El fusil detrás del trono

Los uniformados dirigen sectores estratégicos de un Ejecutivo en crisis y parecen tener la sartén por el mango en un momento de gran inestabilidad política, agravada por la renuncia de Sérgio Moro y el avance del coronavirus. La situación culmina un proceso de regreso militar a la política brasileña que precede incluso a Bolsonaro.

Marcelo Aguilar, desde San Pablo

Brecha, 30-4-2020

Correspondencia de Prensa, 30-4-2020

La renuncia de Sérgio Moro como ministro de Justicia es el hecho más peligroso que ha debido enfrentar el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. El motivo de la dimisión, según el propio Moro, es que el presidente estaría interfiriendo en la Policía Federal para proteger a sus hijos de investigaciones judiciales. Tras la salida de Moro, Bolsonaro intentó, sospechosamente, poner al frente de ese cuerpo a un amigo de su clan familiar, Alexandre Ramagem, exjefe de inteligencia que coordinó la seguridad de su campaña después del atentado que sufrió en 2018. Esta semana el Supremo Tribunal Federal suspendió provisoriamente esa nominación.

Visto como un paladín de la justicia por amplios sectores de la sociedad tras su actuación en la operación Lava Jato –y a pesar de las denuncias de flagrante irregularidad sobre la forma en la que la condujo (véase “Operación Vaza Jato” y “Un héroe del engaño”, Brecha, 14-VI-19 y05-VII-19, respectivamente)–, Moro actuaba como una “reserva moral” dentro del gobierno. Pero se fue pateando la puerta, y sus denuncias propiciaron la apertura de una investigación judicial contra el propio presidente. El relator de esta causa, el magistrado Celso de Mello, también deberá decidir sobre un pedido de que la Cámara de Diputados comience un proceso de impeachment contra el mandatario. Aunque el presidente de la Cámara, Rodrigo Maia –quien tiene una relación bastante tensa con el Ejecutivo–, intenta calmar los ánimos y señala que la prioridad debe ser combatir el coronavirus, ya hay rumores de movimientos tras bastidores en torno al vicepresidente, Hamilton Mourão.

El propio Carlos Bolsonaro, uno de los hijos del presidente, sembró sospechas a comienzos de mes sobre las intenciones del general Mourão cuando cuestionó su reciente reunión con Flávio Dino, gobernador del estado de Maranhão y dirigente del Partido Comunista del Brasil. Dino es la cara más visible de la oposición de izquierda a Bolsonaro entre los gobernadores, un grupo en el que Bolsonaro también tiene oponentes de derecha, como el paulista João Doria (del Psdb), quien lo apoyó en su elección con el eslogan “Bolsodoria” y ahora, en defensa de Moro, lo tachó de “virus”.

La hora verde

En este escenario de crisis, todas las salidas posibles parecen beneficiar a un mismo actor: las Fuerzas Armadas. Para André Ortega, periodista y coautor, junto con Pedro Marín, del libro Carta no coturno: a volta do partido fardado no Brasil, lo que está en juego por estas horas es qué camino tomarán los militares: si mantener a Bolsonaro o sacarlo de en medio. “Sacarlo puede iniciar un nuevo ciclo de inestabilidad y que la cosa se les vuelva en contra. Mantenerlo, en cambio, los hace aparecer como el freno noble del gobierno”, señaló a Brecha.

Bolsonaro se comporta como un vándalo, dijo Ortega, y eso les permite a los militares aparecer como guardianes no sólo de las instituciones democráticas, sino de la propia racionalidad. “Eso es muy positivo para ellos”, opinó el analista, porque difumina la responsabilidad de haberlo ayudado en las elecciones y participar en su gobierno. “Al mismo tiempo, si Bolsonaro gana fuerza con su politiquería de extrema derecha, también les sienta bien, porque la base del presidente pide un golpe militar, por lo que no habría cómo prescindir de ellos”, añadió. Y si de todos modos ganara espacio el impeachment, la asunción legal del general Mourão concretaría lo que ya es una realidad evidente: los militares están al mando.

