Aloizio Mercadante, Gleisi Hoffmann y Geraldo Alckmin, del equipo de transición de Lula, tras reunirse con el de Bolsonaro. Imagen: AFP
El presupuesto de Bolsonaro y Guedes para 2023 es ampliamente rechazado. Pero hay dos maneras de cambiarlo. ¿Abrir una larga y agotadora serie de negociaciones con el Congreso? ¿O aprovechar el impulso de las urnas para luchar por lo que se defendió en la campaña?
Outras Palavras, 3-11-2022
Traducción de Correspondencia de Prensa, 4-11-2022
Es un error creer que las luchas del gobierno de Lula contra la herencia maldita del bolsonarismo comenzarán después de la fiesta de investidura en enero. En la mañana del jueves (3 de noviembre), emisarios designados por el presidente electo [1] se reunieron en Brasilia con el senador Marcelo Castro (MDB-PI), informante del proyecto de ley que definirá el Presupuesto de la Unión en 2023. Ya nadie apoya la propuesta actual. Formulada por el gobierno de Bolsonaro, es incompatible con el resultado de las urnas. Pero el debate sobre lo que podría sustituirlo se dejó para la semana que viene: los representantes de Lula todavía tienen que llegar a un acuerdo con él, que está descansando en Bahía. Los cambios significativos requieren romper el «techo de gasto». ¿Es mejor hacerlo gradualmente -mediante negociaciones constantes con una legislatura fisiológica (parlamentarios oportunistas, desprovistos de ideología y de objetivos programáticos: ndt) o proponer, de una vez por todas, la derogación de la Enmienda Constitucional 95, que instituyó el límite? Merece la pena examinar la cuestión en profundidad.
Presentado por el Poder Ejecutivo el 31 de agosto, el Proyecto de Presupuesto Anual para 2023 (PLOA-2023, por su silga en portugués) reúne lo peor de Paulo Guedes y de Jair Bolsonaro. La reducción de las inversiones sociales del Estado, que el «techo de gasto» determina y que el ministro ha ejecutado con radicalidad de pitbull, es clara en los gráficos que se muestran a continuación, que señalan el recorte de fondos para Salud, Educación e incluso Defensa Nacional y Seguridad Pública.
Pero el mismo Ejecutivo que aplicó una tijera gigante al gasto del próximo año, compró votos como nunca antes para 2022, a través de un conjunto de medidas fiscales. Entre ellos, el Auxilio de emergencia de 600 reales (120 dólares mensuales) y la reducción del precio de los combustibles mediante la eliminación de los impuestos federales y estatales. El resultado es extraño.
Incluso la periodista Míriam Leitão, constante defensora del gasto público «inclinado», demostró cómo el Presupuesto se ha vuelto anacrónico y políticamente inviable. Se han recortado numerosos programas sociales. La Farmacia Popular, un 60%; las infraestructuras escolares y el transporte de estudiantes, un 97%; la Educación de Jóvenes y Adultos, un 56%; los comedores escolares siguen congelados desde 2017, a pesar de la galopante inflación alimentaria; y los Presupuestos Secretos dejan fuera del control del Ejecutivo el 40% de los fondos de inversión, ya de por sí penosos.
La contradicción de esta bomba de relojería con cualquier idea de rescate de la dignidad social -y con el programa de Lula- es flagrante. El presidente electo prometió mantener la ayuda de R$ 600 (120 dólares), que no fue incluida en el presupuesto y que costará R$ 52 billones. Aceptó añadir 150 reales por cada niño de hasta 6 años (otros R$ 18 billones). Defendió el regreso de los reajustes del salario mínimo [2] por encima de la inflación (interrumpido desde el inicio del gobierno de Bolsonaro). Mantuvo la exención del impuesto sobre la renta para los ingresos mensuales de hasta R$ 5 mil (una medida elemental de justicia fiscal, presupuestada en R$ 50 billones). [3] Y habla de priorizar, entre otros puntos, la lucha contra el hambre, la recuperación de la industria nacional, la reanudación de las obras públicas paralizadas, el apoyo a la pequeña agricultura, el retorno de las políticas de incentivo a la cultura. En resumen, quiere iniciar lo que llamó, en su discurso de victoria, la reconstrucción nacional.
