Estados Unidos – Y siguen llegando. El nuevo «aluvión» migratorio. [Jorge A. Bañales]

Migrantes provenientes de Haití cruzan el Río Grande con rumbo a la ciudad Del Río, en Texas. Foto: Afp, Paul Ratje.

Estados Unidos, que lidia, sin resolverla, con la situación de unos 11 millones de inmigrantes indocumentados o con visas temporarias, recibe en su frontera sur el embate de cientos de miles de inmigrantes, en su mayoría centroamericanos, al tiempo que miles de haitianos se materializan por sorpresa bajo un puente en Texas y empieza la distribución por el país de más de 37 mil afganos.

 J. A. Bañales, desde Washington

Brecha, 1-10-2021

Correspondencia de Prensa, 1-10-2021

On the boats and on the planes

They’re coming to America

Never looking back again

They’re coming to America

Everywhere around the world

They’re coming to America

«America», Neil Diamond

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, encara una crisis inmigratoria que, en realidad, son tres, cada una de ellas con diferentes matices. Están los más de 11 millones de inmigrantes que viven y trabajan, se reproducen, producen y consumen desde hace décadas en el país; está el éxodo permanente que arriba a la frontera sur, desde donde otea la tierra prometida al otro lado del río o los muros, y están los aconteceres esporádicos que resultan en imágenes dramáticas y respuestas precipitadas. Y, para capotearlas, el gobierno opera con una legislación inmigratoria disfuncional, cuya última reforma integral se hizo en 1986. Aquella reforma, promulgada por el presidente Ronald Reagan, resultó de un acuerdo entre demócratas y republicanos en el Congreso, que hoy luce como un cuento de hadas, en un presente en el que ambos partidos –y las facciones de cada uno de ellos– consideran la negociación una cobardía y el compromiso, una claudicación.

La reforma inmigratoria de 1986 otorgó una amnistía a unos 5 millones de inmigrantes, indocumentados o con visas temporarias, y estipuló mecanismos para un control estricto de la inmigración. Entre ellos, por ejemplo, estaba la verificación del permiso de trabajo, una tarea que los empleadores pronto abandonaron, porque a muchos les beneficia la mano de obra barata de los ilegales. Otro mecanismo apuntaba a una vigilancia policial más eficaz en la frontera, pero los años fueron pasando y millones de inmigrantes la han cruzado más hostigados por el desierto y los coyotes (animales y humanos) que por la Patrulla de Fronteras. Los intentos de actualizar la ley de inmigración o, con más ambición, de establecer un sistema inmigratorio más eficaz y sintonizado con las necesidades y las posibilidades del país han naufragado en el Congreso. En las últimas tres décadas y media ha habido tres presidentes republicanos y tres demócratas. Todos ellos prometieron, e intentaron, una reforma integral del sistema inmigratorio y todos ellos fracasaron, hasta ahora.

Los que ya están

Unos 44,9 millones de habitantes de Estados Unidos –esto es, el 13,7 por ciento de la población– han nacido en otros países, un cambio sustancial desde 1970, cuando unos 15 millones de inmigrantes eran el 4,7 por ciento de la población. El Centro de Estudios de Migración, el Centro Pew de Investigación y el Instituto de Política Migratoria calculan que hay ahora en el país entre 10,5 millones y 11 millones de «indocumentados», un grupo que superó los 12 millones hacia 2007 y desde entonces ha ido decreciendo. No es un contingente homogéneo, ni por sus orígenes nacionales ni por su condición legal, y, a falta de una legislación coherente, cada segmento tiene su propio problema.

La imagen estereotípica del «indocumentado» –los peones rurales que recogen cosechas–, en realidad, no se aplica a este conjunto de laburantes. Son millones y, en su mayoría, están legalmente en Estados Unidos con visas temporarias vinculadas a su empleo. Millones de estos hombres y mujeres han estado en Estados Unidos por muchos años, tienen hijos nacidos en el país y conforman una mano de obra no solo barata, sino también sumisa, porque si pierden sus empleos, pasan a la categoría de deportables.

