A l’encontre, 2-6-2020

Traducción de Faustino Eguberri – Viento Sur

Correspondencia de Prensa, 6-6-2020

Durante el fin de semana, el presidente Trump amenazó abiertamente con que el Servicio Secreto utilizaría “perros feroces” contra manifestantes que estaban frente a la Casa Blanca protestando contra la brutalidad policial tras el asesinato de George Floyd en Minnesota la semana pasada. Los llamamientos de Trump a la violencia contra las y los manifestantes reflejan el racismo antinegro de las políticas económicas que él y el Partido Republicano han seguido implacablemente desde 2016, incluidos los recientes intentos de destruir los empleos del sector público y hacer que la discriminación en los préstamos los haga casi imposibles de obtener (para las personas negras).

Una de cada cinco personas negras americanas trabaja en el sector público, donde ganan más y se enfrentan a menos disparidades salariales que en el sector privado. El Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) es un empleador del sector público que durante mucho tiempo ha sido un centro de organización de las y los trabajadores negros y, por consiguiente, un objetivo para la privatización. En 2006 , George W. Bush firmó una ley que obligó al USPS a prefinanciar sus pensiones con 75 años de adelanto. Trump ha intentado ir aún más lejos, amenazando en marzo con vetar la Ley CARES (una ley destinada a luchar contra las consecuencias económicas de la pandemia de Covid-19. Ndt) en caso de que contenga alguna ayuda para el USPS, incluso si este se llegara a encontrar en riesgo de bancarrota. A pesar de esta amenaza, la Ley CARES contenía un préstamo de 10 mil millones de dólares para el servicio postal, préstamo que debe ser administrado por el Departamento del Tesoro, que según los informes planea usarlo como palanca para forzar cambios.

La determinación de la administración Trump de dejar que la oficina de correos quiebre es un ataque contra las y los trabajadores negros. Como Thomas Kennedy escribió para Truthout , las y los trabajadores negros excluidos de numerosos empleos debido al racismo sistémico “tradicionalmente han encontrado un empleo bien remunerado y estable en la oficina de correos”. Un estudio de 2000 realizado por la Oficina de Responsabilidad del Gobierno encontró que a partir de 1999, el 21% de las y los empleados de USPS eran negros, en comparación con el 11% de la fuerza laboral civil del país en general. A partir de 2011, alrededor del 25% de los trabajadores de USPS eran negros. Las y los trabajadores negros también constituían el 14,3% de la gestión ejecutiva de la oficina de correos. Al igual que muchos trabajadores de primera línea, las y los empleados de USPS han estado y están especialmente en riesgo durante la pandemia. Según el Sindicato Nacional de Administradores de Correo Postal, 1.100 personas trabajadoras postales han dado positivo por coronavirus y 54 han muerto por ello.

Durante la Gran Recesión (2008-2009), las pérdidas en los empleos del sector público afectaron más a las y los trabajadores negros, ya que perdieron sus empleos dos veces más rápidamente que los blancos. Cuando el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, sugiere que los estados azules (demócratas) simplemente deberían declararse en bancarrota durante la pandemia, está expresando su determinación de diezmar el empleo de las personas negras. Con los presupuestos estatales y locales confrontados a déficits masivos, casi se garantiza así que la pérdida en el trabajo del sector público que vieron las y los afroamericanos después de la última recesión se repetirá en ésta.

La administración Trump también se ha dedicado a crear nuevas barreras a la vivienda para las y los residentes estadounidenses negros y morenos. La Ley de Reinversión Comunitaria (CRA: Ley de financiación comunitaria que debía uniformizar las relaciones bancarias con las colectividades, independientemente de las diferencias estadísticas de solvencia) fue promulgada en 1977 en respuesta a la discriminación financiera racista, para garantizar que los bancos no aplicasen políticas discriminatorias en sus préstamos. Muchos bancos se enfrentaron a la CRA durante la última crisis financiera, incluido OneWest [muy presente en el sur de California], por lo que los grupos de defensa denunciaron que Trump eligiera al ex ejecutivo de OneWest Joseph Otting para dirigir la Oficina del Contralor de la Competencia, el organismo estatal encargado de regular y de supervisar los bancos nacionales. Otting supervisó una reforma radical de la CRA, permitiendo a los bancos reducir sus préstamos a comunidades de bajos ingresos, una medida que recibió una amplia condena por parte de los grupos de derechos civiles.

