Colombia/ Uribe: del Acuerdo de Santa Fe de Ralito al No contra las Farc

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Del Acuerdo de Santa Fe de Ralito al No contra las Farc

Hace 15 años el expresidente Álvaro Uribe y su equipo de trabajo comenzaron a diseñar un modelo de justicia transicional para aplicar a los paramilitares una vez dejaran sus armas y se desmovilizaran. Las primeras propuestas del senador del Centro Democrático distan de los reclamos que hoy le hace al acuerdo del gobierno nacional con este grupo guerrillero.

Verdad Abierta, 5-10-2016 http://www.verdadabierta.com/

En 2002, pocos después de que se posesionara el entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010), los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) le enviaron una carta donde anunciaban el cese de hostilidades, necesario para el inicio de las negociaciones. Tan solo seis meses después se firmó lo que llamaron El Acuerdo de Santa Fe de Ralito, donde los ‘paras’ se comprometieron a desmovilizar la totalidad de los hombres bajo su mando.

Fue en ese momento que empezó el trabajo del Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo –hoy prófugo de la justicia– para que el Congreso de la República aprobara un Acto Legislativo que se ajustara a lo pactado con las Auc. Se presentó entonces, en 2003, el Proyecto de Ley de Alternatividad Penal. Irónicamente, los opositores que lo hundieron argumentaron lo mismo que hoy esgrime Álvaro Uribe y sus partidarios políticos contra Acuerdo Final firmado por el presidente Juan Manuel Santos y ‘Timoleón Jímenez’, máximo jefe de las Farc: no habría penas privativas de la libertad.

El proyecto de ley fue retirado, pero el ‘tire y afloje’ siguió en el Congreso. Senadores como Gina Parody, Luis Fernando Velasco y Rafael Pardo trabajaron en una nueva propuesta de justicia transicional, pero a último momento el gobierno nacional pasó su propia iniciativa. Así nació la Ley 975 de 2005, más conocida como la Ley de Justicia y Paz.

Su aprobación fue controversial, no solo porque votaron congresistas que recibieron apoyo electoral de los paramilitares, sino porque se equiparaba a las Auc como delincuentes políticos. En mayor de 2006, la Corte Constitucional profirió un fallo que le dio la vuelta a la ley: los paramilitares estaban obligados a contar la verdad y entregar bienes producto de las actividades lícitas e ilícitas.

Diez años después, ante la desaprobación en las urnas de 6 millones 431 mil 376 colombianos al Acuerdo Final alcanzado en La Habana, superando al Sí por 53.894 votos, el senador Uribe es el líder de la oposición al proceso con las Farc. Sus propuestas de revisar y corregir el acuerdo en temas como justicia, reparación, narcotráfico y participación política son más inflexibles que las condiciones que les ofreció a los líderes de las Auc. VerdadAbierta.com presenta una comparación en detalle sobre el No del Centro Democrático y las diferentes etapas que vivió la Ley de Justicia y Paz.

La cárcel

«Por este sacrificio por la patria y liberar de las guerrillas a Colombia y no dejar que el país sea otra Cuba o en su momento Nicaragua, no pueden las autodefensas recibir la cárcel. Apostamos a la negociación pacífica y al abandono de las armas», dijo Salvatore Mancuso en la visita que hizo al Congreso en 2005, acompañado por los jefes paramilitares Ramón Isaza y ‘Ernesto Báez’.

En efecto la Ley de Alternatividad Penal presentada por el ‘arquitecto’ de la desmovilización de los paramilitares, Luis Carlos Restrepo, proponía un indulto a los actores armados que dejaran las armas. Uribe, que se ha presentado como el principal contradictor de la justicia restaurativa en el acuerdo de paz con las Farc, fue el primero en proponer penas alternativas a la cárcel.

