Las brutales consecuencias sociales de la megaminería se hacen patentes en las poblaciones indígenas de Colombia. Los integrantes de una comunidad afectada del norte del país denuncian las condiciones de vida en su lugar de reasentamiento, donde sufren falta de agua y de alimentos.

 D. Arias Baquero, desde Bogotá

Brecha, 26-6-2020

Correspondencia de Prensa, 26-6-2020

El Cerrejón es una de las minas a cielo abierto más grandes del mundo. Sus accionistas son las transnacionales Anglo American, Bhp y Glencore. Extrae casi 32 millones de toneladas de carbón por año, con un 99 por ciento destinado a la exportación.

La instalación de El Cerrejón implicó el desplazamiento de la población indígena de Tamaquito, concretado el 13 de agosto de 2013, una fecha que quedó esculpida con cincel y martillo como una memoria dolorosa para esa comunidad. De un lugar donde los árboles daban sombra y la naturaleza los bendecía con la riqueza de su lugar de origen en la frontera de la serranía del Perijá, sus 170 integrantes pasaron a vivir a apenas 3 quilómetros del casco urbano del municipio de Barranca.

La negociación entre la empresa y la comunidad se desarrolló en un proceso participativo llevado a cabo de 2007 a 2013. Dio como resultado un acuerdo que contemplaba compensaciones, indemnizaciones, la creación y acompañamiento de proyectos productivos, la construcción de viviendas, el pago de servicios públicos, la constitución jurídica del resguardo indígena y varios programas sociales para niños, jóvenes y adultos mayores. Pero los pobladores denuncian que la empresa ha incumplido o retrasado varios de los compromisos y que el Estado los ha abandonado.

Expropiación y hostigamiento

Brecha habló con José, (1) líder comunitario del resguardo indígena Tamaquito II, quien recuerda a su abuelo contarle el momento en que la empresa empezó a realizar las labores de exploración, a finales de los años setenta del siglo pasado: “Decía que, cuando veía los huecos pequeños, nunca pensó en la magnitud que tendría luego el proyecto, un hueco inmenso de más de 65 mil hectáreas. En ese entonces todavía era nuestro territorio”.

En ese entonces la compañía explotaba yacimientos en los municipios de Albania, Hatonuevo y Barrancas. Pero luego fue extendiendo sus dominios. “Iniciamos el proceso de traslado ‘voluntario’ con El Cerrejón por ver destruido todo lo que teníamos. Ya no éramos una comunidad productora, sino consumidora, nos cambiaron la vida, había mucha restricción en la movilidad y mucho hostigamiento”, asegura el líder comunitario.

“Nunca se hizo una consulta previa con nosotros, como lo estipula el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, no hubo garantías ni acompañamiento a nivel nacional ni departamental”, explica José. Cuenta que la empresa quería dividir a la comunidad y crear un conflicto interno en su interior para poder negociar con cada familia y desalojarlas del territorio por separado. “Pero somos muy unidos, así que no lo lograron”, sostiene.

A raíz del abandono del Estado y los abusos de la empresa, la comunidad Tamaquito II intentó una consulta autónoma entre los habitantes de la zona durante dos años y medio, con ayuda de Ong nacionales e internacionales. “Queríamos recuperar y fortalecer la cultura, pero fue un proceso muy difícil que resultó en amenazas a los voceros de la comunidad”, manifiesta el líder indígena.

Sed para los pueblos

Desde su llegada al territorio guajiro, El Cerrejón ha desviado dos arroyos y ha causado la extinción de 17, además de contaminar el agua con polvillo y material residual. Cada día la empresa utiliza 35 millones de litros de agua para la extracción de carbón, lo que deja a las poblaciones vulnerables de la zona con falta de agua.

Asimismo, la empresa no cumplió con su promesa de suministrar agua de buena calidad a la comunidad de Tamaquito II. En 2015, los indígenas decidieron reabrir el acuerdo entre ambas partes y reevaluarlo, luego de que la Universidad Nacional hiciera pruebas de laboratorio del agua que llegaba a la comunidad. Las familias se enfermaban, los niños tenían diarrea y problemas en la piel, y los investigadores de la universidad encontraron que el agua no cumplía con las condiciones mínimas para ser potable.

“Pedimos que nos capacitaran para manejar nuestra propia planta potabilizadora y que cambiaran la planta que habían traído desde Alemania por una colombiana. Que todos pudiéramos observar el procedimiento para potabilizarla.” Pero eso aún no se ha cumplido, se lamenta José.

