NPA, 19-5-2020

Traducción de Faustino Eguberri, Viento Sur

Correspondencia de Prensa, 24-5-2020

Un informe de la OMS (2018) señalaba, hablando del sistema de salud marroquí, que “el sector público comprende 2.689 centros de atención primaria y 144 hospitales en diferentes niveles: local, provincial, regional y terciario. El número total de camas hospitalarias es de 22.146. El sector privado está compuesto por 6.763 consultorios privados y 439 clínicas, concentradas en zonas urbanas y en el norte de la costa atlántica […] . La densidad es de 0,68 médicos y 0,84 enfermeras y comadronas por cada mil habitantes. Además […] la inversión en el sector de la salud sigue siendo baja (menos del 6% del PIB) y el gasto directo de los hogares es alto (alrededor del 54%)”.

Estamos lejos del estándar establecido por la OMS, que estipula que se necesita un médico por cada 650 habitantes y una participación del 10 al 12% en el presupuesto estatal1. El sistema hospitalario ha pasado por un proceso de desinversión, disminución de equipos, instalaciones en mal estado y malas condiciones higiénicas, cierre de servicios, todo ello en beneficio de clínicas privadas. El acceso a la atención “hay que pagarlo”, las y los pacientes a menudo tienen que comprar el equipo básico ellos mismos o “pagar” para no permanecer en la lista de espera indefinidamente … El sistema actual no es, en cualquier caso, capaz de hacer frente a una propagación incluso moderada de infecciones. El portavoz del gobierno había presentado primero la cifra de 250 camas de cuidados intensivos (para una población de 35 millones de habitantes) antes de corregirla hacia arriba (1.640 de las cuales un tercio está en el sector privado)2. Es en este contexto en el que apareció la epidemia en Marruecos. Diez días después de la aparición, el 4 de marzo, del primer caso de Covid-19, se cerraron las fronteras3 y las escuelas, y se declaró el confinamiento el 20 de marzo, al mismo tiempo que el estado de emergencia sanitaria. A día de hoy (17 de mayo), el informe oficial señala 6.798 casos de infección, 3.645 curaciones y 192 fallecimientos4. La reacción de las autoridades contenía por una parte aspectos financieros y sociales y, por otra, sanitarios y represivos.

Aspectos financieros y sociales

Esto se tradujo principalmente en la creación de un “Fondo especial dedicado a la gestión de la pandemia de coronavirus (Covid-19)” cuyo objetivo sería asegurar “la financiación de medidas para combatir el coronavirus, actualizar el dispositivo médico y apoyar la economía a través de medidas propuestas por el Comité de Vigilancia Económica (CVE) creado para este propósito”. Además del presupuesto general del estado, el fondo también se beneficiará de la contribución de varios organismos e instituciones5. Este CVE está compuesto por ocho miembros del gobierno, el Bank Al Maghrib (BAM), el Grupo Profesional de Bancos en Marruecos (GPBM), el CGEM (sindicato patronal) y la Federación de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios y el de las cámaras artesanales. Están ahí algunas de las grandes fortunas del país y altos funcionarios responsables de decidir el destino de millones de hogares “vulnerables”. Entre las principales medidas que se han tomado: la suspensión del pago de “cargas sociales” (cotización CNSS), el establecimiento de una moratoria sobre el reembolso de los préstamos bancarios a las empresas, el aplazamiento de los plazos fiscales. Asimismo, las contribuciones de diferentes compañías han sido calificadas como donaciones con “naturaleza de cargos contables deducibles del resultado fiscal ”.