“Al hacer justicia el derecho apunta hacia la reparación y no hacia la venganza. Ante la evidencia de que la pena privativa de la libertad, como única respuesta al delito, ha fracasado en muchas ocasiones en su cometido de lograr la resocialización de los delincuentes, el derecho penal contemporáneo ha avanzado en el tema de las sanciones alternativas”, se leía en el documento.

Sin embargo, fue retirado del Congreso, en parte por el temor de que no fuera respaldado por los tribunales internacionales. Surgió entonces el proyecto de ley de Justicia y Paz, propuesto por el gobierno nacional como segunda opción. Disponía de una lógica similar a la que hoy propone el Centro Democrático: se le daba amnistías a quienes no tuvieran procesos jurídicos en su contra y penas alternativas de cinco a ocho años de cárcel a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad. De acuerdo con el proyecto original, contaban como parte de la pena los 18 meses que los paramilitares pasaron concentrados en Ralito durante el proceso de negociación, asunto que la Corte Constitucional eliminó.

El problema fue que para ese entonces no había muchos procesos penales abiertos contra los paramilitares. Como han reconocido algunos de los primeros fiscales que trabajaron en los casos, era poco lo que conocían de los múltiples crímenes que cometieron jefes paramilitares como Hebert Veloza, alias ‘HH’, Freddy Rendón, alias ‘El Alemán’, y Raúl Hasbún, más conocido como ‘Pedro Bonito’. (Ver: Justicia y Paz: lecciones aprendidas en 10 años)

Dilemas de la participación política

El Centro Democrático y los opositores al Acuerdo Final se han opuesto a la participación de los comandantes de las Farc en la política, argumentado que no pueden ser electos quienes hayan cometido crímenes graves como secuestros y homicidios. Es cierto que los postulados al proceso de Justicia y Paz, y otras leyes alternativas como la Ley 1424 de 2010 –que cobija a los desmovilizados que no cometieron crímenes de lesa humanidad– perdieron sus derechos políticos, pero no necesariamente por iniciativa del gobierno de Uribe.

En la negociación con los paramilitares estos nunca ocultaron su interés de participar en política. “Desde que nos sentamos con el Alto Comisionado, hablamos del carácter político de los miembros de las autodefensas, porque adelantaban una lucha contra las guerrillas, y nunca fue ajeno a la mesa de diálogos el reconocimiento político para los paramilitares”, dijo ‘Ernesto Báez’ en 2005 en entrevista con el periódico El Siglo.

Aunque la Ley 975 no hablaba explícitamente de la creación de un partido político, ni del otorgamiento de curules, como lo plantea el acuerdo con las Farc, sí dejaba una puerta abierta a la participación política. El gobierno del entonces presidente Uribe proponía que los paramilitares fueran condenados por sedición, delito que no solo puede ser amnistiado, sino que no impedía la participación en política.

Esta condición fue tumbada por la Corte Suprema de Justicia en un fallo proferido el 11 julio de 2007. “Como es el caso de los miembros de los grupos de autodefensa que en virtud de acuerdos con el Gobierno Nacional se han desmovilizado, bajo ningún pretexto alcanzan a ser considerados como autores del punible de sedición, por cuanto tales comportamientos no pueden ser asimilados al concepto delito político”, sentenció el alto Tribunal.

Lo cierto es que fue la Corte Suprema la que rechazó la participación en política de los exparamilitares, pues exigió que cualquiera que hubiera pertenecido a las Auc fuera condenado por concierto para delinquir. La decisión no ha estado exenta de controversias, pues ha dificultado la reintegración de los combatientes rasos.

¿El narcotráfico sí es un delito conexo?

El senador Álvaro Uribe se opone hoy a que las Farc reciban algún tipo de favorecimiento o amnistía frente al delito del narcotráfico, no obstante, en la Ley 975 quedó establecido como requisito de elegibilidad para acceder al beneficio de la pena que alternativa que “el grupo no se haya organizado para el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito”, asunto que ha sido ratificado por la Corte Suprema de Justicia en varios pronunciamientos.

