{"id":17434,"date":"2021-03-15T17:53:25","date_gmt":"2021-03-15T16:53:25","guid":{"rendered":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/?p=17434"},"modified":"2021-03-15T17:53:25","modified_gmt":"2021-03-15T16:53:25","slug":"colombia-estado-violencia-y-protesta-luisa-natalia-caruso-miguel-angel-beltran","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/?p=17434","title":{"rendered":"Colombia – Estado, violencia y protesta. [Luisa Natalia Caruso\/Miguel \u00c1ngel Beltr\u00e1n]"},"content":{"rendered":"

En contraste con las falaces im\u00e1genes creadas por las \u00e9lites y alimentadas por los medios de comunicaci\u00f3n hegem\u00f3nicos, Colombia es hoy un pa\u00eds al borde del estallido social, con crudas cifras de desigualdad, pobreza, desempleo y asesinatos pol\u00edticos.<\/b><\/span><\/p>\n

Jacobin<\/a>, 11-3-2021<\/b><\/span><\/p>\n

Correspondencia de Prensa<\/a>, 15-3-2021<\/b><\/span><\/p>\n

En el marco de la pandemia, las decisiones de Iv\u00e1n Duque, actual presidente de Colombia, se han caracterizado por una profundizaci\u00f3n de la agenda neoliberal que ya tra\u00eda antes de la crisis sanitaria. Meses antes de que se declarara la \u00abemergencia econ\u00f3mica, social y ecol\u00f3gica\u00bb, sus medidas hab\u00edan ocasionado el creciente inconformismo de una gran parte de la poblaci\u00f3n. Dicho inconformismo tuvo su punto m\u00e1s \u00e1lgido en las masivas acciones de protesta protagonizadas por m\u00faltiples sectores sociales y pol\u00edticos, tanto en las ciudades como en las zonas rurales, que dieron forma al paro nacional del 21 noviembre de 2019.<\/span><\/p>\n

Si bien la cuarentena, forzada por los riesgos de contagio, trajo un inicial reflujo de las movilizaciones, muy r\u00e1pidamente dichos sectores se reactivaron y nuevamente salieron a las calles para reclamar soluciones urgentes a la crisis, ahora profundizada por la situaci\u00f3n sanitaria. Estas protestas, aunque sin alcanzar una completa articulaci\u00f3n, cuentan con un importante potencial de incidencia para futuros cambios. Las jornadas del 9 y 10 de septiembre en rechazo a la brutalidad policial, la movilizaci\u00f3n de la Minga por la vida, el territorio y la Paz de los pueblos ind\u00edgenas, afros y campesinos hacia la capital y la realizaci\u00f3n de un paro nacional el pasado 21 de octubre forman parte del mismo ciclo de movilizaciones.<\/span><\/p>\n

Un Estado que siembra terror y miedo<\/b><\/span><\/p>\n

El Estado colombiano, que ha representado hist\u00f3ricamente los intereses de una clase dirigente subordinada a las pol\u00edticas intervencionistas de los Estados Unidos y al modelo desarrollista extractivista, pese a tener una escasa legitimidad y legalidad, ha logrado proyectar ante la comunidad internacional una imagen \u00abinstitucionalidad democr\u00e1tica\u00bb alimentada en base a mitos (como el ser una de las naciones del continente que cuenta con la democracia m\u00e1s antigua y sostenida en la regi\u00f3n). De acuerdo con esta narrativa oficial, mientras en otros pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina y el Caribe se generalizaron las dictaduras militares, en Colombia se sentaron las bases para consolidar la paz a trav\u00e9s de un acuerdo bipartidista que garantiz\u00f3 la permanencia de las instituciones democr\u00e1ticas (Giraldo; 2015).<\/span><\/p>\n

Seg\u00fan este relato, dicha vocaci\u00f3n democr\u00e1tica se afianz\u00f3 en los decenios siguientes con la continuidad de los procesos electorales y por el hecho de que, en 1991 y a trav\u00e9s de un proceso constituyente, se lograra aprobar una Carta pol\u00edtica avanzada que consagr\u00f3 una serie de mecanismos para la protecci\u00f3n de los Derechos Humanos y la participaci\u00f3n popular, que reconoci\u00f3 los derechos culturales y territoriales de los grupos \u00e9tnicos y abri\u00f3 la puerta para la promoci\u00f3n y el impulso de procesos de negociaci\u00f3n con movimientos armados insurgentes que lograron su conversi\u00f3n en organizaciones pol\u00edticas legales, permitiendo que antiguos guerrilleros se integraran al aparato gubernamental.<\/span><\/p>\n

En a\u00f1os recientes, la elecci\u00f3n popular para la Alcald\u00eda de Bogot\u00e1 de un exguerrillero junto con el nombramiento de un vicepresidente que durante a\u00f1os estuvo comprometido con las luchas obreras y sindicales y la exitosa materializaci\u00f3n de un nuevo proceso de negociaci\u00f3n entre el gobierno y la guerrilla que posibilit\u00f3 el tr\u00e1nsito de \u00e9sta \u00faltima a la vida pol\u00edtica, reforzar\u00edan este imaginario democr\u00e1tico de un pa\u00eds que, recurriendo a las v\u00edas del di\u00e1logo y priorizando los intereses de las v\u00edctimas, ha logrado poner fin a un conflicto interno con ribetes pol\u00edticos pero degradado por sus v\u00ednculos con las mafias del narcotr\u00e1fico y su afectaci\u00f3n creciente a la poblaci\u00f3n civil (Pecaut; 2001).<\/span><\/p>\n

En contraste con estas falaces im\u00e1genes creadas por las \u00e9lites colombianas y alimentadas por acad\u00e9micos y medios de comunicaci\u00f3n hegem\u00f3nicos, lo que se observa es un pa\u00eds al borde de un estallido social, con crudas cifras de desigualdad, pobreza, desempleo, asesinatos y genocidio de poblaciones campesinas, ind\u00edgenas, afrodescendientes y partidos pol\u00edticos de oposici\u00f3n. Una participaci\u00f3n altamente restringida de los sectores populares, un r\u00e9gimen neofascista cada vez menos preocupado por mantener los mecanismos de la democracia formal, unos acuerdos de paz con las antiguas FARC totalmente incumplidos, unas medidas econ\u00f3micas que benefician a los grandes capitales transnacionales y deprimen a\u00fan m\u00e1s a las clases menos favorecidas y una escala de destrucci\u00f3n de la naturaleza incalculable que consolida un despojo territorial creciente.<\/span><\/p>\n