En condiciones normales, todas estas propuestas, victoriosas en las urnas, podrían incluirse en los Presupuestos de 2023. Pero el Congreso no puede aprobarlas debido al «techo de gasto», expresado por la Enmienda Constitucional 95. Es la remoción de estos escombros lo que está en el centro del diálogo inconcluso de los representantes de Lula con el senador Marcelo Castro. Hay dos maneras de hacerlo.
La primera ha sido defendida por el ex presidente del Banco Central (bajo el primer gobierno Lula: ndt), Henrique Meirelles. También es la propuesta de los barones financieros y del Centrão (bloque de partidos clientelares de derecha: ndt). Implica no enfrentarse al «techo». En lugar de hacerlo, Lula debería pedir al Congreso, a través de una enmienda constitucional, una dispensa, una licencia temporal para gastar. Esta «excepcionalidad», continúa Meirelles, no debe «durar todo el gobierno». En los años siguientes, lo correcto sería «hacer una reforma administrativa» como la que él mismo ejecutó en el gobierno de São Paulo -y que supuso el fin de las empresas y derechos estatales. Además, la renuncia sería limitada: según la periodista del Estadão (diario de São Paulo, uno de los principales del país: ndt), Adriana Fernandes, «el mercado financiero ha fijado un límite de R$ 100 billones».
Meirelles y los especuladores defienden el cuentagotas porque son partidarios de reducir la inversión pública. Los parlamentarios fisiológicos lo prefieren porque obligaría a Lula a negociar con ellos cada vez que necesite romper el «techo». La «austeridad» brasileña, está claro, es hermana de farsas como el «presupuesto secreto».
La alternativa que Lula tiene entre manos encaja mucho mejor con la idea de reconstrucción nacional. Significa proponer clara y abiertamente, también mediante una enmienda constitucional, la derogación del «techo de gasto». En un país destruido, y después de una victoria electoral en la que se han superado tantos obstáculos, ¿no vale la pena proponer una movilización nacional para barrer lo que se interpone en el camino del progreso? ¿No merece el «techo de gasto» -instrumento que limita el gasto social para dejar espacio a la búsqueda de rentas- ser expuesto, incluso como una forma de pedagogía política, con vistas a futuras batallas? ¿Y no es mucho mejor enfrentarse a la resistencia del Congreso y del «mercado» en un momento en el que el gobierno está fortalecido por la elección y las esperanzas despertadas?
Que los orixás [4] bahianos den buenos consejos a un presidente del que se espera tanto.
* Antonio Martins, editor de Outras Palavras.
Notas
1] Participaron el senador Wellington Dias (PT-PI), indicado por Lula para coordinar el diálogo en su nombre, el vicepresidente electo Geraldo Alckmin, la senadora Gleisi Hoffmann, presidenta del PT, el ex senador Aloisio Mercadante, que coordinó la elaboración del programa de Lula, y siete senadores del PT. (Nota del original)
2] El salario mínimo actual es R$ 1.202 , Lula prometió elevarlo a R$ 1.302 a partir del 1° de enero 2023. (Redacción Correspondencia de Prensa)
3] Actualmente, el impuesto a la renta lo pagan quienes tienen un ingreso mayor a R$ 1.900 reales. Lula pretende modificar la franja elevándola a R% 5.000, equivalente de U$S 1.000. (Redacción de Correspondencia de Prensa)
4] En la tradición religiosa de la Umbanda (fundada en Brasil a principios del siglo XX), los orixás representan a los “mensajeros” que envían las peticiones de los creyentes a los “seres superiores”. (Redacción Correspondencia de Prensa)
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“La transición ya comenzó”
Geraldo Alckmin fue saludado por Bolsonaro, quien lo felicitó por el triunfo electoral.
La Diaria, 4-11-2022
Mientras los cortes de ruta y las protestas frente a cuarteles militares protagonizadas por seguidores del presidente Jair Bolsonaro perdieron mucha fuerza y se convirtieron en actos marginales, este jueves comenzó oficialmente la transición entre el actual gobierno y el que asumirá el 1º de enero del año que viene.
