{"id":1244,"date":"2016-11-01T18:16:15","date_gmt":"2016-11-01T18:16:15","guid":{"rendered":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/?p=1244"},"modified":"2016-11-01T18:16:15","modified_gmt":"2016-11-01T18:16:15","slug":"paraguay-la-tierra-para-los-delincuentes-ambientales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/?p=1244","title":{"rendered":"Paraguay: La tierra para los delincuentes ambientales"},"content":{"rendered":"<p><strong>Paraguay<\/strong><\/p>\n<p><strong>La tierra para los delincuentes ambientales <\/strong><\/p>\n<p><strong>A cuatro a\u00f1os de la destituci\u00f3n del presidente Fernando Lugo, son evidentes el retroceso que esto signific\u00f3 para los campesinos, y el avance exponencial de los negocios de la soja y la carne, que profundizan la desigualdad y se rigen por los m\u00e9todos mafiosos que caracterizan al narcotr\u00e1fico. Lo peculiar del caso paraguayo es el ferviente apoyo estatal a las ilegalidades empresariales.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Ra\u00fal Zibechi<\/strong><\/p>\n<p><strong>Brecha, Montevideo, 21-10-2016 \u00a0<\/strong><strong><a href=\"http:\/\/brecha.com.uy\/\">http:\/\/brecha.com.uy\/<\/a><\/strong><\/p>\n<p>\u201c\u00bfPor qu\u00e9 para desalojar a 50 familias campesinas env\u00edan a 400 polic\u00edas?\u201d, le preguntan a la soci\u00f3loga Marielle Palau, quien sigue la lucha campesina desde hace m\u00e1s de dos d\u00e9cadas. \u201cPorque si son pocos (los polic\u00edas) no les tienen miedo y no pueden de\u00adsalojarlos\u201d, responde. \u201cPor eso emplean niveles in\u00e9ditos de violencia, y en casi todos los desa-lojos, muchos de ellos asentamientos legales establecidos en colonias estatales, les queman las viviendas y los cultivos y les roban sus pertenencias.\u201d<\/p>\n<p>Un buen ejemplo de lo que afirma Palau es lo sucedido en la colonia San Juan (departamento de Canindey\u00fa) el 17 de agosto pasado, cuando m\u00e1s de 200 polic\u00edas desalojaron 12 lotes, dejando a cien campesinos sin sus tierras ni viviendas luego de que, seg\u00fan un comunicado del instituto Base-Investigaciones Sociales (Base-IS), la comitiva fiscal-policial \u201cderrib\u00f3 las casas de las familias, trabajo que realizaron polic\u00edas y peones de los productores de soja\u201d.<\/p>\n<p>El caso es grave porque la colonia San Juan fue creada en 1995 sobre tierras del Estado a trav\u00e9s de la ley 620, que permiti\u00f3 a familias campesinas beneficiarias de pol\u00edticas agrarias colonizar una amplia zona de 8 mil hect\u00e1reas. Presionadas por las fumigaciones y el envenenamiento de animales y cultivos, muchas familias vendieron sus lotes a productores de soja, en su mayor\u00eda brasile\u00f1os. El desalojo de las familias que permanec\u00edan en la colonia se produjo tras la denuncia de un sojero que asegur\u00f3 que los campesinos invad\u00edan su propiedad. Pero el operativo no contaba con orden judicial de de\u00adsalojo.<\/p>\n<p>La polic\u00eda de elite se qued\u00f3 varios d\u00edas en la colonia, arrestando a los campesinos que circulaban por los caminos vecinales. El 8 de setiembre, se\u00f1ala un comunicado de Base-IS, un grupo de polic\u00edas y sojeros lleg\u00f3 al asentamiento \u201ccon la intenci\u00f3n de fumigar con secantes qu\u00edmicos los cultivos de las familias\u201d. Ante la oposici\u00f3n encontrada, hirieron de gravedad a un campesino. \u201cEl coraz\u00f3n del conflicto es el acaparamiento irregular por productores sojeros de tierras estatales reservadas para la reforma agraria\u201d.<\/p>\n<p>Paraguay ocupa el sexto lugar en el ranking mundial de pa\u00edses productores de soja transg\u00e9nica, por delante de Canad\u00e1 y detr\u00e1s de China, India, Argentina, Brasil y Estados Unidos. Los 9 millones de toneladas de soja se cosechan en 3,5 millones de hect\u00e1reas que han sido robadas (literalmente) a campesinos, ind\u00edgenas y a un Estado aliado de los sojeros.