La patronal de los grandes industriales dicta las líneas a seguir en la desescalada italiana, ante un centroizquierda ausente y elitista, alejado de los trabajadores.

A. Sidera, desde Roma *

CTXT, 15-5-2020

Correspondencia de Prensa, 15-5-2020

Brusaporto es un pueblo de 5.600 habitantes del norte de Italia, en la provincia lombarda de Bérgamo, devastado por la epidemia de covid-19. El peculiar topónimo, que durante siglos fue Brusaporco, proviene, según una leyenda local, de una revuelta popular. Desde hace muchas generaciones, los mayores del lugar cuentan que a principios del siglo XIV un rico y tiránico señor feudal de esa zona obligaba a sus súbditos a trabajar como esclavos. Un día estos se hartaron de la explotación, cogieron al señorito, lo llevaron a la plaza del pueblo y le prendieron fuego al grito de “Brüsa, porco” (¡Arde, cerdo!, en bergamasco). De ese liberatorio clamor popular contra el explotador nació, según el relato de los ancianos, el sentimiento de pertenecer a un pueblo.

En Brusaporto hoy, como en toda la Bergamasca, se respira tristeza y rabia; el pueblo ha perdido a muchos de sus mayores –y no tan mayores– por culpa del virus de la covid-19. La situación llegó a ser tan dramática en las últimas semanas que los habitantes pidieron al alcalde que las campanas dejasen de doblar cada vez que había un nuevo fallecido. El sonido se había convertido en demasiado habitual, y la angustia y la sensación de que “estaban muriendo todos” –según explica la brusaportiana señora Anna Maria– era insoportable. Los habitantes de la capital, Bérgamo, también cuentan que uno de los peores recuerdos de la epidemia es el ruido incesante de las ambulancias y las campanas, durante muchos días la banda sonora continua de la ciudad europea más azotada por la epidemia. Esta semana empezó con más malas noticias: en Bérgamo los nuevos contagios vuelven a crecer, y ya hay oficialmente alrededor de 12.000 personas contagiadas en una ciudad de 120.000 habitantes.

La Bergamasca, donde la patronal de las grandes empresas, Confindustria, presionó para que los focos de coronavirus no fuesen declarados zonas rojas y no tener así que parar sus fábricas, ha entrado ya en la fase 2 del desconfinamiento, como todo el país. Pero la sensación es que las presiones económicas han hecho reabrir demasiado deprisa y sin tener ningún plan. La tercera fase debería iniciarse el 1 de junio, pero en la práctica se adelantará al 18 de mayo.

Los medios en poder de la patronal: su relato

En Italia, Confindustria no esconde su enorme poder. Es un actor decisivo en el rumbo político y son sobradamente conocidas sus presiones públicas y maniobras privadas. Posee medios de comunicación –algunos literalmente, otros bajo su influencia– y tiene de su lado a buena parte del espectro político. Por eso no es extraño que su relato sea, en general, poco cuestionado, incluso en esta situación de la que, desde fuera, parecería que no sale bien parada. (1)

El 17 de abril, el prestigioso e influyente periódico económico Il Sole 24 Ore, propiedad de Confindustria, publicó un artículo para defender la posición de los industriales y los sectores económicos que han presionado para no cerrar la producción. Firmado por Paolo Becchi y Giovanni Zibordi y titulado La economía parada y la duda sobre las muertes en Italia, era tan tendencioso que el comité de redacción del histórico diario se desmarcó públicamente de su contenido en un comunicado en el que pedían a la dirección que prestase más atención a lo que se publica. En el artículo, los autores criticaban el confinamiento, definido como “modelo Wuhan” y calificado de demasiado estricto, y aseguraban sin pudor que no había bastantes muertes para justificar ningún cierre. Afirmaban que “en el período de enero a abril de este año, según los datos del Istat, no se ha registrado un aumento general de la mortalidad en Italia respeto a los años precedentes”. Pretendían basarse en datos sobre la mortalidad del Instituto Nacional de Estadística italiano, cuando en realidad, el 17 de abril el Istat todavía no los había hecho públicos.

