Los procesamientos por las protestas en contra del traslado de la jueza Mota<\/b><\/span><\/p>\n Desmanes que no fueron tales, un delito de asonada declarado inconstitucional y uno de atentado que, seg\u00fan juristas, no puede ser considerado como tal. La sentencia y el procesamiento de Irma Leites, Jorge Zabalza y \u00c1lvaro Jaume por lo ocurrido en la Suprema Corte de Justicia en 2013, durante las protestas por el traslado de la jueza Mariana Mota, tiene todo para ser un caso jur\u00eddico que vale la pena analizar.<\/b><\/span><\/p>\n C. Salvetti <\/b><\/span><\/p>\n Brecha<\/a>, 5-11-2021\u00a0 <\/b><\/span><\/p>\n Correspondencia de Prensa<\/a>, 6-11-2021<\/span><\/strong><\/p>\n El 15 de febrero de 2013, la jueza Mariana Mota \u2013hoy en la Instituci\u00f3n Nacional de Derechos Humanos\u2013 deb\u00eda prestar juramento ante los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) como magistrada en materia civil. Mota, que en 2010 hab\u00eda procesado al expresidente de facto Juan Mar\u00eda Bordaberry, ten\u00eda abiertos unos 50 casos vinculados al terrorismo de Estado durante la \u00faltima dictadura cuando, sorpresivamente, la SCJ anunci\u00f3 su traslado del juzgado penal que ocupaba.<\/span><\/p>\n La relaci\u00f3n de la jueza con el entonces ministro de Defensa, Eleuterio Fern\u00e1ndez Huidobro, era tensa. Mota consideraba que desde el Poder Ejecutivo no se ten\u00eda una pol\u00edtica firme de derechos humanos y hab\u00eda resaltado, en di\u00e1logo con el diario argentino P\u00e1gina 12, las dilaciones del gobierno de Mujica en algunas investigaciones. No obstante, el punto de mayor tensi\u00f3n se hab\u00eda dado unos meses antes, en setiembre de 2012, cuando el ministro hab\u00eda intentado impedir una inspecci\u00f3n ocular en predios del Ej\u00e9rcito.<\/span><\/p>\n Con este mar de fondo se lleg\u00f3 al 15 de febrero. Organizaciones sociales convocaron a concentrarse frente a la corte en reclamo de lo que consideraban un traslado arbitrario y una prueba m\u00e1s de que el Ejecutivo no ten\u00eda intenci\u00f3n de seguir con las investigaciones sobre los cr\u00edmenes de lesa humanidad cometidos en dictadura. Al tratarse de un acto p\u00fablico, se permiti\u00f3 que las personas concentradas entraran a la sede de la SCJ a presenciar la ceremonia de juramento. Hubo c\u00e1nticos contra los ministros de la corte, contra Mujica, contra Huidobro, contra la \u00abdictadura judicial\u00bb. Se dispuso un grupo de choque policial para contener a la gente, al que, de todas formas y a pesar de algunos empujones, se le retiraron los escudos y bastones por considerar que era un exceso para el tipo de protesta que se desarrollaba, esto dicho por el propio director de Coordinaci\u00f3n Ejecutiva, el inspector mayor Iraola.<\/span><\/p>\n A ra\u00edz de estos \u00abincidentes\u00bb, se decidi\u00f3 procesar a la dirigente de la Plenaria Memoria y Justicia Irma Leites, al extupamaro Jorge Zabalza, al ex-preso pol\u00edtico y activista \u00c1lvaro Jaume y a la docente Patricia Borda, por considerarlos \u00abinstigadores\u00bb de una asonada. Y es este el inicio de un largo derrotero judicial.<\/span><\/p>\n El proceso <\/b><\/span><\/p>\n Primero, el entonces fiscal y actual diputado por el Partido Colorado Gustavo Zub\u00eda solicit\u00f3 el procesamiento de las cuatro personas por el delito de atentado; sin embargo, la jueza Gabriela Merialdo decidi\u00f3 procesarlos por el delito de asonada (\u00abcometen asonada los que se re\u00fanen en un n\u00famero que no baje de cuatro personas, para causar alboroto en el pueblo con un fin il\u00edcito\u00bb, dice el C\u00f3digo Penal). Entonces, la defensa opt\u00f3 por presentar un recurso de inconstitucionalidad, que fue aceptado por la SCJ, que actu\u00f3 con una integraci\u00f3n ad hoc, ya que sus miembros titulares eran los denunciantes del hecho. Para la SCJ actuante, el \u00abfin il\u00edcito\u00bb era \u00abvago\u00bb y no estaba debidamente establecido. \u00abNadie puede ser castigado por una conducta que no se encuentre previamente establecida en la ley penal en forma clara, n\u00edtida, estricta y precisa\u00bb, se lee en la sentencia de 2015. El caso retorn\u00f3 a un juzgado de primera instancia y la jueza Blanca Rieiro clausur\u00f3 las actuaciones. \u00abSe declar\u00f3 la inconstitucionalidad a la asonada, despu\u00e9s vino por el otro delito y apliqu\u00e9 el principio de non bis in idem (no se puede juzgar a alguien dos veces por el mismo hecho) y archiv\u00e9 la causa\u00bb, record\u00f3 la jueza a Brecha esta semana.