Otras medidas conciernen a la población: el pago de una asignación de 2.000 dirhams (180 euros) para las personas forzadas a un desempleo técnico, siempre que estén dadas de alta en la CNSS (Caja Nacional de la Seguridad Social), sabiendo que el número de empleados declarados es extremadamente bajo6. Para las otras categorías, la ayuda proporciona, en particular para quienes estaban registrados en RAMED7 a fines de diciembre de 2019, “800 dirhams (72 euros) para hogares de dos personas o menos, 1,000 dirhams (90 euros) para hogares de tres a cuatro personas, 1.200 dirhams (108 euros) para hogares de más de cuatro”. En cuanto a quienes están inmersos en la invisibilidad total, sin beneficiarse ni del CNSS ni de RAMED, (casi el 46% de la población activa no se beneficia de ninguna cobertura médica), “las mismas cantidades serían otorgadas gradualmente a través de una plataforma electrónica dedicada a la presentación de declaraciones “.

Lo que esto muestra explícitamente se puede resumir en algunos puntos:

a) la gestión del fondo no corresponde al gobierno, completamente marginado en este tema, lo que refleja la naturaleza absoluta de un poder que en tiempos de crisis ni siquiera se molesta con su fachada democrática.

b) la prioridad dada a mantener los intereses de las grandes empresas. Más allá del uso de las sumas recaudadas en el Fondo, el gobierno de El Othmani aprobó la superación del límite máximo de préstamos externos para 2020. Una decisión seguida inmediatamente por una solicitud dirigida al Fondo Monetario Internacional (FMI), solicitando la activación de la “Línea de precaución y liquidez”. Esto equivale a casi tres mil millones de dólares, aprobada por el consejo de administración del FMI el 17 de diciembre de 2018. No está destinado a la crisis sanitaria.

c) la ausencia de transparencia en los arbitrajes y la distribución del presupuesto específico. ¿Cuánto se destinará específicamente al sector de la salud? ¿Con base en qué criterios?

d) la naturaleza coyuntural de la ayuda financiera ignorando las medidas presupuestarias a más largo plazo, una “ley de planificación presupuestaria” para reconstruir un sistema de salud eficiente.

e) la continuación de las políticas de austeridad requeridas en nombre de la prioridad nacional de lucha contra la epidemia: congelación de carreras profesionales, promociones y contrataciones, de los “presupuestos no estratégicos” (?), pero también, un drenaje directo que afecta a los salarios de las y los funcionarios públicos (correspondiente a tres días hábiles), incluyendo a las y los jubilados. Este drenaje ignora una tributación específica de grandes fortunas y exime de hecho a la patronal. Se trata de hacer financiar, a las categorías sociales más modestas, los fracasos de las políticas públicas en materia de salud y de ayudar a las empresas a superar el paso de la crisis. Para unos y unas, caridad pública, despidos masivos, recortes salariales, sangrías obligatorias, para las y los otros, todas las ayudas para compensar la caída de las ganancias. Se trata en el fondo de la aplicación del viejo principio de “socialización de las pérdidas”.

La “política social” se reduce a una lógica de caridad pública. ¿Qué representa la suma de 1,200 dirhams para hogares de cuatro personas o más? Sin mencionar los retrasos en la verificación de las solicitudes por parte de las autoridades locales, con un riesgo real de arbitrariedad. Según los datos existentes, el número de empleadas y empleados declarados en el CNSS y con licencia por enfermedad sería de 578.208, pero esta cifra debería aumentar significativamente. En el caso de las y los Ramedistas (Régimen de Asistencia Médica -RAMED), si nos basamos en la documentación de la ley de finanzas de 2020, las personas afectadas representarían 5,49 millones de hogares o 14,4 millones de beneficiarios y beneficiarias. Por otro lado, no sabemos el número exacto de personas que tienen tarjetas RAMED válidas al 31 de diciembre de 2019, una de las condiciones para beneficiarse de la ayuda.

Para las y los “sin RAMED”, la tarea de su identificación es aún más difícil. Si nos basamos en datos de la Alta Comisión de Planificación, esta categoría de personas trabajadoras informales y empleadas no declaradas ( muchas y muchos artesanos, jornaleros, vendedores ambulantes, repartidores, cuidadores, ayudantes del hogar, trabajadores de la construcción o en la industria de la construcción o en la agricultura … ) podría incluir hasta cinco millones de personas. Hay que tener en cuenta que más de un mes después del confinamiento, cuando el tramo de la segunda entrega debería haber comenzado ya el 7 de mayo, hay mucha gente que no ha recibido la “primera” entrega, o ni siquiera “canastas de alimentos” irrisorias. Beneficiarios de RAMED o no, constituyen el corazón de la economía informal de supervivencia y más del 91% de ellos se encuentran en una situación de pobreza absoluta.

