Foto: La policía reprime a manifestantes en Virú, 510 km. al norte de Lima.
La nueva norma agraria fue rechazada por los trabajadores, quienes consideran que el aumento de salario recibido es insuficiente y no se garantizan sus derechos.
C. Noriega, desde Lima
Página/12, 3-1-2021
Correspondencia de Prensa, 3-1-2020
Se cambió la ley agraria para calmar las protestas en su contra, pero la nueva ley fue recibida con más protestas. Se estrenó con dos muertos. Un trabajador de 28 años, Reynaldo Reyes, y un adolescente de 16 murieron el miércoles por disparos durante enfrentamientos con la policía que reprimía las manifestaciones contra la nueva norma agraria aprobada un día antes. El tres de diciembre había fallecido otro trabajador durante choques con la policía en las movilizaciones y bloqueos de carreteras para exigir la derogatoria de la ley agraria heredada de la dictadura de Alberto Fujimori (1990 – 2000), que creó mano de obra barata y sin derechos laborales en la agroindustria, al tiempo que les otorgó a estas empresas grandes beneficios tributarios. Luego de esa primera muerte se derogó la ley agraria fujimorista, dada el año 2000 por un ministro de Agricultura, José Chlimper, propietario de una empresa agroindustrial y directamente beneficiado por su propia ley. El pasado martes, después de largos debates, el Congreso aprobó una nueva norma agraria, que ha sido rechazada por los trabajadores por considerar que el aumento de salario recibido es insuficiente y no se garantizan sus derechos. Los empresarios también se oponen a la nueva legislación porque se niegan a otorgar el incremento salarial dispuesto.
El presidente Francisco Sagasti, que asumió hace poco más de un mes al frente de un gobierno de transición hasta julio de este año y que se estrenó en el cargo anunciando cambios en la policía para evitar se repita la brutal represión que dejó dos muertos durante las masivas protestas contra el golpe parlamentario que sacó de la presidencia a Martín Vizcarra y puso en su lugar al ultraconservador Manuel Merino que cayó antes de cumplir una semana en el cargo dando paso al actual gobierno, ha lamentado estas muertes y ha anunciado una investigación y sanciones. Señaló que la policía desacató la prohibición de usar armas letales en manifestaciones. El gobierno ordenó el cambio del jefe policial de la norteña región de La Libertad, donde ocurrieron las muertes. Un policía mostrado en una fotografía disparando contra los manifestantes fue detenido.
El gobierno ha calificado la nueva ley como “imperfecta”, pero decidió promulgarla y no observarla. “Como trabajadores nos sentimos decepcionados (con la nueva ley agraria). Las propuestas que hemos hecho no las han recogido”, ha señalado Nelson Huamán, dirigente agrario. El Ejecutivo abrió un diálogo con los trabajadores, que desbloquearon la carretera Panamericana. En este diálogo se discute la reglamentación de la nueva ley.
El ministro de Desarrollo Agrario, Federico Tenorio, admitió que “hay brechas sociales por resolver”. “La calidad de vida de estas poblaciones no se ve reflejada en relación al crecimiento agroindustrial”, reconoció el ministro, uno de los participantes en el diálogo con los trabajadores.
Son unos 400 mil los trabajadores que laboran en la agroindustria, concentrada a lo largo de la costa. En 2019 las empresas agroexportadoras tuvieron cinco mil millones de dólares en ingresos por ventas. Ha sido un sector que este año no se ha visto afectado por la pandemia. Pero las empresas no quieren aumentar los bajos salarios que pagan y han presionado para mantener los subsidios que reciben del Estado a través de exoneraciones tributarias. La agroexportación representa el 10 por ciento de la agricultura nacional, el otro 90 por ciento es una agricultura de pequeños propietarios, la mayor parte campesinos andinos empobrecidos, que, a diferencia de los agroexportadores, no reciben mayor apoyo del Estado.
Los trabajadores de las agroexportadoras recibían un jornal diario por todo concepto de 39 soles, equivalente a unos 11 dólares. Exigían un aumento a 70 soles (19 dólares). La nueva ley agraria dispone la entrega de un bono que eleva el ingreso diario a 48 soles (13,5 dólares), lejos de lo que se pedía. Este bono no se considera parte del salario, por lo que no se contabiliza para el pago de gratificaciones e indemnizaciones. A este ingreso se suma una asignación familiar para los trabajadores con hijos, con lo que éstos recibirán ahora unos 15 dólares al día. Los trabajadores pedían el reparto de un 10 por ciento de las utilidades de las empresas, se les ha otorgado un 5 por ciento, cifra que irá subiendo hasta llegar al 10 por ciento el año 2027.
“La nueva ley agraria es un avance, pero insuficiente. Considerando el contexto en el que vivimos, con una sociedad civil fragmentada, con sindicatos débiles, casi inexistentes en el sector agrario, con fuerzas de izquierda que en los últimos años han estado disminuidas frente a la derecha, lo que se ha logrado, un aumento salarial e instalar la discusión del tema de la problemática de los trabajadores agrarios en la agenda pública, es importante. Hace un mes no había nada de eso. Pero lo conseguido no es todo lo que ha podido dar el sector agroexportador. Había margen para un mayor aumento a los trabajadores, las empresas tenían la capacidad económica para hacerlo.
En la última década la productividad de las empresas agroexportadoras ha crecido 48 por ciento más que los salarios”, le declaró a Página/12 el sociólogo Enrique Fernández-Maldonado, experto en temas laborales y editor del blog TrabajoDigno.pe. “Comparado con otros países de la región, como Argentina, Brasil o los de la Alianza del Pacífico (Colombia, Chile y México, además de Perú), el trabajador agrario peruano es el más desprotegido”, dice Fernández-Maldonado.
La nueva ley mantiene hasta el año 2028 los generosos beneficios tributarios que la norma fujimorista le daba a las empresas agroexportadores, que pagan solamente un 15 por ciento de impuesto a la renta, muy por debajo del 29,5 por ciento que pagan los otros sectores. Las agroexportadoras abonan un monto equivalente al seis por ciento del salario de sus trabajadores a la seguridad social, en lugar del nueve por ciento como otras empresas, porcentaje que recién pagarán a partir del año 2025.“Los subsidios del Estado a las agroexportadoras son groseros. Se justificaría mantener exoneraciones tributarias para las pequeñas empresas, pero no para las medianas y grandes que concentran la mayor parte de las exportaciones y de la mano de obra. Se podría aceptar esta extensión de las exoneraciones tributarias en caso las empresas hubieran aceptado mejoras salariales y laborales en términos cercanos a lo pedido por los trabajadores, en un esquema en el que ganan todos, pero aquí lo que ha habido es mantener los beneficios tributarios para las empresas y regatear lo laboral lo más posible”, dice Fernández-Maldonado.
Los agroexportadores, que hablan de “un milagro peruano de la agroexportación” por el importante crecimiento del sector en los últimos años, han amenazado con una crisis del sector y con pérdidas de empleos por los aumentos salariales dispuestos. Su posición, apoyada por la élite empresarial y la derecha, es que ese “milagro” de crecimiento empresarial se debe sostener indefinidamente en mano de obra barata y subsidios estatales a las empresas.