Según la Fiscalía de Chile, 5.084 personas han sido formalizadas en el marco de las movilizaciones que comenzaron el 18 de octubre de 2019. Los familiares de los detenidos y sus defensas denuncian irregularidades en las causas y señalan que la actual Ley de Seguridad del Estado y el abuso de la figura de la prisión preventiva atentan contra el debido proceso y criminalizan el disenso.
C. González Farfán, desde Santiago
Brecha, 23-10-2020
Correspondencia de Prensa, 23-10-2020
Daniel Morales (36) sólo ve el rostro de su familia desde la fría pantalla de un celular. La videollamada es su única ventana al mundo desde el 29 de marzo de 2020, día en que se prohibieron las visitas al penal Santiago 1, debido a la pandemia. Mientras el pueblo chileno se prepara para votar este domingo en un histórico plebiscito constitucional, Morales suma diez meses en prisión preventiva, acusado de haber incendiado la estación Pedrero del metro de Santiago la noche del 18 de octubre de 2019. En esa fecha comenzó la rebelión popular, que el fin de semana cumplió su primer aniversario, con una concentración multitudinaria en la rebautizada Plaza de la Dignidad. «Después de cortar la llamada, me da mucha melancolía no poder abrazar a mis dos hijos ni despertar con mi compañera», contó,desde la cárcel, Morales, por quien la Fiscalía pide 20 años de presidio efectivo. Vecino de la población Millalemu, de la comuna de La Granja, niega los delitos que se le imputan. Contó a Brecha que el 18 de octubre intercambió mensajes de Whatsapp con su sobrino B. S. M., entonces de 16 años, para ir juntos a una protesta en Pedrero. «Pero el fiscal dice que nosotros orquestamos con premeditación la quema del metro, cuando yo lo único que hice fue entrar, mirar y salir. Después incendiaron la estación. Pero contra mí no hay pruebas contundentes», añadió. Con igual desesperanza analiza la situación de su sobrino, ahora de 17 años, que cumple prisión preventiva en un centro de reclusión del cuestionado Servicio Nacional de Menores: la Fiscalía pide para él diez años de internación. El juicio oral contra el menor y su tío comenzó el 21 de octubre.
El dolor de las familias
Morales y B. S. M. se hallan dentro de un catastro estimativo de presos de la revuelta, elaborado por agrupaciones de familiares que denuncian vicios en los procesos. Para estas, ha sido difícil rastrear todos los casos. «Muchos son imputados por desórdenes o pasaron solamente por la comisaría. Yo creo que nadie tiene el número exacto. Las condiciones en los juicios van cambiando. Todas las organizaciones estamos trabajando por ese catastro», dijoMuriel Torres, integrante de la Organización de Familiares y Amigos de Presos Políticos de la Revuelta (OFAPP). El colectivo registra que 220 personas cumplen prisión preventiva u otra medida cautelar (arresto domiciliario, reclusión nocturna, firma mensual y otras). La Coordinadora 18 de Octubre, otra agrupación que exige la libertad de los presos de la revuelta, cuenta 100 personas en prisión preventiva y 200 con medidas cautelares. Un comunicado oficial de la Fiscalía, sin embargo, rebasa los cálculos de la OFAPP y la Coordinadora 18 de Octubre. Según dicho informe, publicado el viernes 16 de octubre, desde el inicio del estallido social el Ministerio Público ha formalizado a 5.084 personas por delitos asociados a las protestas, de las cuales 648 se encuentran actualmente en prisión preventiva y otras 725 recibieron condena. El documento no expone la situación de los 3.711 formalizados restantes. Lo que sí detalla la Fiscalía es el delito por el que fueron formalizadas estas personas: atentados contra el metro (42), saqueos (4.004), porte o tenencia de artefactos incendiarios (208) y desórdenes públicos (678). Hay, además, 75 procesamientos en la región de Atacama de los que la Fiscalía aún no ha dado detalles.
Claudio Villagra (51), quien vive a unos metros de Morales, se acomodó en una silla del comedor de su hogar para contar su testimonio. Salió de prisión preventiva el 5 de junio y ahora se encuentra bajo arresto domiciliario. Pasó seis meses encerrado en Santiago 1 por un delito que, afirma, no cometió. El 28 de noviembre de 2019 se dirigió a una comisaría de la comuna de La Cisterna para buscar a su hijo Rodrigo, detenido en una protesta. Ahí empezó su calvario. «Esperamos harto rato con otras familias. De repente, salió un piquete de Carabineros y, sin previo aviso, dispararon lacrimógenas. Yo escucho por un solo oído y tengo una lesión en el cerebelo que me hace perder la coordinación de mis movimientos. Con la bomba quedé completamente sordo. Traté de refugiarme y no recuerdo si choqué contra un muro o contra los carabineros. Me esposaron, me echaron gas pimienta, me arrastraron, me sacaron el pantalón y perdí la conciencia. Me tiraron para una celda en la comisaría y ahí supe que estaba detenido por robo con violencia. Cuando me formalizaron en la Fiscalía, me acusaron de haberle robado una escopeta a un teniente coronel», contó con voz trémula. A 11 meses de su detención, Villagra –cristiano y catequista– aún no conoce la fecha de su juicio definitivo. Dijo que su abogado luchará por la absolución del caso. Al principio, cuando cayó en prisión preventiva, no se apropiaba del término preso político: «Me considero una persona normal, sin inclinación política». Hoy, en cambio, ya asimiló el concepto.