Esta situación, lejos de ser inédita en la historia de Brasil, hunde sus raíces en aspectos estructurales del país. Ortega recuerda que “existe una larga relación entre el poder político y el poder militar que antecede la concepción de la doctrina de la seguridad nacional de la Guerra Fría y el golpe de Estado de 1964, y que viene de la proclamación de la república [1889], con el Ejército en una posición de tutela de los gobiernos civiles y el proceso político”. Esa relación ha venido acompañada de una autopercepción militar “que justifica ese intervencionismo sobre la base de que el Ejército es la institución más desarrollada del país y la única capaz de reflejar la identidad brasileña: recluta a personas de todos los Estados y todas las razas, y tiene una oficialidad profesional y patriótica que impediría procesos políticos que comprometieran la integridad territorial”.

Para el antropólogo Piero Leirner, especialista en estrategia militar de la Universidad Federal de São Carlos, más que una tutela militar del sistema político brasileño, lo que hay es una domesticación: “La idea de que la política debe ser una extensión del cuartel por otros medios, que coloca a los militares en el papel de garantes de poner la casa en orden”. Según el exministro de Defensa Celso Amorim, en tanto, en Brasil “hay una fragilidad intrínseca de la representación política, lo que genera en las clases dominantes, cuando están perdiendo hegemonía, la tentación de recurrir a los militares”. “Y ellos, por su historia, siempre se han mostrado dispuestos a actuar”, dijo Amorim a Brecha.

Los dueños de la pelota

“Cuando Bolsonaro asumió, ya existía un statu quo con el cual los militares aparecían muy fortalecidos. Habían conseguido, con Etchegoyen, reestructurar el servicio de inteligencia y ya participaban de forma activa en la política, tanto en las elecciones como en lo relativo al proceso judicial de Lula”, señaló Ortega. “No es Bolsonaro quien les da el papel protagónico: él es la coronación de un proceso. Asume íntimamente relacionado a ese statu quo previamente alcanzado”, agregó.

Desde que nombró su gabinete, Bolsonaro evidenció el gran protagonismo que tendrían los militares. Entre los uniformados elegidos había algo en común: su participación en las fuerzas de la Minustah en Haití (2004-2017), que Brasil dirigió. Augusto Heleno –nuevo director del Gsi– fue el primer comandante de esa misión de ocupación entre 2004 y 2005, y dirigió las operaciones en Cité Soleil, barrio de la capital Puerto Príncipe, que fueron catalogadas como masacre por varios organismos de derechos humanos. El ministro de Defensa, Fernando Azevedo e Silva, estaba en aquel entonces bajo las órdenes de Heleno. Luiz Eduardo Ramos, actual secretario de gobierno –cargo que, entre otras cosas, controla la comunicación del gobierno y el programa de inversiones público-privadas en el área de infraestructura–, dirigió la Minustah entre 2011 y 2012. Desde junio, Ramos sustituye en esa secretaría al general Carlos Santos Cruz, que dirigió la fuerza de ocupación entre 2007 y 2009. También el ministro de Infraestructura, Tarcísio Gomes de Freitas, estuvo en el país caribeño. Por su parte, el último comandante de la Minustah, en el período 2015-2017, Ajax Porto Pinheiro, es actualmente asesor especial del presidente del Supremo Tribunal Federal, cargo que anteriormente ocupó Azevedo e Silva.

Como culminación de este proceso, en febrero de este año, Bolsonaro anunció que el nuevo jefe de la Casa Civil –un cargo que en Brasil equivale al de jefe de gabinete– sería el general Walter Braga Netto, hasta ese mismo día jefe del Estado Mayor del Ejército y responsable de dirigir la intervención militar de 2018 en Rio de Janeiro (véase columna de Barceló, López Burian y Vitelli). Braga Netto fue elegido por Bolsonaro para comandar el comité de crisis ante la pandemia de coronavirus.

Primero sacamos a Dilma

La espiral de ascenso de la influencia militar en la política brasileña, que alcanzó su ápice con la elección y asunción de Bolsonaro como presidente de la república, viene de antes. La elección de Dilma Rousseff como presidenta en 2011, su accionar al frente del gobierno y su destitución fueron determinantes para conformar el escenario actual. Ya desde un comienzo, en filas militares no había gustado la designación de Rousseff como candidata del PT. “Que Lula hubiera nombrado como sucesora a una desconocida, a la que encima los militares identificaban con la militancia armada contra el régimen militar, fue para ellos una confirmación de que el PT quería construir una especie de socialismo gramsciano en América Latina”, dijo Leirner a Brecha.