Inseguridad alimentaria

En cuanto a los proyectos productivos, se les dijo que “iban a ser sostenibles y que nos íbamos a ganar más de dos salarios mínimos. Resulta que eso fue falso. Nos llenaron de mucha expectativa, pero no tuvimos una asesoría para formular los proyectos. Ya no era lo mismo, antes nuestra economía se basaba en la época de lluvias, ahora tenemos que adaptarnos a un sistema con otras tecnologías”.

José sostiene que entre los proyectos productivos acordados exigieron a la empresa una granja integral para generar empleo y poder exportar sus productos, además de una línea de conducción del agua desde el río Ranchería hasta un reservorio para almacenarla y fortalecer los proyectos productivos tanto colectivos como individuales de algunas familias. Tras cinco años en el lugar de reasentamiento, finalmente hace dos meses recibieron la línea de conducción del agua desde el río. “Tuvimos que insistir mucho para lograrlo, a la empresa no le interesa que las comunidades sean autosostenibles, al contrario, les preocupa que todas las utilidades les queden a ellos”, afirma el líder comunitario.

Frente al incumplimiento, la comunidad utilizó los recursos de la indemnización para comprar comida. “Hoy, con la pandemia –apunta José–, pasamos una situación aun más difícil. Estamos en un lugar muy cerca del municipio de Barranca, todavía nos llega la contaminación de la mina, y además aquí no podemos llevar a cabo la cacería y la pesca como en el sitio de origen. Estamos pasando hambre.”

La comunidad se opone a que se otorguen nuevas licencias mineras en la zona y a la ampliación de las ya existentes. Quieren que la comunidad internacional interceda “y haga cumplir las leyes que nos cobijan como pueblo, porque ni siquiera el gobierno colombiano las respeta”, dice el entrevistado.

“A ninguna comunidad le recomendamos los reasentamientos, sino que resistan en su territorio, porque hoy no somos felices acá.” Según José, hoy los 170 indígenas sufren las consecuencias del desarraigo, “los mayores ya no sueñan, porque no reconocen los sitios sagrados. Todo su pensamiento cultural y espiritual está en las tierras de origen, y todo se acabó por la minería”.

Nota

1) No es su nombre real, para resguardarlo ante las amenazas que dice haber recibido de grupos armados de la zona.

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Antes de la invasión minera

Según la investigación “Derechos territoriales y colectivos en la política minera colombiana: Estudios de caso El Cerrejón y La Colosa” (Vvaa, Editora Ufpb, Brasil, 2018), tras la llegada del complejo minero de El Cerrejón las comunidades locales han sido sometidas a una vasta transformación de las estructuras socioeconómicas y ambientales del territorio.

Laura Escobar Arango, investigadora y socióloga que participó de ese estudio, explica a Brecha que “el caso de El Cerrejón es algo particular. Cuando las compañías mineras llegaron para instalarse en La Guajira en la década que va de 1930 a 1940, y luego en los años setenta, lo hicieron en condiciones jurídicas totalmente distintas a las que tienen las comunidades ahora: no había ningún tipo de reconocimiento de sus derechos. Aunque se pueda decir que en ese momento las empresas actuaron sin ir contra la ley, sus acciones sí han implicado una vulneración muy grande de las formas de vida comunitarias”.

En la actualidad, recuerda sin embargo Arango, la ley colombiana reconoce a las comunidades negras e indígenas su derecho a la propiedad colectiva de la tierra. También establece mecanismos para la protección de su identidad cultural y étnica, y el fomento de su desarrollo económico y social.

La investigadora señala que “en la colonia muchos esclavos trabajaban en las minas. Al igual que los indígenas, empezaron, tras su liberación, a crear sistemas comunitarios de organización social y política con sus propias autoridades. Las comunidades indígenas y negras tenían una relación particular con el territorio, que no se reduce a los caseríos, sino también a dinámicas de movilidad muy grandes”.

José describe la vida en la comunidad originaria del Tamaquito, antes de la llegada de la empresa: “Se vivía de la agricultura, del pastoreo, la artesanía, la pesca, la cacería; podíamos circular con libertad, nos movilizábamos rápidamente a otros municipios por las vías de herradura para vender nuestra producción, nos conectábamos con el río Ranchería, también hacíamos trueque con la comunidad de Tabaco e íbamos a Manure a cambiar el maíz por sal. Era un ambiente sano y se vivía con tranquilidad, éramos ricos por todo lo que nos brindaba la madre tierra y practicábamos nuestra cultura y espiritualidad”.