Aun así, fueron postulados por el gobierno nacional a los beneficios de pena alternativa algunos paramilitares reconocidos como “narcos puros” y que en su momento ostentaban gran poder criminal como Juan Carlos ‘el Tuso’ Sierra; Carlos Mario Jiménez, más conocido como ‘Macaco’; y los hermanos Víctor Manuel y Miguel Ángel Mejía Múnera, conocidos como ‘Los Mellizos’.

Estos personajes continuaron siendo parte de la ley de justicia transicional, incluso varios años después desde cuando el presidente Uribe tomó la decisión de extraditarlos a Estados Unidos, en mayo de 2008, para que respondieran en ese país por delitos asociados al tráfico de estupefacientes.

Fue hasta 2014 que la Corte Suprema de Justicia aclaró que los postulados que hubiesen participado en la cadena de producción y tráfico de estupefacientes para financiar su grupo armado podían ser juzgados por narcotráfico en la justicia transicional, es decir, que el narcotráfico si es considerado un delito conexo. “En Justicia y Paz es posible abordar cualquier conducta punible, siempre que haya sido cometida durante y en ocasión de la pertenencia al grupo”, aseguró la magistrada María del Rosario González Muñoz.

Así quedó establecido en decisión de segunda instancia proferida en abril de 2014 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que favoreció a Rodrigo Pérez Alzare, alias ‘Julián Bolívar’. Para la Fiscalía, este exparamilitar financió al Bloque Central Bolívar a través del negocio del narcotráfico, pero el Alto Tribunal concluyó que esa actividad fue considerada como propia del grupo armado y no con fines de enriquecimiento personal.

Al mismo tiempo, la Corte pidió que se depurara Justicia y Paz de “narcotraficantes puros”, es decir aquellos que utilizaron los grupos paramilitares para beneficiarse personalmente de sus negocios ilícitos o los que se colaron en las listas de desmovilizados para obtener una rebaja de pena. Con esos argumentos fueron excluido Miguel Ángel Mejía Múnera (su hermano fue abatido por la Policía en un operativo realizado el 29 de abril de 2009); Juan Carlo ‘El Tuso’ Sierra y se ratificó la salida de Francisco Javier Zuluaga, alias ‘Gordo Lindo’. (Ver: Corte Suprema depura Justicia y Paz de “narcos puros”)

La reparación económica

Uno de los puntos de quiebre, y que más causó indignación entre los promotores del No, fue el silencio que durante mucho tiempo guardaron las Farc sobre la posibilidad de entregar bienes y dinero para reparar a las víctimas. Solo hasta el 1 de octubre, un día antes de que se votara el Plebiscito por la Paz, los jefes guerrilleros anunciaron su compromiso de declarar ante el gobierno nacional los recursos monetarios y no monetarios que han venido conformando su economía.

Pero lo sucedido no dista mucho si se compara con la dejación de armas de los grupos paramilitares. De hecho, la ley original aprobada por el Congreso en 2005 era laxa con los paramilitares, les exigía entregar solo las propiedades producto de las actividades ilícitas y restituir a las víctimas “de ser posible”.  Un año después, la Corte Constitucional exigió que se entregaran todos los bienes, incluso los lícitos, para la reparación.

La demora en establecer los mecanismos jurídicos bajo los cuales esos bienes pasarían a manos del Estado permitió que muchos de los postulados dejaran sus propiedades a manos de terceros y dificultaran la tarea de identificación que debía adelantar la Fiscalía. Aunque se supone que quien no entregue los bienes puede perder los beneficios de la justicia transicional, en los 11 años que cumplió Justicia y Paz ningún desmovilizado ha sido expulsado por no haber entregado bienes.

El balance en ese sentido de la Ley de Justicia y Paz es bastante pobre. A la fecha, solo el 6,6% del dinero para reparar a las víctimas ha salido del bolsillo de los exparamilitares, de acuerdo con cifras del Fondo de Reparación a las Víctimas.

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