Sobre el confinamiento

Este componente financiero y “social” se combina con medidas destinadas a confinar a la población, pero que resultan contradictorias y problemáticas por varias razones:

– Los sectores populares viven de una “economía móvil” y del trabajo jornalero. Importante movilidad geográfica de las personas hacia mercados de todo tipo, movimiento de mercancías según oportunidades, conexiones informales desde diferentes lugares y personas. Esta economía del apañarse basada en diferentes modos de circulación está incrustada en prácticas sociales en las que la vida social y los mercados de subsistencia están bien establecidos. Esta forma de economía fue brutalmente detenida por el confinamiento que paralizó todas las formas de desplazamiento.

– Del mismo modo, las condiciones de proximidad espacial o de viviendas sobrehabitadas en los barrios de clase trabajadora constituyen un límite para la efectividad de una política de confinamiento. El virus se transmitió en una primera etapa en vecindarios específicos y dentro de las células familiares.

– Se rechaza la cuestión de detener la producción en todos los sectores no esenciales. Así, los centros de atención telefónica, las fábricas, las obras de la construcción, el complejo minero, las grandes explotaciones agrícolas8, o sectores administrativos que se concentran, sin ningún medio de protección, o tardíamente o de manera ineficaz y suficiente, cientos o miles de empleadas y empleados son mantenidos9. Así, hace unas semanas, un centenar de trabajadoras se infectaron en una fábrica francesa deslocalizada que produce equipos paramédicos en la región de la Casablanca, pero ocurre lo mismo en fábricas textiles, centros de atención telefónica, supermercados (Fez, Tánger, Marrakech, Tetuán …), fábricas de conservas (Larache, Safi, Kenitra), de cableado (Kenitra …). Cada semana se anuncia un nuevo caso. A medida que el tiempo pasa, más parece que los focos principales por venir se cristalizarán en fábricas y lugares de trabajo. A pesar de la existencia de una comisión de control gubernamental destinada a verificar el cumplimiento de los requisitos de salud de las empresas, estos últimos rara vez se observan, la organización despótica del trabajo y las formas de sobreexplotación impuestas coexisten mal con el principio de seguridad de las y los trabajadores. Esta situación genera resistencias específicas de las y los trabajadores: la de la solicitud de tests antes de reanudar el trabajo, la de las medidas de salud adaptadas a las condiciones de trabajo. Existe una contradicción entre el requisito de confinamiento que se supone les concierne y la obligación, so pena de despido o no pago, de continuar trabajando.

Políticas sanitarias realizadas bajo el estado de emergencia

Las autoridades cuentan con el hecho de haber desplegado una política de contención temprana. El discurso oficial se pretende tranquilizador, sugiriendo que la epidemia está bajo control, que casi se ha alcanzado el pico, que se hace lo que se necesita, pero cuanto más tiempo pasa, más parece que no hay control sobre la dinámica de contagio que tiene su cuota de desconocido, dada la debilidad de los tests. La desaceleración de la epidemia no significa la desaparición del virus. Durante todo este período, la orden principal era quedarse en casa, argumentando cuestiones de seguridad y la logística propia del Ministerio del Interior. El confinamiento se limita a una orden que se ejecutará únicamente porque lo ordena el Estado. Si en otros países se aplaude a las y los sanitarios, en Marruecos se pide aplaudir, sin éxito, a la policía y cantar el himno nacional. No se trata solo de convencer y hacer un trabajo educativo, sino también de responder a las cuestiones sociales específicas que una política de confinamiento puede generar con el tiempo y en particular la pérdida de recursos para sectores importantes de la población y las condiciones de vida en las viviendas populares. El hecho, además, de que el llamamiento al confinamiento va acompañado de un enfoque punitivo10 o con el objetivo de destruir carros de venta itinerante o zocos informales establecidos revela la permanencia de la guerra contra las y los pobres, mucho más que la lucha contra el virus. Se sistematizan la evacuación de los mercados informales y la prohibición de la ocupación del espacio público, inscrita desde hace varios años en la agenda estatal.Marruecos2405 II