Colombia vive hoy un exterminio de lideresas y l\u00edderes sociales, que en el solo per\u00edodo que va de la firma de los acuerdos de paz el 26 de noviembre de 2016 alcanza ya la dolorosa cifra de 1039 muertos. A ello se suma el asesinato de 234 excombatientes (51 de los cuales se cometieron en los 10 primeros meses del presente a\u00f1o). Se est\u00e1 cometiendo as\u00ed un genocidio contra los firmantes del Acuerdo de Paz y contra un colectivo de personas que ejercen un liderazgo social como reclamantes de tierras, defensores del territorio, de los derechos ambientales y humanos, que luchan contra las fumigaciones y los planes desarrollistas, con proyectos aut\u00f3nomos sustentados en la ancestralidad y el equilibrio con la naturaleza y que integran Juntas de acci\u00f3n comunal, comunidades \u00e9tnicas o sindicatos agrarios. Son vistos como un obst\u00e1culo para los proyectos extractivistas.<\/span><\/p>\n

Estamos entonces ante un Estado que, a trav\u00e9s de un conjunto de pr\u00e1cticas, instituciones y estructuras \u2013que incluso niegan ese mismo ordenamiento jur\u00eddico legal\u2013 sigue ejerciendo la violencia para sembrar el miedo y el terror entre la poblaci\u00f3n civil. Un Estado que recurre a la construcci\u00f3n de un gigantesco aparato militar combinando doctrinas confeccionadas por las mismas \u00e9lites en su accionar contrainsurgente con teor\u00edas for\u00e1neas (como la Doctrina de la Seguridad Nacional) para enfrentar la supuesta infiltraci\u00f3n de un \u00abenemigo interno\u00bb \u2013ll\u00e1mese comunismo o terrorismo\u2013 pero que, en realidad, busca exterminar cualquier expresi\u00f3n de protesta popular que confronte con el establishment (Vega Cantor, 2016).<\/span><\/p>\n

Aunado a ello est\u00e1 el uso arbitrario del sistema jur\u00eddico, que judicializa temerariamente a los l\u00edderes y lideresas sociales sin tener pruebas o recurriendo a pruebas il\u00edcitas e ilegales y falsos testigos que, con la intervenci\u00f3n directa de los organismos de seguridad del Estado, configuran los llamados \u00abmontajes judiciales\u00bb. Se trata de una pr\u00e1ctica que se ha llevado a cabo a lo largo y ancho del pa\u00eds, siendo la c\u00e1rcel un instrumento de silenciamiento del pensamiento cr\u00edtico y de desarticulaci\u00f3n de las organizaciones sociales que, a su vez, son criminalizadas al amparo de la tipificaci\u00f3n de \u00abconductas delictivas\u00bb.<\/span><\/p>\n

Los sectores m\u00e1s afectados por esta persecuci\u00f3n jur\u00eddica han sido los integrantes de la oposici\u00f3n pol\u00edtica y social, as\u00ed como estudiantes y egresados de las universidades p\u00fablicas del pa\u00eds, a quienes se les ha pretendido vincular con organizaciones armadas como el Ej\u00e9rcito de Liberaci\u00f3n (ELN) o las disidencias de las FARC, con el recurrente y desgastado discurso de una \u00abinfiltraci\u00f3n armada\u00bb en las protestas pac\u00edficas. En ese mismo sentido, se ha pretendido estigmatizar y penalizar con el calificativo de \u00abv\u00e1ndalo\u00bb a quienes ejercen ciertas modalidades de protesta que \u00abalteran el orden p\u00fablico\u00bb o por el solo hecho de utilizar elementos que, como la capucha, impiden identificar su rostro.<\/span><\/p>\n

Paralelamente a este andamiaje jur\u00eddico, militar y medi\u00e1tico, y en estrecha relaci\u00f3n con el Estado, siguen actuando las estructuras paramilitares producto de una compleja alianza de grupos de narcotraficantes, ganaderos, \u00e9lites pol\u00edticas nacionales y regionales, as\u00ed como integrantes de las Fuerzas Armadas orientados al cumplimiento de labores contrainsurgentes y, fundamentalmente, a ampliar la riqueza de empresarios y terratenientes a trav\u00e9s del despojo a los campesinos de sus bienes y tierras. Solo en el primer semestre de 2020, fueron desplazadas forzadamente de su territorio m\u00e1s de 16 mil personas.<\/span><\/p>\n

El eterno retorno<\/b><\/span><\/p>\n

En medio de la pandemia, los incumplimientos del \u00abAcuerdo Final para la terminaci\u00f3n del conflicto y la construcci\u00f3n de una paz estable y duradero\u00bb, suscrito por el gobierno de Juan Manual Santos y la Guerrilla de las FARC luego de un largo y accidentado proceso de negociaci\u00f3n que se prolong\u00f3 por m\u00e1s de cuatro a\u00f1os (2012-2016), fueron m\u00e1s evidentes. El acuerdo constituy\u00f3 una importante apuesta por la superaci\u00f3n definitiva del conflicto social y armado partiendo de su reconocimiento y de la necesidad de erradicar las causas que dieron origen al mismo. En esa perspectiva, permiti\u00f3 colocar sobre la arena p\u00fablica temas como la reforma rural integral, la participaci\u00f3n y la apertura democr\u00e1tica para construir la paz, la soluci\u00f3n al problema de los cultivos de uso il\u00edcito, al tiempo que logr\u00f3 activar la movilizaci\u00f3n social.<\/span><\/p>\n

Pero si bien desde sus inicios las FARC manifestaron su compromiso con los acuerdos pactados, haciendo dejaci\u00f3n de armas y avanzando hacia la conformaci\u00f3n de un nuevo partido pol\u00edtico legal, muy pronto los sistem\u00e1ticos incumplimientos por parte del Estado empujaron el proceso de paz hacia situaciones que recordaban hechos hist\u00f3ricos pasados, como la ausencia de garant\u00edas reales y efectivas para la reincorporaci\u00f3n a la vida social, pol\u00edtica y econ\u00f3mica del pa\u00eds de los exguerrilleros, derivando en el exterminio sistem\u00e1tico de los firmantes del Acuerdo de Paz.<\/span><\/p>\n