Los «soñadores» son inmigrantes en su gran mayoría jóvenes, que fueron traídos ilegalmente al país cuando eran menores de edad. En 2012, durante el gobierno de Barack Obama, el Departamento de Seguridad Nacional instituyó un programa, conocido como DACA (por su sigla en inglés), que postergó la deportación de estas personas. En muchos casos, estos jóvenes se enteraron, al cumplir la edad para obtener la licencia de conducir o al matricularse en la universidad, que no eran residentes legales. Intrusos en el país donde se criaron y al que conocen como el suyo, de pronto pasaron a ser deportables a países de los cuales saben poco o nada. Hay en este grupo más de 637 mil personas. El entonces presidente, Donald Trump, canceló el DACA en marzo de 2017, y las sucesivas querellas judiciales han llevado el asunto al Tribunal Supremo de Justicia. Mientras tanto, los soñadores, que se han graduado de universidades, han servido en las Fuerzas Armadas, se han casado y han tenido hijos, o han iniciado negocios, viven en la incertidumbre.

Los «tepesianos» (por TPS, ‘estatus de protección temporaria’) son ciudadanos de una docena de países en los cuales, a criterio del Poder Ejecutivo, han ocurrido desastres vinculados al cambio climático, catástrofes naturales –como terremotos y erupciones volcánicas– o conflictos violentos que ameritan un refugio temporario para quienes de ellos huyen. Hay ahora unos 746 mil extranjeros amparados por el TPS, y el contingente lo encabezan unos 198.400 salvadoreños, seguidos por 60.350 hondureños y 40.800 haitianos. En marzo, el gobierno de Biden añadió Venezuela a la lista de países designados para el TPS, y se calcula que unos 320 mil venezolanos podrían solicitar el amparo. También muchos de ellos han estado en el país por muchos años y aquí se han arraigado, siempre en la incertidumbre de si el gobierno extenderá el TPS cada 12 o 18 meses.

La pandemia de covid-19 creó otra categoría, la de los «trabajadores esenciales», por cuya legalización permanente bregan los demócratas en el Congreso. Estos son, al igual que los trabajadores agrícolas, los millones de hombres y mujeres que laburan en tareas como el cuidado de niños, enfermos y ancianos, la limpieza de hospitales, el transporte de mercaderías y el procesamiento de alimentos, a quienes no se les dio tregua y continuaron trabajando expuestos a la pandemia. Sin estos dos grupos de inmigrantes, buena parte de la economía habría colapsado.

El éxodo no para

Entre el 1 de octubre de 2020 (fecha en que comienza el año fiscal en Estados Unidos) y agosto, la Patrulla de Fronteras detuvo a 1.541.651 inmigrantes indocumentados, incluidos 130.710 menores de edad que llegaron a la frontera sin la compañía de adultos responsables. En los 12 meses del período fiscal 2020 había habido 458 mil detenciones. Esto no representa la cifra real de individuos capturados, ya que en muchos casos los inmigrantes deportados vuelven a cruzar la frontera, son detenidos y expulsados… y retornan. El arribo de inmigrantes a la frontera comenzó a incrementarse en mayo de 2020, continuó durante los meses restantes de la presidencia de Trump y saltó bruscamente desde la investidura presidencial de Biden. Aunque la mayoría de estos inmigrantes procede de América Central, las autoridades han señalado un incremento en la presencia de ecuatorianos, brasileños y, aun, inmigrantes que han cruzado medio planeta desde el sur de Asia o desde África.

El gobierno de Trump, al tono de su retórica xenófoba, aplicó una política de mano dura, asentada en la construcción de barreras físicas –no exactamente el muro que prometió a lo largo de los 3.200 quilómetros de la frontera, pero, aun así, vallas–, la separación de niños de sus familias y las deportaciones expeditas. Antes del brote de la pandemia, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas llegó a tener unos 40 mil inmigrantes en sus centros de detención. Actualmente tiene unos 28.100 detenidos. Los grupos que abogan por los inmigrantes han denunciado las condiciones de hacinamiento y la detención prolongada de estos extranjeros.

En enero de 2019, el gobierno de Trump instauró el llamado Protocolo de Protección de Migrantes (MPP), por el cual quienes llegan a la frontera, se entregan a las autoridades y piden asilo son enviados de regreso a México o América Central para que esperen allá el trámite de sus solicitudes. En marzo de 2020, recurrió al llamado Título 42, una norma sanitaria por la cual son expulsados, también de forma expedita, los inmigrantes que puedan ser portadores del coronavirus. El gobierno de Biden canceló el MPP, pero se topó con demandas judiciales de algunos Estados y, al parecer, aunque la norma sigue vigente, no se aplica ahora a la espera de las decisiones de los tribunales. En cambio, el gobierno de Biden mantiene en efecto el Título 42 y miles de personas son expulsadas por razones dizque sanitarias.