En la gama de medios utilizados, el Estado ha optado por desarrollar el uso obligatorio de mascarillas. El Ministro de Industria dijo que Marruecos ahora produce más de ocho millones al día. La necesidad real es mucho mayor debido a las necesidades de desplazamiento11 y sabiendo que las mascarillas en cuestión tienen un uso limitado en el tiempo (3-4 horas). Más allá de la controversia sobre el nivel de protección ofrecido o su cumplimiento de las normas internacionales12, muchas personas han denunciado la dificultad de obtenerlas. Los lotes de diez paquetes contienen prototipos defectuosos. A pesar de esto, caen las sanciones por la obligación de usar mascarillas cuando éstas a veces no se encuentran y se distribuyen de manera desigual. Hay también que tener en cuenta que esta situación favoreció un comercio criminal privado: varios miles de máscaras consideradas confiables (ffp2) se vendieron a varios centros hospitalarios y resultaron ser inadecuadas, con riesgo para la salud del personal de enfermería; igualmente circulaban mascarillas que no habían recibido ninguna validación. Se puede especular sobre los precios básicos de los alimentos, y hacer de la penuria de mascarillas un mercado lucrativo. Lo que se revela aquí, en primer lugar, es la ausencia de un control público establecido desde hace mucho tiempo sobre los procesos de producción y distribución de equipos médicos básicos, la ausencia de existencias que satisfagan las necesidades, la lógica depredadora prevaleciente. Esta situación de escasez, real o construida, empuja a, cuando se viaja, usar la misma mascarilla para evitar sanciones, con el riesgo de promover nuevas cadenas de contagios.

Las autoridades también anunciaron la compra de 100.000 tests de “detección rápida”para ampliar la detección precoz (actualmente alrededor de 2.000 al día). Su adquisición real queda por verificar debido a las dificultades de suministro. En cualquier caso, esto tiene más que ver con una extensión de las posibilidades de detección, principalmente en las grandes ciudades, de los contactos de personas que contrajeron el virus, pero por debajo de una política que permitiría un diagnóstico más amplio. Además, el gobierno planea rastrear el Covid-19 mediante una aplicación específica como se ha experimentado en otros lugares. El riesgo es que este software se use para otros usos, para rastrear ciudadanos en lugar de virus, especialmente porque el Ministerio del Interior será su propietario, siendo el Ministerio de Salud solo el usuario temporal del sistema.

La primera impresión que se desprende es el predominio de un discurso de comunicación dirigido a sugerir que las respuestas a la situación de emergencia sanitaria son en sí mismas suficientes, adaptadas y que garantizan el control de la situación. La crisis no existe. No es social, ni política, ni de salud. Todo está gestionado. Esta visión idílica que valora el estado de seguridad no encaja bien con la realidad, porque en realidad la epidemia es un enemigo heterodoxo: se alimenta, sin luchar, de las fallas del sistema: el tipo de vivienda y urbanización, el falta de un sistema de salud basado en las necesidades, dependencia del mercado mundial de medicamentos13, los equipamientos, la realidad masiva de las lógicas de supervivencia que hacen de la calle el único espacio de solución a la precariedad, el despotismo en el lugar de trabajo. Ahí está el límite de las acciones estatales llevadas a cabo por una lógica de seguridad. A uno solo le puede sorprender la severidad de las sanciones en caso de incumplimiento del confinamiento en vecindarios de clase trabajadora y el descuido con el que se tratan las empresas, las cárceles14y las grandes superficies comerciales, que no emplean ninguna regla sanitaria. No se combate contra un virus de la misma manera que contra la oposición social y política. Aún menos mediante una apariencia de política voluntarista en la que lo que se anuncia es más importante que lo que se realiza. Además, sin tener la posibilidad de verificar independientemente la veracidad de las cifras, a todos los niveles. Y, sobre todo, incluso en caso de control, esto no da una certeza absoluta sobre las posibles evoluciones, ya que los factores de propagación del virus son múltiples y complejos, en particular en un contexto inevitable de desconfinamiento, independientemente de los escenarios contemplados.