Giovanni Zibordi es asesor financiero y trader, y su perfil de Twitter está lleno de comentarios racistas contra “gitanos y negros”. Paolo Becchi es profesor de filosofía del derecho y de 2013 a 2016 fue considerado uno de los “ideólogos” del Movimiento 5 Estrellas. Cuando el partido del multimillonario Beppe Grillo empezó a deshincharse y la estela de Matteo Salvini se agrandó, el profesor Becchi comenzó a declararse decepcionado con los grillini y dirigió sus simpatías hacia el líder de la Liga. La posición de Becchi y Zibordi es, en su versión cruda y torpe, la que sostiene Confindustria desde el inicio de la pandemia para justificar su posición contraria al cierre de las fábricas.

Los números, sin embargo, son claros y desmienten a Confindustria y sus portavoces. El Istat facilitó los datos del estudio sobre la mortalidad de la epidemia el 4 de mayo y confirmó el aumento de muertos: este mes de marzo hubo un 49,4% más de mortalidad en el país que en marzo del 2019. En la ciudad de Bérgamo, el aumento ha sido de un 568%. El 91% del aumento de mortalidad se concentra en las zonas de mayor difusión de la epidemia: 37 provincias del norte industrial, más Pesaro y Urbino. De los más de 31.000 muertos oficiales por coronavirus en Italia, la mitad son lombardos.

Por si fuera poco, el INPS (Instituto Nacional de Previsión Social) ha elaborado un detallado estudio recogiendo los datos de contagio entre el 24 de febrero y el 21 de abril. Y ha certificado que en las provincias donde las fábricas continuaron abiertas es donde se concentraron los picos del contagio, superiores en un 25% al resto de provincias. Pero quizás lo más preocupante es que casi la mitad de los nuevos contagios que se producen todavía hoy en Italia se sitúan en la Lombardía, la región motora de la economía productiva italiana que, en realidad, nunca cerró.

Confindustria no ha cambiado su posición ante la apabullante cifra de muertes en las zonas industriales. El presidente de la patronal de la Lombardía, Marco Bonometti, en una interesante entrevista para el digital italiano TPI, realizada por la periodista Francesca Nava, admitió que se opuso a que se declarasen zonas rojas en la región por motivos económicos y negó la responsabilidad de las fábricas en los contagios.

Renzi, portavoz de los grandes industriales

La patronal de los grandes empresarios industriales tiene muy buenos aliados entre la clase política. Uno de los que más se ha esforzado en hablar en su nombre es el ex primer ministro Matteo Renzi, que fue secretario general del Partido Democrático, de centroizquierda. Renzi, que en España apostó y se identificó con Albert Rivera, después de intentar “desideologizar” el PD y gobernar pactando recortes con Berlusconi, formó en septiembre de 2019 un nuevo partido, Italia Viva. Es una pieza del gobierno de coalición, pero tiene muy malas perspectivas de voto: ni siquiera es seguro que consiguiera un diputado. No obstante, el ex primer ministro tiene mucho espacio en los medios, e intenta ser influyente.

El rol que ha querido ocupar en esta pandemia es el del defensor de la reapertura económica al coste que sea. Pidió que no se cerrasen las fábricas, y que se reabrieran al cabo de una semana las pocas que sí lo hicieron. “La salud es importante, pero ahora la prioridad es que las empresas tengan liquidez”, llegó a decir en el pico de la pandemia. El 29 de abril, en el Senado, superó a la extrema derecha populista en la utilización de los muertos para justificar sus intereses. En medio de un encendido discurso en defensa de mantener la producción y las fábricas abiertas, Renzi soltó esto: “Si los muertos de Bérgamo y Brescia pudieran hablar, nos pedirían que reabriéramos. ¡En su honor!”.