Un cambio en la política de Biden ha sido la aceptación, en la frontera, de los menores que llegan sin la compañía de adultos. En muchos casos, estos niños y adolescentes son enviados a través de la frontera porque tienen otros familiares en Estados Unidos. Por ley, estos menores detenidos por la Patrulla de Fronteras deben ser transferidos dentro de las 72 horas a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), una dependencia del Departamento de Salud, que se ocupa de ubicarlos con familiares o adultos responsables. En marzo, la ORR llegó a tener un promedio de 20 mil menores de edad bajo su custodia, y la cifra ha bajado a 12.400 esta semana.

El gobierno de Trump presionó a México para que incrementara la vigilancia policial en su frontera sur, a fin de impedir las caravanas de inmigrantes de América Central. Biden le asignó a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, la tarea de concertar con México y los países centroamericanos un programa de más largo alcance que modifique las condiciones sociales y económicas que causan la emigración.

Lo inmediato que ofusca

La discusión sobre inmigración en Estados Unidos descarrila una y otra vez por situaciones puntuales en las que lo urgente sobrepasa lo importante y las imágenes de multitudes hacinadas o que huyen de la violencia cubren las pantallas de televisión y las páginas de noticias.

Las caravanas de inmigrantes centroamericanos captan la atención de los medios estadounidenses mucho antes de que los caminantes lleguen al norte de México. Pero, de alguna forma, de pronto unos pocos haitianos acamparon bajo el puente internacional frente a Del Río, en Texas, y en menos de una semana más de 16 mil haitianos se materializaron en el sitio sin aviso previo. Haití, que ya ha estado designado para el TPS por varios años, registró en julio el asesinato del presidente y en agosto otro terremoto devastador, pero entre los haitianos que se congregaron bajo el puente los había que huyeron del país por esas circunstancias y los que recorrieron un periplo que los llevó a Chile o Panamá. Estados Unidos reaccionó con improvisación. Primero se anunció que los haitianos en Del Río serían deportados. De hecho, en una docena de vuelos más de 4 mil de ellos retornaron a su país. Ante la protesta de quienes abogan por los refugiados y los inmigrantes, el gobierno de Biden dejó en libertad a más de 12 mil de ellos, que ahora podrán solicitar el amparo del TPS.

Lejos, pero en paralelo, otra crisis golpeó la puerta: Estados Unidos evacuó a más de 124 mil personas de Kabul, y el gobierno ha empezado la distribución regional de unos 37 mil hombres, mujeres y niños afganos. Se espera que California aloje a 5.225 afganos evacuados; Texas, a 4.481; Oklahoma, a unos 1.800, y Washington y Arizona, a 1.600 cada uno. Otros estados que recibirán más de 1.000 afganos incluyen Maryland, Virginia, Missouri, Nueva York, Georgia, Carolina del Norte y Florida. El criterio general para la distribución es la preferencia declarada de los evacuados que ya tienen amigos o familiares en diferentes partes del país.

Reacción

La gestión de Trump se caracterizó por una retórica y una política xenófobas que alertan sobre la «infestación» de extranjeros indeseables justo cuando el censo muestra que la población «blanca» disminuye y la inmigración es una fuente creciente del incremento de población. En alrededor de un cuarto de siglo los blancos pasarán de ser la mayoría a ser solo la minoría más numerosa del país. El trumpismo explota lo que describe como una amenaza para la nación, con enjambres de inmigrantes de piel oscura, idiomas foráneos, musulmanes o vaya uno a saber qué, y otros ingredientes que «degradan» la calidad social del país.

En ausencia de capital político y una presencia en el Congreso que respalde una reforma integral del sistema inmigratorio, los demócratas han optado por proponer soluciones parciales que beneficien a los soñadores, los tepesianos, los trabajadores agrícolas y los trabajadores esenciales, todos los cuales suman unos 8,3 millones de seres humanos. Los republicanos muestran posiciones que van desde una política antiinmigratoria cerril hasta la legalización de segmentos de la población inmigrante bajo la condición de más recursos para vigilar la frontera y una aplicación más estricta de las leyes sobre los permisos de trabajo y la «inmigración en cadena», por la cual cada inmigrante que obtiene la legalización puede solicitar el ingreso de sus padres, hermanos o cónyuges con sus respectivas familias.