El Frente Amplio era gobierno, José Mujica como presidente. Otro tupamaro oficial, Eduardo Bonomi, dirigía el Ministerio del Interior, mientras que Aníbal Pereyra, también progresista, era el intendente del departamento de Rocha. Los tres subidos al podio de la función pública. No obstante su responsabilidad política, ninguno de ellos rindió cuentas por la masacre. Tampoco las cúpulas policiales de la época. Diez años después, aquel crimen de Estado que puso fin a la vida de 12 personas, jóvenes en su mayoría, se mantiene impune, como tantos otros ocurridos en “democracia”. Los familiares y los sobrevivientes exigen justicia y castigo a los culpables. Testimonian, no se resignan, aunque están, como en julio de 2010, casi en soledad, a la intemperie. Es que la solidaridad popular escasea cuando se trata del llamado “mundo del delito” y de su secuencia infernal: las cárceles de la miseria. 

La catacumba del horror fue clausurada. Los que se salvaron trasladados a otro presidio. Apenas un toque cosmético, disfrazado de sensibilidad. Nada cambió desde entonces. Los  anuales  informes sobre el universo penitenciario, continúan describiendo la crueldad de un sistema “inhumano”, “degradante”, “mortificante”, “ruinoso”: torturas físicas y psicológicas, enfermedades graves sin atención médica, malnutrición, cloacas inmundas, hacinamiento, asesinatos, suicidios, corrupción policial, chantaje a las familias, circulación del narcotráfico. Los diagnósticos se amontonan, sin modificar mínimamente la espantosa realidad. Ninguna medida a favor de la dignidad de los “privados de libertad”. Ningún avance en los “planes de rehabilitación”, tantas veces enunciados por distintos operadores políticos y judiciales. 

Al finalizar el 2020 habrá, según estimaciones del actual gobierno, 13 mil presos y presas, la tasa porcentual de encarcelamiento más alta de América Latina después de Brasil. De cada diez que recuperan la libertad, seis reinciden en la práctica infractora. También seis de cada diez pasan a estar en “situación de calle” no bien cruzan las rejas. A muchos, a la salida, no los espera siquiera un abrazo. Ni tampoco un cobijo al día siguiente. Abandonados por el Estado, despreciados por gran parte de la sociedad (tanto la progresista como la conservadora), vuelven a los hábitos adquiridos. No tienen otra chance. Su única alternativa es resistir, a como dé lugar. Intentando sobrevivir en medio de un paisaje hostil. Donde el horizonte de “movilidad social” está borrado para “personas rotas” o “irrecuperables” como ellas.

Los dos textos que publicamos  -escritos en momentos distintos- dan cuenta de una tragedia provocada por la irresponsabilidad criminal del Estado. Registran a su vez, el calvario de familiares y sobrevivientes ante la ausencia de reparación y la burla de los poderes políticos y judiciales. El asesinato generó rabia e indignación -para muy pocos, hay que decirlo- en aquel año de masivas celebraciones deportivas. Una razón más para ejercitar la memoria, que persiste y vuelve a interpelar. Porque la maquinaria represiva que mató a los 12 presos en Rocha, sigue intacta. Y con la misma función de “limpieza social”, destruyéndole el futuro a miles de personas, en su mayoría jóvenes, desempleados y pobres. Dato imprescindible a tener en cuenta, para que la narración histórica no congele la necesaria e impostergable acción solidaria. (Redacción Correspondencia de Prensa)

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Diez años del incendio en la ex cárcel de Rocha, diez años de desidia

A. De los Santos

La Diaria, 4-7-2020

Correspondencia de Prensa, 5-7-2020

El 8 de julio se cumplen diez años del incendio en la ex cárcel de Rocha. Sobrevivientes y familiares de los 12 muertos continúan exigiendo justicia. El Estado aún no asume la responsabilidad de la tragedia carcelaria más grande de la historia de Uruguay, y en muchas de sus prisiones continúa propiciando la muerte violenta de los reclusos.