No podemos saber qué dirían los muertos de las zonas industriales de Bérgamo y Brescia, pero sí sus familiares y seres queridos. No se han unido para pedir que reabran más fábricas en su honor, sino justo para lo contrario: para demandar  que se haga justicia y se juzgue a los responsables de esas muertes que consideran que podían haber sido evitables. Y apuntan a los políticos, tanto del gobierno regional como del gobierno central, que sucumbieron a las presiones de los grandes empresarios para no declarar las áreas industriales como zonas rojas.

Verdad y justicia

La idea de unirse nació en Brusaporto, de un padre y un hijo, Luca y Stefano Fusco. El abuelo de Stefano murió por coronavirus en una residencia de ancianos de Bérgamo. Dos semanas después de la muerte aún no sabían dónde estaba el cuerpo de su familiar, hasta que descubrieron que había sido incinerado lejos, en Cúneo. La gestión de las residencias de ancianos ha sido un desastre, y es imposible saber cuántos mayores murieron por coronavirus porque no se les hicieron pruebas. “Aunque solo una de esas muertes hubiera podido evitarse, los responsables tendrán que pagar”, dice Stefano.

Stefano abrió el grupo de Facebook “Nosotros denunciaremos: verdad y justicia para las víctimas de la covid-19”. Al principio sólo incluía miembros de Brusaporto, pero enseguida tuvo mucha difusión en toda Lombardía. Ya supera los 50.000 inscritos y ha recogido miles de testimonios de personas que han perdido a sus familiares y buscan justicia. Hace pocos días se han constituido oficialmente como comité y disponen de un grupo de abogados que gestiona las denuncias. Pocas declaraciones políticas causaron tanta indignación entre los familiares de las víctimas de Bérgamo y Brescia como las del ex primer ministro Renzi.

En el grupo se leen testimonios desgarradores. Hay bastantes casos de víctimas que eran obreros de fábricas. Otros eran obreros jubilados desde hacía poco, como el sindicalista metalúrgico Cesare Damiani. Muchos son los muertos que contrajeron el virus en centros sanitarios gestionados en gran parte por el sector privado, en la región símbolo de la privatización y la corrupción sanitaria. Todos los datos indican que la epidemia en Lombardía empezó en el hospital de Alzano Lombardo, y que la no declaración de zona roja fue lo que amplificó de forma exponencial los contagios en la Bergamasca.

Desde el comité se aclara que atacar a los médicos no es en absoluto su objetivo. “Las denuncias no irán nunca contra los médicos y personal sanitario, porque les consideramos las primeras víctimas”, explica Consuelo Locati, abogada que gestiona las denuncias del comité.  Y añade que están reuniendo el mayor número posible de testimonios y pruebas para que las autoridades judiciales puedan obtener verdad y justicia.

¿Nadie al timón?

Ni las regiones ni el Gobierno central han sabido –o querido– parar los pies a la patronal. El 9 de mayo, el ministro de Asuntos Regionales, Francesco Boccia, hizo unas declaraciones que dan a entender el escaso control de la situación que parece tener el Gobierno italiano. Decía Boccia en el Corriere della Sera: “Según los últimos datos, cada día en Italia 300 personas se contagian de covid-19 en su lugar de trabajo y diez mueren. Y el confinamiento se ha suavizado solo desde hace una semana. Si se vuelve a abrir sin reglas ni protocolos, ¿quién asumirá la responsabilidad de tutelar la salud de los trabajadores?”. Suena extraño que esta pregunta se la haga un ministro del Gobierno que, en teoría, es quien decide qué y cuándo abrir y que es quien tendría que tutelar la salud de los trabajadores.

