Carlos Lima, de la CPT. Divulgação,CPT
El campo tuvo números de guerra con Bolsonaro: la solución es que Lula haga reforma agraria
Comisión Pastoral de la Tierra culpa al agronegocio y enumera medidas para revertir la violencia rural.
Murilo Pajolla, desde Lábrea (Amazonas)
Brasil de Fato, 22-4-2023
Traducción de Correspondencia de Prensa, 25-4-2023
El coordinador nacional de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), Carlos Lima, dijo a Brasil de Fato que el gobierno de Lula representa una oportunidad para la adopción de medidas de emergencia que garanticen la paz en el campo brasileño. Según la entidad, esas acciones suavizarían la política de incentivo a la violencia contra los sin tierra, indígenas y quilombolas 1 que ha marcado al gobierno de Jair Bolsonaro (Partido Liberal).
«Con toda la certeza que los datos nos aseguran, el período de 2019 a 2022 fue el más violento de los últimos 10 años. La cantidad de conflictos es aterradora: 8 mil ocurrencias en el campo brasileño. Nosotros de la CPT afirmamos que la marca inaugural de este momento es el golpe que ocurrió contra la democracia brasileña en 2016», resalta Lima.
Divulgado esta semana, el tradicional informe anual de CPT «Conflictos en el Campo» describe un escenario de aumento de la violencia en 2022. Hubo un aumento en múltiples indicadores, entre ellos los asesinatos, que aumentaron 30% en comparación con 2021 y 123% en comparación con 2020. En promedio, el campo brasileño tuvo un conflicto cada cuatro horas el año pasado.
-¿Cuáles son las medidas que el gobierno de Lula puede tomar para encaminar el campo brasileño hacia la pacificación?
El gobierno tiene, por ejemplo, que evitar los desalojos judiciales o practicados por sicarios, guardaespaldas de los hacendados y milicias. También puede actuar con el Poder Judicial creando mecanismos para proteger a estas familias que viven esta inseguridad jurídica de forma permanente en sus tierras.
Otra posibilidad es utilizar simplemente la Constitución brasileña: demarcar los territorios indígenas, garantizando a los pueblos originarios su derecho sagrado, histórico, constitucional, que es tener dominio sobre su tierra como espacio ancestral. También es necesario garantizar a los campesinos, especialmente a los sin tierra, el acceso a la tierra, a la reforma agraria.
El gobierno también puede crear mecanismos de seguridad y protección para las personas amenazadas. Crear y reforzar los programas existentes que garanticen la protección física de estas personas amenazadas, para que no se produzcan más asesinatos en el campo.
Pero creemos que la mayor medida es realizar la reforma agraria, la demarcación de los territorios indígenas y la titulación de las tierras quilombolas. La garantía de los territorios pesqueros y ribereños.
Son estos procesos los que cambiarán la estructura del país, devolverán al pueblo el derecho a vivir en la tierra y en el territorio, cambiarán estos números, lo que reducirá la violencia. Y quién sabe, tal vez, en poco tiempo, con un proyecto serio – que sea monitoreado, no sólo una acción puntual, sino una parte efectiva de la política de Estado – disminuyamos la violencia en el campo. Eso es lo que sueña la CPT y por lo que luchan las organizaciones rurales para que tengamos paz y justicia en el campo brasileño.
-Cómo el gobierno de Bolsonaro indujo el crecimiento de la violencia en el campo?
La violencia es un instrumento recurrente e histórico utilizado contra las comunidades y los pueblos con el objetivo de liberar tierras para la acción del capital en el campo. Esta es una práctica recurrente desde la invasión de los portugueses a nuestro país.
Cuando pensamos en los cuatro años de Bolsonaro, nos damos cuenta de los mecanismos, las formas que el gobierno ha utilizado para promover la violencia o para garantizar la impunidad a los que promueven la violencia. Y el gobierno garantizó que esa violencia pudiera ocurrir con la tranquilidad que los agresores necesitan, con la certeza de la impunidad y con el debilitamiento del Estado a la hora de fiscalizar.
Por ejemplo, el gobierno facilitó el acceso a las armas. O cuando el gobierno ha debilitado aún más los órganos de control del Estado. O cuando el gobierno tomó la opción de desguazar el Incra (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria) y la Funai (Fundación Nacional del Indio). Y cuando el gobierno, a través de la propaganda con una narrativa agresiva, criminaliza la acción de los movimientos sociales en todo el país.