Él dice “sigue todo igual, porque nunca hicieron nada”, y una no sabe si el que habla es él o la mismísima furia. Hace diez años, Fernando Méndez sobrevivió al incendio que mató a 12 personas en la ex cárcel de Rocha, pero todavía hoy espera que se reconozca que lo que pasó se podría haber evitado y que los responsables sean juzgados. ¿Qué puede ser, si no rabia, una década de injusticia?

“Alguien tiene que pagar, de la misma forma que nosotros cuando cometemos un delito tenemos que pagarlo. Yo ahora quiero que paguen quienes cometieron un delito conmigo”, dice Méndez. Él es uno de los 20 hombres que en la madrugada del 8 de julio de 2010 estaba encarcelado en la celda 2 de la ex cárcel de Rocha, donde algo o alguien desató el fuego. Se suponía que en esa celda, por sus dimensiones, no debía haber más de ocho personas. Era una pieza de casi 40 metros cuadrados, tenía siete ventanas tapadas con nailon y cartón, y un bañito con una abertura circular, del tamaño de un CD, que hacía de ventilación. A lo largo y ancho había ocho ranchadas (espacios de intimidad separados por mantas colgadas) y un tendedero de cables eléctricos enganchados con clavos a maderas.

La jueza Marcela López, que archivó el caso penal en 2012, no elaboró una relatoría clara sobre qué sucedió esa noche, y permitió la coexistencia de declaraciones contradictorias sobre las que no indagó; propuso que una manta cayó sobre una resistencia de ladrillo y alambres conectados a un tomacorriente y que eso generó el incendio, que la guardia perimetral dio aviso del fuego, y que los policías que estaban adentro inmediatamente abrieron la celda. No encontró responsables penales.

“Sé que hay culpables, pero ¿dónde están?”, pregunta Nelba Recalde, madre de Alejandro Gómez, que tenía 22 años cuando el fuego lo abrasó. “Yo sé clarito quiénes son y qué hicieron”, dice Mariela Sosa, madre de Matías Barrios, que murió con 19 años. Eduardo Mederos, que compartía celda con Méndez, Gómez y Barrios, también piensa que alguien tiene que pagar: “Tiene que haber un culpable, no puede quedar así. ¡12 muertes! No me entra en la cabeza”.

Rocha 2
Eduardo Mederos. Foto: Federico Gutiérrez

Desde el 10 de junio el ex parlamentario del Partido Nacional por Rocha José Carlos Cardoso tiene en su poder una carta escrita por Sosa y el padre de Matías, Mario Barrios, que se comprometió a entregar al presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Allí los padres de Matías escribieron que quieren que se conozca la verdadera historia de la tragedia, y le solicitan al presidente que “por favor efectúe todo lo que esté a su alcance para que el expediente se desarchive y continúe la investigación, antes de que se cumplan los diez años”. Para ellos “sería inadmisible ver que una tragedia de esa magnitud, con 12 víctimas fatales, quede sin ningún responsable”.

Una década después de la tragedia, sobrevivientes y familiares de los muertos continúan reclamando justicia, porque están convencidos de que la versión judicial de los hechos difiere de lo que pasó. Méndez asegura que el incendio fue generado por un compañero de celda que acuchilló a otro y “tocó fuego”, porque enseguida, después de salir de entre las llamas, vio cómo escondía el cuchillo. Sobrevivientes y familiares están convencidos de que, sea cual sea el origen del fuego, hubo muertos porque la Policía demoró en abrir. Mantienen la esperanza de reabrir el caso penal, que prescribirá este 8 de julio.

Las mismas contradicciones, el mismo desasosiego

Las sospechas sobre la negligencia en el accionar policial no surgieron porque sí. Méndez, otros sobrevivientes y algunos muchachos que estaban presos en las celdas de enfrente a la 2 y vieron qué pasó, declararon ante López que Franco Machado (“el llavero Stuart”) demoró en abrir la puerta de la celda porque su superior, el comandante de guardia Daniel Machado (“el Carqueja”), le ordenó que no lo hiciera. Dicen que el llavero los destrancó minutos después, de puro desobediente.

