Miles de personas viven en asentamientos irregulares en Uruguay. Sus necesidades son heterogéneas, pero la falta de soluciones generales y la incertidumbre por la tenencia del suelo los une. En un contexto en el que las vulneraciones de los derechos se sienten en la carne, “organización” es la palabra que surge en el encuentro con el otro.

Brecha, 3-7-2020

Correspondencia de Prensa, 3-7-2020

La historia no es nueva. Un pibe, como tantos otros, se trepa a una columna del tendido eléctrico urbano. Lleva un cable en la mano para hacer un enganche. Al hacer la instalación recibe una descarga y queda temblando. Carina, que lo ve, piensa: “Queda pegado o se mata con la caída”. Pero no: por suerte, no le pasa nada y sólo queda el susto. El enganche es exitoso y una nueva vivienda accede a la luz. Al menos hasta que pase un camión y se lleve puestos los cables eléctricos que cuelgan a baja altura o una tormenta deje todo el asentamiento de nuevo en la oscuridad.

Valle Edén es uno de los más de seiscientos asentamientos irregulares que existen actualmente en Uruguay. Formado en 2002 sobre un predio privado en la zona de Puntas de Manga, alberga a unas trescientas familias, distribuidas en 227 viviendas. Accedieron a la energía eléctrica regular recientemente, después de 16 años de ocupación. Las calles de balasto y los baches tapados con piedras abren el camino entre los muros de material. El asentamiento, dividido en varios pasajes que no se conectan entre sí, tiene tres entradas principales.

La casa de Carina queda casi al final de una calle ciega, tiene dos pisos y es un poco más grande que las otras. Su llegada a Valle Edén se dio por unos conocidos que le ofrecieron un terreno para instalarse, pero la concreción le llevó tres años. Cuando los vecinos comenzaron la ocupación, ella era muy chica y en ese entonces “primaba la ley del más fuerte”. Finalmente, en 2005 compró un terreno, en el que trabajó durante mucho tiempo para construir su hogar. Primero, una pieza y el baño; más tarde, otra habitación, la cocina y el cuarto de su hija. Hoy, con 34 años, siendo jefa de hogar y trabajando en una cooperativa de venta y confección de prendas, es una de las referentes territoriales del asentamiento junto con otras tres vecinas.

Ha sido difícil sostener la organización, pero hace pocos meses lograron la financiación que permitió instalar las pocas luces que hoy iluminan el asentamiento y ahora concursan por un fondo para hacer actividades culturales. Anteriormente, una victoria producto de la perseverancia les dio la posibilidad de construir 13 pozos negros (aunque eran 40 las familias que los necesitaban), tarea impostergable para solucionar el problema, todavía vigente, de las calles empantanadas en mierda cada vez que llueve.

Pero las problemáticas de los vecinos de Valle Edén no son singulares. Con diversas formas y distintos grados de profundidad, son compartidas por las más de 180 mil personas que viven en asentamientos irregulares, ubicados en terrenos públicos y privados, en Uruguay.(1) Según un relevamiento realizado durante 2018 por la organización Techo, el 41 por ciento de ellas todavía no accede a la energía eléctrica de forma segura, una de cada tres no tiene agua potable de forma constante y el 85 por ciento no cuenta con conexión regular a las redes de saneamiento. Tienen, además, otras necesidades básicas insatisfechas y otros riesgos habitacionales, que determinan un variado abanico de situaciones.

En los últimos 15 años, los gobiernos del Frente Amplio (FA) han buscado, mediante distintos programas (Plan Juntos, Programa de Mejoramiento de Barrios, Jóvenes en Red, Uruguay Crece Contigo), dar respuesta a un conjunto de vulneraciones que se materializan en estas comunidades, que van más allá de lo habitacional y se han ido gestado durante décadas. En ese sentido, al término del ciclo progresista algunos de los principales indicadores mostraban mejoras en términos absolutos, como la disminución de la desigualdad y la pobreza. Además, en el territorio se concretaron mejoras en las condiciones urbanas de muchos barrios y se realizaron 91 relocalizaciones desde 2005. Pero parecería que el progreso de las condiciones materiales no ha sido suficiente para tocar las problemáticas estructurales que hacen a la desigualdad y, como resultado, los perdedores, en su mayoría, siguen siendo los mismos.

Para Carina, hay realidades con las que no se puede transar. Lo que se ha hecho hasta hoy, dice, “es tapar el sol con un dedo”. La búsqueda de soluciones reales y la experiencia por su militancia de 15 años en el Sindicato Único de la Aguja le dieron una respuesta alternativa a limitarse a esperar por las autoridades: organizarse. A la misma conclusión llegó Aldo, del asentamiento Las Cabañitas. Diferentes procesos los llevaron a consolidar dos organizaciones por separado que tenían los mismos objetivos. Cuando Carina se enteró de ese otro movimiento, la lógica de la acción colectiva no le dejó dudas. Después de algunas reuniones la unificación era una realidad. “Con Aldo nos complementamos: él habla desde el lado de la organización y yo, sobre el tema de género”, explicó Carina.

