la guerra, mientras que, para las bases de la insurgencia y las organizaciones sociales, esta era una demanda central. En el acuerdo se acept\u00f3 crear una comisi\u00f3n de la verdad que no individualizar\u00eda responsabilidades ni tendr\u00eda consecuencias judiciales.<\/span><\/p>\n

El primer acuerdo sustantivo, Identidad y derechos de los pueblos ind\u00edgenas, fue el m\u00e1s avanzado, tanto en t\u00e9rminos conceptuales como pol\u00edticos. Firmado en marzo de 1995, este documento reconoci\u00f3 el car\u00e1cter multi\u00e9tnico y pluricultural de la sociedad guatemalteca y la identidad de los pueblos maya, xinca y gar\u00edfuna. A partir de ese acuerdo se alcanzaron una serie de medidas y acciones para el pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos culturales y pol\u00edticos de los pueblos ind\u00edgenas. Pero para su efectivo cumplimiento se acord\u00f3 la realizaci\u00f3n de una reforma constitucional.<\/span><\/p>\n

A diferencia del resto de los documentos, el Acuerdo sobre Aspectos Socioecon\u00f3micos y Situaci\u00f3n Agraria, firmado en mayo de 1996, fue ambiguo e insuficiente. En esto influyeron varios factores, como la vocaci\u00f3n de los mandos guerrilleros de lograr un entendimiento r\u00e1pido durante el primer a\u00f1o de gobierno del presidente Arz\u00fa, as\u00ed como la presi\u00f3n de los grupos empresariales para que este acuerdo no afectara ni la propiedad ni la estructura tributaria. A esto se sum\u00f3 la disoluci\u00f3n del equipo de asesores de la comandancia insurgente, que no estaba de acuerdo en firmar un documento tan laxo. Con esto se perdi\u00f3 la posibilidad de establecer, por lo menos en el papel, una soluci\u00f3n de fondo para cambiar el modelo econ\u00f3mico excluyente y concentrado que se mantiene en el pa\u00eds hasta la actualidad.<\/span><\/p>\n

Finalmente, el Acuerdo sobre Fortalecimiento del poder civil y papel del Ej\u00e9rcito en una sociedad democr\u00e1tica, firmado en septiembre de 1996, estableci\u00f3 la reducci\u00f3n efectiva del Ej\u00e9rcito, tanto en t\u00e9rminos num\u00e9ricos como de funciones. A su vez, bajo este acuerdo se robustec\u00eda a las entidades civiles de seguridad, incluyendo a la Polic\u00eda Nacional Civil y a los servicios de inteligencia.\u00a0 Sin embargo, el cambio de atribuciones para el Ej\u00e9rcito en materia de seguridad interna requer\u00eda tambi\u00e9n de una reforma constitucional.<\/span><\/p>\n

Con la suscripci\u00f3n del acuerdo sobre la desmilitarizaci\u00f3n quedaban pendientes temas que permitir\u00edan la desmovilizaci\u00f3n e incorporaci\u00f3n democr\u00e1tica de la insurgencia y afinar los mecanismos de su cumplimiento: cronograma, reformas constitucionales y r\u00e9gimen electoral. Pero, ya en la recta final de la negociaci\u00f3n, se dio a conocer que la Organizaci\u00f3n del Pueblo en Armas (ORPA) \u2014uno de los grupos integrantes de la URNG\u2014 hab\u00eda secuestrado a la matriarca de uno de los principales grupos empresariales del pa\u00eds (la familia Novela, monopolista del cemento) para cobrar un millonario rescate. Dos insurgentes fueron capturados: uno de ellos fue desaparecido y el otro fue intercambiado por la anciana. La negociaci\u00f3n fue suspendida y no se reanud\u00f3 hasta que Rodrigo Asturias Amado (comandante Gaspar Ilom) se retir\u00f3 de la mesa de negociaciones.\u00a0<\/span><\/p>\n

El secuestro y sus consecuencias afectaron las negociaciones. La URNG lleg\u00f3 debilitada a la discusi\u00f3n de los \u00faltimos acuerdos, se rompi\u00f3 la confianza construida entre las partes y la guerra terminaba con la desaparici\u00f3n forzada y el posible asesinato de un combatiente guerrillero. El 29 de diciembre de 1996, se firm\u00f3 el documento final, con el que se cerraban tres d\u00e9cadas de guerra y se abr\u00eda una nueva etapa para el pa\u00eds.<\/span><\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 pas\u00f3 con los acuerdos?<\/b><\/span><\/p>\n

La implementaci\u00f3n de los Acuerdos de Paz llevaba impl\u00edcitas tres condiciones necesarias para su cumplimiento. La primera era la aprobaci\u00f3n de las reformas constitucionales necesarias para ajustar el orden legal y el dise\u00f1o estatal a lo acordado. La segunda era la decisi\u00f3n gubernamental de invertir recursos pol\u00edticos, administrativos y financieros para hacer realidad los cambios establecidos. La tercera era que los grupos guerrilleros, convertidos en partido pol\u00edtico, lograran tener suficiente fuerza para impulsar desde el Congreso y el Ejecutivo la agenda de la paz.<\/span><\/p>\n