Con toda la certeza que nos aseguran los datos, el período de 2019 a 2022 fue el más violento de los últimos 10 años. El número de conflictos es aterrador: 8.000 ocurrencias en el campo brasileño. Nosotros de la CPT afirmamos que la marca inaugural de este momento es el golpe que ocurrió contra la democracia brasileña en 2016.
Esto se hace muy evidente cuando miramos la cuestión de la violencia a las personas. Tuvimos un número muy alto de intentos de asesinato en el país en 2022. El número de amenazados también ha aumentado considerablemente. En 2021 tuvimos 144 intentos y en 2022, 206.
El gran número de asesinatos también entristece a todos aquellos que piensan en un Brasil desarrollado, con reforma agraria, con alimentos de buena calidad, sobre todo porque esto, como he dicho innumerables veces, la lucha por la tierra y el territorio está prevista en nuestra Constitución. Tuvimos en el año 2022, 47 asesinatos. Esto clama al cielo. Esto denuncia la fragilidad, la omisión, la connivencia y muchas veces el protagonismo del Estado en la promoción de esta violencia.
Otra cuestión muy fuerte es que el agronegocio, que se presenta como más moderno, que está en las regiones más fuertes del país desde el punto de vista económico, continúa con la arcaica práctica esclavista que fundó su nacimiento, es decir, la práctica del trabajo esclavo.
Para tener una idea, en 2022 se registraron 207 casos y se rescataron 2018 trabajadores. Y esto ocurre en el corazón del agronegocio: monocultivos de caña, soja, ajo, café y manzana.
Esto también explicita la relación Estado/Agro-negocio, que es una relación histórica, basada en la explotación de las comunidades, en la muerte de personas, en la destrucción de la naturaleza y de las formas de vida de las comunidades y de los pueblos. Esto debe terminar. El Estado necesita garantizar condiciones para los que quieren trabajar en la tierra, y especialmente para los más debilitados económicamente, los sin tierra, los quilombolas y los indígenas.
El Estado debe garantizar a estas personas condiciones de vida dignas y protección para seguir viviendo y tener garantizada en sus formas de vida su relación con la naturaleza y su protección de la naturaleza, lo que para nosotros significa garantizar el futuro del planeta Tierra.
-La CPT muestra que el gobierno de Bolsonaro ha concentrado el 60% de las invasiones de tierras registradas en los últimos 10 años. Un gobierno que fue elegido predicando la pacificación del campo…
Bolsonaro fue el campeón de las invasiones de tierras. En primer lugar, es importante establecer la diferencia entre ocupaciones/retomadas e invasiones. El primer instrumento serían las ocupaciones de tierras improductivas por los sin tierra, resultado de una organización, de una lectura del área: si el área tiene deudas, la productividad de esa área… Es una forma de acelerar la reforma agraria. Todos los procesos de expropiación de tierras para la reforma agraria son, en su mayoría, resultado de ocupaciones de tierras. Por tanto, es un instrumento legítimo y democrático.
También ocurre con las reposiciones, cuando se trata de los pueblos originarios y de las comunidades quilombolas, que tuvieron su territorio invadido. Fueron expulsados de esos territorios en el pasado y ahora, en una acción para recuperar esos territorios, ocupan, piden y exigen la demarcación. Este es un instrumento democrático que garantiza a la gente el acceso a la tierra y al territorio.
La invasión, por otro lado, es un proceso practicado por las élites, por el Estado, en el sentido de expulsar a esas comunidades, por un interés económico en esa tierra. Y eso, en el gobierno de Bolsonaro, está muy claro en los números y registros que hemos llevado a lo largo de este tiempo.
Del total de 661 tierras indígenas invadidas en la última década, 411 ocurrieron durante el gobierno Bolsonaro. Es un gobierno que ha incentivado y garantizado la práctica de invadir territorios, especial y particularmente territorios indígenas. Facilitó la entrada de acaparadores de tierras y mineros ilegales para liberar esos territorios para la expansión del capital, para que el capital pueda obtener más ganancias. Por lo tanto, se practica la invasión y, consecuentemente, la invasión de donde viven las familias y los pueblos campesinos.
Esta es una realidad creciente que esperamos que el actual gobierno de Lula pueda frenar, como ya ha hecho en el caso del pueblo Yanomami.
Nota
- Comunidades rurales, originarias del quilombo, un territorio construido por esclavos que huían de la explotación y la opresión, un lugar diseñado por negros fugitivos, sus hijos y otros libertos. Los quilombos se configuraron como espacios de autogobierno y, durante cientos de años, fueron las principales experiencias de negación radical del orden colonial. (Redacción Correspondencia de Prensa) ↩