{"id":1120,"date":"2016-10-10T15:16:34","date_gmt":"2016-10-10T15:16:34","guid":{"rendered":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/?p=1120"},"modified":"2016-10-10T15:16:35","modified_gmt":"2016-10-10T15:16:35","slug":"colombia-uribe-del-acuerdo-de-santa-fe-de-ralito-al-no-contra-las-farc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/?p=1120","title":{"rendered":"Colombia\/ Uribe: del Acuerdo de Santa Fe de Ralito al No contra las Farc"},"content":{"rendered":"<p><strong>Colombia<\/strong><\/p>\n<p><strong>Del Acuerdo de Santa Fe de Ralito al No contra las Farc <\/strong><\/p>\n<p><strong>Hace 15 a\u00f1os el expresidente \u00c1lvaro Uribe y su equipo de trabajo comenzaron a dise\u00f1ar un modelo de justicia transicional para aplicar a los paramilitares una vez dejaran sus armas y se desmovilizaran. Las primeras propuestas del senador del Centro Democr\u00e1tico distan de los reclamos que hoy le hace al acuerdo del gobierno nacional con este grupo guerrillero.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Verdad Abierta, 5-10-2016\u00a0<\/strong><strong><a href=\"http:\/\/www.verdadabierta.com\/\">http:\/\/www.verdadabierta.com\/<\/a><\/strong><\/p>\n<p>En 2002, pocos despu\u00e9s de que se posesionara el entonces presidente \u00c1lvaro Uribe (2002-2010), los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) le enviaron una carta donde anunciaban el cese de hostilidades, necesario para el inicio de las negociaciones. Tan solo seis meses despu\u00e9s se firm\u00f3 lo que llamaron El Acuerdo de Santa Fe de Ralito, donde los \u2018paras\u2019 se comprometieron a desmovilizar la totalidad de los hombres bajo su mando.<\/p>\n<p>Fue en ese momento que empez\u00f3 el trabajo del Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo \u2013hoy pr\u00f3fugo de la justicia\u2013 para que el Congreso de la Rep\u00fablica aprobara un Acto Legislativo que se ajustara a lo pactado con las Auc. Se present\u00f3 entonces, en 2003, el Proyecto de Ley de Alternatividad Penal. Ir\u00f3nicamente, los opositores que lo hundieron argumentaron lo mismo que hoy esgrime \u00c1lvaro Uribe y sus partidarios pol\u00edticos contra Acuerdo Final firmado por el presidente Juan Manuel Santos y \u2018Timole\u00f3n J\u00edmenez\u2019, m\u00e1ximo jefe de las Farc: no habr\u00eda penas privativas de la libertad.<\/p>\n<p>El proyecto de ley fue retirado, pero el \u2018tire y afloje\u2019 sigui\u00f3 en el Congreso. Senadores como Gina Parody, Luis Fernando Velasco y Rafael Pardo trabajaron en una nueva propuesta de justicia transicional, pero a \u00faltimo momento el gobierno nacional pas\u00f3 su propia iniciativa. As\u00ed naci\u00f3 la Ley 975 de 2005, m\u00e1s conocida como la Ley de Justicia y Paz.<\/p>\n<p>Su aprobaci\u00f3n fue controversial, no solo porque votaron congresistas que recibieron apoyo electoral de los paramilitares, sino porque se equiparaba a las Auc como delincuentes pol\u00edticos. En mayor de 2006, la Corte Constitucional profiri\u00f3 un fallo que le dio la vuelta a la ley: los paramilitares estaban obligados a contar la verdad y entregar bienes producto de las actividades l\u00edcitas e il\u00edcitas.<\/p>\n<p>Diez a\u00f1os despu\u00e9s, ante la desaprobaci\u00f3n en las urnas de 6 millones 431 mil 376 colombianos al Acuerdo Final alcanzado en La Habana, superando al S\u00ed por 53.894 votos, el senador Uribe es el l\u00edder de la oposici\u00f3n al proceso con las Farc. Sus propuestas de revisar y corregir el acuerdo en temas como justicia, reparaci\u00f3n, narcotr\u00e1fico y participaci\u00f3n pol\u00edtica son m\u00e1s inflexibles que las condiciones que les ofreci\u00f3 a los l\u00edderes de las Auc. VerdadAbierta.com presenta una comparaci\u00f3n en detalle sobre el No del Centro Democr\u00e1tico y las diferentes etapas que vivi\u00f3 la Ley de Justicia y Paz.