Ninguna de estas condiciones se cumpli\u00f3. En mayo de 1999, despu\u00e9s de una compleja negociaci\u00f3n en el Congreso, se realiz\u00f3 una consulta popular para aprobar las reformas establecidas en los acuerdos. Una coalici\u00f3n de grupos empresariales, denominaciones protestantes y sectores conservadores se movilizaron contra las reformas, particularmente las referidas al reconocimiento de los pueblos maya, xinca y gar\u00edfuna. Con una campa\u00f1a de desinformaci\u00f3n y miedo, lograron que una mayor\u00eda de electores rechazara las reformas. Con esto, se limitaron las posibilidades de cumplimiento del acuerdo.<\/span><\/p>\n

Por su parte, el gobierno firmante de la paz opt\u00f3 por impulsar un programa de reformas neoliberales que eran contrarias al esp\u00edritu y la letra de los acuerdos.\u00a0 Aunque se cre\u00f3 una secretar\u00eda adscrita a la presidencia, se opt\u00f3 por cumplir varios de los compromisos de manera aislada y no de la forma integral en la que originalmente fueron concebidos. Temas clave como la participaci\u00f3n ind\u00edgena a todo nivel, la reforma tributaria progresiva y la ley de desarrollo rural fueron postergadas. Finalmente, despu\u00e9s de lograr una votaci\u00f3n de 12% en las elecciones de 1999, el partido pol\u00edtico de la guerrilla (URNG-MAIZ) entr\u00f3 en una din\u00e1mica de pugnas internas que lo llev\u00f3 a una votaci\u00f3n y una presencia pol\u00edtica marginal, de entre 2% y 4% de los votos, que limit\u00f3 su capacidad de influencia.<\/span><\/p>\n

Sin embargo, tanto el proceso como los acuerdos de paz produjeron una serie de transformaciones que fueron liderados por las organizaciones de la sociedad civil y los pueblos ind\u00edgenas. Y, por supuesto, la propia finalizaci\u00f3n de la guerra termin\u00f3 con la violencia pol\u00edtica como pr\u00e1ctica institucional, la proscripci\u00f3n pol\u00edtica por razones ideol\u00f3gicas y posibilit\u00f3 la desmovilizaci\u00f3n e incorporaci\u00f3n de los insurgentes sin que se dieran venganzas ni el rearme de ex-combatientes.<\/span><\/p>\n

En relaci\u00f3n a los derechos de los pueblos ind\u00edgenas, la irrupci\u00f3n del movimiento maya en la d\u00e9cada de1990, la suscripci\u00f3n del acuerdo y la continuidad de las organizaciones y autoridades ind\u00edgenas han posibilitado un cambio en la forma en la que se concibe el pa\u00eds y la sociedad. Hoy, Guatemala se reconoce como un pa\u00eds plural. Pese a que persiste el racismo, este no solo es rechazado, sino perseguido y sancionado por entidades p\u00fablicas que se crearon como resultado de los acuerdos. Ahora bien, la poblaci\u00f3n ind\u00edgena contin\u00faa siendo excluida en t\u00e9rminos econ\u00f3micos y sociales, y la persistencia del Estado mono\u00e9tnico y el fracaso de la reforma constitucional han contribuido a que la demanda por una Asamblea Nacional Constituyente Plurinacional sea asumida hoy no solo por los pueblos y organizaciones ind\u00edgenas, sino por buena parte de las organizaciones sociales y partidos pol\u00edticos progresistas. Por su parte, pese a que no existi\u00f3 un acuerdo espec\u00edfico sobre los derechos de las mujeres, las organizaciones de mujeres organizadas en la Asamblea de la Sociedad Civil lograron articular un fuerte movimiento que ha logrado cambios en la estatalidad y las pol\u00edticas p\u00fablicas, as\u00ed como en la construcci\u00f3n de una agenda en favor de la plena igualdad.<\/span><\/p>\n

En cuanto a la justicia transicional, a pesar de que el propio Acuerdo de paz firme y duradera establec\u00eda una nueva amnist\u00eda para los involucrados en la guerra, las asociaciones de v\u00edctimas, las organizaciones de derechos humanos y las agrupaciones de abogados continuaron trabajando para alcanzar justicia. En los \u00faltimos 25 a\u00f1os se han impulsado juicios contra miembros del alto mando militar que han sido condenados por cr\u00edmenes de lesa humanidad.<\/span><\/p>\n