El académico apuntó, además, a la reacción militar contra la creación, por el primer gobierno de Dilma, de la Comisión Nacional de la Verdad (Cnv), que tiene el fin de investigar las violaciones de derechos humanos entre setiembre de 1946 y octubre de 1988, período que comprende los 21 años de dictadura militar en Brasil. “La Cnv fue leída por los militares como un proyecto de reescritura de la historia, en el que el papel de ellos, en ese plano de ‘dominación gramsciana’, sería definitivamente el de los derrotados morales. Eso reactivó en los militares la idea de que habían ganado ‘la guerra’, pero estaban perdiendo feo la batalla por la memoria”. Amorim, que en ese momento estaba al frente de la cartera de Defensa, confirmó a Brecha que la Cnv fue la medida tomada por el gobierno del PT que generó más ruido en la interna militar. Leirner añadió: “A partir de entonces las cúpulas empezaron un intenso trabajo de bombardeo ideológico en toda la cadena de mando, desencajonando varias teorías de la Guerra Fría y actualizándolas con ropaje posmoderno, como en el caso de llamadas ‘teorías de la guerra híbrida’”.

“Apenas un mes después de consumada la reelección de Dilma en 2014, Bolsonaro ya hacía campaña en los cuarteles para 2018”, señaló Leirner. Afuera, Aécio Neves, candidato perdedor de la elección por la derecha tradicional, decía en su primer discurso que lo habían votado 51 millones de brasileños que no aceptaban más ver a Brasil “capturado por un partido y un proyecto de poder”.

En otra acción que incomodó mucho a los militares, en octubre de 2015, en el marco de una reforma que redujo de 39 a 31 las carteras del Ejecutivo, Dilma le retiró el carácter de ministerio al Gabinete de Seguridad Institucional (Gsi), que, entre otras atribuciones, tenía el comando de la Agencia Brasileña de Inteligencia. El resto de la partida se jugó en los bastidores del Congreso y en las calles: apoyado masivamente por sectores mediáticos y empresariales y fogoneado por grupos como el Movimiento Brasil Libre, financiado por think tanks neoliberales apoyados por Washington, se consolidó el lema “Primeiro a gente tira a Dilma”: sacar a la presidenta a cualquier precio como requisito para salvar Brasil.

La restauración

En mayo de 2016, unos cuatros meses antes de que se confirmara la destitución de Dilma por el Congreso, y en una de sus primeras medidas como presidente interino, Michel Temer devolvió el carácter de ministerio al Gsi y puso para dirigirlo al hasta entonces jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Sérgio Etchegoyen.

Los Etchegoyen son una familia con larga tradición militar y de injerencia en la política. Participaron de los levantamientos tenentistas de los años veinte y del golpe de 1964 (véase recuadro). Sérgio, que no llegó a participar de esas lides, había sido, en cambio, el primer general en actividad en manifestarse contra la Cnv durante el gobierno de Rousseff. El informe final de la comisión responsabilizaba a su padre, Leo Guedes Etchegoyen, junto con otros 376 militares y civiles, de violar los derechos humanos durante la dictadura. Amorim contó que le sorprendió que Dilma lo nombrara jefe del Estado Mayor, pero agregó: “[El general] gozaba de fama como intelectual militar y había asesorado a mi antecesor en el ministerio en la elaboración de la estrategia nacional de defensa”.

Para Ortega, en los años que siguieron a la caída de Rousseff “la inestabilidad generada por el impeachment y la constante atmósfera de excepción permitió a los militares empezar a hablar más alto: cuanto más caos, más poderosos resultan”.A pesar de ser el blanco de un sinfín de denuncias de corrupción y de presenciar el arresto de una parte de su círculo más próximo, Temer se mantuvo en el poder. Etchegoyen tuvo bastante que ver con eso. Durante aquellos años hubo intervenciones federales militares en Rio de Janeiro, Espírito Santo y Roraima, y fue asesinada Marielle Franco, militante crítica de esas acciones. Además, Temer se vio amenazado en junio de 2018 por una huelga de camioneros que paró el país. Quien coordinó la respuesta a esa huelga fue Etchegoyen, que implantó operaciones de “garantía de la ley y el orden” con el despliegue de las Fuerzas Armadas. Todo esto le valió al general convertirse en el protagonista de los momentos más álgidos de la crisis constante que significó la administración de Temer.

