Destrozos en la localidad de San Sebastián causados por las inundaciones que afectaron el litoral norte del estado de San Pablo, el 19 de febrero. Foto: Afp, Cámara Municipal de San Sebastián, Daniela Andrade
Un temporal de dimensiones históricas devastó el litoral norte de San Pablo y evidenció, una vez más, la omisión del poder público, sumada a la brutalidad del avance especulativo, que condena a los más pobres a vivir en áreas de riesgo permanente.
Marcelo Aguilar, desde San Pablo
Brecha, 3-3-2023
Correspondencia de Prensa, 3-3-2023
Mientras la mayor fiesta popular tomaba las calles de Brasil, la tragedia llegó en forma de aluvión, avalanchas e inundaciones al litoral norte del estado de San Pablo, una región de naturaleza exuberante. El sábado de carnaval, 19 de febrero, la región recibió la mayor cantidad de precipitaciones registradas en 24 horas en la historia del país: 680 milímetros. En San Sebastián, el municipio más afectado, el temporal produjo deslizamientos de tierra que causaron la muerte de 65 personas y graves destrozos, además de grandes inundaciones. A una semana de la tragedia, es posible ver más allá de los titulares, y este ejercicio deja en evidencia el carácter de clase de la tragedia y la omisión del poder público ante un desastre que se veía venir.
Descomunal
La periodista María Teresa Cruz estaba con sus amigos en un bar, escuchando axé de los años noventa después del corso, cuando empezó la lluvia, una lluvia que se fue convirtiendo en «descomunal, extrema». Cerca de las 23.30, decidieron irse. Cuando llegaron a la calle de su casa, en la zona conocida como sertão do cacau, en la playa de Camburi, todavía daba para pasar. Se fue a dormir; nunca pensó que se levantaría con el agua tocándole la espalda. Su casa era un poco más alta que el nivel de la calle. A eso de las 2 de la mañana, cuando abrió los ojos, se sintió desconcertada, pensó que estaba teniendo una pesadilla: el agua estaba al nivel del colchón, un libro y un vaso flotaban a su alrededor.
Dentro de su casa, el nivel del agua alcanzó 1 metro y medio, del lado de afuera, tocaba el techo de su auto. Pudieron bajar de la terraza recién a las 14.30 del día siguiente, y ahí vieron el tamaño del destrozo dejado por la inundación. Los caiçaras, término usado para denominar a quienes siempre han vivido allí, coincidían: nunca ocurrió nada parecido, nada de esa magnitud. Eso fue lo que Teresa escuchó en la comunidad, lo que se comentaba. Lugares que ya se inundaban se inundaron más. En algunas casas, el agua llegó a los techos. En otros, como San Sebastián, la destrucción llevó a la muerte. «En estas tragedias, quien se jode más son los trabajadores», dice Teresa. Y agrega: «Esta vez afectó hasta a personas ricas, porque lo que debería llover en dos meses lo hizo en 12 horas. Fue, sí, un evento climático extremo. Sin embargo, los locales que colapsaron, en los que la gente murió enterrada, son lugares pobres, sin infraestructura adecuada, en las pendientes, que, cuando el cerro cede, son los primeros en sufrir los impactos».
De clase
La región que sufrió las peores consecuencias y casi la totalidad de los fallecidos se llama Vila Sahy. Queda en los cerros, atravesando la ruta Río de Janeiro-Santos, que divide a los ricos de los pobres, corta al medio dos realidades radicalmente diferentes. Se comenzó a formar a fines de la década del 80, con trabajadores emigrados del nordeste en busca de trabajo, y por eso hasta hoy se la conoce como Vila Baiana, donde viven más de 700 familias.
La periodista traza el escenario de los mundos que divide la carretera BR 101: «Si mirás la imagen desde arriba de la Barra do Sahy, el lado que queda cerca del mar y la playa, son casas gigantescas, mansiones de veraneo de personas adineradas que no viven allí, que pasan sus vacaciones o van los fines de semana. Del otro lado de la ruta viven los empleados que trabajan para esas mansiones. Son domésticas, cocineros y cocineras, albañiles y mozos que se instalaron allí porque están cerca del lugar donde trabajan. Esa dinámica se reproduce en todas las playas de la zona». Aquí, cuenta, «tenemos hoteles a 3 mil reales la noche y las personas no tienen saneamiento básico».
En un artículo publicado en Outras Palavras, Celso Santos Carvalho, doctor en Ingeniería Civil por la Universidad de San Pablo (USP), afirma: «Con la construcción de la BR 101, las comunidades caiçaras fueron violentamente expulsadas y las playas fueron ocupadas por loteamientos cerrados (figura urbana ilegal en aquella época) volcados a la implantación de casas de veraneo para población de altísima renta». Y agrega: «La población pobre, sean los antiguos caiçaras, sean los que vinieron a trabajar en las construcciones, tuvieron que ocupar el pie de la sierra, área susceptible de ser afectada por los deslizamientos».