<\/p>\n<p><strong>La c\u00e1rcel<\/strong><\/p>\n<p>\u00abPor este sacrificio por la patria y liberar de las guerrillas a Colombia y no dejar que el pa\u00eds sea otra Cuba o en su momento Nicaragua, no pueden las autodefensas recibir la c\u00e1rcel. Apostamos a la negociaci\u00f3n pac\u00edfica y al abandono de las armas\u00bb, dijo Salvatore Mancuso en la visita que hizo al Congreso en 2005, acompa\u00f1ado por los jefes paramilitares Ram\u00f3n Isaza y \u2018Ernesto B\u00e1ez\u2019.<\/p>\n<p>En efecto la Ley de Alternatividad Penal presentada por el \u2018arquitecto\u2019 de la desmovilizaci\u00f3n de los paramilitares, Luis Carlos Restrepo, propon\u00eda un indulto a los actores armados que dejaran las armas. Uribe, que se ha presentado como el principal contradictor de la justicia restaurativa en el acuerdo de paz con las Farc, fue el primero en proponer penas alternativas a la c\u00e1rcel.<\/p>\n<p>\u201cAl hacer justicia el derecho apunta hacia la reparaci\u00f3n y no hacia la venganza. Ante la evidencia de que la pena privativa de la libertad, como \u00fanica respuesta al delito, ha fracasado en muchas ocasiones en su cometido de lograr la resocializaci\u00f3n de los delincuentes, el derecho penal contempor\u00e1neo ha avanzado en el tema de las sanciones alternativas\u201d, se le\u00eda en el documento.<\/p>\n<p>Sin embargo, fue retirado del Congreso, en parte por el temor de que no fuera respaldado por los tribunales internacionales. Surgi\u00f3 entonces el proyecto de ley de Justicia y Paz, propuesto por el gobierno nacional como segunda opci\u00f3n. Dispon\u00eda de una l\u00f3gica similar a la que hoy propone el Centro Democr\u00e1tico: se le daba amnist\u00edas a quienes no tuvieran procesos jur\u00eddicos en su contra y penas alternativas de cinco a ocho a\u00f1os de c\u00e1rcel a quienes cometieron cr\u00edmenes de lesa humanidad. De acuerdo con el proyecto original, contaban como parte de la pena los 18 meses que los paramilitares pasaron concentrados en Ralito durante el proceso de negociaci\u00f3n, asunto que la Corte Constitucional elimin\u00f3.<\/p>\n<p>El problema fue que para ese entonces no hab\u00eda muchos procesos penales abiertos contra los paramilitares. Como han reconocido algunos de los primeros fiscales que trabajaron en los casos, era poco lo que conoc\u00edan de los m\u00faltiples cr\u00edmenes que cometieron jefes paramilitares como Hebert Veloza, alias \u2018HH\u2019, Freddy Rend\u00f3n, alias \u2018El Alem\u00e1n\u2019, y Ra\u00fal Hasb\u00fan, m\u00e1s conocido como \u2018Pedro Bonito\u2019. (Ver: Justicia y Paz: lecciones aprendidas en 10 a\u00f1os)<\/p>\n<p><strong>Dilemas de la participaci\u00f3n pol\u00edtica<\/strong><\/p>\n<p>El Centro Democr\u00e1tico y los opositores al Acuerdo Final se han opuesto a la participaci\u00f3n de los comandantes de las Farc en la pol\u00edtica, argumentado que no pueden ser electos quienes hayan cometido cr\u00edmenes graves como secuestros y homicidios. Es cierto que los postulados al proceso de Justicia y Paz, y otras leyes alternativas como la Ley 1424 de 2010 \u2013que cobija a los desmovilizados que no cometieron cr\u00edmenes de lesa humanidad\u2013 perdieron sus derechos pol\u00edticos, pero no necesariamente por iniciativa del gobierno de Uribe.