<\/p>\n<p><strong>La soja come todo<\/strong><\/p>\n<p>Lo m\u00e1s curioso e indignante es que los productores de soja avanzan sobre tierras del Estado que fueron entregadas a campesinos beneficiarios de planes de reforma agraria. En claro, se trata de colonias estatales, aunque el propio Estado paraguayo las haya abandonado sin asignarles servicios m\u00ednimos. En las zonas de expansi\u00f3n sojera, en los departamentos de la franja lindera con Brasil, los productores brasile\u00f1os alegan tener t\u00edtulos de propiedad, conseguidos de forma fraudulenta por la corrupci\u00f3n de funcionarios estatales del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y de la Direcci\u00f3n de Catastro.<\/p>\n<p>Dos trabajos de Base-IS documentan el avance del agronegocio y de la represi\u00f3n. El informe \u201cCon la soja al cuello\u201d, coordinado por Palau (2015), y el estudio \u201cJudicializaci\u00f3n y violencia contra la lucha campesina\u201d, de Abel Areco y la propia Palau (2016), son dos pormenorizados trabajos que resumen lo sucedido en el campo paraguayo entre 2013 y 2015, o sea en los dos primeros a\u00f1os del gobierno de Horacio Cartes.<\/p>\n<p>Entre 2004 y junio de 2012 (cuando un golpe parlamentario destituy\u00f3 al presidente Fernando Lugo) se hab\u00eda liberado legalmente un solo cultivo transg\u00e9nico. Tras la ca\u00edda de Lugo se liberaron 19 m\u00e1s, de modo legal o ilegal, seg\u00fan la abogada Silvia Gonz\u00e1lez. \u201cPara acceder a informaci\u00f3n sobre la liberaci\u00f3n de semillas transg\u00e9nicas \u2013escribe la abogada\u2013 nos hemos visto en la necesidad de recurrir a informaci\u00f3n de organismos del exterior, ya que la p\u00e1gina oficial de la Comisi\u00f3n de Bioseguridad Agropecuaria y Forestal (Conbio) desde hace meses tiene \u2018problemas t\u00e9cnicos\u2019.\u201d<\/p>\n<p>En segundo lugar, se constata una fuerte concentraci\u00f3n de las empresas oligop\u00f3licas, que controlan el 75 por ciento del mercado global, seis grandes empresas, encabezadas por Monsanto y seguidas por Syngenta, Dow, Bayer (ahora en proceso de fusi\u00f3n con Monsanto), Basf y DuPont. Cuatro empresas brasile\u00f1as controlan las exportaciones paraguayas de carne y tres estadounidenses las de soja, en un pa\u00eds donde el presidente es, a la vez, empresario ganadero, sojero, tabacalero, agroindustrial y financiero, por mencionar apenas sus negocios legales.<\/p>\n<p>S\u00f3lo tres empresas controlan el 40 por ciento de las exportaciones globales paraguayas. Las consecuencias son catastr\u00f3ficas para el ambiente y los campesinos. Seg\u00fan la Asociaci\u00f3n Guyra Paraguay, cada a\u00f1o se deforestan 260 mil hect\u00e1reas de bosque, por lo que en poco m\u00e1s de una d\u00e9cada \u201cla deforestaci\u00f3n rampante promete eliminar los bosques de la faz del pa\u00eds\u201d. Cada d\u00eda se destruyen 2 mil hect\u00e1reas.<\/p>\n<p>El economista Jorge Villalba, de la Sociedad de Econom\u00eda Pol\u00edtica, concluye, luego de analizar los datos oficiales, que los grandes productores evadieron nada menos que el 87 por ciento del impuesto a la renta agropecuaria. El sector apenas aport\u00f3 110 millones de d\u00f3lares en todo 2015, lo que alcanza para mantener al Estado en funcionamiento apenas tres d\u00edas. Las seis principales agroexportadoras vendieron 2.500 millones de d\u00f3lares, de los cuales s\u00f3lo aportaron 14 millones por el impuesto a la renta, el 0,5 por ciento.