Esto mismo dijo en octubre de 2015 el comisionado parlamentario penitenciario de entonces, Álvaro Garcé, cuando fue llamado a testificar en el juicio civil y reveló cuál había sido “la razón para que se diera la orden de no abrir el pabellón”: un “incidente anterior donde los guardias quedaron con el temor” de que los reclusos intentaran fugarse. “Me consta que hubo una demora justamente en virtud de esa orden. La orden existió de acuerdo a lo que declararon los funcionarios”, dijo Garcé. En julio de 2018 ratificó su testimonio públicamente durante una entrevista en un programa de televisión de Teledoce. Sin embargo, en el informe sobre el caso que presentó el 13 de junio de 2010 escribió otra cosa: que los funcionarios negaron la versión dada por los internos y que aseguraban que no había habido demora.

Lo cierto es que el fuego se desató en un edificio que fue regimiento de caballería en el siglo XIX y que está a dos cuadras de la plaza Independencia de Rocha, en el centro de la ciudad. Al momento del incendio, era un “inadecuado y obsoleto edificio” que recluía a más de 130 personas en un espacio donde se suponía que cabían sólo 50, según el informe de Garcé. En 2004, el Servicio Paz y Justicia había pedido su clausura; dos años después lo hizo Garcé, pero recién en 2012 la cárcel fue trasladada a las afueras de la ciudad. Mientras tanto, los reclusos continuaron presos allí, entre ellos Méndez, que después de haber pasado 51 días internado en el Centro Nacional del Quemado, fue encarcelado en la celda contigua. Hasta hoy el edificio mantiene los marcos de las ventanas carbonizados, escombros y cenizas.

Diez años sin asumir que propician la muerte

Las cárceles son lugares que favorecen la muerte. Sólo en los primeros siete meses de 2020 en esos establecimientos han muerto 27 personas, 22 de forma violenta: nueve se suicidaron, 13 fueron asesinadas. En las prisiones uruguayas se muere más y más joven que afuera, según el estudio Muertes en las cárceles uruguayas, elaborado por la socióloga Ana Vigna y el sociólogo Santiago Sosa. La muerte “ocurre de modo sigiloso y dosificado, sin generar mayores alarmas en la ciudadanía y sin presentar mejoras significativas en los últimos años”, concluyeron tras el análisis de los casos de personas que murieron bajo custodia penitenciaria entre 2006 y 2017.

Las condiciones en que están encerradas estas personas es uno de los problemas que, según el actual comisionado, Juan Miguel Petit, desembocan en violencia y muertes. Pese a que en la última década han mejorado, algunas prisiones continúan siendo más sobrevivibles que otras. En Artigas y Tacuarembó persisten las ranchadas. En varios sectores de las cárceles metropolitanas los presos se siguen calefaccionando con resistencias y tapando las ventanas y boquetes en las paredes con nailon, igual que hicieron los que estaban presos el día del incendio en la ex cárcel de Rocha. Según el comisionado, 27% de las cárceles tiene “condiciones de trato cruel, inhumano y degradante”, donde la “condición humana se ve seriamente afectada”.

Pese a que el Estado es garante de la integridad física y de la vida de quienes encarcela, y es responsable de la seguridad en las cárceles por mandato constitucional, aún no ha asumido responsabilidad por lo sucedido diez años atrás en Rocha. No ha pedido disculpas a las víctimas, pero sí ha presentado recursos absurdos para dilatar los juicios civiles y las ha obligado a gastar tiempo, dinero y energía en defenderse en largos y dolorosos procesos judiciales. Uno de los abogados, que prefirió no ser nombrado, aseguró que parte de la responsabilidad de que el juicio aún hoy no haya logrado una resolución la tiene el Ministerio del Interior (MI), ya que “la actuación procesal de sus representantes” evidencia “la intención de dilatar el juicio de modo de que pasara el tiempo”. Los familiares de las víctimas fatales y sobrevivientes ahora sólo quieren que el calvario judicial termine de una vez.