—¿Por qué?
—Yo estaba en el mismo módulo con otros presos de la revuelta, mucho más jóvenes. Ellos podrían haber sido mis hijos. Allá adentro los gendarmes hacían la diferencia. Me fui dando cuenta de que yo sí era un preso político, pese a que nunca anduve metido en nada. Sólo salí a buscar a mi hijo y me demoré seis meses en volver a casa.
Criminalizar la protesta
Las extensas prisiones preventivas aplicadas obedecen, en muchos casos, a una estrategia del gobierno para «criminalizar la protesta social», dijola abogada Manuela Royo, quien asumió la defensa de unos diez imputados, casi todos acusados de provocar desórdenes públicos y lanzar artefactos incendiarios. «La mayoría son jóvenes que no tienen antecedentes penales. Pero se protege mucho más la propiedad privada y el orden público que otros bienes jurídicos, como la libertad y el derecho a la protesta», agregó. A su entender, las prisiones preventivas «no respetan el principio de inocencia, no tienen pruebas suficientes y sólo buscan sacar de la cancha a quienes se considera un peligro para la sociedad».
A la inversa de los tres casos referidos, Francisco Hernández (21) ya conoció su condena: el 2 de setiembre el Tercer Tribunal Oral lo sentenció a cinco años de cárcel efectiva. La Fiscalía había pedido para él 20 años de presidio: es acusado de haber lanzado cinco bombas molotov a Carabineros en el entorno de la Plaza de la Dignidad. Por cada bomba, el Ministerio Público solicitó cuatro años de cárcel. Sin embargo, su hermana Katherine Cornejo acusa derechamente a Carabineros de haber hecho un «montaje» en el procedimiento. Y no sólo eso: «Primero lo secuestraron, le pegaron y lo torturaron. Le rompieron la nariz y los dedos para que firmara la culpabilidad de los hechos. Le dejaron la polera ensangrentada y no se la quisieron mostrar al Instituto de Derechos Humanos [INDH]. Todas las pruebas de hidrocarburos en sus manos salieron negativas y las cámaras siguieron a una persona que no es él». Mientras hablaba con Brecha, sostenía un lienzo negro, en apoyo a su hermano, luego de haber participado de una convocatoria frente al Palacio de Tribunales junto con las familias de los otros presos políticos. Dijo que Francisco es un joven tranquilo, que se destacaba en el barrio como futbolista amateur. Para colmo, agregó, sufrió un accidente en el pie jugando a la pelota en el penal Santiago 1, donde actualmente cumple su condena. «Estuvo dos meses sin ser atendido, con un dolor terrible en el pie», fustigó. Buscará reabrir la causa junto con el abogado defensor.
El caso de Hernández, comentó Royo, es muy común entre los presos de la revuelta: «Suele suceder que Carabineros actúa como testigo de fe. Los partes policiales son considerados fidedignos de por sí, y lo que dice un imputado no es valorado dentro del procedimiento. Hay una falta de proporcionalidad de la Fiscalía que va en concordancia con lo actuado por el gobierno, lo cual me parece bastante peligroso». Al respecto, Claudio Villagra deplora que la Fiscalía sólo valide a funcionarios de Carabineros como testigos del supuesto robo de la escopeta al oficial de esa misma institución. Dijo que tiene sus propios testigos, pero el órgano persecutor aún no los cita a declarar. No sabe por qué. «Todas nuestras energías están puestas en señalar lo ilegítimo de los procesos. En muchísimos casos es el testimonio de un carabinero el que da origen a la actuación de la Fiscalía. Luego ellos eligen ser testigos protegidos, por lo que no dan su testimonio de forma pública», explicó Javiera del Campo, integrante de la Coordinadora 18 de Octubre. En tanto, Morales no se ilusiona con el juicio oral, que recién se inicia. Aunque reafirma su inocencia y se declara emocionalmente firme en el interior del penal, le perturba el futuro de su familia: «Me preocupa que les falte la comida, que estén enfermos, que alguien entre a robar a la casa. Espero no perderme muchas etapas de mi hija de 4 años y mi hijo de 11».