La arquitecta y urbanista uruguaya Alejandra Bruschi, doctoranda en el Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la USP (IAU-USP), dice a Brecha: «La irregularidad no es exclusiva de los pobres. Los ricos nunca son fiscalizados, no se evalúan las áreas en las que viven. Compran, negocian y especulan con la gente que vive ahí, que no tiene condiciones de mantenerse en el territorio y se termina yendo a otros lugares, ocupando los lugares que puede, expuesta a este tipo de cosas». Y señala: «El rico puede ocupar espacios que no son de riesgo o, aunque esté en una área de riesgo, tiene las condiciones económicas para hacer una construcción que no va a sufrir tanto las inclemencias del clima. El trabajador va, junta lo que puede y construye, sin estructuras adecuadas. Construye la casita que conocemos en cualquier suburbio y restan para él las sobras del terreno».
Por eso, afirma Bruschi, «hay actualmente tanta discusión sobre racismo ambiental y sobre justicia ambiental, porque, cuando hay catástrofes naturales, quien más sufre es la población más pobre, la población negra: los que están en la base de la pirámide».
Omisión
«Esta fue una tragedia anunciada», indica Bruschi. Las informaciones reveladas por la prensa en la última semana lo comprueban. En diez años, el gobierno del municipio de San Sebastián recibió, por lo menos, cuatro alertas de riesgo. Entre ellas, un estudio de 2020 del Ministerio Público de San Pablo, que concluyó, tras analizar la región de Vila do Sahy, que el escenario estaba dado allí para una «verdadera tragedia anunciada».
Según publicó el periódico O Estado de São Paulo, la alcaldía de San Sebastián acumula 37 procesos judiciales en los últimos tres años para regularizar, llevar servicios básicos y reducir las ocupaciones en áreas de riesgo. En las sentencias obtenidas por el periódico, los jueces concluyen que existe una «omisión histórica» de las gestiones municipales.
El gobierno alega que no recibe recursos para la prevención de desastres naturales desde 2013. Según publicó el medio G1 este martes, la alcaldía no aplica los recursos destinados a regularizar terrenos e inmuebles desde 2019.
En el mismo reportaje, el medio afirma que, en enero del año pasado, la Compañía de Desarrollo Habitacional y Urbano del gobierno del estado paulista había finalizado el análisis de un proyecto de intervención urbana en Vila Sahy, con una propuesta de construcción de 162 unidades habitacionales, pero el proyecto no avanzó y la alcaldía no respondió tras recibirlo. El alcalde afirmó en entrevista a UOL que el proyecto no avanzó porque vecinos ricos de la región no querían que se hicieran viviendas populares cerca de sus condominios.
Las omisiones vienen de larga data, pero también ocurrieron días antes del desastre. El Centro Nacional de Monitoreo y Alertas de Desastres Naturales afirma que avisó al gobierno del estado de San Pablo, al gobierno de San Sebastián y a Defensa Civil dos días antes sobre el riesgo de que ocurriera un desastre en la ciudad a causa de las fuertes lluvias, y que la alerta emitida citaba la región de Vila do Sahy como prioritaria. Según alegan, llegaron incluso a avisar que las lluvias más fuertes ocurrirían en la madrugada del sábado. María Teresa Cruz afirma: «En esta región la lluvia no es ninguna novedad, pero San Sebastián no tiene un plan de contingencia para este tipo de situaciones. En la práctica, no existen protocolos, sirenas, avisos o alertas que digan que tal o cual lluvia puede causar deslizamientos y no se les avisa a las personas que deben ir a tal o cual lugar. Eso no existe y debería existir. Nadie debe morir por causa de inundaciones o avalanchas».
Para Bruschi, esto es lo más urgente, mientras se piensan y ejecutan planes para solucionar el tema de fondo: «Un paliativo es que la Defensa Civil funcione, que las alertas funcionen; la población tiene que tener asistencia y formación para lidiar con esas alertas, para entender la gravedad del asunto y entender cuándo tiene que salir. Pero también tiene que saber hacia dónde salir. Esa es una asistencia inmediata mientras se estructuran proyectos de largo plazo».
Soluciones
El del litoral norte paulista no es un caso aislado. Es parte de una serie de catástrofes naturales que se han sucedido en la historia reciente. En febrero de 2022, intensas lluvias devastaron la ciudad serrana de Petrópolis, en Río de Janeiro, y causaron la muerte de 241 personas. Un mes antes, en Franco da Rocha, una ciudad de la región metropolitana de San Pablo, un deslizamiento mató a 18 personas. En la región sur de Bahía, enormes inundaciones asolaron vastas zonas, ocasionaron la muerte de 20 personas y afectaron a casi medio millón a fines de 2021. En aquel entonces, el ahora expresidente Jair Bolsonaro estaba de vacaciones de fin de año en Santa Catarina. Después de andar en jet ski y consultado por seguidores, dijo: «Espero no tener que regresar antes». Fuertemente criticado, dijo que la oposición estaba haciendo política con la tragedia y que no había necesidad de que se sobrevolara la zona. La postura del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, fue diferente. Interrumpió el feriado de carnaval, que pasaba en Bahía, para visitar las regiones afectadas el lunes 20. Luego de sobrevolar la zona, se reunió con el gobernador del estado de San Pablo, el bolsonarista Tarcísio de Freitas. En una rueda de prensa edulcorada, hablaron de unidad, trabajo conjunto y superación de diferencias ideológicas para recuperar el litoral devastado y dar una señal al país de que la elección terminó.