<\/span><\/p>\n Sin embargo, un tribunal de apelaciones defini\u00f3 que continuaran las indagaciones por el delito de atentado, a pedido del fiscal Zub\u00eda. En 2016, la SCJ revis\u00f3 y revirti\u00f3 su fallo de inconstitucionalidad por considerar que \u00abla norma cuestionada no ataca la libertad de expresi\u00f3n\u00bb. Finalmente, en marzo de este a\u00f1o, el fiscal Gilberto Rodr\u00edguez volvi\u00f3 a pedir el procesamiento por atentado y, esta semana, la jueza Ana de Salterain decidi\u00f3 procesar a Zabalza, Leites y Jaume como autores de un delito de atentado, y a An\u00edbal Varela y Diego y Eduardo Jaume como c\u00f3mplices. Si bien se les otorg\u00f3 libertad condicional, los primeros fueron condenados con 24 meses de prisi\u00f3n y los \u00abc\u00f3mplices\u00bb con ocho meses. Brecha intent\u00f3, sin \u00e9xito, comunicarse con la doctora De Salterain.<\/span><\/p>\n Que s\u00ed, que no<\/b><\/span><\/p>\n Al leer la sentencia de la jueza, se nota que se intent\u00f3 \u00abbajarle intensidad al asunto\u00bb, dijo al semanario el abogado especialista en derecho penal Carlos Uriarte. En la tipificaci\u00f3n, por ejemplo, se habla de \u00abactos de violencia y amenazas contra funcionarios p\u00fablicos\u00bb, que en el considerando, es decir, en la descripci\u00f3n de los hechos, aparecen diluidos entre explicaciones y matices: \u00abNo hubo violencia en el ingreso de las personas, mas s\u00ed un gran desorden y alboroto dentro del edificio. Pr\u00f3ximo a la hora 11.20, unas 150 personas, ocuparon totalmente la sala de juramentos, la antesala, el atrio del primer piso y las escaleras hasta el hall de planta baja, y comenzaron c\u00e1nticos ofensivos, aplausos, gritos e insultos hacia los integrantes de la SCJ y hacia el propio presidente de la rep\u00fablica\u00bb, expresa un pasaje de la sentencia. Pero, m\u00e1s tarde, el mismo documento \u00abse extiende sobre las negociaciones e indica que hubo una salida pac\u00edfica\u00bb luego de negociar con las autoridades policiales, negociaciones en las que no consta que ninguno de los imputados haya tomado parte, coment\u00f3 Uriarte al semanario.<\/span><\/p>\n Para Uriarte, el quid de la cuesti\u00f3n es que \u00abest\u00e1n en juego cosas tan importantes como el derecho a disentir y a protestar\u00bb. El atentado es directamente la violencia contra la autoridad p\u00fablica, algo que, seg\u00fan consta en la misma sentencia, no ocurri\u00f3. En todo caso, dice, se podr\u00eda hablar de \u00abdesacato\u00bb ante la autoridad policial, es decir, desobedecer una orden. Pero \u00ab\u00bfrealmente hubo un desacato a la autoridad?\u00bb, se pregunt\u00f3 el jurista. \u00abPorque no hay intenci\u00f3n de desacatar una orden, a la gente se la dej\u00f3 entrar. Hubo insultos, pero no se desacat\u00f3 una orden.\u00bb<\/span><\/p>\n Asimismo, Uriarte consider\u00f3 que \u00abla sentencia es vulnerable cuando no se pronuncia en aspectos diacr\u00f3nicos\u00bb, es decir, todo el proceso anterior que incluy\u00f3 la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad y el archivo de la causa. La sentencia marca un corte y comienza a elaborarse a ra\u00edz de la resoluci\u00f3n del tribunal de apelaciones de continuar con la causa por el delito de atentado. \u00abEntonces ac\u00e1 hay una sentencia muy importante que la jueza no tom\u00f3 en cuenta. El problema es si est\u00e1 clausurado el atentado o no.\u00bb<\/span><\/p>\n Las personas<\/b><\/span><\/p>\n \u00abNo pas\u00f3 absolutamente nada; lo \u00fanico que hubo fue que cuando los milicos entraron por la calle San Jos\u00e9 y empezaron a empujar a la gente se form\u00f3 un cord\u00f3n humano para contenerlos\u00bb, asegur\u00f3 Leites, pero, tal como qued\u00f3 registrado en videos y notas de prensa, r\u00e1pidamente se retiraron y volvieron sin los instrumentos para el choque.<\/span><\/p>\n Lo mismo cuenta Zabalza: \u00abYo estaba con Eduardo Galeano y Daniel Viglietti lo m\u00e1s tranquilo. En un momento sali\u00f3 Ra\u00fal Oxandabarat (vocero del Poder Judicial) y nos dijo que iban a cerrar las puertas y que si quer\u00edamos, pod\u00edamos entrar\u00bb. \u00abRecuerdo que dentro de la SCJ hubo gente que vino a decirnos que le dij\u00e9ramos a la gente que saliera y yo le dije que no le iba a decir a nadie que saliera porque no le dije a nadie que entrara\u00bb, a\u00f1adi\u00f3 Leites, para quien eso es propio \u00abdel poder: nunca se piensa que la gente act\u00faa con compromiso y cabeza propia\u00bb.<\/span><\/p>\n Respecto al procesamiento, Leites piensa que tanto la persecuci\u00f3n pol\u00edtica como la criminalizaci\u00f3n de la protesta \u00abson dos cosas pegadas en este asunto; no puede haber una criminalizaci\u00f3n de la protesta sin persecuci\u00f3n pol\u00edtica, ellos no entienden que la memoria es horizontal y, por otro lado, entiendo que la persecuci\u00f3n pol\u00edtica est\u00e1 en que siempre somos las mismas personas\u00bb. Para Zabalza, \u00abes evidente que eligieron a qui\u00e9nes procesar\u00bb y vincul\u00f3 el timing de este nuevo fallo con \u00abesa campa\u00f1a que comenzaron con la idea de liberar a los detenidos por delitos de lesa humanidad en Domingo Arena\u00bb y que hay \u00abalgo ejemplarizante\u00bb en la decisi\u00f3n del Poder Judicial.<\/span><\/p>\n