Identificar el problema político de la coyuntura

No podemos aceptar que el confinamiento sea sinónimo de una atomización de los lazos sociales, abandono de facto y aumento del empobrecimiento de una gran parte de la población; ni el marco por el cual el Estado pretende fortalecer las políticas de austeridad y reforzar su control sobre la sociedad. No podemos ignorar el hecho de que el tema de la crisis sanitaria está plagado de problemas políticos. Y se combina … con otras crisis. Para el Estado, se trata de gestionar la tensión entre la prosecución de la acumulación de políticas de austeridad y, por otro lado, el control de la sociedad y el riesgo de que su legitimidad salte en pedazos en caso de expansión de la epidemia. Esta tensión se acentúa por varios hechos muy importantes:

a) ya no se puede eludir la deteriorada realidad de la “salud pública”. Poco a poco, ante los ojos de la opinión pública, aparece la brecha entre los anuncios realizados y la experiencia, las diferencias sociales frente a la epidemia. No todos somos iguales frente al virus. Y el “éxito” promovido de la producción local de mascarillas no puede ignorar la escasez en todo lo demás. No existe un escenario de desconfinamiento que conlleve un riesgo cero y las condiciones mencionadas a lo largo de este artículo sugieren que la posibilidad de una catástrofe sanitaria a medio plazo no puede excluirse, más allá de las fanfarronadas de hoy. Sin mencionar a las víctimas comunes de enfermedades no tratadas durante todo este período, cuando hemos podido ver “dormitorios” convertidos en verdaderas salas de muerte, y a las y los pacientes casi abandonados …

b) la certeza de una recesión con consecuencias más profundas que en 2008. La reducción de los mercados de la eurozona, principal socio comercial, la caída de las inversiones locales y extranjeras, de los ingresos por turismo y de las remesas de las y los ciudadanos marroquíes en el extranjero, son indicadores precursores, cuyas consecuencias se desarrollarán en un tejido social desgarrado por décadas de múltiples políticas de austeridad y desigualdades sociales y territoriales. El empobrecimiento que acompaña a la crisis sanitaria corre el riesgo de combinarse en el corto y mediano plazo con las consecuencias de la crisis global y una explosión del desempleo masivo. Así, el 57% de las empresas están en cierre temporal, 6.300 han cesado sus actividades y una proporción igualmente considerable ha visto un marcado descenso en la actividad. A finales de abril, más de 900,000 empleadas y empleados están registrados en situación de paro temporal. Solo en el sector turístico, el impacto en el empleo podría afectar potencialmente a 500,000 personas, pero en realidad ningún sector se salva.

c) debido a la política de confinamiento en las grandes ciudades, una desorganización de los canales de distribución de alimentos ya tiene un impacto directo en el campo y en el “Marruecos inútil”. Además, este año de sequía, según las previsiones, se traduciría en una caída del 50% en la producción de trigo, lo que implicaría un aumento significativo de las importaciones, mientras que el país ya es dependiente en gran medida en materia de alimentos básicos. No podemos excluir una caída de las exportaciones a nivel internacional, un mayor riesgo de escasez, un nuevo aumento de los precios en el mercado mundial que tendrá un fuerte impacto en las reservas de divisas, la balanza de pagos y el poder adquisitivo de la población.