Estamos ante un Estado que hist\u00f3ricamente ha incumplido con los acuerdos que firma, no solo con las organizaciones insurgentes, sino con los diferentes sectores sociales, al punto que \u00e9stos permanentemente tienen que movilizarse para exigir al Estado cumpla con lo suscrito. En el caso espec\u00edfico de los Acuerdos de La Habana, tras el triunfo del \u00abno\u00bb, en el plebiscito de octubre de 2016 (que se hab\u00eda convocado para refrendar los acuerdos de paz), condujo a una modificaci\u00f3n de los mismos, restringiendo aspectos relacionados con los escenarios de participaci\u00f3n democr\u00e1tica que se pretend\u00eda abrir.<\/span><\/p>\n

Cierto es que disminuyeron los enfrentamientos armados con la fuerza p\u00fablica y se redujo la muerte de j\u00f3venes soldados, en su mayor parte provenientes de los sectores populares. No obstante, la apuesta por erradicar la violencia como m\u00e9todo de acci\u00f3n pol\u00edtica se redujo al desarme de la insurgencia armada, sin que el Estado colombiano asumiera el desmonte de sus estructuras paramilitares (cuya actividad ha persistido bajo nuevas denominaciones, copando antiguos territorios que hicieron parte del control de las FARC y estableciendo nuevas alianzas estrat\u00e9gicas\u00a0 con el fin de adelantar su labor delincuencial bajo la protecci\u00f3n t\u00e1cita o activa de empresarios, del poder pol\u00edtico y del Estado).<\/span><\/p>\n

Como parte de sus estrategias desinformativas, en el discurso oficial del gobierno estos grupos han sido presentados como expresiones aisladas o \u00abremanentes\u00bb del conflicto, acu\u00f1ando la difusa sigla de GAO (Grupos Armados Organizados) para diluir su naturaleza contrainsurgente y la responsabilidad estatal en los crecientes hechos de violencia que han estremecido al pa\u00eds. Al mismo tiempo, se pretende desvirtuar el car\u00e1cter pol\u00edtico de las organizaciones insurgentes, las cuales configuran un amplio y complejo espectro que va desde el Ej\u00e9rcito de Liberaci\u00f3n Nacional (ELN), convertido hoy en la guerrilla m\u00e1s antigua del pa\u00eds y el continente, hasta algunas disidencias armadas que asumen el legado de los fundadores de las FARC, pasando por las autodenominadas FARC-EP segunda Marquetalia, lideradas por quienes en su momento estuvieron representando a esta guerrilla en la mesa de negociaciones.<\/span><\/p>\n

Duque: crisis de legitimidad agravada por la pandemia<\/b><\/span><\/p>\n

El 17 de junio de 2018, tras llevarse a cabo la segunda vuelta presidencial, los colombianos eligieron a Iv\u00e1n Duque, del partido Centro Democr\u00e1tico, como primer mandatario de la naci\u00f3n con m\u00e1s de 10 millones de votos. El nuevo titular del ejecutivo cont\u00f3 con el respaldo mayoritario de la clase dirigente, incluyendo el apoyo de sectores que se proyectaban como independientes, teniendo como contradictor al candidato de Colombia Humana, Gustavo Petro, que con 8 millones de votos logr\u00f3 recoger la inconformidad de amplias franjas sociales que, aunque no necesariamente se identificaban con sus propuestas de gobierno ni su talante pol\u00edtico, vieron en \u00e9l una intenci\u00f3n de cambio asociada a la idea de mantener los ya deteriorados acuerdos de paz.<\/span><\/p>\n

Como ha sido reiterado en los procesos electorales colombianos, los fantasmas del fraude y la corrupci\u00f3n estuvieron presentes, esta vez por cuenta de las acusaciones de la excongresista A\u00edda Merlano, detenida hoy en Venezuela, quien afirm\u00f3 que la campa\u00f1a del presidente Duque hab\u00eda incurrido en compra de votos en la regi\u00f3n Caribe. El esc\u00e1ndalo, conocido como la \u00ab\u00d1e\u00f1e pol\u00edtica\u00bb, puso de manifiesto el ingreso de dineros del narcotraficante Jos\u00e9 Guillermo Hern\u00e1ndez Aponte (asesinado recientemente en Brasil), m\u00e1s conocido como El \u00d1e\u00f1e, quien estuvo al frente de la organizaci\u00f3n de la campa\u00f1a presidencial en los departamentos de Guajira y Cesar.<\/span><\/p>\n

No menos impacto tuvo la revelaci\u00f3n acerca de que el hermano de la vicepresidenta Marta Luc\u00eda Ram\u00edrez hab\u00eda sido condenado en 1997 a cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n en los Estados Unidos por traficar hero\u00edna desde Aruba a ese pa\u00eds. La fianza para su libertad fue pagada por la ahora vicepresidenta y su esposo \u00c1lvaro Rinc\u00f3n, quienes a su vez han sido se\u00f1alados por tener relaciones comerciales con el narcotraficante colombiano Guillermo Le\u00f3n Acevedo Giraldo, conocido como \u00abMemo Fantasma\u00bb.<\/span><\/p>\n

Desde los tiempos de la presidencia de Julio C\u00e9sar Turbay Ayala (1978-1982) no se hab\u00eda visto la figura del ejecutivo expuesta a tantas burlas p\u00fablicas. La utilizaci\u00f3n del avi\u00f3n presidencial para llevar a ni\u00f1os y sus madres a una fiesta infantil; la exhibici\u00f3n ante la Asamblea General de las Naciones Unidas de fotos que buscaban demostrar la participaci\u00f3n del gobierno del presidente de Venezuela, Nicol\u00e1s Maduro, en el entrenamiento de grupos armados y narcotraficantes y que resultaron ser im\u00e1genes tomadas a\u00f1os atr\u00e1s en territorio colombiano\u2026 Sumado a la aparici\u00f3n p\u00fablica de Duque con chaleco de polic\u00eda, expresando su solidaridad con los ataques de que fueron objeto los Centros de Atenci\u00f3n Inmediata (CAI) de esta instituci\u00f3n en las protestas por el asesinato del ciudadano Javier Ordo\u00f1ez, llevaron a que la ilegitimidad del gobierno fuera a\u00fan mayor.<\/span><\/p>\n

A partir de 1991 \u2013cuando consagr\u00f3 una nueva Constituci\u00f3n\u2013, Colombia abri\u00f3 las puertas a las pol\u00edticas de apertura econ\u00f3mica y la implementaci\u00f3n del modelo neoliberal, con todos sus devastadores efectos en lo social y ambiental. Con el COVID-19, estas problem\u00e1ticas se han profundizado, al tiempo que se han visibilizado de manera cruda y descarnada las agudas desigualdades del actual r\u00e9gimen.<\/span><\/p>\n

