Para Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario “no hay seguridad pública sin un sistema carcelario eficiente”.

Santiago Magni

Montevideo Portal, 20-6-2020

Correspondencia de Prensa, 22-6-2020

El Ministerio del Interior informó que en la mañana del pasado martes 16 de junio hubo un nuevo homicidio en la Unidad N° 4 Santiago Vázquez, el ex Comcar. En el mes de mayo hubo seis homicidios en cárceles. Uno en la barraca 1 de la Unidad N°7 de Canelones y el resto en la unidad 4 del exComcar.

Estos hechos que se dan en los primeros seis meses del 2020 parecen ser una constante y se denuncian año a año. La noticia impacta en su momento, pero como en otros temas se da vuelta la página y volvemos a recordarlo cuando ocurre nuevamente. El 15 de abril el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, presentó a la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón (vice presidenta de la República), el informe 2019 sobre la situación carcelaria nacional.

A noviembre de 2019, el sistema carcelario uruguayo tenía 11.574 internos, unos 328 cada 100.000, casi al tope entre los países de América Latina con más presos. En 2019 se registraron 31 muertes violentas dentro del sistema penitenciario; la cifra es una de las más altas desde que existe registro de este indicador extremo (2005), siendo solamente superada por la de 2016, donde se registraron 32 muertes violentas.

Entrevistado por Montevideo Portal, el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit sostiene que “se ha avanzado mucho” en ver que “sin resolver la cuestión carcelaria no resolveremos la cuestión social”.

-Montevideo Portal: ¿Qué análisis puede hacerse de la cantidad de homicidios y suicidios en cárceles en el mes de mayo?

Juan Miguel Petit: La cantidad de homicidios y suicidios en cárceles, en particular en los mega penales del área metropolitana, exComcar, Penal de Libertad, Cárcel de Canelones y Punta de Rieles, es expresión de la contracara de la violencia: la existencia de una muy pobre convivencia que deshumaniza las relaciones sociales.

Esto pasa en un barrio y en una cárcel, en cualquier ámbito que haya personas viviendo. Si no hay acceso a lo que nos hace humanos, a eso que llamamos la dignidad humana, que se cristaliza en derechos, derecho a la salud, a la educación, a la familia, a la comunicación, al deporte, aparece la violencia. Es inevitable. A mayor deshumanización, mayor violencia. Por eso el camino, en todos los ámbitos, en un barrio y en una cárcel es el mismo: humanizar, dignificar, enriquecer la convivencia con educación, cultura, salud y vida sana. Sin eso, nos deshumanizamos y aparece la peor faceta de lo humano, la violencia, hacia otros o hacia sí mismo o hacia todos.

-MP: Se incautaron varios cortes carcelarios, drogas y demás elementos en las últimas semanas ¿Cómo se trabaja para evitar que los presos tengan estos elementos?

JMP: La Constitución es muy clara: las cárceles no son para mortificar sino para educar. El artículo 26 de la Constitución (en la sección II – derechos, deberes y garantías) siempre está vigente y en línea con las normas internacionales. Allí está la receta, seguridad, control, aplicación de las normas. Pero con la finalidad de educar, rehabilitar, fomentar lo mejor de las personas. Los cortes carcelarios y las armas ilegítimas allí desaparecen en la medida que existen controles que se complementan con educación y enfoque técnico de la convivencia. Sin uno de los dos pilares la mesa se cae.

-MP: ¿Por qué Uruguay va rumbo a un sistema carcelario con más de 12 mil presos a fin de año?

JMP: Vamos rumbo a un sistema de 13.000 presos en diciembre porque como país, y esto no es un tema de una, dos o tres administraciones, no hemos encontrado el modelo para atender dramas sociales muy profundos que terminan en una transgresión penal, el delito, y que pueden tener otras maneras de “rendición de cuentas” que la cárcel. ¿Dónde se fabrican buena parte de las trasgresiones? Por un lado, en ámbitos con malas condiciones de crianza y pobreza, deserción educativa, ruptura familiar, abandono, problemas de salud mental, adicciones. Esa es una fuente.

La otra fuente es un sistema carcelario que no logra bajar la reincidencia y se vuelve origen de nuevas trasgresiones. Una nueva generación de políticas sociales debería abarcar todas esas zonas de tejido social pobres en nutrientes, de convivencia violenta, generadores de desamparos, con líneas de acción, redes de contención y asistencia, que cubran y conecten todo el territorio, dando densidad a los derechos y accesibilidad a la posibilidad de desarrollarse como personas.

Hay varios estudios que muestran cómo el delito ha tenido tendencias parecidas en Occidente, en particular en el Occidente de mayor desarrollo, Estados Unidos, Canadá, Europa, los países nórdicos, donde las grandes corrientes indican que hubo una caída de delitos luego de 1950, una alza luego de los años 60, muy pronunciada, y luego un descenso que se inicia en 1990. Los estudios indican que la cantidad de delitos que se producen son una variable independiente de la cantidad de presos que hay. O sea, más presos no significa menos delitos. Estados Unidos optó por una política de “mano dura y muchos presos y mucho tiempo en la cárcel” y sus altas y bajas en cantidad de delitos fueron las mismas que Canadá, que mantuvo parejo el porcentaje de presos sobre la población total que siempre tuvo.

O sea, bajar el delito no pasa por tener más delitos, penas más duras, pocos mecanismos excarcelatorios. Nosotros recorrimos el camino de EEUU desde 1995, y tenemos el índice de prisionización, o sea cantidad de presos cada 100.000 habitantes, más alto de América del Sur luego de Brasil. Leyes duras con más presos más tiempo presos no solo no bajan la delincuencia, sino que hay muchos indicios de que tienen el resultado inverso, aumenta la delincuencia pues se establece en un sistema carcelario gigante que irradia su violencia a toda la sociedad.