<\/p>\n<p><strong>Resistencias y destrucci\u00f3n <\/strong><\/p>\n<p>Hasta la ca\u00edda de la dictadura de Alfredo Stroessner, en 1989, la mitad de los paraguayos viv\u00eda en zonas rurales. En ese momento las instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial, pretend\u00edan que la poblaci\u00f3n rural se situara en torno al 12 por ciento del total. En consecuencia, entre dos y tres millones de campesinos deb\u00edan ser desplazados hacia las ciudades.<\/p>\n<p>Las cosas marcharon seg\u00fan lo previsto. En 1991 hab\u00eda casi un mill\u00f3n de trabajadores rurales, cifra que se redujo a 238.400 en 2008, seg\u00fan el trabajo del soci\u00f3logo Ram\u00f3n Fogel, del Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios. Por un lado, se vive un crecimiento exponencial del uso de herbicidas como el glifosato y otros venenos, a raz\u00f3n de nueve quilos de veneno per c\u00e1pita cada a\u00f1o. Entre 2009 y 2015 la superficie sembrada con soja creci\u00f3 31 por ciento, pero los agrot\u00f3xicos importados lo hicieron en 42 por ciento y los fungicidas secos se expandieron un 937 por ciento.<\/p>\n<p>La agricultura mecanizada utiliza un trabajador cada 500 hect\u00e1reas, mientras que \u201cla agricultura campesina, en un promedio de tres hect\u00e1reas de cultivo de productos agr\u00edcolas ocupa alrededor de cinco trabajadores de forma permanente\u201d, se\u00f1ala el informe \u201cCon la soja al cuello\u201d. Un conjunto de factores \u2013crecimiento de la superficie de cultivos transg\u00e9nicos, fumigaci\u00f3n masiva con venenos y ca\u00edda de los precios de la agricultura familiar\u2013 explican buena parte del \u00e9xodo rural. Sin embargo, el factor decisivo es la violencia sistem\u00e1tica de los sojeros y las mafias, apoyados por el Estado.<\/p>\n<p>En departamentos sojeros como Canindey\u00fa, seis de cada diez propietarios de m\u00e1s de mil hect\u00e1reas son brasile\u00f1os. Seg\u00fan Fogel, se trata de grandes empresarios que tienen capacidad de comprar influencias, favores y sobre todo impunidad, en lo que define como \u201cun capitalismo de mafia que incorpora en sus pr\u00e1cticas el soborno y elementos ligados a la coerci\u00f3n f\u00edsica\u201d.<\/p>\n<p>En dos a\u00f1os hubo 43 comunidades campesinas violentadas por reclamar sus derechos a la tierra y por resistir las fumigaciones de cultivos de soja. En 16 de esos casos el Estado intervino y termin\u00f3 destruyendo las viviendas campesinas. En total, seis de cada diez comunidades atacadas lo son en el marco de luchas por la tierra, y en cuatro de los casos por la resistencia a los agronegocios, que vienen creciendo de forma exponencial.<\/p>\n<p>En los dos a\u00f1os relevados por Base-IS hubo 87 personas heridas o torturadas, en 16 casos se quemaron viviendas, se destruyeron cultivos y se robaron bienes de las familias campesinas. Como se\u00f1alan Areco y Palau, la criminalizaci\u00f3n es \u201cuna estrategia pensada y montada desde el Estado para enfrentar las luchas sociales y colocar en el plano judicial (delictivo) los problemas sociales, para deslegitimar las luchas por sus derechos\u201d.<\/p>\n<p>La Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay relev\u00f3 en un informe 120 asesinatos de campesinos a manos de las fuerzas policiales desde el fin de la dictadura. Todos ellos \u201cfueron planificados y tuvieron la coherencia de una finalidad pol\u00edtica\u201d, consistente en forzar el desplazamiento de campesinos \u201cpara apropiarse de sus territorios, mediante la perpetraci\u00f3n sistem\u00e1tica y generalizada de m\u00e9todos de terrorismo de Estado que gozan de impunidad judicial\u201d.<\/p>\n<p><strong>Delincuentes ambientales<\/strong><\/p>\n<p>El abogado Juan Martens sostiene en el pr\u00f3logo del informe \u201cJudicializaci\u00f3n y violencia contra la lucha campesina\u201d que el paraguayo es un \u201cEstado d\u00e9bil (no ausente), \u00fatil y funcional a poderes f\u00e1cticos y mafias regionales y departamentales que violan impunemente la ley o utilizan algunas de ellas para la protecci\u00f3n de sus negocios\u201d.