Seg\u00fan el \u00cdndice Global de los Derechos de la Confederaci\u00f3n Sindical Internacional (CSI) de 2019, Colombia es de los pa\u00edses del mundo con las condiciones m\u00e1s indignas para trabajar. Lo que se expresa tambi\u00e9n en que una gran parte de la poblaci\u00f3n tiene un trabajo informal, sin ning\u00fan tipo de garant\u00eda laboral y vive del \u00abrebusque\u00bb diario. Seg\u00fan el DANE, entre diciembre de 2019 y febrero de 2020 la poblaci\u00f3n trabajadora informal correspond\u00eda al 47,8% de la poblaci\u00f3n ocupada en las 23 ciudades y zonas metropolitanas. A esto se suma que las tasas de desempleo \u2013que hist\u00f3ricamente han sido de las m\u00e1s altas de la regi\u00f3n\u2013 se incrementaron a\u00fan m\u00e1s con la pandemia: seg\u00fan el DANE, perdieron su empleo casi 5 millones de personas perdieron su empleo, lo que corresponder\u00eda al 21,4% de desempleo a nivel nacional.<\/span><\/p>\n

Frente a la desigualdad estructural, Colombia es el segundo pa\u00eds m\u00e1s desigual despu\u00e9s de Brasil, dato al que deben sumarse las amplias brechas entre el medio urbano y rural, la desigualdad regional y las inequidades de g\u00e9nero, entre otras. Seg\u00fan las estimaciones de Fedesarrollo, la pobreza aumentar\u00e1 hasta un 38% en 2020; seg\u00fan el informe del CEDE de la Facultad de Econom\u00eda de la Universidad de los Andes, 7,3 millones de personas\u201d ingresan a la condici\u00f3n de pobreza con una ca\u00edda de ingresos mensuales que ronda los $4,8 billones.<\/span><\/p>\n

En este panorama de desigualdad y exclusi\u00f3n, en octubre las personas contagiadas del virus del COVID -19 superaron el mill\u00f3n de personas, y las muertes superaron las 31 mil. La velocidad del contagio aument\u00f3 por las recientes medidas del gobierno en septiembre que, atendiendo las demandas de los sectores empresariales y comerciales del pa\u00eds, decidi\u00f3 levantar la cuarentena sin acompa\u00f1ar estas decisiones con garant\u00edas para los sectores menos favorecidos, ni mucho menos realizar cambios en el precario sistema de salud, privatizado desde 1993. Esto derivar\u00e1 en un incremento en las curvas de contagio y mortalidad en los pr\u00f3ximos meses.<\/span><\/p>\n

Decretos de pandemia: m\u00e1s para los ricos y menos para los pobres<\/b><\/span><\/p>\n

En el contexto (y con el pretexto) de tomar medidas para atender la emergencia generada por la llegada del COVID-19, el presidente Duque declar\u00f3 el Estado de emergencia econ\u00f3mica, social y ecol\u00f3gica en todo el territorio nacional, al amparo del cual se cre\u00f3 el Fondo de Mitigaci\u00f3n de Emergencias (FOME), administrado por el Ministerio de Hacienda, seguido de un Decreto que autorizaba al ejecutivo manejar los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilizaci\u00f3n (unos 14 billones de pesos), constituido como la principal fuente de financiamiento del mencionado organismo, permitiendo que \u00e9stos facilitaran liquidez al sector financiero a trav\u00e9s de la adquisici\u00f3n de bonos de deuda y\u00a0 acciones y la concesi\u00f3n de cr\u00e9ditos a empresas privadas, mixtas y p\u00fablicas perjudicadas por la emergencia y que sean consideradas como de inter\u00e9s nacional.<\/span><\/p>\n

Por esta v\u00eda se ha beneficiado al Grupo Aval, que controla m\u00e1s de las dos terceras partes del sistema financiero privado y que ha estado vinculado al esc\u00e1ndalo de corrupci\u00f3n de Odebrecht. As\u00ed se profundiza el Estado clientelista y corrupto, que guarda estos recursos para el salvamento de empresas privadas (y algunas con un porcentaje p\u00fablico).<\/span><\/p>\n

Un informe presentado por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n a finales de agosto llama la atenci\u00f3n: de los $8,2 billones destinados para la atenci\u00f3n de la emergencia sanitaria y para el aseguramiento en salud de los colombianos, el Ministerio de Salud solo ha hecho efectivo cerca de medio bill\u00f3n de pesos, a la vez que advierte que \u00abno se han ejecutado los rubros correspondientes al aseguramiento, ampliaci\u00f3n de la oferta de servicios y el fortalecimiento de la salud p\u00fablica, para garantizar la prestaci\u00f3n de servicios a la ciudadan\u00eda\u00bb. Entre tanto, se incrementa la deuda con el Fondo Monetario Internacional a trav\u00e9s de la l\u00ednea de Cr\u00e9dito Flexible, supuestamente, para gestionar los riesgos generados por la pandemia.<\/span><\/p>\n

Siguiendo estos mismos lineamientos, el gobierno de Duque otorg\u00f3 un gigantesco pr\u00e9stamo de USD 370 millones a la compa\u00f1\u00eda a\u00e9rea Avianca, declarada en quiebra, que tiene un porcentaje mayoritario de capital privado extranjero (particularmente de Panam\u00e1). Una empresa que no solo ha desarrollado una pol\u00edtica de persecuci\u00f3n laboral contra sus trabajadores, sino que adem\u00e1s cuenta entre sus altos ejecutivos con la ex viceministra de Comunicaciones del gobierno de \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez y con la hermana del presidente, Mar\u00eda Paula Duque, quien se desempe\u00f1a como vicepresidenta senior de Relaciones Estrat\u00e9gicas y Experiencia al Cliente de dicha compa\u00f1\u00eda a\u00e9rea. Las protestas por parte de varios sectores sociales y pol\u00edticos, as\u00ed como las demandas jur\u00eddicas, llevaron a que en este momento el cr\u00e9dito se encuentre suspendido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.<\/span><\/p>\n