Creo que esto requiere mucho diálogo técnico e institucional, y asumir que hay muchas cosas que no sabemos cómo resolver. Hay problemas muy complejos que están pendientes no por mala voluntad o falta de voluntad de resolverlos, están pendientes porque son muy complejos, aquí y en todas partes, y se necesita una acumulación de voluntades, de conocimiento basado en evidencia y de potentes plataformas institucionales para transformar la preocupación en política pública.

-MP: Las denuncias de estas situaciones datan de hace años y usted las ha reiterado ¿Cree que el sistema político no está escuchando el mensaje?

JMP: Creo que se ha avanzado mucho en ver que sin resolver la “cuestión carcelaria” no resolveremos la “cuestión social”. En otras palabras: no hay seguridad pública sin un sistema carcelario eficiente, educativo y con baja reincidencia. Creo que esto está en la agenda, arriba de la mesa y que los parlamentarios ven allí un tema que requiere debate, acuerdos y nuevas líneas de acción, que tomen lo bueno hecho y avancen sobre lo pendiente. Creo que hay conciencia de la necesidad y urgencia de esto. Avanzar en acuerdos concretos que se expresen en presupuestos, políticas públicas e innovaciones de programas, requiere un enorme trabajo. Llegar a un nuevo sistema carcelario debe ser visto como una obra pública en beneficio de la vida de todos. Tratamos de aportar en ese sentido.

Es un desafío del siglo XXI lograr que los sistemas carcelarios sean un mecanismo de pacificación y no una de las principales fuentes de violencia social. Si el sistema es gigante, como el nuestro, y ni que hablar si sigue creciendo, es seguro que tendremos un sistema ineficiente, infinanciable, donde las malas noticias serán una constante.

Tener un sistema carcelario eficiente, y por lo tanto una cantidad de privados de libertad manejable, por supuesto no significa que quien delinca no rinda cuentas de sus actos ante la justicia, rendir cuentas de lo hecho, de la trasgresión es propio del Estado de derecho. El tema es cuál es el mecanismos de rendición de cuentas. Y ahí es donde tenemos que avanzar: medidas especiales para los adictos, centros terapéuticos, medidas alternativas para delitos leves para evitar que el delito leve sea el primer paso en una carrera antisocial, combate a las adicciones, trabajo coordinado con las familias y conexiones con el mundo exterior.

-MP: ¿En la ley de urgente consideración no ve contemplado los cambios necesarios? ¿Hay aspectos que afectarían negativamente, por ejemplo el aumento de penas?

JMP: En ambas comisiones que han estudiado la Ley de urgente consideración entregué documentos con numerosas observaciones, tuve largos diálogos con las comisiones y señalé que está ley va en el mismo sentido que estamos legislando de 1995 y que es necesario pensar en otros rumbos. Hace muchos años venimos con el mismo rumbo, penas más largas, menos posibilidades liberatorias que estimulen la rehabilitación, más población penitenciaria. Estados Unidos, entre otros países, ha tenido este rumbo durante años y luego de mucho estudio y debate, hace un par de años que giró hacia otra ruta: cárceles chicas, tratamientos, educación, medidas alternativas, libertades asistidas, tratamiento diferenciado de las adicciones. Lo mismo Alemania y los países nórdicos, los que han logrado abatir el delito. Tenemos que explorar ese camino.

-MP: ¿Cómo ve la creación de una cárcel de máxima seguridad? ¿es una necesidad o no es el camino más cárceles?

JMP: Se ha planteado construir una cárcel de máxima seguridad, lo que es necesario ya que el Penal de Libertad, en especial su viejo celdario que se ve desde la ruta, no es adecuado. Máxima seguridad también implica máxima intervención técnica y es un gran desafío para pensar en todas las piezas del sistema.

Hace no mucho en una charla Ted, un fiscal norteamericano, Jeff Rosen, analizaba el fracaso del sistema penal y carcelario norteamericano y aplaudía las reformas que empezaban a hacerse. Lo comparaba con el alemán. EEUU tiene 10 veces, en promedio, más presos que Alemania. Y el sistema alemán es mucho más eficiente, menos presos, menos delitos.

En EEUU veía macro penales, despersonalizados, sucios, violentos, presos regimentados con uniforme, pocas actividades socio educativas, poca salud mental, pocos beneficios excarcelatorios, muy malas medidas alternativas. En Alemania destacaba cárceles chicas, incluso las de máxima seguridad, la posibilidad de todo preso de postular a medidas alternativas, muchos programas educativos, trabajo con las familias, cárceles limpias, presos sin uniforme y que se cocinan en sus celdas y programas contra la adicciones.

Así como EEUU empezó hace cuatro años a cambiar su gigantesco sistema, en Uruguay también tenemos el desafío de recoger la experiencia mundial y transformar el sistema penitenciario. Creo que uno de los desafíos del siglo XXI para Uruguay, así como lo fue en su momento la construcción de la rambla, la red de saneamiento, el sistema monetario, la matriz educativa y tantas otras cosas que nos definen como país, es seguir avanzando en una reforma penitenciaria que logre curar una de las fuentes de los delitos cotidianos: el sistema carcelario.

Más presos en más tiempo puede comprometer esa transformación y hacernos vivir con un foco de violencia sin solución. Un sistema eficiente requiere encarar el sistema con integración de todos los componentes de las políticas sociales que hacen a la dignidad de las personas, donde la seguridad es el marco pero, lo central es el contenido educativo de lo que ocurre.