Ciro Nogueira –ministro de la Casa Civil, un cargo que se asemeja mucho a lo que en otros países realizan los jefes de Gabinete– recibió en el Palacio de Planalto, en Brasilia, al vicepresidente electo, Geraldo Alckmin; a la presidenta nacional del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann; y al exministro Aloizio Mercadante. También participó en la reunión el ministro de la Secretaría General, Luiz Eduardo Ramos. “La conversación fue muy fructífera, muy objetiva. La transición ya comenzó”, dijo Alckmin, en una conferencia de prensa que brindó en el lugar tras la reunión.
El futuro vicepresidente, quien fue designado por Luiz Inácio Lula da Silva para comandar el equipo de transición, visitará el viernes junto a Hoffmann y Mercadante, quienes estuvieron al frente de la campaña del PT, el Centro Cultural Banco do Brasil, donde a partir del lunes funcionará la oficina de transición, de acuerdo a lo que informó el portal Metrópoles.
Antes de esta reunión en el Palacio de Planalto, Alckmin se reunió con el relator general del presupuesto, el senador Marcelo Castro, integrante del centroderechista Movimiento Democrático Brasileño, el sector que lidera la excandidata a la presidencia Simone Tebet, quien apoyó a Lula en la segunda vuelta. Durante el encuentro, Alckmin y los otros integrantes del PT que los acompañaron plantearon la elaboración de una Propuesta de Reforma a la Constitución Transitoria (PEC). La idea de esta iniciativa es que el año que viene puedan cubrirse algunos gastos que no están dentro del presupuesto ya fijado. La expectativa del PT es que la aprobación de esta iniciativa permita financiar, entre otras cosas, el pago del programa social Bolsa Familia que actualmente asigna a sus beneficiarios 600 reales mensuales (120 dólares).
La idea del equipo del PT es comenzar la transición con un enfoque en el acceso a los datos del gobierno federal, para luego pasar a la fase de la designación de los integrantes del futuro gabinete ministerial. Este tema es de especial importancia para el futuro gobierno, que deberá articular con otros partidos una alianza que le permita tener cierto poder de maniobra en el Congreso, que luego de las elecciones quedó marcadamente inclinado hacia la derecha, con una fuerte presencia de legisladores afines a Bolsonaro.
Dentro de la estrategia puesta en marcha para la transición está la disminución de los duelos retóricos con los rivales políticos.
En este sentido, el jueves, antes de retirarse del Palacio de Planalto, medios brasileños informaron que Alckmin mantuvo un breve encuentro con Bolsonaro, quien lo felicitó por el triunfo electoral y le manifestó su intención de colaborar con el proceso de transición. El hecho fue significativo, ya que no estaba programado, sino que el presidente, al saber que estaba el vicepresidente electo en el lugar, pidió que lo llamaran para conversar personalmente con él.
“Fue positivo. El presidente nos invitó. Ya nos íbamos y [él] reiteró lo dicho por el ministro Ciro Nogueira y el ministro general [Luiz Eduardo] Ramos sobre la disposición del gobierno federal de brindar toda la información, las colaboraciones, para que haya una transición guiada por el interés público”, contó Alckmin sobre su encuentro con Bolsonaro, informó Folha de São Paulo.
Mientras su equipo de transición ya comenzó a trabajar, Lula sigue en una playa del estado de Bahía, donde se tomó unos días de descanso luego de la intensa campaña electoral junto a su esposa, la socióloga Rosângela Silva, más conocida por su apodo Janja.
Fuentes del PT informaron que Lula llegará el lunes a Brasilia para iniciar una ronda de reuniones. Se estima que el martes el líder del PT, de 77 años, se reunirá con la ministra Rosa Weber, la presidenta del Supremo Tribunal Federal, y también con el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, quien pertenece al centroderechista Partido Social Democrático, uno de los sectores con los que deberá articular el PT para poder tenerlo como eventual aliado en el Legislativo. También se prevé que Lula se reúna con el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, integrante del sector derechista Progresistas.