La llama y el fuego

La Coordinadora Nacional de Asentamientos funciona desde mediados de 2018. Se formó con la idea de unificar en una sola voz las distintas reivindicaciones de quienes viven en los asentamientos para que sonaran más potentes. La irregularidad en la tenencia de la tierra como una situación compartida marcó el rumbo. Sin embargo, los reclamos van mucho más allá del acceso y la regulación de la tierra: incluyen la vivienda y el acceso a los distintos servicios. Se vinculan con poder vivir dignamente y no sobre una montaña de basura, en un lugar que el día de mañana puede inundarse o prenderse fuego y que está siempre bajo la amenaza latente del desalojo. Se relacionan también con luchar contra la segregación material y simbólica; con los cuidados de los niños y las niñas; con el acceso al trabajo, las becas de estudio, la educación y la cultura; en definitiva, con el acceso a sus derechos.

Pero la fuerza de los reclamos se cuenta en números y la acumulación es un desafío. El proceso es lento, por la falta de medios. Junto con otros compañeros, Carina y Aldo recorren asentamiento por asentamiento, ayudan a los vecinos a organizarse, comparten con ellos sus experiencias. En otras ocasiones atienden pedidos que surgen de las propias comunidades. “Cuando nos invitan, es que existe algún interés para conocer cuáles son los caminos que deben seguir. Si eso pasa, es porque hay una pequeña llamita encendida y lo que queda es provocar el fuego”, dijo Aldo. El combustible de la Coordinadora es ser una organización propiamente de asentados, nacida en el interior profundo de la vulnerabilidad: “Si no vivís en un asentamiento, es difícil entender qué se siente ir dejando pedacitos de dignidad por el camino para seguir subsistiendo. Es triste y desgastante. Entonces los más pobres optamos por un comportamiento de manada y vamos solucionando las cosas entre nosotros”. Este razonamiento inspira a Aldo desde hace más de 25 años.

La ocupación circular

La Coordinadora Nacional de Asentamientos tuvo una antecesora en la década de los noventa. Pero, a diferencia de la organización actual, la anterior sólo abarcaba Montevideo y el área metropolitana de la capital. Se formó luego de la explosión de ocupaciones que comenzó a principios de esa década. Aldo, que ya entonces era un referente en ocupaciones de asentamientos, fue invitado a participar de ella, junto con profesionales y organizaciones, para darles soluciones a los miles de personas que llegaban desde el centro de la ciudad hasta la periferia. “Se hicieron tres reuniones, en las que participaron unos miles de personas, pero faltó apoyo y voluntad política”, recordó. La organización trabajó un tiempo, pero la efervescencia se disipó. Muchos de quienes se asentaron por esos años todavía esperan una solución y regularizar su situación habitacional.

Diferentes investigaciones académicas señalan que los factores determinantes de la explosión de esas ocupaciones fueron tres: la pérdida del empleo, una fuerte suba de los alquileres y el acceso de la izquierda al gobierno de Montevideo, lo que constituyó una oportunidad política para los ocupantes organizados. En la actualidad estos no parecen ser los factores incidentes en la formación de nuevos asentamientos irregulares. Un informe técnico realizado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) en 2018 presentó varias hipótesis sobre los posibles motivos asociados a la ocupación irregular de suelos. Los indicios detectados refieren a la circulación de los propios asentados. Un mercado irregular de suelo y vivienda se renovaría constantemente con la ocupación de nuevos lotes. A esto se suma la mayor tasa de natalidad, característica de los hogares más pobres. El círculo se cierra cuando los pibes nacidos en un asentamiento tienen edad para formar su propio hogar. Los asentamientos irregulares se siguen creando. Las respuestas que no llegaron en la década de los noventa ahora enfrentan nuevas preguntas. La organización cambió su dimensión y acumuló experiencia; sus reivindicaciones se mantienen. El primer paso es el acceso al suelo.

Momento cero

Desde hace varios años, cuando paga sus cuentas mensuales, Carina guarda en una caja, de forma ordenada, cada uno de los recibos. Vive en Valle Edén hace casi quince años, pero por el momento lo hace sobre un terreno que no es suyo. En 2008 el FA aprobó la ley de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, que en uno de sus artículos establecía la prescripción adquisitiva. Quienes vivieran en asentamientos irregulares desde hace más de cinco años y cumplieran con determinadas condiciones tendrían la posibilidad de regularizar su ocupación, pasando a ser propietarios del terreno que habitaban. El derecho a la vivienda parecía cobrar otro lugar respecto al derecho de propiedad.

Sin embargo, las condición de que sólo pudieran valerse de la norma quienes estuvieran bajo la línea de la pobreza impidió, en los hechos, que se aplicara. Tuvieron que pasar 11 años, con una ley modificativa mediante, para que finalmente un asentamiento iniciara el proceso de regularización. Fue durante la primavera del año pasado.La felicidad se palpaba en el asentamiento 23 de Octubre. Después de un año y medio de trabajo, 124 familias sentaban un precedente e iniciaban el primer proceso de regulación, mediante el mecanismo de la prescripción adquisitiva quinquenal.