Sumado a este Decreto se han expedido otros 160 que poco o nada tienen que ver con la b\u00fasqueda de soluciones a la pandemia, pero que s\u00ed revelan claras intenciones de profundizar el modelo neoliberal, el expolio de los recursos y la violencia contra la oposici\u00f3n. Tal es el caso del Decreto 811 de 2020, que le permit\u00eda al Estado comprar acciones en cualquier empresa en riesgo en el marco del Estado de Emergencia y luego venderlas. Con esto se buscaba enajenar las empresas p\u00fablicas, entre ellas ECOPETROL, medida que ya ven\u00eda planteando el gobierno antes de la pandemia y que ahora pretend\u00eda hacerse efectiva con el argumento de que era necesaria su venta para solventar la crisis. En medio de las protestas de la Uni\u00f3n Sindical Obrera, a finales de septiembre el Decreto fue declarado inexequible por la Corte Constitucional.<\/span><\/p>\n

La nueva reforma pensional, que estaba en proyecto el a\u00f1o pasado \u2013y que fue una de las razones del paro del 21N en el 2019\u2013 ha seguido su curso y, con ella, toda la propuesta de mayor flexibilizaci\u00f3n laboral, dejando en claro que los billones de pesos del fondo lejos est\u00e1n de ser convertidos en ayudas a la poblaci\u00f3n para mitigar y soportar la crisis econ\u00f3mica y darle un mayor soporte financiero a la salud p\u00fablica y a la educaci\u00f3n p\u00fablica. Por el contrario, lo que hemos visto hasta ahora es que todos los gastos generados a partir de ese dinero han sido insuficientes, mal invertidos o inexistentes. El gobierno, a trav\u00e9s de sus bancadas en el Congreso, se ha negado tajantemente a otorgar la renta b\u00e1sica pedida por un n\u00famero significativo de parlamentarios y organizaciones sociales para paliar la miseria de nueve millones de personas.<\/span><\/p>\n

Mientras tanto el modelo extractivista minero-energ\u00e9tico se profundiza. Desde la firma del acuerdo con las FARC ha aumentado sin ning\u00fan tipo de control la deforestaci\u00f3n en todos los territorios de colonizaci\u00f3n y de frontera, aunado a la vulneraci\u00f3n de las comunidades rurales que est\u00e1n en estos territorios de disputa de los grandes intereses extractivos. Se pretende responsabilizar de esta deforestaci\u00f3n a las disidencias y a los grupos armados organizados (GAO), eludiendo de esta manera la responsabilidad del Estado, que en medio de la pandemia ha expedido una serie de decretos para continuar explotando la Amazon\u00eda.<\/span><\/p>\n

Asimismo, se ha reactivado la fumigaci\u00f3n de cultivos de uso il\u00edcito e intentado dar v\u00eda libre a la implementaci\u00f3n del fracking y presionando, a su vez, por una nueva normatividad que flexibilice la consulta previa como mecanismo para entrar a los territorios de pueblos ind\u00edgenas y afrodescendientes. En medio del incumplimiento de la ley de tierras que buscaba devolver las tierras usurpadas en medio del conflicto armado, el gobierno pretende reglamentar las Zonas de Desarrollo Empresarial que \u00ababrir\u00eda paso a la entrega de bald\u00edos a empresas nacionales o extranjeras, y a la violaci\u00f3n de los derechos territoriales de los pueblos ind\u00edgenas, si se destinan las tierras a privados en vez de priorizar la formalizaci\u00f3n de sus territorios\u00bb.<\/span><\/p>\n

En el caso de los pueblos ind\u00edgenas y afrodescendientes, la pandemia ha sido utilizada por el gobierno para acelerar la entrada de megaproyectos extractivos a sus territorios. El inter\u00e9s por \u00abregular\u00bb la consulta previa ven\u00eda desde el gobierno de Santos. Sin embargo, con la nueva contingencia sanitaria, el Ministerio del Interior lleg\u00f3 al absurdo de expedir una circular que autorizaba la realizaci\u00f3n virtual de consultas previas. Ante las protestas de las organizaciones \u00e9tnicas derog\u00f3 la normativa, pero dej\u00f3 abierta la posibilidad de realizar estas consultas virtuales si se ten\u00edan los accesos de conectividad virtual, lo que para el Proceso de Comunidades Negras (PCN) significa una estrategia \u00abde aprovechamiento circunstancial a causa de la pandemia, toda vez que las poblaciones se encuentran m\u00e1s vulnerables\u00bb.<\/span><\/p>\n

A esto se suman las propuestas de los sectores empresariales aliados con el actual gobierno Duque y su bancada en el Congreso, encaminadas a flexibilizar los criterios para la expedici\u00f3n de licencias ambientales que permitan agilizar los proyectos extractivos, con el argumento de ser el mejor camino para la reactivaci\u00f3n econ\u00f3mica en medio de la pandemia, lo cual constituye una nueva amenaza de despojo territorial, cultural y ambiental para estos pueblos y comunidades.<\/span><\/p>\n

Violencia policial<\/b><\/span><\/p>\n

La profundizaci\u00f3n de la agenda neoliberal en el contexto de la pandemia ha venido de la mano de un incremento de la violencia estatal contra grupos, comunidades y organizaciones sociales. El objetivo es claro: desarticularlas y reducir su capacidad de movilizaci\u00f3n. Para ello, se han intensificado estrategias represivas tales como la generalizaci\u00f3n de los montajes judiciales y el uso de los organismos armados del Estado. As\u00ed, casi simult\u00e1neamente con el inicio de la cuarentena obligatoria, la leg\u00edtima exigencia de los presos de las c\u00e1rceles colombianas fue respondida con un uso desproporcionado de la fuerza por parte del personal de vigilancia y custodia del INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario), resultando en el asesinato de 23 internos y dejando a otros 83 con graves lesiones y heridas.<\/span><\/p>\n

Este uso expl\u00edcito, directo y sistem\u00e1tico de la represi\u00f3n por parte del Estado ha sido la constante en el tratamiento dado a las protestas de sectores populares, estudiantes y otros que se han movilizado para expresar su rechazo a un paquete de medidas neoliberales que favorece a los grupos financieros y empresariales y vulnera a amplios sectores de la poblaci\u00f3n. Un punto de inflexi\u00f3n en esta estrategia represiva se alcanz\u00f3 el 9 y 10 de septiembre, cuando en Bogot\u00e1 y la localidad de Soacha fueron asesinadas 14 personas (la mayor\u00eda de ellas j\u00f3venes) que salieron a las calles a protestar en repudio al accionar violento de la polic\u00eda en contra del ciudadano Javier Ordo\u00f1ez, hecho que qued\u00f3 registrado en video y se difundi\u00f3 ampliamente en las redes sociales.<\/span><\/p>\n