“¡Qué rabia! Estoy harta. Asqueada del manoseo”, dice Sosa. Su hartazgo llegó después de años de angustia y de haber transitado múltiples situaciones “ridículas”. La última se dio este jueves: ella y Mario Barrios, el padre de Matías, viajaron a Montevideo para que un perito les hiciera la primera evaluación psicológica. Servirá como prueba para el juicio civil de varias familias y sobrevivientes contra el Estado, que empezó en 2010 y aún está en etapa probatoria. Un día antes, el miércoles a las 17.45, Sosa y Barrios recibieron la notificación de que debían realizarse el estudio. Esa pericia había sido pedida al comienzo del caso por sus abogados, y después, por contar con pruebas que evidencian el daño sufrido y con los informes de sus psicólogos tratantes, la habían desestimado como prueba. Sin embargo, el MI les exigió –diez años después de la muerte de su hijo– que se la hicieran.

La responsabilidad del Estado “es clarísima” para uno de los policías que cumplían funciones en la Jefatura de Rocha el día del incendio. Conociendo la interna, considera que “es culpable de una negligencia total, mandando a la guerra a la Policía y a los reclusos”. También lo es para Diego Camaño, abogado penalista e integrante del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, que recientemente estudió el caso. “El Estado tiene que hacerse responsable, tendría que pedirles perdón a los familiares, indemnizarlos. […] Todo eso el Estado lo puede hacer voluntariamente. En situaciones así entiendo que es lo que corresponde desde el punto de vista legal y ético”, comentó. Petit dijo que “sin duda” tendría que hacerse responsable. “El Estado, para estar plenamente legitimado y para llamar a los ciudadanos a rendir cuentas, también tiene que tener sus cuentas en orden y no las tiene con la enorme población penitenciaria”, indicó. Por ello en el informe que elaboró en mayo para la Comisión Especial de estudio de la ley de urgente consideración propuso que sea reparado todo daño causado por la omisión del Estado en cumplir con su mandato constitucional. Los legisladores no lo incorporaron.

El Estado, hoy gobernado por el Partido Nacional –acérrimo denunciante de la negligencia estatal en 2010–, no tiene respuestas ante lo sucedido. El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, prefirió no hacer declaraciones. Tampoco contestaron las solicitudes de entrevista el ex ministro Eduardo Bonomi ni el actual senador Charles Carrera, en ese momento director general de Secretaría del MI. Aníbal Pereyra, ex intendente de Rocha y miembro del Movimiento de Participación Popular, al igual que Bonomi y Carrera, considera que el Estado no ha pedido disculpas porque “el problema de fondo es que la Justicia no pudo determinar claramente qué fue lo que sucedió”.

Memoria, ¿para qué?

Hasta ahora y “lamentablemente”, el Estado uruguayo “no tiene la costumbre” de hacerse responsable de los crímenes o negligencias que perpetra, dijo Mariana Mota, jueza e integrante del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Mota considera que asumiendo la responsabilidad, analizando y recordando qué sucedió, el Estado podría reconocerse en el error y modificar políticas públicas. “Es importante ese vínculo entre la memoria y el presente, y poder modificar actuaciones para que en el futuro esas cosas no vuelvan a ocurrir. Esos son los mecanismos que habilitan la memoria”.

Desde 2013, cuando la Intendencia de Rocha compró el predio donde estaba la ex cárcel, ha habido varias ideas sobre qué hacer con ese espacio. Pereyra aseguró que “sea cual sea el desarrollo urbanístico que se defina”, allí habrá “una referencia clara” que “recordará [la tragedia] desde el punto de vista de la memoria”. El director de Arquitectura y Planificación Urbana de la intendencia, Gino de León, precisó que en octubre de 2018 se elaboró un plan maestro para la construcción de las sedes del Poder Judicial y la Fiscalía. Se prevé dividir el terreno en tres; una sección será una plaza donde estará el memorial, otra será destinada a las oficinas judiciales, y el restante quedará a disposición de la intendencia para futuros planes.