La tarea no fue fácil. La organización barrial se hizo cargo de los honorarios de los profesionales necesarios y la Coordinadora colaboró en el proceso. Debieron juntar la mayor cantidad posible de pruebas para demostrar todos los elementos solicitados por la ley para cada una de las familias. Recibos de agua y de luz, comprobantes de pagos de la contribución inmobiliaria, certificados de que los niños iban a la escuela cerca del lugar. Todo cuanto pudiera ayudar a la Justicia a confirmar lo que los vecinos del 23 de Octubre saben desde hace años: que esa es su casa. Para Aldo, el sentido de la regularización está en poder planificar tu futuro y el de tu familia: “Porque el más pobre es el que menos fuerza puede hacer para acceder a sus derechos. Si vivís con esa espada de Damocles sobre tu cabeza, que es la posibilidad de ser desalojado, es bastante más jodido todavía”.

En una foto del 10 de octubre del año pasado, publicada en las redes sociales de la Coordinadora Nacional de Asentamientos, se ve a los vecinos del asentamiento 23 de Octubre abrazados y felices. Entre ellos, de remera blanca y pantalones negros, está Carina. Sonríe más que los demás, como si fuera ella quien estuviera por regularizar su situación. Pero todavía no le toca. Es una sonrisa que mezcla solidaridad, satisfacción y la confirmación de que la respuesta a la que llegó hace años era la correcta: “Para que las cosas pasen, hay que unirse entre los vecinos y organizarse”.

El proceso iniciado por los vecinos de Valle Edén todavía está en marcha y se encuentra en la etapa de análisis de las carpetas presentadas, en las que se define qué pruebas se admiten. Sea cual sea el resultado, es un primer mojón para solucionar la problemática habitacional de los asentados y demuestra, de forma apenas discreta, que los destinados sistemáticamente a perder a veces también pueden ganar.

Nota

1) Tanto esta cifra como la de la cantidad total de asentamientos en el país ha sido discutida entre el Mvotma y la organización Techo. El número 180 mil corresponde al umbral inferior de la estimación de Techo, que se asemeja a la cifra manejada por el Mvotma de manera informal.

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De cara a un nuevo gobierno

Respecto a la problemática de los asentamientos, en el acuerdo programático firmado por la coalición multicolor de cara al balotaje de noviembre se definió la necesidad de desarrollar una política “activa de regularización y de creación de unidades barriales sostenibles, incorporadas al tejido urbano y dotadas de los servicios de infraestructura vial, saneamiento, agua potable por cañería y conexión regular a la red de energía eléctrica”. En dicho documento se abandona lo explicitado en el programa de gobierno del Partido Nacional sobre el objetivo de llegar tendencialmente a una situación de “asentamiento cero” en un horizonte de diez años. Tampoco se incluye la batería de acciones a tomar, descritas en el programa de los blancos.

Para Beatriz Rocco, docente y referente en el área de Hábitat y Territorio de la Facultad de Ciencias Sociales, se debe esperar para ver en qué medidas concretas se traduce la preocupación observada en los programas de la oposición durante la campaña electoral. Podrían ir desde “erradicar los asentamientos con base en dar títulos de propiedad hasta repetir la construcción de núcleos básicos evolutivos [como sucedió en los noventa], cuando se hicieron viviendas que al poco tiempo revelaron deficiencias”, ejemplificó. Dijo, además, que, para atacar las problemáticas de los asentamientos en su complejidad, se debería llegar al territorio con un shock de políticas transversales, integrales y con presupuesto. “Tenés que realizar una mejora urbana, pero también elaborar políticas de empleo y de cuidados, y posibilitar el acceso a la salud y a una educación adecuada. Esto implica que los distintos ministerios tengan esto en la mira; es decir, que destinen presupuesto”, concluyó.

Desde la Coordinadora Nacional de Asentamientos manifestaron que no han tenido ningún acercamiento o convocatoria por parte de las autoridades del nuevo gobierno. “Hemos sido citados por el Pit-Cnt y por sectores políticos del FA, pero del PN y del PC no tenemos novedades”, confirmó Aldo.

Uruguay asentamientos II
Asentamiento en el departamento de Maldonado.

Agregó que con la aprobación de la Luc se esperan cambios significativos en materia de vivienda. “Imaginamos que algunas de las plataformas del Ministerio de Vivienda desaparecerán”, puntualizó. A través de sus redes sociales, expresaron su rechazo a las modificaciones que se introducen en el régimen de arrendamientos sin garantía y desalojos exprés, al considerar que tendrán consecuencias negativas para los sectores más vulnerados de la sociedad.

El próximo 12 de julio, referentes de la coordinadora participarán en una mesa de mediación por el proceso de desalojo en el asentamiento Santa Catalina, donde actualmente viven 850 familias. Están citadas para esa instancia autoridades de la Intendencia de Montevideo, la Agencia Nacional de Vivienda y del Mvotma, entre otros.