Al amparo de la pandemia, la fuerza p\u00fablica y, particularmente, el Escuadr\u00f3n M\u00f3vil Antidisturbios (ESMAD), han cometido graves violaciones a los derechos humanos que apenas si son registradas por los medios de comunicaci\u00f3n oficiales. Es el caso del asesinato de una mujer adulta mayor y un beb\u00e9 en un operativo de desalojo de comunidades ind\u00edgenas el pasado mes de octubre en la ciudad de Leticia (Amazonas). Cuatro meses atr\u00e1s hab\u00eda sido asesinado de un tiro en el cuello un joven de 15 a\u00f1os, Duv\u00e1n Mateo Aldana, en otro operativo de desalojo en la ciudadela Sucre del municipio de Soacha. Tambi\u00e9n se han incrementado las masacres contra la poblaci\u00f3n civil cometidas por grupos paramilitares, en complicidad (ya sea por acci\u00f3n u omisi\u00f3n) de las autoridades estatales.<\/span><\/p>\n

Mayor presencia imperial<\/span><\/strong><\/p>\n

Desde fines del siglo XIX, el Estado colombiano se ha caracterizado por su total subordinaci\u00f3n a los lineamientos ordenados por Estados Unidos. No hemos tenido ning\u00fan gobierno que haya planteado una agenda aut\u00f3noma o se haya opuesto abiertamente a alguna de sus pol\u00edticas. El esp\u00edritu antimperialista ha estado pr\u00e1cticamente inexistente. No obstante, el actual gobierno de Duque ha superado con creces su arrodillamiento, pleg\u00e1ndose a la agenda del gobierno Trump en medio del declive hegem\u00f3nico de Estados Unidos.<\/span><\/p>\n

Bajo Duque, Colombia se ha convertido en una pieza clave en las acciones de agresi\u00f3n contra la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela. Las reiteradas visitas del exdirector de la Central de Inteligencia Americana (CIA) y Secretario de Estado de los Estados Unidos durante el gobierno de Trump, Mike Pompeo, as\u00ed como la vergonzosa admisi\u00f3n de tropas estadounidenses a territorio colombiano sin la aprobaci\u00f3n del Congreso de Rep\u00fablica han reafirmado ese prop\u00f3sito, que lleg\u00f3 a incluir una frustrada incursi\u00f3n de paramilitares y mercenarios venezolanos que pretend\u00edan atentar contra Nicol\u00e1s Maduro y altos funcionarios de su gobierno. En esta fallida operaci\u00f3n militar se comprob\u00f3 la participaci\u00f3n de dos exmiembros de las Fuerzas Especiales estadounidenses, detenidos en costas venezolanas, que actuaban desde campos de entrenamiento localizados en el norte de Colombia.<\/span><\/p>\n

Toda esta esta estrategia intervencionista se complementa con el llamado acuerdo \u00abColombia crece\u00bb, dado a conocer el pasado 17 de agosto por el presidente Iv\u00e1n Duque luego de una reuni\u00f3n con una misi\u00f3n estadounidense, de la que participaron el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, el consultor para asuntos latinoamericanos de ese pa\u00eds y el director de la Corporaci\u00f3n Financiera de Desarrollo Internacional. El mencionado acuerdo binacional se trata de un \u00abnuevo Plan Colombia para concentrarnos en el desarrollo econ\u00f3mico y seguridad de Colombia\u00bb, lo que deja entrever los prop\u00f3sitos contrainsurgentes del mismo. De dicho encuentro particip\u00f3, tambi\u00e9n, el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, organismo que ha venido desplegando su fuerza en la regi\u00f3n con el pretexto de enfrentar el narcotr\u00e1fico, apuntalando su potencial destructivo contra el gobierno de Nicol\u00e1s Maduro de Venezuela a quien considera \u00abuna amenaza para la libertad democr\u00e1tica en las naciones vecinas de Am\u00e9rica del Sur\u00bb.<\/span><\/p>\n

Potencialidades y limitaciones de las construcciones contrahegem\u00f3nicas<\/b><\/span><\/p>\n

Las resistencias y protestas de los sectores populares y pol\u00edticos alternativos en el contexto de la pandemia no pueden ser le\u00eddas \u00fanicamente en clave coyuntural. Por el contrario, deben pensarse en relaci\u00f3n a las disputas del \u00faltimo decenio, insert\u00e1ndolas en un per\u00edodo m\u00e1s extenso y analizando sus continuidades y rupturas con lo anterior. En este per\u00edodo podemos identificar confluencias nuevas entre sujetos diversos \u2013en lo \u00e9tnico y en lo pol\u00edtico\u2013, siendo significativas, entre otras, la creaci\u00f3n de importantes plataformas de car\u00e1cter nacional e intersectorial tales como la Marcha Patri\u00f3tica y el Congreso de los Pueblos (2010), la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE (2011), el paro nacional agrario (2013) en el que se conforma la Cumbre Agraria, \u00c9tnica y Popular, las movilizaciones de 2016 en defensa del Acuerdo de Paz, los paros de maestros y paros c\u00edvicos en Choc\u00f3 y Buenaventura (2017), las movilizaciones estudiantiles y el paro nacional universitario (2018).<\/span><\/p>\n

Pese a que el proceso de paz del gobierno Santos con las FARC (2011-2016) se desenvolvi\u00f3 en medio de una cruenta guerra, algunas organizaciones sociales y pol\u00edticas vieron en \u00e9l un momento de cierta apertura democr\u00e1tica que abr\u00eda un mayor margen de acci\u00f3n para las movilizaciones, y as\u00ed parecen indicarlo las cifras. En 2016 (a\u00f1o en que se suscribe el Acuerdo Final), las protestas superan en un 91% a las de 2013, y en un 132% a las de 2014. Ese mismo a\u00f1o hubo, en promedio, 1,5 eventos por d\u00eda, \u00edndice que aumenta a 1,9 para 2017.<\/span><\/p>\n