Por aquellos días se dio también otro episodio de protagonismo militar. Ante la posibilidad de que el Supremo Tribunal Federal otorgara un hábeas corpus al expresidente Lula, entonces candidato a la presidencia y detenido por supuesta corrupción, el comandante de las Fuerzas Armadas, Eduardo Villas Bôas, escribió un tuit en “repudio a la impunidad” y remarcó que el Ejército estaba “atento a sus misiones institucionales”. Tiempo después el propio Villas Bôas dijo a Folha de São Paulo: “Ahí trabajamos conscientemente, sabiendo que estábamos al límite. Sentimos que la cosa se nos podía salir de control si yo no me expresaba”, y afirmó que era “mejor prevenir que remediar”. Lo cierto es que la Justicia finalmente envió a Lula a prisión y le imposibilitó participar de la votación, y el capitán retirado Jair Bolsonaro ganó. Y con él, los militares.

Desde siempre

El Ejército brasileño se formó durante la guerra de independencia de Portugal, a comienzos del siglo XIX. De ahí en más, los militares siempre participaron en la política de alguna forma. Entre 1922 y 1924, militares de varios estados descontentos con la situación política del país se levantaron contra el gobierno federal en un movimiento que se conoció como “tenentismo”, por incluir en su mayoría a jóvenes tenientes. Buscaban políticas más consistentes para las Fuerzas Armadas y reformas en la estructura de poder del país, dominado por la llamada “política del café con leche”, que alternaba en el dominio del país representantes de las oligarquías de São Paulo y Minas Gerais.

Del tenentismo surgió, entre otras cosas, la columna liderada por el capitán Luiz Carlos Prestes, que recorrió casi 25 mil quilómetros y 13 estados del país con la exigencia del voto secreto, la universalización de la enseñanza pública y el fin de la miseria que agobiaba a los sectores populares. Muchos de estos militares, como el propio Prestes, se acercaron luego a ideas comunistas, y otros tantos apoyaron a Getúlio Vargas. En 1935, una insurrección comunista planificada por el Comintern para instaurar una República Popular y Socialista en Brasil –que tenía como dos de sus figuras centrales a Prestes y a la militante alemana Olga Benario– fue masacrada por los militares. Pueden rastrearse en esa época algunas de las raíces del persistente anticomunismo del Ejército. Para Celso Amorim, ministro de Defensa entre 2011 y 2014, en aquel momento “las únicas fuerzas capaces de organizar el país eran el Partido Comunista y el Ejército, lo que los enfrentó desde un principio; a partir de entonces los militares siempre tuvieron aversión por la izquierda”. Con la Guerra Fría, este sentimiento se agudizó y condimentó el caldo que terminó con el golpe de Estado de 1964, 21 años de dictadura militar y persecución política.

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Los equilibrios políticos en el gobierno de Bolsonaro

Donde mandan generales, no manda capitán

Nastalia Barceló/Camilo López Burian/Marina Vitelli

Brecha, 30-4-2020

Con la asunción, el 18 de febrero de 2020, del general Walter Braga Netto como jefe de la Casa Civil, los militares terminaron de consolidar su posición central en el gobierno brasileño. Desde el fin de la última dictadura ese cargo no era ocupado por un militar. Es una posición eminentemente política y se ocupa, entre otras tareas, del relacionamiento de la Presidencia tanto con su gabinete como con el Parlamento. Braga Netto, que desde marzo de 2019 se desempeñaba como jefe del Estado Mayor del Ejército, la asumió antes de pasar a retiro el 29 de febrero.

Esto ocurre en un momento de transformación del sistema político brasileño. Podría pensarse la elección de 2018 como el fin de un ciclo, iniciado con la Constitución de 1988 en pleno proceso de redemocratización. Tras los comicios, los tres principales partidos políticos perdieron representación parlamentaria, y el Partido de la Social Democracia Brasileña (Psdb) y el Movimiento Democrático Brasileño (Mdb) fueron los principales perjudicados. Mientras que la derecha tradicional fue desplazada por una derecha más radical, el Partido de los Trabajadores (PT) se mantuvo como principal fuerza política de la izquierda brasileña. En tanto, el Partido Social Liberal (Psl), que albergó a Bolsonaro como candidato, pasó de tener dos diputados, entre 2014 y 2018, a tener 52. En la disputa por el Poder Ejecutivo se rompió la lógica de polarización entre el Psdb y el PT, a la vez que el Mdb vio disminuida su votación. El sistema nacido en 1988 recibió un fuerte golpe.

