La Justicia hondure\u00f1a suspendi\u00f3 el proceso contra David Castillo, acusado de ordenar el asesinato de la referente ind\u00edgena y ambientalista en 2016. Aunque su defensa recus\u00f3 a los magistrados a cargo, las pruebas de la acusaci\u00f3n lo implican a \u00e9l y a miembros de una de las familias m\u00e1s poderosas del pa\u00eds.<\/b><\/span><\/p>\n Brecha<\/a>, 30-4-2021\u00a0 <\/b><\/span><\/p>\n Correspondencia de Prensa<\/a>, 30-4-2021<\/b><\/span><\/p>\n El juicio contra David Castillo, oficial de inteligencia militar y empresario acusado de ser coautor del asesinato de Berta C\u00e1ceres, comenz\u00f3 el 5 de abril de 2021. Fue suspendido dos d\u00edas m\u00e1s tarde, luego de las nuevas pruebas presentadas por la acusaci\u00f3n privada, que representan avances importantes para establecer la responsabilidad penal de los autores intelectuales del crimen.<\/span><\/p>\n En el momento del asesinato, el 2 de marzo de 2016, Castillo era el presidente del consejo de administraci\u00f3n y el gerente general de Desarrollos En\u00e9rgeticos SA (DESA), una estructura criminal disfrazada de empresa que ha utilizado mecanismos de violencia, corrupci\u00f3n e impunidad para hacer avanzar su proyecto econ\u00f3mico. DESA usurp\u00f3 territorios ind\u00edgenas lencas \u2013a trav\u00e9s de la corrupci\u00f3n y el otorgamiento de licencias de manera ilegal\u2013 para construir una hidroel\u00e9ctrica y defraudar al Estado en millones de d\u00f3lares mediante un acuerdo de compra de energ\u00eda negociado tambi\u00e9n ilegalmente. Adem\u00e1s, implement\u00f3 acciones para criminalizar a los miembros del Consejo C\u00edvico de Organizaciones Populares e Ind\u00edgenas de Honduras (Copinh) \u2013la organizaci\u00f3n que C\u00e1ceres cofund\u00f3 y dirig\u00eda en el momento de su asesinato\u2013 y emple\u00f3 violencia, amenazas e intimidaciones que culminaron con el asesinato de la activista.<\/span><\/p>\n Desde abril de 2013, C\u00e1ceres lider\u00f3 una exitosa campa\u00f1a para detener el proyecto hidroel\u00e9ctrico junto con los miembros organizados del Copinh de R\u00edo Blanco, que forman parte de las comunidades directamente afectadas. Con la financiaci\u00f3n internacional en peligro y la empresa constructora retir\u00e1ndose debido a las denuncias que hicieron, en 2016 los ejecutivos de DESA decidieron que era el momento de detenerla. Castillo fue capturado hace tres a\u00f1os por su rol en el asesinato, pero, hasta ahora, el resto de los ejecutivos de DESA \u2013miembros de la poderosa familia Atala Zablah\u2013 han permanecido impunes en los procesos judiciales. Con la condena, en noviembre de 2018, de otros miembros de la estructura criminal, incluidos cuatro sicarios, un militar activo de rango mayor y dos trabajadores de DESA, el Tribunal de Sentencia reconoci\u00f3 que los directivos de DESA conoc\u00edan y consintieron el plan de asesinato (v\u00e9ase \u00abPedazos de justicia\u00bb, Brecha, 7-XII-18). Sin embargo, ninguno ha sido ni siquiera interrogado en el proceso actual. Ahora el alcance de su participaci\u00f3n es a\u00fan m\u00e1s claro para la Justicia.<\/span><\/p>\n En el expediente judicial se incluyen miles de p\u00e1ginas de datos de telecomunicaciones, entre otros medios de prueba, que evidencian que Castillo coordinaba con los sicarios ya condenados para llevar a cabo el plan de asesinato mientras se desempe\u00f1aba como subordinado de los ejecutivos de la empresa. La nueva prueba vincula claramente a Daniel Atala Midence, miembro de la familia Atala Zablah, con un pago que coincidir\u00eda con la entrega de dinero de Castillo al ya condenado Douglas Bustillo, exgerente de seguridad de DESA.<\/span><\/p>\n La preparaci\u00f3n del asesinato <\/b><\/span><\/p>\n Aunque DESA es la cara p\u00fablica del proyecto hidroel\u00e9ctrico Agua Zarca, al menos dos empresas m\u00e1s \u2013registradas en Panam\u00e1 y Honduras, y controladas por los Atala y Castillo\u2013 tuvieron que ver con el proyecto. Seg\u00fan la nueva prueba, Atala Midence autoriz\u00f3 e hizo un pago de la empresa Concretos del Caribe (Concasa) a la empresa Potencia y Energ\u00eda de Mesoam\u00e9rica SA (PEMSA) dos d\u00edas antes del asesinato de C\u00e1ceres por un monto de 1.254.000 d\u00f3lares, correspondiente a un pago posterior hecho al grupo sicarial.<\/span><\/p>\n Concasa fue constituida como empresa en Honduras por Castillo y un socio pocos meses despu\u00e9s de la creaci\u00f3n de DESA, en 2009. A finales de 2015, dos meses antes del asesinato de C\u00e1ceres, Castillo, como presidente de la junta directiva y representante legal de la empresa, otorg\u00f3 el poder general de\u00a0 la administraci\u00f3n de Concasa a Atala Medince, lo que, presumiblemente, le habr\u00eda permitido autorizar y hacer transacciones financieras desde ese momento. Adem\u00e1s de su papel en Concasa, Atala Midence era el director financiero de DESA en el momento del crimen. El documento bancario propuesto como evidencia muestra que utiliz\u00f3 su correo electr\u00f3nico de trabajo de DESA para hacer la transferencia de Concasa a PEMSA. Todav\u00eda no se ha aclarado p\u00fablicamente de d\u00f3nde proceden los fondos de Concasa para hacer la importante transferencia. PEMSA es una empresa constituida en Panam\u00e1 que Castillo presid\u00eda en el momento del crimen. Desde la reuni\u00f3n de accionistas de DESA en noviembre de 2011, PEMSA ha sido una accionista minoritaria de esta empresa. La transacci\u00f3n internacional entre Concasa\/Atala Midence y DESA\/Castillo se hizo a trav\u00e9s del banco Bac Credomatic, presidido por Jacobo Atala Zablah, miembro de la junta directiva de DESA.