M\u00e1s all\u00e1 de los datos, resalta el hecho de que la negociaci\u00f3n y el acuerdo de paz permitieron renovar las demandas e incorporar otras reivindicaciones (como los temas ambientales, territoriales, de derechos humanos, de g\u00e9nero y \u00e9tnicos, entre otros). Lo anterior no obst\u00f3, empero, para que desde el discurso oficial se pretendiera limitar la movilizaci\u00f3n social con el sofisma de que cualquier expresi\u00f3n de protesta fortalec\u00eda a los enemigos de la paz. De este modo se trataba de contener el creciente inconformismo popular frente a los problemas estructurales que el modelo neoliberal hab\u00eda generado y que no fueron incorporados en la agenda de los Acuerdos. Desde el inicio de los di\u00e1logos gobierno-guerrilla en Oslo (2012), en sus declaraciones p\u00fablicas el presidente Juan Manuel Santos reiter\u00f3 una y otra vez que no entrar\u00eda \u00aba negociar ni a conversar sobre aspectos fundamentales de la vida nacional, como la propia Constituci\u00f3n, el modelo de desarrollo, el concepto de propiedad privada\u00bb.<\/span><\/p>\n

Despu\u00e9s de suscrito el Acuerdo de Paz (2016), el sentimiento de esperanza que vivieron muchas poblaciones urbanas y rurales \u2013sobre todo en las zonas donde se hab\u00eda sentido m\u00e1s crudamente el conflicto social y armado\u2013 se mantuvo en tanto hubo programas del gobierno (con recursos de los pa\u00edses garantes de la implementaci\u00f3n) para la sustituci\u00f3n voluntaria de cultivos de uso il\u00edcito. Sin embargo, una gran parte de las comunidades campesinas, afrodescendientes e ind\u00edgenas que no fueron beneficiadas por estos programas se vieron forzadas a sembrar nuevamente coca. Esta tendencia se vio reforzada con las modificaciones que recibi\u00f3 el Acuerdo luego de la p\u00e9rdida del Plebiscito por la Paz (2 de octubre de 2016), lo que termin\u00f3 por priorizar la perspectiva de seguridad y la consolidaci\u00f3n territorial por encima de los reclamos de los pobladores rurales.<\/span><\/p>\n

Con la llegada de Iv\u00e1n Duque al gobierno (2018), aunque no se logr\u00f3 \u00abhacer trizas el Acuerdo\u00bb (como era el prop\u00f3sito de su partido, Centro Democr\u00e1tico), se deriv\u00f3 en un total incumplimiento en los procesos de su implementaci\u00f3n. Bajo la divisa de \u00abPaz con legalidad\u00bb, mientras tanto, impon\u00eda un conjunto de medidas en materia laboral, pensional y manejo fiscal, entre otras, conocidas popularmente como \u00abel paquetazo\u00bb.<\/span><\/p>\n

As\u00ed fue como, de la mano con los ecos de las protestas de octubre en Chile y Ecuador, y bajo la consigna \u00abA parar para avanzar\u00bb, el primer a\u00f1o del gobierno de Duque enfrent\u00f3 una masiva protesta en las calles que incorpor\u00f3 nuevas modalidades de acci\u00f3n (como los cacerolazos, iniciativas art\u00edsticas de distinto tipo y formas novedosas de organizaci\u00f3n territorial, entre las que destacan las asambleas barriales).<\/span><\/p>\n

Al mismo tiempo, el recorrido de la Minga inter\u00e9tnica e intercultural del Cauca (lanzada en 2004 como una propuesta pol\u00edtica y de acci\u00f3n ind\u00edgena con perspectivas de aliarse con otros sectores sociales y territorios) ha sido fundamental para las confluencias diversas que se manifestaron en el Paro Nacional del 21 de noviembre\u00a0 de 2019. Este \u00faltimo tom\u00f3 impulso bajo el Comit\u00e9 Nacional de Paro compuesto por las centrales obreras y organizaciones sociales y pol\u00edticas, y logr\u00f3 construir un pliego de exigencias de 104 puntos.<\/span><\/p>\n

Pero la represi\u00f3n no se hizo esperar. El 25 de noviembre, en medio de una de las jornadas de paro, el Escuadr\u00f3n M\u00f3vil Antidisturbios (ESMAD) asesin\u00f3 por la espalda al joven Dylan Cruz, dejando heridos de gravedad a otros j\u00f3venes. En un pueblo que parec\u00eda haber naturalizado el conflicto social y armado, se produjo, sin embargo, un estallido generalizado de indignaci\u00f3n que prolong\u00f3 el paro durante varias semanas m\u00e1s.<\/span><\/p>\n

Mientras el gobierno del presidente Duque ofrec\u00eda \u00abconversar\u00bb (y no negociar) y persist\u00eda en sus intentos de sacar adelante el \u00abpaquetazo\u00bb, un sector significativo de los y las j\u00f3venes, quienes hab\u00edan mantenido el paro en las calles, se distanciaban de los voceros del Comit\u00e9 Nacional de Paro plante\u00e1ndole cr\u00edticas a su burocratismo o a su inter\u00e9s de consolidar algunas agendas por sobre otras. Al mismo tiempo, algunos sectores del Comit\u00e9 Nacional de Paro percib\u00edan a estos y estas j\u00f3venes como un sujeto disperso y con formas organizativas poco estructuradas. Esto devino en una importante tensi\u00f3n dentro del polo popular entre las estructuras \u00abtradicionales\u00bb organizadas (sindicatos y partidos pol\u00edticos alternativos) y los sectores sociales (estudiantes, organizaciones ind\u00edgenas, campesinas y afrodescendientes, espacios barriales, etc.) que demandan nuevas formas de representaci\u00f3n, organizaci\u00f3n y vocer\u00eda. Entre enero y marzo de 2020, varios procesos estudiantiles y comunitarios, a nivel urbano y rural, intentaron reorganizarse para que el paro renazca. En ese contexto lleg\u00f3 la pandemia.<\/span><\/p>\n

Protestas y propuestas<\/b><\/span><\/p>\n

Durante la pandemia, las protestas sociales han estado presentes. En medio del desconcierto inicial, las organizaciones comunitarias \u00e9tnicas y campesinas se replegaron en sus territorios, tanto por el confinamiento estricto que se impuso como por la certeza de que la precaria situaci\u00f3n de la salud en Colombia no les garantizaba ninguna protecci\u00f3n. Con esto, inicialmente las agendas locales de movilizaci\u00f3n, formaci\u00f3n y reflexi\u00f3n planeadas se aplazaron.<\/span><\/p>\n