<\/p>\n<p>Destaca la existencia de una \u201cselectividad punitiva\u201d por parte del Ministerio P\u00fablico, que se focaliza en las personas que lideran movilizaciones contra las fumigaciones e integrantes de comisiones vecinales. De forma sistem\u00e1tica, tanto jueces como fiscales se han posicionado a favor de los intereses de los poderosos. Se han emitido sentencias de hasta 30 a\u00f1os de c\u00e1rcel por \u201cinvasi\u00f3n de inmueble\u201d, la cl\u00e1sica ocupaci\u00f3n de fincas que realizan los campesinos desde hace d\u00e9cadas.<\/p>\n<p>A ese tipo de empresarios Marten los llama \u201cdelincuentes ambientales\u201d, e incluye en esta categor\u00eda a los cultivadores de soja que contravienen la legislaci\u00f3n ambiental, a traficantes de rolos de madera y a los propietarios de tierras malhabidas. La impunidad de estos delincuentes es posible por \u201cla cooptaci\u00f3n de las instituciones policiales, fiscales y judiciales por estas mafias\u201d, sobre todo en los departamentos de \u201cmayor incidencia de la soja, la ganader\u00eda y el narcotr\u00e1fico\u201d.<\/p>\n<p>La impunidad y la subordinaci\u00f3n del Estado a los empresarios se relacionan con el acaparamiento ilegal de tierras facilitado por el estatal Servicio de Informaci\u00f3n de Recursos de la Tierra (Sirt). Formalmente, este organismo apunta a informatizar el registro agrario de las 1.018 colonias que tiene el Estado, pero la investigadora In\u00e9s Franceschelli, de Base-IS, afirma que es el modo de \u201cpasar una capa de cemento sobre las tierras irregulares\u201d. En apoyo de su tesis cita al gerente del Sirt Hugo Gim\u00e9nez, quien dijo el a\u00f1o pasado que \u201clos lotes que ya tienen t\u00edtulo definitivo, aun los conseguidos con informes falsos, no ser\u00e1n cambiados. Hay gente que tiene cinco lotes, contraviniendo lo que dice el estatuto. Es injusto. Pero si se pretende recuperarlos pasar\u00e1n 50 a\u00f1os en una demanda\u201d (ABC Color, 9-I-15).<\/p>\n<p>En la lucha por la tierra no hay ninguna estructura de alcance nacional que se destaque. La mayor parte es protagonizada por las Comisiones Vecinales locales, en tanto la resistencia a las fumigaciones la lleva adelante la Federaci\u00f3n Nacional Campesina (Fnc), una de las pocas organizaciones campesinas que no hipotecaron su independencia en el apoyo al gobierno progresista de Fernando Lugo, al igual que la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Ind\u00edgenas (Conamuri) y la Organizaci\u00f3n de Lucha por la Tierra (Olt).<\/p>\n<p>Pese a los elevados grados de violencia, la resistencia campesina sigue en pie y consigue algunos logros gracias a la tenacidad de las organizaciones y el apoyo de profesionales y movimientos urbanos. Teodolina Villalba, dirigente de la Fnc, asegura: \u201cMucho se cuidan para realizar las fumigaciones en los lugares donde hubo conflicto, varios dejan de fumigar, otros dejan de plantar y tambi\u00e9n algunos ya abandonaron sus tierras\u201d. Con una sonrisa dice bien alto: \u201cOmu\u00f1ama chupekuera lomit\u00e1\u201d (los echaron los compa\u00f1eros).<\/p>\n<p><strong>Como Colombia, en chico<\/strong><\/p>\n<p><strong>Jos\u00e9 A Vera, desde Asunci\u00f3n<\/strong><\/p>\n<p>Cientos de personas desbordaron el martes 18 la sala bicameral del parlamento paraguayo reclamando la eliminaci\u00f3n de las Fuerzas de Tareas Conjuntas (polic\u00eda y ej\u00e9rcito) acusadas de cometer toda clase de abusos contra la poblaci\u00f3n campesina. Participaron tambi\u00e9n v\u00edctimas urbanas del \u201cgatillo f\u00e1cil\u201d, como el padre de un joven experto en electr\u00f3nica al que dos polic\u00edas obligaron a salir del auto, lo arrodillaron y, desde arriba, le