Una década perdida

Méndez tenía 29 años cuando zafó de la muerte. Desde el Chuy y a través de una pantalla enumera las casi infinitas formas en que el fuego y después, y principalmente, el ninguneo estatal le arruinaron la vida. “Hace diez años estoy quemado pero a veces me miro y… me siento incómodo. Me miro y no quiero estar así. Yo no estaba así”, dice mientras se mira las manos. Se quemó 73% del cuerpo. Tiene injertos de piel en todo el cuerpo, y tres dedos doblados. Sufre de hemorroides y vértigo. No puede respirar profundo. Algunos días todavía sueña con fuego, gritos y tumbas. Aún hoy, y sin nunca haber contado con el apoyo de un psicólogo, pelea por dormir en paz. También pide que el Banco de Previsión Social le vuelva a conceder una pensión por invalidez, que le fue negada en 2018 porque ahora no es lo suficientemente inválido: en las hojas médicas se lee que le faltan diez puntos porcentuales.

Mederos tenía 44 años cuando zafó de la muerte, era “el viejo” de la celda y así lo habían apodado. Quedó ciego de un ojo y sordo de un oído. Arrastró una depresión muy fuerte hasta fines de 2016; cuenta que abrir un lavadero de autos lo ayudó a sobrevivir. “El tiempo mata todo. Y es eso. Pasaron los años y como que se van cerrando las heridas”, dice él, que enseguida aclara que no se puede olvidar del incendio. “Es imposible, me marcó mucho”.

Susana Cabral mantiene intacto el cuarto de su hijo, Alejandro Rodríguez, que murió en el incendio con 25 años. Sosa, la madre de Barrios, también. “No me pienso quedarme con los brazos cruzados hasta que paguen”, asegura Sosa. Pasaron diez años, y siguen exigiendo justicia. ¿Qué puede ser, si no rabia, una década perdida?

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Un crimen de Estado

12 presos mueren calcinados en la cárcel departamental de Rocha

Ernesto Herrera

Correspondencia de Prensa, 13-7-2010

Jueves 8 de julio. Apenas por un momento la selección uruguaya de fútbol dejó de ocupar la atención mediática. Como en cualquier día anterior al campeonato mundial de Sudáfrica, la “crónica roja” volvió al centro de los impúdicos noticieros televisivos.

Esta vez como tragedia de espantosa magnitud. En la cárcel del departamento de Rocha (unos 250 kilómetros de Montevideo), doce presos murieron calcinados y otros ocho quedaron heridos, tres de ellos muy graves. Nada que pueda sorprender. El 1º de enero de 2009, en el Penal de Libertad (departamento de San José), los muertos por quemaduras habían sido dos; el 24 de agosto del mismo año, en el Comcar (Montevideo), cinco presos habían fallecido por el fuego. En todos los casos, la guardia policial llegó “demasiado tarde”. Un eufemismo para eludir la verdad: les aplicaron una pena de muerte extrajudicial.

Un espeluznante video filmado desde el celular de un preso da cuenta del horror. La desesperación y la impotencia ante la muerte que acecha a sus compañeros de reclusión. Los gritos desgarradores que claman por el rescate. Ningún guardia-cárcel abre los cerrojos, ninguna autoridad presente en el lugar. Los bomberos que se demoran. El video es una prueba demoledora contra el Estado infractor y su criminal violación de los derechos humanos.

Según las fuentes más fiables, el siniestro ocurrió en la madrugada, cuando un calefactor de fabricación casera (para abrigarse del frío invernal) tomó contacto con las frazadas y mantas que se utilizaban como paredes o mamparas para separar un bloque de otro en el sector Nº 2 del establecimiento penitenciario. En “pocos minutos” el fuego había consumido las camas de madera, los colchones de polifón, los recipientes de plástico. El saldo es desolador: doce presos muertos y ocho heridos. “Los cuerpos calcinados de cuatro presos fueron encontrados en el baño, cuando intentaban escapar de las llamas por la ventana. Los ocho que salvaron su vida lo consiguieron porque abrieron las canillas y se pusieron debajo del agua”. (1) En el lugar había dos extintores de fuego como prevención de un incendio…pero ninguno estaba cargado.