<\/p>\n<p>En la negociaci\u00f3n con los paramilitares estos nunca ocultaron su inter\u00e9s de participar en pol\u00edtica. \u201cDesde que nos sentamos con el Alto Comisionado, hablamos del car\u00e1cter pol\u00edtico de los miembros de las autodefensas, porque adelantaban una lucha contra las guerrillas, y nunca fue ajeno a la mesa de di\u00e1logos el reconocimiento pol\u00edtico para los paramilitares\u201d, dijo \u2018Ernesto B\u00e1ez\u2019 en 2005 en entrevista con el peri\u00f3dico El Siglo.<\/p>\n<p>Aunque la Ley 975 no hablaba expl\u00edcitamente de la creaci\u00f3n de un partido pol\u00edtico, ni del otorgamiento de curules, como lo plantea el acuerdo con las Farc, s\u00ed dejaba una puerta abierta a la participaci\u00f3n pol\u00edtica. El gobierno del entonces presidente Uribe propon\u00eda que los paramilitares fueran condenados por sedici\u00f3n, delito que no solo puede ser amnistiado, sino que no imped\u00eda la participaci\u00f3n en pol\u00edtica.<\/p>\n<p>Esta condici\u00f3n fue tumbada por la Corte Suprema de Justicia en un fallo proferido el 11 julio de 2007. \u201cComo es el caso de los miembros de los grupos de autodefensa que en virtud de acuerdos con el Gobierno Nacional se han desmovilizado, bajo ning\u00fan pretexto alcanzan a ser considerados como autores del punible de sedici\u00f3n, por cuanto tales comportamientos no pueden ser asimilados al concepto delito pol\u00edtico\u201d, sentenci\u00f3 el alto Tribunal.<\/p>\n<p>Lo cierto es que fue la Corte Suprema la que rechaz\u00f3 la participaci\u00f3n en pol\u00edtica de los exparamilitares, pues exigi\u00f3 que cualquiera que hubiera pertenecido a las Auc fuera condenado por concierto para delinquir. La decisi\u00f3n no ha estado exenta de controversias, pues ha dificultado la reintegraci\u00f3n de los combatientes rasos.<\/p>\n<p><strong>\u00bfEl narcotr\u00e1fico s\u00ed es un delito conexo?<\/strong><\/p>\n<p>El senador \u00c1lvaro Uribe se opone hoy a que las Farc reciban alg\u00fan tipo de favorecimiento o amnist\u00eda frente al delito del narcotr\u00e1fico, no obstante, en la Ley 975 qued\u00f3 establecido como requisito de elegibilidad para acceder al beneficio de la pena que alternativa que \u201cel grupo no se haya organizado para el tr\u00e1fico de estupefacientes o el enriquecimiento il\u00edcito\u201d, asunto que ha sido ratificado por la Corte Suprema de Justicia en varios pronunciamientos.<\/p>\n<p>Aun as\u00ed, fueron postulados por el gobierno nacional a los beneficios de pena alternativa algunos paramilitares reconocidos como \u201cnarcos puros\u201d y que en su momento ostentaban gran poder criminal como Juan Carlos \u2018el Tuso\u2019 Sierra; Carlos Mario Jim\u00e9nez, m\u00e1s conocido como \u2018Macaco\u2019; y los hermanos V\u00edctor Manuel y Miguel \u00c1ngel Mej\u00eda M\u00fanera, conocidos como \u2018Los Mellizos\u2019.<\/p>\n<p>Estos personajes continuaron siendo parte de la ley de justicia transicional, incluso varios a\u00f1os despu\u00e9s desde cuando el presidente Uribe tom\u00f3 la decisi\u00f3n de extraditarlos a Estados Unidos, en mayo de 2008, para que respondieran en ese pa\u00eds por delitos asociados al tr\u00e1fico de estupefacientes.<\/p>\n<p>Fue hasta 2014 que la Corte Suprema de Justicia aclar\u00f3 que los postulados que hubiesen participado en la cadena de producci\u00f3n y tr\u00e1fico de estupefacientes para financiar su grupo armado pod\u00edan ser juzgados por narcotr\u00e1fico en la justicia transicional, es decir, que el narcotr\u00e1fico si es considerado un delito conexo. \u201cEn Justicia y Paz es posible abordar cualquier conducta punible, siempre que haya sido cometida durante y en ocasi\u00f3n de la pertenencia al grupo\u201d, asegur\u00f3 la magistrada Mar\u00eda del Rosario Gonz\u00e1lez Mu\u00f1oz.