IPS (Inter Press Service), La Habana, 23-12-2021
Correspondencia de Prensa, 28-12-2021
Con 85 por ciento de la población inmunizada contra la covid a partir de vacunas nacionales, la estrategia más urgente para el gobierno de Miguel Díaz-Canel pasó a ser ahora el controlar la inflación que golpea a la población cubana.
Una recuperación económica palpable en una mayor oferta de bienes -principalmente alimentos-, a precios asequibles para los distintos grupos sociales, reduciría los niveles de inconformidad social y contribuiría a la estabilidad política.
Alejaría asimismo la posibilidad de protestas como las del 11 de julio en cerca de 40 ciudades, en medio de un marcado desabastecimiento de alimentos y durante el peor momento de la pandemia, con hospitales aquejados por la falta de oxígeno y medicinas.
El gobierno atribuyó la mayores manifestaciones en la isla desde 1994 a una operación político-comunicacional organizada “desde centros de poder en Estados Unidos” para impulsar un “cambio de régimen”, mientras ha señalado a Washington por utilizar las privaciones derivadas en parte del propio embargo, vigente desde 1962, para inducir un estallido social.
Según datos oficiales, este país insular caribeño culmina 2021 con una tasa inflacionaria cercana a 70%, un reto para la centralizada economía de la isla, dependiente de las importaciones en rubros básicos como los alimentos, con demandas de consumo insatisfechas y que deberá reiniciar el año próximo los pagos de la deuda a los acreedores internacionales.
“Mi principal preocupación es conseguir alimentos, pues además de ser insuficientes, debo pasar horas en una cola (fila) para tratar de comprar pan, pollo, aceite u otro producto y no siempre tengo tiempo, porque trabajo, dijo a IPS la contadora Maricela Reyes, una residente en el municipio de Centro Habana, uno de los 15 que conforman la capital de Cuba.
Reyes, quien vive con su madre jubilada y una hija estudiante de preuniversitario, precisó que gana el equivalente a 175 dólares mensuales al cambio oficial.
Recordó que un kilogramo de carne de cerdo ronda el equivalente a 19 dólares y una bolsa de leche en polvo de igual peso no menos de 40 dólares en el mercado negro, “y es ahí donde compro algunos productos porque en las tiendas estatales no aparecen o se acaban”.
“El desgaste físico y mental, junto a la influencia de la pandemia es enorme en las familias cubanas. Y se acrecienta en las personas que viven en situaciones de desventaja socioeconómica”: Reina Fleitas.
Esos precios obedecen a que “hay mucha ilegalidad, reventa y especulación, lo cual es preciso combatir”, explicó el martes 21 el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, el unicameral parlamento cubano.
El también viceprimer ministro subrayó que tras la subida inicial en enero, no se han incrementado los precios de bienes y servicios estatales como electricidad, combustibles, la canasta familiar normada, la tarifa del agua y la del gas, aun cuando subieron los costos de las importaciones.
Si bien existe una tasa de cambio oficial fija de 24 pesos por dólar, las necesidades de insumos lleva a parte de la ciudanía a recurrir al mercado informal, nutrido en parte de la corrupción y el robo en establecimientos estatales, y donde las ventas se mueven con una tasa de unos 80 pesos por dólar.
El gobierno implementó desde el 1 de enero un proceso de ordenamiento monetario que incluyó la eliminación del peso convertible equivalente al dólar, la devaluación del peso cubano, el incremento de los precios mayoristas y minoristas, supresión de un conjunto de subsidios y la elevación de las tarifas de los servicios.
Al unísono se incrementó el salario mínimo al equivalente a 87 dólares, y el máximo a casi 400. En el caso de las pensiones, la más baja se elevó a 63 dólares.
Analistas reconocen que el proceso permite a las empresas disponer de una contabilidad más confiable y acorde con las pautas internacionales.
Pero también argumentan que inició sin el respaldo de ofertas para absorber la demanda, en medio de una dolarización parcial de la economía y con una demora de casi 10 años dentro del programa de reformas del modelo de desarrollo socialista iniciado en 2011.
“El desgaste físico y mental, junto a la influencia de la pandemia es enorme en las familias cubanas. Y se acrecienta en las personas que viven en situaciones de desventaja socioeconómica”, subrayó la socióloga Reina Fleitas en diálogo con IPS.