La cárcel de Rocha – un vetusto edificio construido hace 100 años – ocupa el segundo lugar en el ránking de penales más hacinados del país. Cuenta con 70 plazas y aloja a 174 “reclusos”, dijo el comisionado parlamentario Álvaro Garcé en su último informe de agosto del año pasado. Es decir, tenía un hacinamiento de un 290%. La mayoría de los presos fallecidos eran jóvenes (entre 18 y 25 años de edad) y oriundos de Rocha.

Entre 2009 y la fecha, murieron 79 presos y presas por “causas violentas”. La situación llegó al límite de lo “aceptable”. A tal punto que la tragedia de Rocha ocurre mientras en el Senado se encuentra para su aprobación el proyecto de “Ley de Emergencia Carcelaria” enviado por el gobierno. Bajo el discurso de la “humanización carcelaria”, el proyecto prevé la distribución de presos y presas en cuarteles militares y otros establecimientos estatales mientras se construyen “nuevas y modernas cárceles” en “asociación público-privada”, estos es, en la connivencia entre Estado y capitales privados. En todo caso, la “humanización carcelaria” pasará, indefectiblemente, por la órbita del mercado.

Las reacciones oficiales ante lo sucedido en Rocha tampoco han sido una sorpresa. Con la frivolidad que lo caracteriza, el presidente José Mujica pidió “disculpas” a los familiares de los presos por el “horrible” hecho. Y a otra cosa. Su ministro del Interior, el también tupamaro Eduardo Bonomi, le echó la culpa a la “sobrepoblación carcelaria” y salió a defender la actuación de la guardia policial: “si hubieran demorado más estarían todos muertos”. Esto quiere decir que no habrá sanciones para ningún jefe policial. Como mucho, algún chivo expiatorio de bajo rango pagará la “omisión de funciones”. Igual que en otros tantos casos.

Si esta masacre hubiera ocurrido bajo los gobiernos de blancos y colorados, la izquierda y los organismos de derechos humanos estarían reclamando la renuncia del ministro y la remoción de los mandos del sistema carcelario. Y el “castigo a los culpables”. El escándalo político sería mayúsculo. Pero bajo el reino del “progresismo”, todo se trata con “equilibrio” y sin intentar “tomar ventajas políticas de una tragedia”. El clima de “consenso” así lo exige. Ni la “oposición” de derecha se atreve a sacar los pies del plato. Menos aún ahora, cuando se benefician de la repartija de cargos en empresas y bancos públicos, corte electoral y tribunal de cuentas.

En medio del indescriptible dolor, los familiares reclaman justicia. Sus testimonios son una denuncia inapelable.

Susana Cabral, madre de Alejandro Rodríguez, de 26 años, procesado por homicidio afirma: “los dejaron morir, dicen que se les prestó atención, pero ¿cómo pudo ser, si se murieron doce o tal vez trece?”. En la puerta de la cárcel de Rocha otra madre de un recluso fallecido en el incendio lloraba a punto de desmayarse. María Pilar Casuriaga, madre de Edison Javier Núñez Casuriaga, de 20 años de edad y proceso por homicidio, gritaba una y otra vez: “¡mi hijo murió!”. Familiares de las víctimas denunciaron que hubo una demora de una hora y media en la asistencia a los presos debido a que las autoridades de la cárcel no habían aprobado su apertura. (2)

Rubén Cardoso, padre de Ariel Fernando Cardoso dice: “Hubo negligencia de la Policía y de la Cárcel. Estaban a lo perro, calentaban con dos hojas de sierra el agua, dado que hacían un sun (pequeño aparato para calentar el agua). El entierro de mi hijo lo pago yo”, dijo en respuesta al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que había anunciado que el Estado se hacía cargo de los costos. Otro padre de un recluso procesado por tráfico de estupefacientes al que le faltaban unos días para salir en libertad, exclamaba ayer en la puerta de la cárcel: “¿Y ahora qué hago? Por fumar cuatro porros estaba en la cárcel y no puede ser que ahora esté muerto. Estoy soñando, no puede ser, no es verdad y ahora qué hago”. (3)

El viernes 9, enterraron a sus muertos. Casi en soledad. Apenas unas decenas de familiares, amigos y vecinos los acompañaron. En un departamento gobernado por el Frente Amplio, ninguna muestra de solidaridad.