Dos factores, interconectados entre sí, afectaron la política brasileña para ambientar los resultados señalados. Por un lado, la conducción de la operación de combate a la corrupción conocida como Lava Jato(2014), que mostró la politización de las decisiones judiciales y contribuyó a la generación de desconfianza y rechazo a los políticos en la sociedad brasileña. Por otro lado, los costos de la estrategia del Psdb y del Mdb durante el impeachment presidencial a Dilma Rousseff en 2016, que ha sido visto como un “golpe parlamentario” por importantes referentes de la ciencia política brasileña. La posterior participación de estos partidos en el gobierno interino de Michel Temer, que se convirtió en el más impopular en la historia de Brasil, perjudicó aun más la imagen de la derecha tradicional.

Estas transformaciones en la derecha brasileña se enmarcan en un contexto de crisis de la globalización, cuyo mojón es la crisis de 2008. El fin de este ciclo histórico y de su orden hegemónico, que llegó a Brasil, como al resto de América Latina, con el fin del auge de las commodities,afectó a las elites cosmopolitas de derecha e izquierda. Esta gran crisis del capitalismo global se entrelazó con la emergencia de emprendedores políticos de derecha antiglobalista. Estos neopatriotas, al decir del politólogo español José Antonio Sanahuja, movilizan a los perdedores –reales o autopercibidos– de la globalización, especialmente a clases medias y medias bajas, articulando un discurso nacionalista, soberanista, mediante liderazgos cesaristas y retóricas antielitistas y en algunos casos, particularmente en la región, con estrechas asociaciones con actores religiosos que reivindican valores “tradicionales”. Bolsonaro es el más plebeyo de esta familia, ya que no es un millonario ni un político destacado como en otros casos, y en esa clave se contacta con las masas.

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El general Walter Braga Netto, jefe de la Casa Civil, gabinete ministerial.

Solo contra todos

Con el apoyo de las bancadas del agronegocio, la evangélica y la que promueve la mano dura y representa los intereses de la “familia” militar y de la policial, podría tener apoyo suficiente para gobernar en articulación política con el Poder Legislativo. De los 513 diputados, 360 podrían apoyarlo, mientras que solamente 153 son claramente de oposición. Con este escenario, podría reclutar hasta dos tercios de los votos del Congreso y realizar cambios institucionales muy importantes. Sin embargo, en vez de hacer “política”, Bolsonaro confronta con el Parlamento, bajo el argumento de oponerse a la “vieja política”, y no negocia apoyo parlamentario por cargos y recursos.

Después de un año y medio en el poder, la conducta del presidente evidencia rasgos iliberales y autoritarios. Bolsonaro se alejó del Psl en el marco de una lucha por el control de los fondos partidarios y la nominación de candidatos. El bolsonarismo, sin partido, intentó fortalecer al presidente a partir de la construcción de un movimiento popular de extrema derecha, algo que no logró cristalizar. Cuando el mandatario intentó crear su propio partido, Alianza por Brasil, de las 491.900 firmas requeridas, fueron presentadas sólo 80 mil y apenas 6.600 fueron aprobadas por el Tribunal Supremo Electoral. Este fracaso significó la imposibilidad de estructurar un movimiento bolsonarista que fortaleciera políticamente al presidente y le permitiera profundizar su acción. Sin embargo, sin los apoyos requeridos, el presidente sin partido sigue enfrentado al Poder Legislativo y al Judicial, a los gobernadores y a los grandes medios de comunicación. Eso lo hace cada vez más dependiente de las Fuerzas Armadas para mantenerse en el poder.