Después de haber logrado adoptar estos cambios, que no dejarán de ampliar la brecha racial de riqueza y de exacerbar los problemas relativos a las relaciones entre los bancos y las y los negros, Otting dimitió en plena pandemia, diciéndole al personal de la institución que planeaba jugar mucho más a golf y tenis. El legado duradero de Otting se concretará en la mayor probablidad da discriminación en préstamos hipotecarios y bancarios; con suerte, no será un legado duradero; la National Community Reinvestment Coalition [que moviliza contra las discriminaciones en los préstamos para vivienda, entre otros] ya ha anunciado que emprenderá acciones judiciales para bloquear la nueva regla.

Como la mayoría de los diferentes tipos de discriminación, la discriminación en la vivienda puede ser difícil de notar, ya que las y los propietarios tienen una gran variedad de excusas para justificar sus negativas, desde carencia de garantías de solvencia hasta falta de referencias. Como ha escrito Ta-Nehisi Coates , “la discriminación en la vivienda es difícil de detectar, difícil de probar y difícil de perseguir judicialmente”. Bajo Trump, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) ha estado trabajando para hacer que detectarla y procesarla sea aún más difícil. Después de la última crisis financiera, el Departamento de Justicia procesó a Wells Fargo por otorgar desproporcionadamente préstamos de riesgo a prestatarios negros y latinos y préstamos a tasas preferenciales a blancos, incluso cuando sus calificaciones de crédito e ingresos eran las mismas. Wells Fargo, en este caso, no dijo explícitamente que su objetivo era discriminar, pero los resultados de sus préstamos fueron discriminatorios porque había un “modelo o práctica de discriminación”.

La administración de Obama formalizó esta norma jurídica con su regla 2013 sobre el impacto difrenciado (2013 Disparate Impact rule) que precisa que se produce una violación de la Ley de Equidad de Vivienda cuando las prácticas conducen a la discriminación, aunque no hubiera una intención explícita y comprobable de discriminar. Ahora bien, el HUD no se ha contentado con vaciar esta regla de su sustancia; la agencia fue aún más lejos, diciendo que los prestamistas no son responsables si utilizan un algoritmo de un experto independiente que da lugar a la discriminación, lo que permite efectivamente a los prestamistas esquivar la denuncia. Impedir todas las discriminaciones, excepto las más flagrantes, sería casi imposible según la regla propuesta por HUD, y ahí está precisamente el problema.

Trump está viviendo de acuerdo con el legado de su padre, que regularmente negó la vivienda a los negros. Pero también está recuperando el mismo objetivo político discriminatorio utilizado por los políticos supremacistas blancos como Bull Connor [1897-1973, representante de Alabama; una figura de la lucha y de la represión contra el movimiento de los derechos civiles] y Walter E. Headley [jefe de la policía de Miami]. Trump evocó los métodos de Connor de enviar perros policía para atacar a las y los manifestantes por los derechos civiles en la década de 1960 cuando amenazó el 30 de mayo con que si las y los manifestantes que estaban alrededor de la Casa Blanca saltaban la valla, serían “recibidos con los perros más feroces y las armas más amenazadoras”.

Connor era el Comisionado de Seguridad Pública en Birmingham, Alabama, que apuntó con mangueras contra incendios y soltó perros sobre los manifestantes por los derechos civiles en 1963. La víspera del 30 de mayo, Trump calificó a las y los manifestantes de Minneapolis como “THUGS” (delincuentes) y citó la declaración de Headley de que “cuando comienza el saqueo, comienza el tiroteo” en un tweet que luego fue censurado por Twitter por “glorificar la violencia”. Headley fue el jefe de policía de Miami desde 1948 hasta 1968, supervisando dos décadas de violencia contra las y los negros en Miami, incluido el uso de armas y perros así como controles y registros. Y como mucha gente electa de hoy, Headley desestimó las demandas de las y los manifestantes, llamándolos “delincuentes que se aprovechan de la campaña de derechos civiles”.

Trump continúa celebrando la brutalidad de su respuesta a los levantamientos tras el asesinato policial de George Floyd retwitteando los llamamientos a “usar una fuerza abrumadora”. Sus cargos políticos y su administración utilizan una fuerza similar para perpetuar la violencia a través de políticas anti personas negras.

* Alexis Goldstein es un ex profesional de Wall Street que ahora trabaja en política financiera. Es copresentadora del podcast “Humorless Queers”. Artículo publicado en Truthout, el 2 de junio.