No se sabe cuándo terminará el derramamiento de sangre. Por lo pronto se sabe que el Gobierno está dispuesto a todo. La institucionalidad y la mayor parte de la prensa han normalizado un lenguaje en el que la violencia son los manifestantes.
Viernes 28 de mayo, paro nacional en Colombia. Como en las citaciones anteriores, por decenas de ciudades la comunidad se movilizó de manera alegre, entonando cánticos, celebrando un mes de intensas movilizaciones. Abril 28, despertó un inmenso conglomerado social, transformado en un alzamiento juvenil/popular que fue dando cuenta de pretendidas reformas gubernamentales, todas injustas e improcedentes, así como de funcionarios públicos, autoritarios como el mismo gobierno del que hacían parte.
No es extraño que la juventud colombiana –cada vez más afectada por la desocupación y la pobreza– sea uno de los sectores más activos en las protestas. Sin embargo, está poco representada en las negociaciones. La estrategia del gobierno, que apuesta a una mezcla de represión y diálogo, ha venido contribuyendo a la erosión de la credibilidad de las instituciones, mientras los actores políticos comienzan a mirar hacia las elecciones presidenciales del próximo año.
El 28 de Abril de 2021 marcó una nueva etapa en la historia de la movilización y el ejercicio de la protesta social en Colombia. El paro nacional convocado por las centrales obreras terminó convirtiéndose en un gran levantamiento popular.
Jorge Iván Ospina, alcalde de la ciudad, considera que lo vivido puede ser el inicio de una conflagración nacional y pide iniciar el diálogo desde allí para evitarlo.
La base de las protestas urbanas es “el deterioro de las condiciones de vida de las mayorías”, explicó Julián González, de la Universidad del Valle de Cali.
Lleva una señal de tráfico del revés a modo de escudo, una máscara antivapor que le prestó un amigo pintor y unas rodilleras de cuero y clavos remendadas con una máquina de coser. Hugo solo tiene 20 años, pero asegura que está dispuesto a morir esta noche por defender su barrio de la policía.
Desde Cali, el epicentro de la revuelta y del ensañamiento represivo, Lozano describe lo que está pasando y reclama la atención de la comunidad internacional.
Aunque la población logró el retiro de una impopular reforma tributaria, persisten demandas que siguen sin ser escuchadas. Una de las más urgentes es el reclamo contra la violencia policial, que viene dejando cientos de heridos y 37 jóvenes asesinados por manifestarse.
Las protestas masivas comenzaron el pasado 28 de abril contra un proyecto de reforma tributaria. Fruto de la represión policial al menos 19 personas murieron y más de 800 resultaron heridas. Continúan desaparecidas 89 personas.
Fue la segunda alocución en tres días, en medio de la crisis más aguda de su Gobierno. Al mismo tiempo, en múltiples puntos de decenas de ciudades, había movilizaciones andando. El país cumplió ayer siete días protestando, hoy hay una nueva manifestación nacional convocada por el Comité del Paro.
El presidente de Colombia, Iván Duque, ha decidido sacar a los militares a las calles de las principales ciudades del país para contener las protestas contra la reforma tributaria. La intensidad de las manifestaciones ha escalado desde el miércoles, cuando se convocó un paro en todo el país, que ha tenido más seguimiento del esperado, en la medida en que Colombia vive el peor momento de la pandemia.
La profundamente impopular reforma tributaria promovida por Iván Duque desató la furia en Colombia. Tras la huelga general del 28 de abril, las protestas siguen creciendo, al igual que el desafío al régimen neoliberal autoritario de Duque.
El presidente presentó en el Congreso un proyecto de reforma tributaria con dos ejes centrales: aumento del IVA y ampliación de la base impositiva sobre los salarios. La medida generó el rechazo de entidades sindicales, organizaciones sociales, estudiantiles.
En contraste con las falaces imágenes creadas por las élites y alimentadas por los medios de comunicación hegemónicos, Colombia es hoy un país al borde del estallido social, con crudas cifras de desigualdad, pobreza, desempleo y asesinatos políticos.
En Colombia la violencia está lejos de haber desaparecido con los acuerdos de paz. En regiones portuarias en las que abunda la pobreza de grupos étnicos históricamente relegados, la presencia de multinacionales extractivas se combina con la de bandas armadas. El Estado solo parece tener una respuesta: la militarización.