Quizás la pregunta cobre más sentido al conocer quién se ha ocupado de dirigir la desescalada y la reapertura económica. El Gobierno de Giuseppe Conte ha elegido nada menos que a Vittorio Colao, exconsejero delegado de Vodafone. Él es el encargado de dirigir el equipo de expertos que dictan las líneas a seguir en la decisiva fase 2, llamada “de convivencia con el virus”, iniciada el pasado 4 de mayo. Colao fue el CEO de la multinacional telefónica Vodafone de 2008 a 2018. Antes había trabajado para el banco de inversiones norteamericano Morgan Stanley y para la sociedad de consultoría McKinsey.

Según el Gobierno, el grupo de expertos liderado por Colao tiene la misión de “modificar las lógicas de la organización del trabajo hasta ahora consolidadas, y repensar algunos arraigados modelos organizativos de vida económica y social”. Detrás de este enrevesado lenguaje no parece esconderse precisamente la intención de tutelar la salud de los trabajadores.

Campo abierto para la extrema derecha

Con los sondeos en la mano, no habría posibilidad de un gobierno más a la izquierda que el actual, que ni siquiera ha osado abolir los “decretos Salvini”, símbolos del Ejecutivo anterior, que criminalizan la protesta y la acogida de inmigrantes y que vulneran los derechos humanos. El Partido Democrático necesita pactar con alguien para gobernar y, si excluye a la extrema derecha, solo le quedan los grillini, sus socios actuales.

El centroizquierda gobierna en los ayuntamientos de Bérgamo y Milán. En el inicio de la epidemia, ambos alcaldes del PD hicieron campaña para no cerrar sus ciudades, menospreciando el peligro y anteponiendo la economía a la salud, hasta que las muertes les explotaron en la cara. Milán es la joya de la corona de ese sector moderado, moderno y elitista del centroizquierda italiano. Y los vídeos de promoción de la ciudad en mitad de la pandemia son una buena muestra: en ellos aparece una ciudad-escaparate, hecha a medida de billete y no de persona. No es el Milán de los trabajadores hacinados en el metro, de los riders de Glovo que abarrotan el último tren que les devuelve a las periferias milanesas donde malviven, o de las empleadas de la limpieza que no han descansado ni un solo día. En la publicidad institucional de estos días aparecen aquellos a los que va destinada: los que probablemente piden sushi a domicilio y pueden teletrabajar y salir a pasear en monopatín eléctrico y publicarlo en Instagram.

Esa exquisita Milán smart city, de postal plastificada, vanguardia de Italia, que mira a la excesiva, pomposa y arrabalera Roma desde lo alto de sus rascacielos (en la capital casi no hay).

La comunicación del centroizquierda lombardo es esnob, de diseño, llena de anglicismos. No conecta con la clase trabajadora, la que, como mínimo desde los tiempos en que Matteo Renzi lideraba el PD, es más interpelada –y seducida– por los populistas y la extrema derecha, que utilizan un lenguaje más cercano y hacen discursos considerándola su target.

En Italia, los trabajadores de las fábricas que fueron obligados a trabajar sin protecciones, y que viven con angustia no saber si han contagiado a sus seres queridos porque no les hacen tests, y los familiares de los muertos que podían haberse evitado no tienen quién les represente en el Parlamento. Y esto, como siempre, termina por favorecer a la extrema derecha: cuanto más desamparo, abandono y frustración, más fácil excitar el miedo y hacer presentable, o incluso apetecible, el autoritarismo.

El relato del centroizquierda italiano en esta pandemia peca de abusar de palabras como resiliencia y reinventarse. Las personas que han perdido su trabajo precario y no saben cómo llegar a fin de mes no pueden sentirse identificadas con ese tipo de mensajes. Los medios afines al Partido Democrático celebran que Matteo Salvini haya perdido puntos en los sondeos –que aún lidera–, sin mencionar en los triunfalistas titulares que esos puntos los ha ganado su socia, Giorgia Meloni, del partido postfascista Hermanos de Italia. Juntos llegan al 39% de los votos. Así que todo queda en casa. La coalición de la extrema derecha capitaneada por Salvini ganaría todavía por goleada unas elecciones. Gobernar al son de la patronal no puede no traer consecuencias.

