Correspondencia de Prensa<\/a>, 12-2-2021<\/strong><\/span><\/p>\nEn el norte de Chile se est\u00e1 viviendo una grave crisis humanitaria a la que el gobierno de Sebasti\u00e1n Pi\u00f1era ha respondido militarizando la frontera y expulsando migrantes. Desde septiembre del 2020 ven\u00edan aumentando las llegadas de extranjeros, las que se agudizaron el \u00faltimo fin de semana de enero, cuando ingresaron 1.800 personas por Colchane, localidad ubicada en el altiplano chileno a m\u00e1s de 3.500 m.s.n.m., duplicando en unos cuantos d\u00edas los habitantes de la comuna (1.600 aprox.). De all\u00ed que el alcalde de Colchane d\u00e9 cuenta del incremento de la tensi\u00f3n, en una localidad que no tiene alcantarillado, ni farmacias, ni supermercados, ni luz el\u00e9ctrica las 24 horas del d\u00eda. En un contexto de incapacidad local y escaso apoyo gubernamental, crecen los conflictos, donde quienes se desplazan son responsabilizados de aumentar la inseguridad y colapsar los servicios p\u00fablicos, acentuando la xenofobia.<\/span><\/p>\nEl incremento de venezolanos ingresando por el norte de Chile responde a una crisis humanitaria de proporciones, que seg\u00fan ACNUR ha afectado a casi cinco millones y medio de personas, quienes se han visto obligadas a desplazarse a otras naciones. Chile se ha erigido en uno de los tantos destinos dentro de la regi\u00f3n, luego de Colombia y Per\u00fa, que triplican y duplican las llegadas. Seg\u00fan la \u00faltima estimaci\u00f3n, en Chile al a\u00f1o 2019 hab\u00eda m\u00e1s de 400 mil venezolanos, los que representaban el 30% de todos los migrantes, quienes, a su vez, constituyen el 7,8% de la poblaci\u00f3n nacional; una cifra menor, considerando que el promedio de los pa\u00edses de la OCDE se sit\u00faa en 13%.<\/span><\/p>\nLos venezolanos no s\u00f3lo huyen del hambre, de la falta de insumos esenciales, de la inestabilidad y de la precariedad, sino de una naci\u00f3n que hace a\u00f1os se encuentra convulsionada social, econ\u00f3mica y pol\u00edticamente. A pesar de esta vulnerabilidad, quienes se desplazan se ven enfrentados a una serie de adversidades, ya sea por la extensa traves\u00eda o por no contar con los documentos y\/o recursos requeridos, entre otras. La mayor\u00eda de quienes logran pisar suelo chileno vienen exhaustos despu\u00e9s de cruzar varios pa\u00edses. Testimonios dan cuenta de que han pagado m\u00e1s de 5.000 USD para viajar desde Venezuela a Pisiga, localidad fronteriza boliviana. A pesar de la alta suma desembolsada, muchos migrantes son dejados a su suerte en pleno altiplano andino, una zona des\u00e9rtica rodeada de minas terrestres.<\/span><\/p>\nEl trayecto final es particularmente duro, considerando que muchos ingresan a pie por el altiplano, donde la altura supera los 4.000 de altitud. y existe una gran oscilaci\u00f3n t\u00e9rmica, ya que durante el d\u00eda es posible llegar los 30\u00b0C, mientras en la noche la temperatura decae hasta -8\u00b0C. Precisamente las bajas temperaturas y la altitud son dos de las causas que se investigan (adem\u00e1s de las enfermedades de base y respiratorias), para determinar la muerte de dos personas migrantes que fallecieron el 3 de febrero. Sus fallecimientos expusieron las falencias de un sistema migratorio, heredado de la dictadura de Pinochet, que no ha logrado satisfacer adecuadamente la acogida de migrantes, ya que carece de un debido proceso en el caso de las expulsiones administrativas y establece delitos migratorios espec\u00edficos: el ingreso clandestino y con documentos falsificados o adulterados.