La investigadora opinó que el alto costo de la vida “afecta la eficiencia en el trabajo, pues los trabajadores tienen que invertir más tiempo en la compra y solución a múltiples problemas que enfrentan como la salud, consumo, transportación, mejoría de sus viviendas, entre otros asuntos”.
Atajar la inflación
Desde noviembre y hasta febrero de 2022 se prevé implementar 33 actividades para “detener la espiral inflacionaria y lograr la estabilización macroeconómica del país”, notifica el informe de rendición de cuentas del primer ministro Manuel Marrero, entregado este mes al parlamento, sin otros detalles al respecto.
El Plan de la Economía para 2022 enfatiza que “todos los esfuerzos se concentran en medidas de corte antinflacionario, que en lo fundamental transitan por el incremento de las ofertas estatales en pesos cubanos”.
Para el ministro Gil, la vía para controlar la inflación “es disminuir el déficit presupuestario e incrementar la oferta, no con más importación, sino con más producción”.
Datos del Ministerio de Finanzas y Precios indican que Cuba cerrará el año con un déficit fiscal de 2893 millones de dólares, alrededor de 18 % del producto interno bruto (PIB), un nivel considerado muy elevado.
Las autoridades apuntan que más de 300 millones de dólares se destinaron a enfrentar la covid, desarrollar las tres vacunas cubanas –Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus-, además de una campaña de inmunización que en días recientes inició la aplicación de una dosis de refuerzo a su población, de 11,2 millones de personas.
Tras acumular una caída de 13 % del PIB durante 2020 y los tres primeros trimestres se este año, la isla debe cerrar diciembre con un crecimiento de 2 % del PIB, y se pronostica un aumento del 4 % en los próximos 12 meses.
Los planes prevén una recuperación de la industria turística, una de las principales fuentes de ingresos de la isla, a los que deben sumarse aportes de las telecomunicaciones, níquel, tabaco, productos biofarmacéuticos y azúcar, entre los más significativos.
Otras prioridades buscarán estabilizar la generación de electricidad y mantener la atención priorizada a personas, hogares y comunidades en situación de vulnerabilidad, precisa el plan.
Alimentos: un asunto de seguridad nacional
En el caso de los alimentos, la isla debe importar 2 198 000 toneladas, casi 178 000 toneladas menos que en 2021, dado los pronósticos de alza de los precios en el mercado mundial, lo cual disminuye las capacidades de compra.
El gobierno de Díaz-Canel, que ha catalogado la disponibilidad de alimentos como un asunto de seguridad nacional, aprobó en julio de 2020 el Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional, y las estrategias en marcha aspiran a que el país no tenga que seguir importando de 70 a 80 por ciento de sus necesidades.
Para paliar la escasez, el gobierno extendió hasta el 30 de junio de 2022 la prórroga para que pasajeros puedan importar alimentos, aseo y medicamentos en sus equipajes sin límites de cantidades y libres del pago de los aranceles.
Asimismo, aumentó el precio de la leche que el estado compra a campesinos y creó una banca de fomento agropecuario, con un fondo equivalente a 75 millones de dólares, para incentivar la ganadería vacuna y porcina, así como los cultivos de arroz, plátano, yuca y guayaba.
Desde septiembre se aceleró la constitución de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y cooperativas no agropecuarias, que ya sobrepasan las mil, y entre las cuales se priorizan las enfocadas en producciones alimentarias, según autoridades.
Entre múltiples desafíos, “el país mantiene una presión fiscal de 42 % y un sistema tributario progresivo para captar ingresos al Presupuesto del Estado y sostener las elevadas partidas de gastos públicos”, señaló a IPS el sociólogo y economista Ángel Marcelo Rodríguez.
Al respecto, el también consultor y experto en temas de emprendimiento consideró necesario “liberar el ejercicio privado de los servicios profesionales para sostener una necesaria reforma tributaria, que mejore la distribución de la carga pública por concepto de impuestos pagados por los contribuyentes y desacelere el crecimiento del déficit fiscal”.
El gobierno mantiene límites que ha definido como líneas rojas para el ejercicio autónomo de profesiones como la arquitectura, el derecho, guías turísticos o el periodismo, entre otras.