Regularización de migrantes para satisfacer al mercado

El miércoles 13 de mayo por la noche, el Gobierno finalmente anunció las medidas del decreto para relanzar la economía. Se había bautizado como Decreto Aprile (ya que se esperaba desde el 6 de abril), pero se atrasó tanto que ha sido renombrado como Decreto Rilancio. El paquete de medidas suma 55.000 millones de euros destinados a ayudar a empresas, autónomos y familias. Se establece una renta de emergencia (de entre 400 y 800 euros) para familias con ingresos inferiores a 15.000 euros y que no reciban otras ayudas, y bonos para incentivar el turismo dentro del país y la compra de bicicletas y monopatines eléctricos.

El decreto incluye la posibilidad de regularizar un número determinado de trabajadores inmigrantes sin papeles: los que se ha calculado que serán necesarios en los próximos meses (unos 200.000), y no los que se estima que hay (670.000). A pesar de que la ministra de Agricultura, Teresa Bellanova –que fue jornalera–, se emocionó al anunciar el decreto, lo cierto es que la medida, a la que los grillini se oponían, ha quedado bastante descafeinada respeto a lo que proponía el PD.

Se ideó para los jornaleros esclavizados del sur, pero a última hora se decidió incluir también a las trabajadoras del hogar y a las cuidadoras de ancianos. La medida no convence a los colectivos que luchan por los derechos de las personas sin papeles, como el Movimento Migranti e Rifugiati di Napoli.

En primer lugar, porque no se trata de una medida humanitaria, sino que se adopta porque el mercado tiene necesidad de mano de obra. “Sin facilitar el acceso por vía legal de los jornaleros que llegan cada primavera-verano para los trabajos temporales en el campo, en tiempo de fronteras cerradas, se perderían las cosechas”, según explica Coldiretti, la principal asociación de agricultores de Italia.

La regularización irá ligada a un contrato de trabajo de seis meses. El colectivo de inmigrantes y refugiados de Nápoles ha lanzado una campaña de protesta bajo el nombre Nuestras vidas no duran seis meses. Consideran un insulto la regularización, porque en vez de responder a la emergencia sanitaria y social en la que se encuentran casi 700.000 personas sin papeles, responde a motivos de conveniencia de los patrones y es un chantaje económico, aseguran.

En Italia siguen vigentes los decretos Salvini, que abolieron el permiso de residencia por motivos humanitarios. A todas las personas inmigrantes que viven en Italia y que no han podido solicitar permiso de residencia por razones humanitarias –o que ya lo tenían pero les caducó y se convirtieron en ‘ilegales’–, el decreto no les sirve: está pensado solo para satisfacer las necesidades del mercado.

En segundo lugar, la disposición es útil para que los empresarios que tengan a su cargo trabajadores inmigrantes en negro puedan regularizarlos sin tener problemas. Pero sin incentivos es difícil que se acojan a ella: les sale más a cuenta mantenerlos en negro y no pagar impuestos ni cotizaciones.

Por último, no se trata de ninguna medida inédita: en Italia se lleva a cabo cada pocos años, cuando hace falta. Ha habido siete grandes regularizaciones: de 1986 a 1998 se hicieron cuatro (y 790.000 personas en total consiguieron papeles); en 2002 el gobierno de Berlusconi, Liga Norte y los postfascistas de Alianza Nacional realizaron la más importante (con 630.000 personas regularizadas); el resto fueron en 2009 (300.000 personas) y 2012 (120.000 personas).

* Alba Sidera es periodista y vive en Roma.

Nota

1) Véase Italia – Crisis del coronavirus: “Hay una batalla abierta con los empresarios.”, (Red. de Correspondencia de Prensa)