La emergencia sanitaria confirmó cuán desprotegidas están las mujeres en el Perú. Desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio, 309 adultas y 606 niñas y adolescentes fueron reportadas como desaparecidas, según un informe de la Defensoría del Pueblo. Un promedio de 10 denuncias por día. Un caso cada tres horas. Pese a estas cifras, el Estado sigue sin implementar los mecanismos para una búsqueda efectiva, lo que envía un mensaje de impunidad en los casos de violencia contra la mujer.

Mirelis Morales Tovar

Convoca, 21-7-2020

Correspondencia de Prensa, 29-7-2020

Stefany, 17 años, ojos ambar, cabello negro, tez blanca. Sandra, 11 años, ojos negros, contextura delgada, tez morena. Ambas jóvenes hubiesen querido quedarse en casa durante la cuarentena, como el resto de los peruanos, pero alguien les impidió regresar a su hogar. No fueron las únicas. Unas 309 adultas y 606 niñas y adolescentes fueron reportadas como desaparecidas desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio de 2020, según el último informe de la Defensoría del Pueblo. Una cifra que pondría en alerta a cualquier país del mundo menos al Perú, donde la violencia contra la mujer parece haberse naturalizado.

¿Dónde se encuentran estas 915 mujeres desaparecidas durante el aislamiento social? ¿Qué pasó con ellas? ¿Cuántas han sido localizadas hasta ahora? Nadie sabe. Tampoco hay manera de saberlo con exactitud porque el Perú no cuenta con un registro nacional de información de personas desaparecidas. Una deuda que el país tiene con las mujeres –y con los hombres también– desde hace 17 años,  cuando la Ley N°28022, promulgada el 11 de julio de 2003, ordenó su creación para centralizar todos los casos y ofrecer a los familiares información certera que facilite las labores de búsqueda.

Tampoco se tiene un portal con información actualizada, porque el sitio peruanosdesaparecidos.org dejó de funcionar en 2017 y sólo se cuenta con la web teestamosbuscando.pe, que no cumple las especificaciones establecidas en la norma. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables relega esa materia al despacho del Interior. La División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional del Perú se negó a conceder una entrevista a Convoca.pe. De modo que el informe de la Defensoría del Pueblo, que recoge las notas de alerta de la PNP, es el único documento que dibuja el panorama más cercano a esta realidad en el Perú.

“Estamos muy preocupados por los últimos reportes, porque todos sabemos que la desaparición de una mujer tiene que ver con una cuestión de violencia de género”, afirmó Eliana Revollar, defensora adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo. “Detrás de una desaparición, hay un hecho de violencia previa, luego puede haber un femicidio u otros delitos conexos, como trata, explotación sexual, violación sexual. La privación de la libertad de una mujer es una situación preocupante”, agregó.

En enero pasado, se reportaron 561 desaparecidas. Mientras que en febrero, la cifra repuntó a 663. Marzo pudo haber sido peor. La llegada de la cuarentena cambió los pronósticos al propiciarse –en teoría– un ambiente más protegido para las mujeres, en virtud de la orden de inmovilización social y el despliegue de las fuerzas policiales en la calle. Así se evidenció en el informe de la Defensoría del Pueblo, que registró 471 mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas en marzo. A partir de abril, mayo y junio, cuando se mantuvo el aislamiento social, las cifras no dejaron de escalar.

La desaparición de niñas y adolescentes es lo más preocupante, en promedio representa el doble de casos que el número de adultas, incluso en junio llegó a su pico más alto en el periodo de cuarentena: el 70 por ciento del total de casos de mujeres desaparecidas correspondía a menores.

Primer Informe

“Cómo es posible que las mujeres se reporten como desaparecidas, cuando todo el espacio público estaba tomado por las fuerzas policiales y las fuerzas armadas. No había aeropuerto ni transporte. La Policía no nos ha dado una explicación”, afirmó Revollar. “Antes de la pandemia, cada cinco horas se reportaba una desaparecida. Durante la pandemia, cada tres. Ello le genera a las mujeres una sensación de inseguridad absoluta”, precisó.

El análisis de la Defensoría del Pueblo sugiere que la Policía designó a buena parte de su personal a garantizar el cumplimiento de las medidas restrictivas que impuso el Estado, para evitar el contagio del COVID-19 y descuidó las acciones de búsqueda de las mujeres desaparecidas. Asimismo, las restricciones de tránsito dificultaron la gestión para formalizar la denuncia e imposibilitaron a las familias para hacer sus propias labores de investigación.

Una deuda histórica

La pandemia puso en evidencia cuán desprotegidas están las mujeres en el Perú. Un país que cuenta con un marco legal para crear un sistema de búsqueda de personas desaparecidas, que dispone de medidas para la atención de personas desaparecidas en situación de vulnerabilidad y de un protocolo interinstitucional de atención de casos de desaparecidos, pero que no ha implementado ninguno de estos mecanismos de manera adecuada. Ni siquiera lo ha hecho movido por las cifras reportadas durante la emergencia sanitaria.

“No tenemos activa la línea 114, tampoco el sistema de mensajería de texto para enviar a los teléfonos avisos de búsquedas”, explicó Katherine Soto, representante de la Asociación Mujeres Desaparecidas Perú. “No contamos con un registro de desaparecidos ni disponemos de un banco genético de las familias de las desaparecidas. Todo eso está reglamentando, está en papeles. Mientras no se implemente, sigue siendo una deuda en función de la voluntad de las autoridades. Es una respuesta machista y una deuda histórica que tiene el Estado con las mujeres”, agregó.

La Convención de Belem de Pará (1994) –el primer tratado internacional que abordó la violencia contra las mujeres– establece que los Estados tienen la obligación de acomodar todo el aparato estatal, con la finalidad de evitar las desapariciones, prevenir los factores de riesgo y fortalecer las instituciones para responder de forma inmediata. De lo contrario, los Estados se convierten en responsables de participar en la desaparición de mujeres, por omisión activa.

Revollar asegura que existen evidencias de que el Estado peruano no ha tomado medidas efectivas para prevenir las desapariciones y que tiene responsabilidades en la violación de los derechos de las mujeres. Por tanto, explicó que cualquiera de los familiares que pueda probar que no hubo una debida diligencia en la búsqueda, podría acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para demandar que el Estado asuma su responsabilidad.

“El Estado Peruano ha institucionalizado las desapariciones de mujeres”, sentenció Katherine Soto. “Al institucionalizarlas, se establece una política de negación de la existencia de nuestras propias vidas Es una figura sistemática que tiene el Estado de desaparecer mujeres al negarles su propia búsqueda. Eso habla de cómo funcionan nuestras estructuras sociales, a partir de la negación a las mujeres del derecho a la verdad y a ser consideradas ciudadanas plenas”, concluyó.