Como señaló recientemente el sociólogo y politólogo brasileño Alexandre Fuccille, los militares parecen no querer hacerse directamente con el poder, como en 1964. Sin embargo, esto no implica que la influencia militar sobre la política no avance. Con la sustitución del civil Onyx Lorenzoni en febrero de 2020 por el general Braga Neto en el Ministerio de la Casa Civil se completó un cuadro militar que compone el núcleo duro del gobierno. Aunque junto a él convive otro núcleo de ministros fuertemente ideologizados y cercanos al presidente y su familia, los cuatro ministros alojados en el Palacio de Planalto, que comparten sede con el presidente, son militares (véase nota de Marcelo Aguilar).

Una mirada más amplia del gobierno muestra militares o personas vinculadas al mundo militar en varios cargos ministeriales (Defensa; Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicaciones; Minas y Energía; Transparencia, Fiscalización y Control, e Infraestructura) y de alta relevancia política, como el portavoz de la Presidencia. Un denominador común de muchos de ellos es su relación con el general Augusto Heleno, primer comandante militar de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah). Los Heleno Boys, por llamarlos así, ocupan un lugar central en el gobierno. Durante la pandemia se han posicionado en ocasiones de manera diferente a Bolsonaro, encauzando su acción, sin por ello retirar el apoyo al presidente, quien minimizó el peligro de la enfermedad reiteradas veces. El 24 de marzo, el comandante del Ejército, general Edson Leal Pujol, señaló que el enfrentamiento a la pandemia podría ser “la misión más importante” de su generación, planteo que Bolsonaro hizo suyo, días después, al reconocer la gravedad de la situación.

Por otra parte, en enero de 2018, el general Hamilton Mourão, actual vicepresidente de la República, asumió la presidencia del Club Militar con el objetivo de organizar, desde el Ejército, un frente de candidatos. Mourão sería el sucesor de Bolsonaro en caso de su salida del cargo, pero debe recordarse que él no fue la primera opción que se manejó como vicepresidente en la campaña y parece no recoger todos los consensos del ala militar del gobierno.

Transición eterna

La injerencia de los militares en la política no es un asunto nuevo en Brasil. Como explica el doctor en filosofía política Héctor Saint-Pierre, en la redemocratización posdictadura las Fuerzas Armadas consiguieron preservar prerrogativas y niveles de autonomía que les permitieron identificar fisuras en el escenario nacional y disputar protagonismo político en las decisiones gubernamentales. O como sostiene el politólogo brasileño Samuel Soares, si atendemos la cuestión militar, en Brasil hay una eterna transición a la democracia, o la propia democracia está obstruida.

El historiador José Murilo de Carvalho, reflexionando desde la historia de las instituciones, visualiza un papel moderador de las Fuerzas Armadas que le hace pensar en Brasil como una república tutelada. Esta función tutelar es bidimensional: veto y protección. La segunda dimensión parece estar operando de forma más visible que la primera. Probablemente porque, como señala Suzeley Kalil Mathias, profesora de Ciencias Políticas de la Universidade Estadual Paulista, las discrepancias entre los militares y el presidente son “más de forma que de contenido”.

Ahora que, tras la renuncia de Sérgio Moro al ministerio de Justicia, las bases materiales para iniciar un proceso de impeachment parecen colocarse sobre la mesa, Bolsonaro busca negociar con la derecha tradicional para impedir el avance del proceso, especialmente con quienes garantizaron la elección de Rodrigo Maia como presidente de la Cámara de Diputados. Los principales medios de comunicación, en una muestra de apoyo a Moro, piden investigar al presidente, mientras que el exjuez de Curitiba podría verse como una candidatura atractiva para 2022, tanto para los lavajatistas como para una derecha globalista como la que apoya al ministro de Economía, Paulo Guedes. Desde que el superintendente de la Policía Federal de Rio Janeiro, Ricardo Saadi, fue destituido a pedido del presidente, la posible salida de Moro ya recorría los bastidores del poder. En vez de intentar recomponer con uno de los ministros más fuertes de su gobierno, Bolsonaro, que aún mantiene un tercio de la opinión pública de su lado a pesar del deterioro de su popularidad, optó por continuar acelerando el proceso de descomposición de la coalición que lo llevó al poder. En este escenario cabe preguntarse: ¿Los militares seguirán sosteniendo a Bolsonaro?, ¿el resto del sistema iniciará un embate contra el presidente? La posición de los militares parece ser clave. El futuro es de incertidumbre.