<\/span><\/p>\n El juicio de 2018 demostr\u00f3 que el gerente socioambiental de DESA, Sergio Rodr\u00edguez, dej\u00f3 de ser pagado por DESA en 2016, el a\u00f1o del asesinato, pero segu\u00eda siendo pagado por PEMSA y Concasa, incluso despu\u00e9s de haber sido capturado por el asesinato de C\u00e1ceres. Los l\u00edmites entre estas tres empresas podr\u00edan haberse difuminado para limitar la responsabilidad de cada una. Hasta ahora, el Estado de Honduras no ha hecho ninguna investigaci\u00f3n relacionada con la posible naturaleza criminal de estas compa\u00f1\u00edas ni con quienes las conforman. La nueva evidencia demuestra que la transferencia bancaria de Atala Midence a Castillo se hizo despu\u00e9s de un atentado abortado contra C\u00e1ceres entre el 5 y el 6 de febrero. En ese momento, un sicario solitario inform\u00f3 a su superior \u2013un oficial militar activo que coordinaba directamente con Bustillo\u2013 que no pudo llevar a cabo el asesinato por falta de recursos. Dijo que necesitaba un arma, un carro y otras personas con las que trabajar. En la preparaci\u00f3n del asesinato, menos de un mes despu\u00e9s, Bustillo se comunic\u00f3 con Castillo para expresarle: \u00abNecesito lo que va a presupuestar para el trabajo, los medios id\u00f3neos y log\u00edsticos\u00bb.<\/span><\/p>\n Castillo se reuni\u00f3 con Bustillo el 1 de marzo para darle lo que en sus chats llamaban un pr\u00e9stamo. El d\u00eda siguiente, el grupo sicarial, que Bustillo coordinaba a distancia, se desplaz\u00f3 de la zona norte de Honduras a la ciudad de La Esperanza para asesinar a C\u00e1ceres. En las horas posteriores se registr\u00f3 el movimiento de Bustillo desde la zona central \u2013donde, presuntamente, se hab\u00eda reunido con Castillo el d\u00eda anterior para recibir los fondos\u2013 hacia la ciudad de San Pedro Sula, donde las antenas telef\u00f3nicas evidencian una posible reuni\u00f3n con el sicario y militar \u2013condenado tambi\u00e9n en 2018\u2013 Henry Hern\u00e1ndez. Esa reuni\u00f3n es se\u00f1alada por el Ministerio P\u00fablico como el momento en que se pag\u00f3 al grupo sicarial por el asesinato.<\/span><\/p>\n El socio<\/b><\/span><\/p>\n M\u00e1s de 40 mil p\u00e1ginas de registros telef\u00f3nicos, chats, mensajes de texto, GPS y correos incautados de los tel\u00e9fonos celulares de los involucrados, que forman parte del proceso penal, dan cuenta del v\u00ednculo entre la familia Atala Zablah y sus empleados. La acusaci\u00f3n privada sostiene que Castillo fue parte de la estructura criminal que llev\u00f3 a cabo las acciones para perseguir, atacar y, finalmente, matar a C\u00e1ceres. Esto incluy\u00f3 la participaci\u00f3n de sicarios, empleados y ejecutivos de DESA. Esta nueva prueba fortalece una l\u00ednea de conexi\u00f3n ya establecida entre la autor\u00eda intelectual y la ejecuci\u00f3n del asesinato a trav\u00e9s de la instrumentalizaci\u00f3n de empresas privadas para cometer cr\u00edmenes. Hasta la fecha, el Estado hondure\u00f1o se ha negado a investigar y procesar la estructura empresarial que se utiliz\u00f3 para proveer la log\u00edstica necesaria para cometer el asesinato.<\/span><\/p>\n A pesar de que la acusaci\u00f3n privada ha presentado dos solicitudes de acusaci\u00f3n penal con la informaci\u00f3n detallada contra Atala Midence, el Ministerio P\u00fablico hondure\u00f1o no lo ha llamado para interrogar. Ahora, en su calidad de testigo, ha sido citado por el Tribunal de Sentencia en el juicio oral y p\u00fablico instruido contra Castillo para declarar sobre las actuaciones de este \u00faltimo. Ser\u00e1 la primera vez que la Justicia hondure\u00f1a llame a un miembro de la familia Atala Zablah para hablar sobre el asesinato de C\u00e1ceres. (Art\u00edculo publicado originalmente en El Faro<\/a>)<\/span><\/p>\n * Edy T\u00e1bora<\/strong> es un abogado hondure\u00f1o especializado en libertad de expresi\u00f3n, proyectos extractivos y derechos humanos a trav\u00e9s del Bufete Justicia para los Pueblos. Fue coasesor del ecologista mexicano Gustavo Castro, que sufri\u00f3 un atentado la noche en que fue asesinada Berta C\u00e1ceres.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La Justicia hondure\u00f1a suspendi\u00f3 el proceso contra David Castillo, acusado de ordenar el asesinato de la referente ind\u00edgena y ambientalista en 2016. 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