Como se se\u00f1al\u00f3, el acuerdo sobre aspectos socioecon\u00f3micos fue el m\u00e1s limitado y el que menos resultados tuvo. En el documento suscrito, se planteaba que Guatemala alcanzara una carga tributaria de apenas 12% del PIB. En la \u00faltima d\u00e9cada, el promedio de la carga tributaria ha sido de 10% y cada intento de reforma ha sido bloqueado y limitado por los grupos empresariales que en este tema contin\u00faan teniendo poder de veto. Otro de los desaf\u00edos, el de la situaci\u00f3n agraria, ha tendido a deteriorarse, tanto por el proceso de reconcentraci\u00f3n de la tierra asociada a la expansi\u00f3n de monocultivos, como por la profundizaci\u00f3n del empobrecimiento en las zonas rurales.<\/span><\/p>\n

En cuanto al papel del Ej\u00e9rcito, aunque este efectivamente se redujo, las redes de militares en situaci\u00f3n de retiro han seguido articuladas e influyendo en el proceso pol\u00edtico. Ya en el acuerdo de derechos humanos, se mencion\u00f3 la necesidad de identificar y desarticular a los denominados Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), estructuras formadas en la contrainsurgencia que anidaron en varias instituciones del Estado (aduanas, finanzas, entidades de seguridad) y que se asociaron con estructuras de crimen organizado y mutaron a lo que la Comisi\u00f3n Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) denomin\u00f3 \u00abredes pol\u00edticas y econ\u00f3micas il\u00edcitas (RPEI)\u00bb.<\/span><\/p>\n

Estas redes, formadas por militares en activo y situaci\u00f3n de retiro, pero tambi\u00e9n por pol\u00edticos y funcionarios, as\u00ed como por empresarios y grupos criminales propiamente dichos, fueron ampliando su influencia y control sobre las instituciones del Estado para beneficiarse econ\u00f3micamente de este y garantizarse impunidad. Con el gobierno del general retirado y firmante de la paz Otto P\u00e9rez Molina (2011-2015), estas redes lograron el control del Ejecutivo, la subordinaci\u00f3n mediante sobornos de parte del Legislativo y el control parcial del sistema de justicia. La acci\u00f3n de la CICIG y la movilizaci\u00f3n ciudadana de 2015 contra esas estructuras, provocaron la renuncia y encarcelamiento de los m\u00e1s altos funcionarios del Ejecutivo.<\/span><\/p>\n

Los gobiernos sucesivos, encabezados por Jimmy Morales (2016-2020) y Alejandro Giammattei, actualmente en el poder, fueron electos con el apoyo y la participaci\u00f3n directa de estas redes. Morales se encarg\u00f3 de limitar el trabajo y terminar con el mandato de la CICIG, mientras que Giammattei facilit\u00f3 el pleno control del Estado por parte de estas estructuras. Hoy, los tres poderes del Estado son parte de la coalici\u00f3n conocida como \u00abpacto de corruptos\u00bb. Instituciones que resultaron claves en la lucha contra la impunidad como la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio P\u00fablico fueron finalmente cooptadas por estas redes.<\/span><\/p>\n

Esto ha implicado retrocesos tanto para el Estado de derecho como para el respeto de los derechos humanos. Una de las decisiones del actual presidente fue desmantelar las entidades p\u00fablicas que fueron creadas para acompa\u00f1ar el cumplimiento de los acuerdos de paz: la Secretar\u00eda de la Paz, el Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz y el Programa Nacional de Resarcimiento, entre otras. Las amenazas contra periodistas, defensores de derechos humanos, opositores y voces independientes han aumentado, incluidas acciones de criminalizaci\u00f3n y el asesinato de defensores del territorio. En el Congreso de la Rep\u00fablica se discuten abiertamente iniciativas \u00abantiderechos\u00bb y los actores conservadores sigan apelando al discurso anticomunista para descalificar al campo progresista.<\/span><\/p>\n

De este modo, no es extra\u00f1o que ir\u00f3nicamente se haga referencia a los \u00abrecuerdos de paz\u00bb y no a los acuerdos. 25 a\u00f1os despu\u00e9s de su firma, Guatemala est\u00e1 en un proceso de involuci\u00f3n democr\u00e1tica, la deriva autoritaria que enfrentan otros pa\u00edses de la regi\u00f3n est\u00e1 presente en el pa\u00eds y el control que las redes criminales tienen sobre el Estado y sus instituciones eleva el peligro. Frente a esto, las autoridades ancestrales de los pueblos ind\u00edgenas han asumido un liderazgo nacional que puede contener al autoritarismo e impulsar un proceso de reformas que actualicen y profundicen la agenda esbozada por los acuerdos de paz.<\/span><\/p>\n

* Ricardo S\u00e1enz de Tejada<\/strong>, es antrop\u00f3logo y polit\u00f3logo. Es profesor de la Escuela de Historia, Antropolog\u00eda y Arqueolog\u00eda de la Universidad de San Carlos de Guatemala.<\/span><\/p>\n

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