<\/span><\/p>\nLa respuesta a esta crisis humanitaria por parte del gobierno chileno no solo ha sido deficiente, sino que su propio actuar ha contribuido a agravarla. El presidente Pi\u00f1era en febrero de 2019 viaj\u00f3 a C\u00facuta, ciudad colombiana fronteriza a Venezuela, asegur\u00e1ndoles a los venezolanos que en Chile encontrar\u00edan refugio. Es m\u00e1s, en dicha ocasi\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que \u201cno hay nada m\u00e1s perverso que un r\u00e9gimen que niega la ayuda humanitaria a su propio pueblo y que pone en riesgo la vida de m\u00e1s de 300 mil venezolanos. Eso no tiene perd\u00f3n de Dios\u201d.<\/span><\/p>\nSin embargo, lo proclamado dista diametralmente de la realidad, debido a que, en vez de facilitar su ingreso, la pol\u00edtica que ha implementado la actual Administraci\u00f3n ha dificultado el mismo. As\u00ed, el 16 de abril de 2018 comenz\u00f3 a regir la denominada \u201cvisa de responsabilidad democr\u00e1tica\u201d y a mediados del 2019 se impuso una visa consular de turismo, las que, en la pr\u00e1ctica, han operado como barreras a la entrada regular de venezolanos, generando un aumento en los ingresos clandestinos, ya que ambas medidas buscan impedir que entren como turistas y luego cambien su estatus migratorio ya estando en Chile, como parad\u00f3jicamente permite la actual legislaci\u00f3n migratoria a los dem\u00e1s extranjeros.<\/span><\/p>\nCabe observar las cifras para apreciar c\u00f3mo el Estado chileno se ha erigido en productor de irregularidad, ya que, de las visas solicitadas por venezolanos, un 82% de las de turismo se han rechazado. El panorama en las visas de responsabilidad democr\u00e1tica es igual de desolador, pues solo un cuarto de las visas solicitadas han sido otorgadas. A lo anterior se debe sumar que luego de la pandemia se paus\u00f3 el otorgamiento de la visa de responsabilidad democr\u00e1tica, lo que repercuti\u00f3 en el incremento de los ingresos irregulares: solo en el a\u00f1o 2018 se duplicaron y el 2019 superaron los 8 mil, donde los venezolanos representan m\u00e1s de la mitad de las entradas por pasos no habilitados. Adem\u00e1s, desde marzo del 2020 se han cerrado las fronteras internacionales por la pandemia, lo que ha agravado la situaci\u00f3n migratoria.<\/span><\/p>\nEl gobierno de Chile se ha valido de estos instrumentos, establecidos en decretos y resoluciones dictados especialmente para dificultar el ingreso de ciudadanos de Venezuela y Hait\u00ed, para conducir convenientemente la discusi\u00f3n migratoria, reduci\u00e9ndola a la simple ecuaci\u00f3n: regular\/irregular. Utilizando una astuta y eficiente t\u00e1ctica, la Administraci\u00f3n plantea que mientras los extranjeros en situaci\u00f3n regular siempre ser\u00e1n bienvenidos y podr\u00e1n gozar de derechos, quienes ingresan irregularmente ser\u00e1n excluidos y no podr\u00e1n ejercer sus garant\u00edas. Como si ante tales medidas implementadas, los migrantes venezolanos tuvieran posibilidad alguna de entrar por pasos habilitados, siendo que precisamente su ingreso clandestino responde a que en su caso se han dificultado los mecanismos institucionales para su ingreso regular.<\/span><\/p>\nEl denominado \u201cPlan Colchane\u201d implementado por el gobierno, junto con doblar la presencia militar en la zona, ha concretado la expulsi\u00f3n de migrantes. El 10 de febrero, se realiz\u00f3 la expulsi\u00f3n administrativa m\u00e1s masiva, lo que el ministro del Interior calific\u00f3 como un hito pues en un solo d\u00eda se deportaron 138 personas, 86 en un avi\u00f3n de la Fuerza A\u00e9rea de Chile rumbo a Colombia y Venezuela, y 52 migrantes en buses hacia Per\u00fa y Bolivia. Seg\u00fan testimonios de venezolanos, algunas de esas expulsiones fueron notificadas en plena madrugada por la Polic\u00eda de Investigaciones, cuyos funcionarios acudieron a residencias sanitarias en Iquique, la capital regional, para notificarles la expulsi\u00f3n. Los migrantes se encontraban all\u00ed despu\u00e9s de ser conminados por los funcionarios a autodenunciarse e iniciar una cuarentena obligatoria. Los migrantes denuncian que los funcionarios policiales habr\u00edan llegado aplaudiendo, con burlas, afirmando \u201cya se van a ir a su pa\u00eds\u201d y haci\u00e9ndolos firmar un documento que no entendieron.