Las comunidades reclamaron mayor presencia del Estado para enfrentar la contingencia sanitaria, ya que su intervenci\u00f3n se limitaba a lo militar, lo cual no garantizaba que los grupos armados paramilitares y de narcotr\u00e1fico siguieran movi\u00e9ndose y amedrent\u00e1ndolos en sus territorios. Ante una \u00abayuda\u00bb que nunca lleg\u00f3, muchas comunidades y organizaciones rurales llevaron a cabo sus propios protocolos de seguimiento y protecci\u00f3n. Esta articulaci\u00f3n organizativa fortaleci\u00f3 sus procesos de autonom\u00eda alimentaria y evit\u00f3 que muchas comunidades rurales se desplazaran a los centros urbanos, logrando protegerse mejor contra el virus. Pero esto no signific\u00f3 que las problem\u00e1ticas estructurales que se viv\u00edan desde antes de la pandemia cesaran. As\u00ed lo denuncia el Proceso de Comunidades Negras (PCN): \u00abLa nueva fase de aislamiento selectivo iniciada este mes de septiembre, en muy poco cambia el curso de las acciones negativas en los pueblos Negros, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueros (NARP) en todo el pa\u00eds. Las comunidades a\u00fan siguen en el infortunio, las deudas hist\u00f3ricas del Estado se mantienen m\u00e1s que vigentes, la pandemia causada por el virus del COVID-19, profundiz\u00f3 las angustias estructurales vivenciadas a trav\u00e9s de los a\u00f1os\u00bb (Renacientes, 2020).<\/span><\/p>\n

En el caso de las comunidades campesinas, la desigualdad estructural que ya exist\u00eda se profundiz\u00f3 en pandemia: a la escasez de productos sanitarios y\/o de consumo b\u00e1sico, los problemas que gener\u00f3 la educaci\u00f3n virtual (en un pa\u00eds con un 74% de poblaci\u00f3n rural sin acceso a conectividad), la precariedad del sistema de salud y la falta de agua potable en comunidades enteras se le sum\u00f3 el aumento de la violencia por parte de los grupos paramilitares producto del confinamiento. Aunque las organizaciones campesinas nacionales y locales no cesaron de exigir la urgente atenci\u00f3n del Estado, hasta el momento no ha existido respuesta alguna.<\/span><\/p>\n

En los sectores urbanos populares de ciudades como Bogot\u00e1, Medell\u00edn y Cali \u2013en su mayor\u00eda compuestos por trabajadores(as) informales\u2013 la presi\u00f3n inicial del confinamiento condujo a protestas por ayudas alimentarias y econ\u00f3micas ya desde principios de abril. Los trapos rojos, colgados en las ventanas en un grito de auxilio desesperado por hambre, aumentaron. En varios barrios y localidades hubo protestas que, adem\u00e1s de ser fuertemente reprimidas, fueron desvirtuadas en los medios de comunicaci\u00f3n, tal como sucedi\u00f3 con las que tuvieron lugar en Bogot\u00e1, sobre las que la Alcaldesa Claudia L\u00f3pez manifest\u00f3 que eran \u00abmanejadas por clientelas pol\u00edticas corruptas y malintencionadas\u00bb.<\/span><\/p>\n

Frente a esto, surgieron varias redes de organizaciones populares que proponen la creaci\u00f3n de una renta b\u00e1sica universal. Desde diferentes espacios (entre ellos, los proyectos de ley que se han presentado en el Congreso desde la bancada alternativa) fueron profundizando el trabajo hasta incorporar la propuesta en el Pliego de peticiones de emergencia del Comit\u00e9 Nacional de Paro. El sector estudiantil universitario, un actor central de las movilizaciones por la financiaci\u00f3n la educaci\u00f3n de superior en 2018 y el paro nacional de 2019, logr\u00f3 estar por encima de los debates internos que estas luchas dejaron y reactivarse en medio de la pandemia, jalonando la iniciativa de \u00abMatr\u00edcula Cero\u00bb que se implement\u00f3 parcialmente en algunas universidades p\u00fablicas y permiti\u00f3 pensar en una propuesta m\u00e1s all\u00e1, como es la de gratuidad en la educaci\u00f3n.\u00a0<\/span><\/p>\n

En medio de un creciente empobrecimiento de la poblaci\u00f3n, la izquierda y los sectores sociales alternativos, tienen el reto de fortalecer los procesos de convergencia organizativa, con reivindicaciones y sujetos diversos e inconformes con el modelo neoliberal, superar las mezquindades y protagonismos individuales o sectoriales, no limitar la agenda a la disputa electoral de ser gobierno y aprovechar el componente pedag\u00f3gico-pol\u00edtico que la pandemia posibilita para evidenciar el car\u00e1cter excluyente del Estado colombiano y construir procesos contrahegem\u00f3nicos.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

En contraste con las falaces im\u00e1genes creadas por las \u00e9lites y alimentadas por los medios de comunicaci\u00f3n hegem\u00f3nicos, Colombia es hoy un pa\u00eds al borde del estallido social, con crudas cifras de desigualdad, pobreza, desempleo y asesinatos pol\u00edticos.<\/p>\n","protected":false},"author":102520410,"featured_media":17445,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_coblocks_attr":"","_coblocks_dimensions":"","_coblocks_responsive_height":"","_coblocks_accordion_ie_support":"","_crdt_document":"","advanced_seo_description":"","jetpack_seo_html_title":"","jetpack_seo_noindex":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[],"tags":[703604945,17212,703604941,703605280,703604917,703605900,703605896,703605089,1220667,703605386,703604944,703605899,703605413,703605898,703605897,703605676,703604940,703605142,703604963,703604918,703604933,703605145],"class_list":{"0":"post-17434","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","6":"hentry","7":"tag-acuerdo-de-paz","8":"tag-america-latina","9":"tag-asesinatos","10":"tag-cia","11":"tag-covid-19","12":"tag-csi","13":"tag-desemple","14":"tag-eln","15":"tag-esmad","16":"tag-extractivismo","17":"tag-farc","18":"tag-farc-ep","19":"tag-fuerzas-armadas","20":"tag-gao","21":"tag-grupos-armados-organizados","22":"tag-ivan-duque","23":"tag-lideres-sociales","24":"tag-militares","25":"tag-pandemia","26":"tag-paramilitares","27":"tag-pobreza","28":"tag-violencia-policial","30":"fallback-thumbnail"},"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/correspondenciadeprensa.com\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/Colombia1503-1640656009-1615827189778.jpg?fit=1024%2C571&ssl=1","jetpack_likes_enabled":false,"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p7lt2C-4xc","amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/17434","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/102520410"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=17434"}],"version-history":[{"count":11,"href":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/17434\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":17446,"href":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/17434\/revisions\/17446"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/17445"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=17434"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=17434"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=17434"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}