El gobierno federal anunció la liberación de recursos para atender a las personas y las áreas afectadas, y ha afirmado que quienes perdieron sus casas en el temporal tendrán prioridad para acceder al programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, que a su vez priorizará la construcción de viviendas en los municipios afectados. En una visita posterior a la región, el vicepresidente, Geraldo Alckmin, colocó este programa como una forma de prevenir futuros desastres: «Lo primero es la prevención, y para eso se necesitan programas habitacionales, las personas precisan de lugares seguros para vivir, y vamos a juntar los esfuerzos de municipios, estados y el gobierno federal en ese sentido».
Para Bruschi, Minha Casa, Minha Vida es fundamental para tratar de resolver este asunto: «Es necesario que haya un proyecto amplio para construir viviendas y colocar como prioridad a las personas que viven en áreas de riesgo». Sin embargo, puntualiza algunas preocupaciones: «No se puede sacar a la gente del lugar donde está y llevarla a 30 quilómetros de donde trabaja, en una región que no tiene una infraestructura de transporte o movilidad. Y esto desnuda otro problema: los ricos del lugar no quieren que se construya vivienda social en sus zonas». Las soluciones no aparecen como inmediatas: «Desde el urbanismo, no existe una solución a corto plazo. Tiene que haber una planificación profunda y una construcción de infraestructura, y esto no se hace tan rápido, un programa lleva sus años. Siempre que se actúa en urbanización y remoción, es necesario dar la discusión de cómo mantener el tejido social y los lazos comunitarios. No es construir casas y nada más».
Las áreas de riesgo son un problema que se repite en todo el país. El gobierno de Lula divulgó que un mapeo de Defensa Civil identificó cerca de 14 mil puntos de riesgo, en los que viven más de 4 millones de personas. Una bomba de tiempo que las autoridades tendrán que correr para desactivar si pretenden evitar nuevas tragedias anunciadas, desastres inminentes desparramados en el vasto territorio brasileño.
***
El río de dinero que enterró San Sebastián
Celso Santos Carvalho *
En resumen: sabemos que las lluvias torrenciales son cada vez más frecuentes; somos capaces de predecir la intensidad, el lugar e incluso el momento en que se producirán; conocemos los lugares de mayor riesgo; sabemos qué obras se deben hacer para proteger a la población que vive en esas zonas; conocemos los lugares seguros, donde se protegería a la población; tenemos recursos financieros para construir nuevas urbanizaciones seguras (como el programa Minha Casa, Minha Vida, recientemente relanzado), y tenemos leyes que permitirían el desarrollo de políticas de suelo inclusivas que garanticen terrenos seguros para la población de menores ingresos. Sin embargo, no se ha hecho nada para proteger a la población de la ciudad ni a los turistas.
En un momento de fuerte conmoción social, el reconocimiento de la incapacidad de nuestras ciudades para garantizar la seguridad de la población causa malestar. Y pronto surgen propuestas milagrosas, y prejuiciosas, como la eliminación de todas las zonas de riesgo (millones de familias pobres) y la sustitución de las viviendas por bosques urbanos. Propuestas irrealizables que solo sirven para impedir que se haga algo efectivo, además de criminalizar a las mayores víctimas, los habitantes de estos territorios populares.
No hay que olvidar que el municipio es el principal responsable de la política urbana y que, por lo tanto, debemos comenzar a reflexionar sobre lo que se ha hecho en cada ciudad y preparar la disputa para la próxima elección municipal. El gobierno federal puede y tiene las condiciones para liderar un amplio programa de prevención de desastres.
El nuevo marco climático exige una adaptación completa de nuestras ciudades para hacer frente a las catástrofes asociadas a precipitaciones intensas. Es necesario invertir en obras de prevención en las periferias –y no solo en los barrios más valorados–, desarrollar nuevos conceptos y parámetros de diseño para las obras de drenaje y gestión de las aguas pluviales, cualificar las infraestructuras urbanas de las periferias, aplicar una política de suelo que permita el acceso de todos al suelo urbanizado, proporcionar viviendas adecuadas para todos.
Todas estas tareas son, según la Constitución, responsabilidad de los municipios. Pero, en el actual esfuerzo de reconstrucción nacional, el gobierno federal puede actuar y es la única entidad federativa capaz de liderar una profunda reformulación de la política urbana con miras a mejorar nuestra capacidad de protección y defensa civil.
* Publicado en Outras Palavras. Brecha reproduce fragmentos.