<\/span><\/p>\nRelatos de venezolanos que se encuentran en dichas residencias sanitarias se\u00f1alan: \u201cNos tienen como unos presos, nos graban, nos alumbran (\u2026) c\u00f3mo vamos a apelar si no nos dan la oportunidad, si nos encontramos encerrados en un centro sanitario y nos han retenido los documentos\u201d. Como advierte Eduardo Cardoza, secretario del Movimiento de Acci\u00f3n Migrante, \u201cesto ha sido planificado de la peor forma, dictatorialmente, a las 2 de la ma\u00f1ana en un lugar donde nadie puede acceder por la pandemia\u201d. Estrategias gubernamentales como \u00e9stas son indignantes e intolerables en un pa\u00eds que se precia de ser democr\u00e1tico, ya que este tipo de conductas desplegadas por parte de funcionarios vulneran el debido proceso que debiese garantizarse en todo procedimiento de expulsi\u00f3n.<\/span><\/p>\nEn suma, se vislumbran tres grandes cr\u00edticas al manejo que el gobierno chileno ha tenido de la crisis migratoria de Colchane. En primer lugar, que la toma de decisiones y la implementaci\u00f3n de medidas ha ignorado la evidencia acad\u00e9mica y las recomendaciones de organismos internacionales especializados. El gobierno ha abordado la migraci\u00f3n asumiendo que, al imponer m\u00e1s trabas, los flujos migratorios disminuir\u00e1n o se frenar\u00e1n. Esto demuestra una aguda falta de comprensi\u00f3n, pues los estudios dan cuenta de que, estableciendo mayores barreras, los desplazamientos no se detienen, sino m\u00e1s bien se agudizan, tal como ha acontecido en Chile, primero con los migrantes dominicanos, luego con los haitianos y ahora con los venezolanos.<\/span><\/p>\nLo anterior nos conduce a la segunda cr\u00edtica: el tratamiento jur\u00eddico de la movilidad humana desde el estado de excepci\u00f3n. El gobierno ha insistido, una y otra vez, en adoptar medidas excepcionales al gestionar los flujos migratorios; lo hizo, por ejemplo, con el denominado \u201cPlan humanitario de retorno ordenado\u201d, donde busc\u00f3 limitar derechos de los migrantes a trav\u00e9s de un decreto, y contin\u00faa por esta senda, esta vez ampliando las facultades de las Fuerzas Armadas en la zona fronteriza, mediante la modificaci\u00f3n del decreto 265 del 2019 del Ministerio de Defensa, el que ya hab\u00eda sido extendido temporalmente. As\u00ed, el 4 de febrero se public\u00f3 el Decreto Supremo que autoriza la colaboraci\u00f3n de las Fuerzas Armadas con autoridades civiles y policiales en dicho territorio, no s\u00f3lo para el narcotr\u00e1fico y el crimen organizado transnacional, sino tambi\u00e9n para el tr\u00e1fico il\u00edcito de migrantes, extendiendo materialmente la autorizaci\u00f3n original.<\/span><\/p>\nComo se advierte, la respuesta ante el aumento de ingresos por la frontera norte chilena ha sido gobernar transformando la excepcionalidad en regla, una pol\u00edtica que conceptualiza la migraci\u00f3n desde un enfoque parcial y restrictivo, concentrada en el control de las poblaciones. Una normativa que reduce la movilidad a una mera facultad de gobierno, a una cuesti\u00f3n de orden y seguridad, como si militarizando la frontera norte, los venezolanos no fueran a seguir ingresando. Como sostienen las especialistas Stang y Beniscello: \u201cHay una ficci\u00f3n de democracia cuando se militariza la demanda de derechos, o el control de la movilidad de las personas dentro del territorio o a trav\u00e9s de sus fronteras\u201d.