Ante la caída de los delitos, se reducen a la mitad los juzgados de menores.

La Diaria, 18-7-2020

Correspondencia de Prensa, 21-7-2020

La seguridad está entre los temas que más preocupan a uruguayas y uruguayos. El sistema político lo sabe, por eso está en el centro de todas las campañas electorales y por eso se llevaron adelante plebiscitos nacionales en las dos últimas elecciones. En 2014 se llamó a una consulta popular para bajar la edad de imputabilidad penal y en 2019 por una reforma constitucional que proponía militares en las calles, allanamientos nocturnos, cumplimiento efectivo de penas y cadena perpetua.

Las iniciativas no lograron el apoyo popular suficiente para ser aprobadas. Pero, a pesar de que no prosperaron, en ambos casos contaron con 47% de apoyo; un caudal electoral para nada despreciable, más aun considerando que ningún partido en sí mismo tiene hoy ese apoyo. Y de nuevo: el sistema político lo sabe.

En 2014 los movimientos sociales dieron vuelta un plebiscito que parecía imposible: la población dijo “no a la baja”. Tiempo antes, Pedro Bordaberry capitaneó un grupo de dirigentes ‒en su mayoría del Partido Colorado (PC) y del Partido Nacional (PN)‒ que impulsó la baja de la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años. Aunque los adultos eran en aquel entonces responsables de 94% de los delitos, el enemigo público ‒construido‒ estaba claro: los adolescentes.

Hoy ese lugar de enemigo público parece ocuparlo el narcotráfico. Aunque está claro que no tiene la misma connotación ‒ni aplicación de sanción penal‒ el que vende una tiza de pasta base, el que roba para pegar un chasqui en la boca, que el que, vestido de empresario, exporta ‒trafica‒ toneladas de cocaína a Europa. Tenemos que analizar si lo que nos jode es el narcotráfico o en realidad son los delitos colaterales de los marginales que ocupan los eslabones más reemplazables de la cadena de distribución, o son los actos de usuarios problemáticos de drogas que, llevados al límite, rompen las normas.

Pos 2014 hubo un replanteo de los jugadores en el escenario político. El PC tuvo la votación histórica más baja de la historia. Bordaberry quedó fuera de ruedo y migró a otras canchas. El conservadurismo colorado hizo lugar a un ala más progresista encabezada por Ernesto Talvi (Partido Colorado), cuyo programa de seguridad era el más pertinente dentro de la coalición.

La irrupción de Talvi, y en particular de su equipo de seguridad, generaron la partida de Guillermo Maciel, otra de las principales caras que tuvo el “sí a la baja”, del PC al PN. Hoy es subsecretario del Ministerio del Interior.

Otras de las caras más visibles que apoyaron el “sí a la baja” también se movieron, pero en otros sentidos: Felipe Schipani pasó a las filas de Talvi, mientras que Fernando Amado trasladó su apoyo al Frente Amplio (FA) en la campaña de Daniel Martínez a la presidencia y hoy es uno de los suplentes de Álvaro Villar, candidato frenteamplista a la Intendencia de Montevideo.

Por otra parte, el “No a la baja” tuvo referentes de todos los partidos políticos; y también hubo jugadores que cambiaron de posición en la cancha; de la defensa al ataque. Jorge Larrañaga fue uno de los referentes del “no a la baja” dentro del sistema político. Cinco años después, pasó a ser uno de los principales defensores del endurecimiento de penas para adolescentes en el marco de la recientemente aprobada ley de urgente consideración (LUC).

Si bien el FA (Frente Amplio) no apoyó la LUC, en la anterior gestión fue el principal impulsor del aumento de penas para adolescentes. Con iniciativa del Ministerio del Interior, se aprobaron leyes que aumentaron el señalamiento criminal de esta población. La ley 19.055 se impuso y estableció el mínimo obligatorio de un año de cárcel para los delitos graves (que son casi todos). También se aprobaron leyes que mantienen los antecedentes penales una vez cumplida la mayoría de edad.

Cada vez menos adolescentes involucrados en delitos

En 2014 había unos 600 adolescentes privados de libertad en dependencias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. Hoy son unos 275 adolescentes presos, una población que debería ser por demás abordable. También debería ser hora de encarar la urgente reforma que el sistema penitenciario para adolescentes requiere hace décadas. Pero, muy “a la uruguaya”, la institucionalidad del sistema penal adolescente ha cambiado innumerables veces de nombre, pero no ha cambiado su lógica de violencia, de encierro desmedido y de impunidad.