La estrategia del poder es reforzar el discurso de la unidad nacional promoviendo la centralidad de la monarquía, mientras se implementa una estrategia dirigida a oponerse a las y los trabajadores, sectores de la clase media, las categorías populares de la economía informal, las y los que se benefician de un sistema de seguridad social, las y los que están excluidos o están registrados en un régimen específico. Esta división en sí misma se basa y fomenta una lógica de supervivencia que tiene como objetivo que cada cual exprese sus demandas de manera atomizada. Si bien parece que las principales víctimas son presos y presas, desempleados y desempleadas, trabajadoras y trabajadores en fábricas y campos, las y los pobres que solo conocen la pobreza, trabajadoras y trabajadores jornaleros, migrantes, madres solteras, en resumen, las clases populares que deberán pagar gastos “excepcionales” y “estructurales” para el rescate del capitalismo local. La crisis sanitaria está despolitizada por los términos de la gestión tecnocrática y securitaria, día a día, de modo que la enfermedad, la muerte y el desorden siguen siendo cuestiones sin interés político, sin posibilidad de que surja una palabra de la sociedad sobre lo que le ataca, en su propio cuerpo. Sin embargo, las autoridades no pueden ocultar la expansión de las fuentes de contagio en las fábricas, ni imponer el confinamiento a largo plazo sobre la base de la caridad pública. El riesgo es que la ola, incluso estabilizada, se extienda con el tiempo, con el componente desconocido que implicaría la liberación del confinamiento. El poder debe hacer malabarismos entre el mantenimiento de su legitimidad y la lógica de la patronal y de la casta depredadora que intentan a corto plazo la recuperación de la “actividad económica”.

Mientras tanto, se van experimentando los procedimientos de toque de queda, de estancamiento de los espacios, la rehabilitación de los viejos hábitos de despotismo donde el Ministerio del Interior gobierna abiertamente el tejido de la vida social diaria, la trivialización de la represión, de la impunidad policial, la implementación de nuevas tecnologías de vigilancia, el tutelaje de los débiles márgenes democráticos, la criminalización de las resistencias y de la libertad de expresión15. Como si el poder se tomara la revancha de estos últimos años en los que los movimientos sociales más diversos habían comenzado a saltarse las “líneas rojas”. El despliegue de vehículos blindados en las grandes ciudades es una advertencia a la sociedad, ante riesgos sociales y políticos bastante previsibles, en el caso de una verdadera ola epidémica, o cuando, de forma más probable, la realidad social de la crisis económica y el empobrecimiento ya no pueda ser “confinada”.

Crisis social, crisis sanitaria y crisis política se entrelazarán explosivamente en el próximo período. Depende de los movimientos sociales, de las fuerzas radicales, defender los ejes sociales y democráticos de una lucha por la conquista de los derechos y libertades fundamentales, aquí y ahora, desde una perspectiva emancipadora. El post-coronavirus está tomando forma hoy. El desafío es preparar nuestro campo social para la negativa a volver a la normalidad y para las convulsiones sociales y políticas por venir.

Notas

1/ La última ley de presupuesto consagró 110 mil millones de dirhams a defensa y solo 18 mil millones a salud. Estados Unidos acaba de aprobar, en medio de una crisis de salud, la venta de diez misiles Harpoon Block II a Marruecos por 62 millones de dólares.

2/ Según las declaraciones oficiales, desde la creación de camas adicionales, el número total llegó a 3.000. Tenga en cuenta también que solo hay 175 sanitarias y sanitarios especializados en servicios de reanimación.

3/ El estado marroquí es casi uno de los pocos que ha rechazado el regreso de sus propios ciudadanos del extranjero en el momento de la decisión de cerrar las fronteras, dejando a casi 2.200 personas tiradas, sin casi ninguna ayuda.

4/ La relativa debilidad en el número de muertes no es específica de Marruecos, sino que afecta a muchos países de la región. La explicación de esta situación queda por resolver, donde todos esperaban un desastre de salud. ¿Deberíamos ver los efectos de la estructura demográfica (población joven), la ausencia de residencias de ancianos y ancianas? ¿Los efectos de una política de contención temprana? ¿Otros factores específicos?