Rocha III
12 de julio 2010, familiares de los presos muertos en el incendio durante la marcha realizada en la ciudad de Rocha.

Como patético contraste, la farándula. El “sistema político” prepara el “homenaje” a la selección de fútbol que regresa el lunes de Sudáfrica. En las escalinatas del Palacio Legislativo ya se levantó el imponente estrado. Donde el presidente de la República recibirá a los jugadores del “hazañoso” cuarto puesto en el mundial de fútbol. Para compartir con ellos el clima de “unión nacional” que una gesta deportiva ha generado. Porque según Mujica, “Es indudable que ha sido un sacudón para la sociedad uruguaya. La selección de fútbol se ha convertido en un elemento de identificación mucho mayor que todos los discursos de la campaña electoral. El país se sintió unido. Es notorio que no hay ninguna otra cosa que nos identifique así”. (4) Todos contentos.

Cárceles de la miseria

En el Penal de Libertad, las condiciones de reclusión son “peores que en la cárcel de Black Beach” de Guinea Ecuatorial. (5) Así definía el austriaco Manfred Nowak, relator especial de la ONU sobre la tortura, la situación en la cárcel uruguaya que, bajo la dictadura militar (1973-1985), albergó a miles de presos políticos. Al concluir su visita oficial, del 22 al 27 de marzo 2009, Nowak señalaba en su informe que el Penal de Libertad es “una de las peores cárceles del mundo”, y aconsejó que ese penal “debe ser clausurado lo antes posible”.

El emisario internacional dijo en aquella ocasión, que antes de arribar al país sabía que la situación carcelaria era grave, pero lo que encontró fue “mucho peor” de lo que pensó en un principio. “Todos nos quedamos en estado de shock cuando fuimos a ver ‘las latas’ (módulos de acero) del Penal de Libertad donde muchas personas están detenidas en forma abrumadora”, dijo el relator de la ONU. Agregó que no había estado en ningún sitio “donde los detenidos dicen que los tratan peor que los animales; en Libertad muchas personas están encerradas en pequeñas jaulas y no durante horas sino por muchos años”. Además, criticó la denominación “Libertad” de ese Penal: es “cínica” para un centro de reclusión “reconocido en el mundo como un sitio donde se practicó sistemáticamente la tortura durante la dictadura. Lamentablemente este penal sigue existiendo y con el mismo nombre”.

También indicó que en la mayoría de las cárceles del país, la celdas construidas para 2 o 3 presos albergan hasta 11, con pésimas condiciones higiénicas y de alimentación, con acceso restringido al agua, lo que fuerza a los reclusos a tomarla del inodoro y, como resultado, a usar botellas de plástico o bolsas para hacer sus necesidades fisiológicas. El acceso médico es limitado, por lo que “los presos tienen que infligirse cortes en el cuerpo para poder ver a un doctor”. Según las conclusiones preliminares de su informe, la situación de violencia intercarcelaria es “alarmante”, y lamentó que el régimen de visitas se vea “socavado” por las “requisas humillantes” a que se somete a detenidos y familiares. Si bien recibió “pocas denuncias de tortura” probadas con exámenes forenses, sí constató “numerosas y creíbles” denuncias de malos tratos y “uso excesivo” de la fuerza por parte de la policía en las cárceles, comisarías y centros de detención de menores y adolescentes.