Los delitos de los adolescentes tienen una exacerbada connotación pública, y cuando participan de eventos brutales son recordados en el tiempo. Tal es así, que cada época tiene un crimen cuyo responsable es un adolescente: La Pasiva, El Correo, por nombrar algunos. Sobre esos adolescentes ya se impuso la pena máxima vigente ‒hasta ahora cinco años‒ y fue tal el impacto que varios siguen en la cárcel o migraron ‒sin pasaje extramuros‒ al sistema penal adulto.

En los últimos cinco años, las infracciones adolescentes se redujeron de 1025 (en 2014) a 541 (en 2019). A pesar de la baja de 53% de las infracciones penales, esta población sigue en la mira.

La realidad nos dice que la vinculación de los adolescentes en delitos gravísimos, como es el homicidio, es marginal en el sistema y no es representativa de la criminalidad adolescente. En 2017, en 17 de los homicidios hubo participación de adolescentes, en 2018 fueron 18 casos y en 2019 fueron 13 los adolescentes involucrados.

A contramano

Búsqueda publicó hace unos días que “debido a la disminución de las infracciones cometidas por menores, la Suprema Corte de Justicia decidió recortar la cantidad de recursos que destina a esa materia”. Cómo plantearon, “el Poder Judicial toma medidas que parecen ir en un sentido contrario” a las tomadas por el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

Bernadette Minvielle, presidenta de la Corte, dijo a Búsqueda que “bajó muchísimo el número” de casos de adolescentes en delitos, y por ende “no se justifica” tener cuatro juzgados. Por este motivo también se redujeron la cantidad de defensores públicos para adolescentes.

De victimarios a víctimas: de los cuatro Juzgados de Adolescentes quedarán dos. Los otros dos pasarán a ser Juzgados de Familia Especializados, con foco en el abordaje de casos de violencia doméstica y vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes, delitos que hoy ya no pueden obviarse y que han tomado otra relevancia en la agenda.

Sin embargo

Hay algo que es evidente: el Poder Legislativo produce leyes en materia de seguridad con un alejamiento abismal de la realidad. Se manda cada vez a más personas a la cárcel sin encarar un cambio en el sistema carcelario para que cumpla con su misión: mejorar la seguridad. También hay que tener claro que no habrá plan que funcione si por un lado se intentan promover mejoras y por el otro se provoca la saturación de las cárceles.

A pesar de la demostrada baja del involucramiento de los adolescentes en delitos, con una reducción drástica de 53% de las infracciones penales de adolescentes, la LUC dedica un capítulo entero a los adolescentes en conflicto con la ley.

El mínimo de privación de libertad obligatoria para “delitos graves” (de nuevo: casi todos) pasó de uno a dos años y la pena máxima pasó de cinco a diez años.

Hay adolescentes que se van a perpetuar en el sistema penitenciario. Producto de la espiral de violencia y criminalidad que la institución en sí misma genera, las chances de que puedan salir alguna vez de la cárcel se acotan. Cuando lleguen a la adultez van a estar adaptados a la violencia y con escasas chances de romper con su trayectoria delictiva, porque en el ámbito delictivo es donde van a saber moverse y la cárcel es lo que van a conocer. Y la cárcel es conflicto, es criminalidad y es violencia.

Cuál es la estrategia del sistema penal adolescente para gestionar reclusiones de personas entre 13 y 28 años es un misterio. Es un misterio en general cuál es la estrategia para mejorar la seguridad.

Lo que preocupa

91% de los abusos contra niñas, niños y adolescentes se dan en el marco del hogar y un referente directo el responsable. En 2019 150 adolescentes se suicidaron. Pero de eso no hablamos. Tampoco hablamos de la violencia sistemática que se ejerce hace décadas en el sistema penal adolescente, ni del daño que genera que quien tiene que cuidar sea quien violente.

Las infracciones penales de los adolescentes se redujeron a la mitad, también los juzgados para penarlos. Son indicadores fundamentales que marcan que el desafío ahora es encarar la criminalidad de los que están dentro de las cárceles y promover un trato y un tratamiento penitenciario acorde para quienes ingresan. Lo dijimos, y lo vamos a seguir diciendo: los adolescentes no son responsables de la inseguridad. Y la cárcel no soluciona el problema, lo empeora. Hasta que no se entienda esto hay que hacerse cargo de mejorar el dispositivo, o por lo menos de intentar reducir los daños que este genera.

La historia dirá quién asumirá los costos de la saña penal contra los adolescentes, quién se hará responsable de que muchos de los que ingresen a la cárcel difícilmente puedan salir algún día.

* Denisse Legrand, licenciada en Gestión Cultural, tiene estudios en pedagogía en contexto de encierro y en penalidad juvenil. Es coordinadora del programa Cárceles del colectivo Nada Crece a la Sombra.