5/ Una tabla de cuentas y asignaciones se publicó por primera vez en el boletín general de tesorería del reino, antes de ser eliminada a fines de marzo. Se veía que muchas donaciones anunciadas por grandes compañías (como Al Mada con sus dos mil millones) no fueron pagadas. De hecho, la realidad final de las y los contribuyentes no aparece, ni las asignaciones planificadas y realizadas. Las últimas estimaciones señalaron un fondo equivalente a tres mil millones de euros.

6/ De hecho, muchos empleados son despedidos directamente, sin perspectivas de readmisión y descubren que sus jefes no los habían dado de alta en el CNSS.

7/ RAMED: esquema de asistencia médica que representa una red de seguridad social mínima.

8/ Así, la gran mayoría de las y los trabajadores agrícolas son transportados colectivamente a las granjas sin la menor precaución o posible distancia de seguridad.

9/ Algunas de ellas pertenecen al capital extranjero o mixto. Renault a su vez, que emplea a 11,000 personas, decidió reanudar sus actividades en Casablanca y Tánger a fines de abril … Más allá del lugar de trabajo, hay centros de comunicación, relativamente grandes, en ciertos cuarteles.

10/ El incumplimiento de la reclusión y el uso de una máscara constituye un delito que puede dar lugar a tres meses de prisión, una multa de 1.300 dirhams (115 euros). Los agentes de la ley arrestaron a más de 85.000 personas infractoras entre el 15 de marzo y el 30 de abril, y miles fueron llevados ante la justicia. Desde entonces, el Ministerio del Interior ya no comunica las cifras. Este uso represivo ha sido condenado a nivel internacional, incluso en la ONU.

11/ Algunas estimaciones presentan la cifra de 15 millones de mascarillas para satisfacer las necesidades reales

12/ Por su parte, Abderrahim Taibi, director de IMANOR (Instituto Marroquí de Normalización) especifica que se han desarrollado estándares específicos para que no haya riesgo de contagio y “estos estándares … pueden evolucionar y todo el mundo está invitado a contribuir a ello “. En cuanto al Ministro de Industria, en una fórmula divertida, señala que “si alguna vez tenemos la intención de vender en el extranjero, será con mascarillas de mejor calidad …”. Uno puede preguntarse por qué estas mascarillas de mejor calidad no se producen para la población local. De hecho, parte del sector textil se ha posicionado en el mercado internacional, para la exportación de mascarillas, antes de satisfacer las necesidades internas.

13/ Significativamente, se acaba de firmar un acuerdo, en medio de una crisis sanitaria, con una empresa estadounidense, conocida por sus precios excesivos, que reclama el monopolio de la venta del medicamento en Marruecos hasta 2031, lo que significa que no habría posibilidad de adquirir una vacuna efectiva o un tratamiento contra Covid a otra empresa en el caso de que aparecieran, y tampoco la de considerar la producción nacional de medicamentos de manera autónoma.

14// Así, en la prisión de Ouarzazate se detectaron más de 200 casos. Esta situación recuerda la necesidad de la liberación inmediata e incondicional de presos de conciencia y movimientos sociales. Como recordatorio, hay 86.000 presos con una tasa de hacinamiento de más del 200%.

15// Un proyecto de ley preparado a escondidas ha causado un gran alboroto. Su objetivo era establecer “una pena de seis meses a tres años de prisión” y una multa de 5.000 a 50.000 dirhams contra cualquiera que “llame a boicotear ciertos productos, bienes o servicios o incite a ello públicamente a través de las redes sociales o redes de difusión abiertas “. Este intento de controlar el uso de las redes sociales se entrelaza con el temor al desarrollo de protestas sociales en el próximo período. El boicot a varios productos en 2018 había desestabilizado los registros tradicionales de gestión de seguridad y resaltado la confluencia entre las grandes empresas y el “poder político”.