<\/p>\n<p>As\u00ed qued\u00f3 establecido en decisi\u00f3n de segunda instancia proferida en abril de 2014 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia que favoreci\u00f3 a Rodrigo P\u00e9rez Alzare, alias \u2018Juli\u00e1n Bol\u00edvar\u2019. Para la Fiscal\u00eda, este exparamilitar financi\u00f3 al Bloque Central Bol\u00edvar a trav\u00e9s del negocio del narcotr\u00e1fico, pero el Alto Tribunal concluy\u00f3 que esa actividad fue considerada como propia del grupo armado y no con fines de enriquecimiento personal.<\/p>\n<p>Al mismo tiempo, la Corte pidi\u00f3 que se depurara Justicia y Paz de \u201cnarcotraficantes puros\u201d, es decir aquellos que utilizaron los grupos paramilitares para beneficiarse personalmente de sus negocios il\u00edcitos o los que se colaron en las listas de desmovilizados para obtener una rebaja de pena. Con esos argumentos fueron excluido Miguel \u00c1ngel Mej\u00eda M\u00fanera (su hermano fue abatido por la Polic\u00eda en un operativo realizado el 29 de abril de 2009); Juan Carlo \u2018El Tuso\u2019 Sierra y se ratific\u00f3 la salida de Francisco Javier Zuluaga, alias \u2018Gordo Lindo\u2019. (Ver: Corte Suprema depura Justicia y Paz de \u201cnarcos puros\u201d)<\/p>\n<p><strong>La reparaci\u00f3n econ\u00f3mica<\/strong><\/p>\n<p>Uno de los puntos de quiebre, y que m\u00e1s caus\u00f3 indignaci\u00f3n entre los promotores del No, fue el silencio que durante mucho tiempo guardaron las Farc sobre la posibilidad de entregar bienes y dinero para reparar a las v\u00edctimas. Solo hasta el 1 de octubre, un d\u00eda antes de que se votara el Plebiscito por la Paz, los jefes guerrilleros anunciaron su compromiso de declarar ante el gobierno nacional los recursos monetarios y no monetarios que han venido conformando su econom\u00eda.<\/p>\n<p>Pero lo sucedido no dista mucho si se compara con la dejaci\u00f3n de armas de los grupos paramilitares. De hecho, la ley original aprobada por el Congreso en 2005 era laxa con los paramilitares, les exig\u00eda entregar solo las propiedades producto de las actividades il\u00edcitas y restituir a las v\u00edctimas \u201cde ser posible\u201d.\u00a0 Un a\u00f1o despu\u00e9s, la Corte Constitucional exigi\u00f3 que se entregaran todos los bienes, incluso los l\u00edcitos, para la reparaci\u00f3n.<\/p>\n<p>La demora en establecer los mecanismos jur\u00eddicos bajo los cuales esos bienes pasar\u00edan a manos del Estado permiti\u00f3 que muchos de los postulados dejaran sus propiedades a manos de terceros y dificultaran la tarea de identificaci\u00f3n que deb\u00eda adelantar la Fiscal\u00eda. Aunque se supone que quien no entregue los bienes puede perder los beneficios de la justicia transicional, en los 11 a\u00f1os que cumpli\u00f3 Justicia y Paz ning\u00fan desmovilizado ha sido expulsado por no haber entregado bienes.<\/p>\n<p>El balance en ese sentido de la Ley de Justicia y Paz es bastante pobre. A la fecha, solo el 6,6% del dinero para reparar a las v\u00edctimas ha salido del bolsillo de los exparamilitares, de acuerdo con cifras del Fondo de Reparaci\u00f3n a las V\u00edctimas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En 2002, pocos despu\u00e9s de que se posesionara el entonces presidente \u00c1lvaro Uribe (2002-2010), los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) le enviaron una carta donde anunciaban el cese de hostilidades, necesario para el inicio de las negociaciones. 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