pegaron un tiro en la cabeza que lo dej\u00f3 parapl\u00e9jico; una joven empresaria a quien le \u201cplantaron\u201d drogas en su veh\u00edculo porque se neg\u00f3 a pagar una coima; un periodista al que polic\u00edas metieron en una camioneta de servicio y lo obligaron a darles 200 d\u00f3lares; una ni\u00f1a de 3 a\u00f1os que qued\u00f3 paral\u00edtica en un procedimiento de la brigada antidrogas contra una familia ajena al delito\u2026 Seg\u00fan los numerosos testimonios aportados, el accionar represivo de la polic\u00eda y el ej\u00e9rcito ha tomado vuelo en los \u00faltimos tres a\u00f1os, bajo el gobierno colorado del empresario Horacio Cartes.<\/p>\n<p>Uno de los m\u00e9todos utilizados para la expulsi\u00f3n de los campesinos de sus tierras es el amedrentamiento ejercido por paramilitares instalados en el interior de cada estancia, cuyas porteras en muchos casos est\u00e1n cerradas hasta para los propios fiscales, salvo los que se prestan al juego de los patrones. Lo que pasa en Paraguay es una suerte de clonaci\u00f3n de Colombia en peque\u00f1o.<\/p>\n<p>Mil pistas a\u00e9reas clandestinas operan en las estancias cercanas a Brasil, Bolivia y Argentina, se denunci\u00f3 en la bicameral, en presencia de legisladores de los partidos vinculados con el ex presidente Fernando Lugo. Seg\u00fan resumi\u00f3 un campesino del norte del pa\u00eds, \u201clos jerarcas de las Fuerzas de Tareas Conjuntas s\u00f3lo se dividen por la disputa de la protecci\u00f3n de las v\u00edas del narcotr\u00e1fico y el contrabando diverso, pero siempre est\u00e1n unidos para reprimirnos, golpearnos, balearnos, robarnos enseres y animales, incendiar nuestros ranchos y motos, el principal medio de transporte de la mayor\u00eda de nosotros, que vivimos olvidados por el Estado, aislados, sin rutas ni hospitales, sufriendo enormemente para sacar un enfermo o nuestra poca producci\u00f3n hacia alg\u00fan mercado, nunca cercano a nuestro hogar\u201d. Un docente con 20 a\u00f1os de labor rompi\u00f3 su relato llorando, al recordar que durante hora y media fue torturado exigi\u00e9ndosele que se declarara miembro del Ej\u00e9rcito del Pueblo Paraguayo (Epp), un grupo al que le cuelgan todos los secuestros de estancieros ocurridos en el pa\u00eds y varios asesinatos en la regi\u00f3n noreste, ocupada literalmente por latifundistas brasile\u00f1os. Varios testimonios coincidieron en afirmar que muchos cr\u00edmenes cometidos por narcotraficantes son atribuidos al Epp. De narcotr\u00e1fico, cabe recordar, han sido acusados alt\u00edsimos personajes del Estado, como el propio presidente Cartes, el titular del Congreso, Robert Acevedo, varios legisladores, jerarcas de la Corte de Justicia y del Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n<p>Allanamientos de rancher\u00edos en la madrugada, puertas derribadas a patadas, destrucci\u00f3n o robo de enseres y dinero, quema de hogares y de libros o afiches, golpizas y detenciones arbitrarias han convertido a los departamentos de San Pedro, Amambay, Concepci\u00f3n y ciertas partes de la sure\u00f1a Itap\u00faa en campo de guerra.<\/p>\n<p>Todos esos delitos han quedado impunes, pero hay en Paraguay decenas de presos pol\u00edticos acusados de terrorismo, entre ellos campesinos condenados a 35 a\u00f1os de prisi\u00f3n por un tribunal cuyos tres jueces est\u00e1n impugnados por casos de narcotr\u00e1fico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A cuatro a\u00f1os de la destituci\u00f3n del presidente Fernando Lugo, son evidentes el retroceso que esto signific\u00f3 para los campesinos, y el avance exponencial de los negocios de la soja y la carne, que profundizan la desigualdad y se rigen por los m\u00e9todos mafiosos que caracterizan al narcotr\u00e1fico. 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