El lapidario informe del relator de la ONU -que reafirmaba lo que el Servicio Paz y Justicia venía denunciando sistemáticamente- cayó como una bomba en el pacato “sistema político” que se jactaba de ser una excepción “democrática” en América del Sur. Resulta que de un plumazo, el mito de la “Suiza de América”, del “país de clase media”, “integrador y tolerante”, cedió paso al “bochorno tercermundista” de Guinea Ecuatorial.

Al inicio de su mandato (marzo 2005), el presidente Tabaré Vázquez, declaraba el sistema penitenciario en “emergencia humanitaria” y que esa sería una de las prioridades de su gobierno en materia de derechos humanos. Pasaron cinco años y nada cambió. En marzo 2010 asumió la presidencia José Mujica, denunciado la “vergüenza nacional” de la cárceles. Prometió “humanizar” la vida de los presos. Por el momento todo igual. O peor.

Uruguay ha experimentado un significativo aumento de la población carcelaria. Las prisiones uruguayas cuentan con unas 5.000 plazas y alojan a 9.100 personas “privadas de libertad”. Se trata de un incremento del orden del 270 por ciento. Solamente entre 2007 y 2008, la población carcelaria aumentó en 1.000 personas. Al día de hoy, “la tasa de encarcelamiento es de unos 245 presos cada 100 mil habitantes, bastante por encima del promedio de América Latina, que es de 145 cada 100 mil”. Del total de presos en los distintos establecimientos carcelarios, el 39% son primarios y el 61% reincidentes. De ellos, sólo el 44,4% ha recibido una condena y el resto está en condición de “procesado sin sentencia”. (6)

La población carcelaria se destaca por su baja edad (la mayoría de los presos tiene menos de 30 años) y mala escolaridad. El 58,83% de los encarcelados censados no culminó sus estudios, sean estos del nivel que sean. Los antecedentes laborales de los detenidos muestran la fuerte presencia del desempleo y el empleo precario o del trabajo industrial-secundario: “El 61,35% de la población censada pertenecía a ocupaciones como: obreros, cuenta propia, doméstico, changador, desocupado y subocupado”. (7)

Es decir, los inquilinos de las cárceles uruguayas son, ampliamente, víctimas de la miseria producida por la “fractura social”, o sea, víctimas de la fábrica social de pobres… y de presos. Mejor dicho, blanco de los brutales ataques del capital contra los/as asalariados/as.

Lejos de toda concepción humanista, tanto el “progresismo” como la “oposición” de derecha coinciden más allá de los matices. Proponen más policías, más “vigilancia preventiva”, y endurecimiento de las penas. Y más encierro: construyendo “nuevos módulos carcelarios” y reciclando establecimientos militares que antes sirvieron como campos de concentración de la dictadura

El objetivo “securitario” apunta, evidentemente, a las “clases peligrosas”. Esas que deambulan en medio de la pobreza, entre la “apropiación de lo ajeno” y la limosna. Que “asolan contra los bienes y la propiedad privada” y generan la “inseguridad ciudadana”. Que sobreviven sin sindicatos corporativos que las defiendan, ni convenios colectivos para negociar alguna migaja, ni ámbitos institucionales donde hacer escuchar su voz. Para el discurso dominante, y la estrategia represiva, en el “núcleo duro” de la “pobreza estructural” se concentra el delito. Allí apuntan las políticas de criminalización.

Basta ver la condición social de los presos muertos en Rocha para hacerse una composición de lugar. Todos ellos, hijos de la miseria.

Notas

1) Ultimas Noticias, 9-7-2010.

2) El País, 9-7-2010

3) Ibdem.

4) Entrevista a Mujica, “El fútbol, la crisis de la utopía y lo transitorio”, Brecha, 9-7-2010.

5) Black Beach: este presidio de Guinea Ecuatorial fue descrito por Amnistía Internacional como “una sentencia de muerte lenta y prolongada”. Allí los presos son víctimas de torturas, palizas, violaciones y fusilamientos e incluso muerte por inanición.

6) Brecha, 17-3-2009, y 29-5-2009.

7) Derechos Humanos en Uruguay. Servicio Paz y Justicia (Serpaj), diciembre 2008.