<\/span><\/p>\nLo anterior nos lleva a la tercera cr\u00edtica, que es la falta de una respuesta multilateral coordinada. El gobierno, despu\u00e9s de haber liderado los esfuerzos regionales para la promoci\u00f3n del \u201cPacto Mundial sobre Migraci\u00f3n\u201d, se rest\u00f3 del mismo de forma intempestiva, renunciando a enfrentar la movilidad desde una perspectiva multilateral. Resulta incomprensible que uno de los pa\u00edses m\u00e1s ricos de Am\u00e9rica Latina, con un cuerpo diplom\u00e1tico con tradici\u00f3n de excelencia, no haya promovido y liderado esfuerzos conjuntos entre las naciones vecinas para enfrentar la crisis que la evidencia cient\u00edfica acumulada anticipaba. Esto muestra la tozudez de la actual Administraci\u00f3n en abordar desde la estrecha perspectiva del Estado-naci\u00f3n una de las m\u00e1s importantes problem\u00e1ticas globales del siglo XXI.<\/span><\/p>\nDe esta manera, en vez de promover una acci\u00f3n regional concertada para abordar esta crisis desde el enfoque de los derechos humanos, se contin\u00faa securitizando la migraci\u00f3n, criminalizando a quienes buscan una vida m\u00e1s digna, apostando por la exclusi\u00f3n del otro. Como plante\u00f3 el Servicio Jesuita Migrante en su declaraci\u00f3n p\u00fablica, es hora de dar una respuesta integral y continental. Como han planteado organizaciones de y para migrantes, urge coordinar un \u201cPlan Humanitario Regional\u201d que entregue respuestas pertinentes y territoriales. Es lo m\u00ednimo que cabe esperar ante una crisis de tal magnitud; no obstante, el gobierno ha hecho nulos esfuerzos para coordinar una propuesta multilateral, imponiendo el control fronterizo nacional como \u00fanico camino.<\/span><\/p>\nEn este sentido, la iniciativa de licitar 15 aviones para la expulsi\u00f3n de migrantes, impulsada por el Departamento de Extranjer\u00eda y Migraci\u00f3n, conducir\u00e1 al incumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado de Chile, en tanto anticipa una respuesta jur\u00eddica equivocada, ya que los est\u00e1ndares de derechos humanos exigen a los Estados indagar todas las solicitudes de refugio. Cabe destacar que Chile en 2010 dict\u00f3 una Ley de Refugio, que busc\u00f3 adecuar la normativa interna para dar cumplimiento a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado de Chile al suscribir y ratificar la Convenci\u00f3n para el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos. Esta ley contempla una definici\u00f3n amplia de refugio y contiene, acorde con los instrumentos internacionales de derechos humanos, el principio de no devoluci\u00f3n y la prohibici\u00f3n de rechazo en frontera, la no sanci\u00f3n por ingreso ilegal y la no discriminaci\u00f3n.<\/span><\/p>\nPor ende, en vez de incentivar la autodenuncia por ingreso clandestino de los migrantes venezolanos, el Gobierno deber\u00eda promover la protecci\u00f3n de quienes solicitan refugio en Chile, seg\u00fan le obligan las normas de derecho interno y de derecho internacional. Al respecto, las cifras son elocuentes: al 31 de diciembre del 2019 s\u00f3lo 14 venezolanos han sido reconocidos como refugiados, mientras que ese mismo a\u00f1o ingresaron a Chile 16.933 personas declarando solicitud de refugio, de las que el 99% correspond\u00eda a venezolanos.<\/span><\/p>\nPor \u00faltimo, m\u00e1s all\u00e1 de las obligaciones jur\u00eddicas asumidas por el Estado de Chile, se deber\u00eda brindar ayuda humanitaria y protecci\u00f3n a los migrantes que arriban desde Colchane, pues, parafraseando al presidente Pi\u00f1era, no hay nada m\u00e1s perverso que negar la ayuda humanitaria y poner en riesgo la vida de tantas personas.<\/span><\/p>\n* Martina Coci\u00f1a-Cholaky<\/strong> es docente en Universidad de O’Higgins. Marcos Andrade-Moreno<\/strong> es profesor en la Facultad de Ciencias Jur\u00eddicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"El Gobierno de Sebasti\u00e1n Pi\u00f1era militariza la frontera, niega refugio y devuelve en caliente a miles de venezolanos. 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