La familia de Hernández está devastada emocionalmente por el encarcelamiento del joven. Según su hermana, la madre de ambos está con tratamiento psiquiátrico. Le duele saber que su hijo más pequeño, el conchito, ha perdido peso en el interior del penal. «A mi mamá ahora se le olvidan las cosas. Es la primera vez que necesita pastillas para dormir», reveló Cornejo. Según Del Campo, la prisión política busca «no sólo coartar el cuerpo encarcelado, sino generar un tema en todo el entorno familiar»: «Por eso han surgido asambleas solidarias que se hacen cargo de la situación de los presos del territorio. Hay que llevarles encomienda y generar recursos, porque muchas familias eran mantenidas por el compañero que está preso». Al fragor de ese espíritu humanitario nació, por ejemplo, la Asamblea Popular Metro La Granja. Ha sido un sostén emocional para las familias de Morales, B. S. M., Villagra y varios más. Ahí figuran también los familiares de Jeremy Ramírez y Omar Jerez, dos jóvenes acusados de quemar la estación La Granja del metro, quienes cumplen prisión preventiva en la Cárcel de Alta Seguridad, un recinto para internos calificados como de extrema peligrosidad. La asamblea también sigue el caso del estudiante de Pedagogía en Música Jesús Zenteno, quien suma diez meses en prisión preventiva. Se le acusa de haber fabricado y lanzado bombas molotov y haber incendiado el hotel Principado de Asturias, próximo a la Plaza de la Dignidad. Su padre, Cristian Zenteno, aseguró al medio OPAL Prensa que su hijo –detenido por un carabinero infiltrado– no es culpable de los delitos que se le imputan y que las pruebas vertidas por la Fiscalía no demuestran su participación en los hechos. El Ministerio Público solicita para él 25 años de prisión.
La cuestionada seguridad
Según las cifras de la Fiscalía entregadas al INDH, al 20 de marzo de 2020 el ente persecutor inició 346 investigaciones penales por delitos contemplados en la Ley de Seguridad del Estado –una normativa extremadamente rigurosa que agrava las penas previstas en el ordenamiento jurídico chileno– a partir de querellas presentadas por el Ministerio del Interior. Hasta esa fecha, 20 de esas 346 investigaciones fueron formalizadas, con un total de 112 imputados. Según Royo: «[La Ley de Seguridad del Estado] termina enfrentando al prisionero con un monstruo de distintas cabezas, ya que, pese a que existe un órgano como la Fiscalía para llevar las investigaciones de forma autónoma, en la práctica el gobierno actúa como querellante. El Estado persigue políticamente y existe una presión indebida». La abogada llama la atención sobre el contraste entre esta situación y las causas que involucran a agentes del Estado en el marco de la represión. Según la Fiscalía, desde el 18 de octubre de 2019, 8.827 personas denunciaron casos de violencia institucional, 4.681 de los cuales se encuentran vigentes. De un total de 75 agentes formalizados por violaciones a los derechos humanos, 25 se encuentran en prisión preventiva y sólo uno ha sido condenado.
Por lo pronto, el INDH no contempla entre sus atribuciones un involucramiento mayor en las causas en que las familias de los presos denuncian irregularidades. Sí están en el radar de la institución los casos en los que los detenidos han denunciado vulneraciones de sus derechos elementales por agentes del Estado. «El INDH no tiene competencias para defender a una persona cuando ha sido detenida con irregularidades. Eso le compete a la Defensoría Penal Pública o a una defensa particular. Algunas personas han denunciado malos tratos, tortura y golpizas en el momento de la detención. Ahí el INDH ha presentado querellas contra esos agentes del Estado. Eso sí está dentro de nuestro marco de acción. La querella le puede servir a su defensa pública o particular», explicó Rodrigo Bustos, jefe de la Unidad de Protección de Derechos del INDH. Las investigaciones contra personas imputadas por la Ley de Seguridad del Estado, en cambio, sí son seguidas atentamente por el organismo, ya que algunas partes de la norma «pueden afectar el derecho a un debido proceso», complementó el jerarca.
En la Comisión de Derechos Humanos del Senado están al tanto del tema. Juan Ignacio Latorre, presidente de la instancia, contó que su gestión consiste en «llamar al gobierno a que deje de querellarse por estos casos»: «Que distinga los casos de jóvenes que llevan mucho tiempo en prisión preventiva y no tienen antecedentes penales. A ellos se les imputa haber provocado desórdenes públicos: son delitos menores, que no ameritan la privación de libertad». Por su parte, Torres, de la OFAPP, expresó: «Es muy difícil luchar cuando el Estado está tan involucrado en perseguir a nuestros familiares. Somos hormigas contra un gran elefante. Ellos tienen todas las de ganar». De igual manera, las organizaciones no pierden la esperanza de sustituir la prisión preventiva por el arresto domiciliario y, en el mejor de los casos, lograr una salida política para liberar a los presos de la revuelta.
Este 19 de octubre hubo, al menos, una luz al final del túnel. Las agrupaciones que representan a los presos políticos tuvieron una reunión por Zoom con el influyente sacerdote jesuita Felipe Berríos, quien había planteado previamente su inquietud por la situación de los jóvenes detenidos. En el encuentro virtual, los familiares le pidieron al religioso que ejerciera un rol de mediador con el Estado. Él aceptó. Dijo a Brecha que su aspiración es conformar una especie de comisión política con diversos actores, que evalúe caso a caso la posibilidad de una amnistía. «No tengo demasiado poder, pero voy a seguir hablando con las autoridades para tratar de hacer ver que esto requiere una salida política. No podemos seguir con una espiral de violencia que no sabemos en qué va a terminar. La solución no es por la vía de la represión».