Las noticias e imágenes sobre los «cuerpos arrojados en las calles» de Guayaquil recorrieron el mundo. Pero, ¿qué pasa realmente en este país sudamericano?, ¿cómo combinan la crisis sanitaria, la conflictividad política, las fakes news y el deterioro económico?

Nueva Sociedad, abril 2020

Correspondencia de Prensa, 10-4-2020

Al 8 de abril, los casos de Covid-19 confirmados en Ecuador ascendían a 4.450 y las muertes, a 242. La primera persona detectada positiva fue una mujer de 70 años, el 29 de febrero pasado. El 26 de marzo, un bebé de siete meses falleció en la provincia de Sucumbíos y se transformó en la víctima más joven registrada.

Guayaquil es la región más afectada, con 1.520 casos positivos detectados (al 4 de abril), y se transformó en el caso más mediático. Centenas de pacientes están hospitalizados con cuadros graves y el personal médico ya está muy afectado por contaminaciones durante su trabajo por la falta de insumos de protección. El gobierno aseguró haber realizado unos 9.000 test entre el 29 de marzo y el 1º de abril. Aunque en el plano estadístico la tasa de mortalidad del virus es menor para mujeres que para hombres, ellas padecen en mayor medida el bloqueo económico y el encierro, a lo que se suma la violencia doméstica.

Panamá y Chile presentan más casos que Ecuador en proporción a su población. Pero la tasa de mortalidad y las deficiencias sanitarias y estadísticas dejan ver un escenario más problemático en Ecuador que en Chile, donde la mortalidad es más baja y el número de recuperados aumenta más rápido que la curva de los nuevos infectados. En países que no fabrican sus propios test y donde las cifras serán potencialmente más manipuladas, solo el número de muertes proporciona información seria sobre la evolución de la epidemia.

En el caso ecuatoriano, como en otros de la región, el confinamiento sumergió en la crisis a muchos hogares que no pueden a la vez respetar las medidas de seguridad y comer cada día. Esto provocó escenas de violencia social, como las registradas en el mercado San Roque, ubicado en una zona popular de Quito, donde los productos y el material de pequeños comerciantes informales fueron destruidos con maquinarias pesadas por parte de la Alcaldía de Quito. En internet se difundieron varias grabaciones de abusos militares y policiales durante operativos para hacer respetar las restricciones del estado de emergencia. En la noche del 4 abril, un joven de 19 años se ahogó en un río de la provincia de Los Ríos mientras intentaba huir de un control de la policía por haberse pasado la hora del toque de queda.

En algunas partes del oriente amazónico, pueblos lejanos reportan ya dificultades de abastecimiento de ciertos productos, mientras comunidades indígenas sufren varios cataclismos simultáneos debido a las fuertes lluvias que han destruido casas, puentes y vías de acceso a sus territorios. Muchas se han autoaislado frente al temor de ser contaminadas y potencialmente muy afectadas por las distancias a los servicios de salud en caso de contaminación. La temporada húmeda está sumando dificultades adicionales a los problemas sanitarios y socioeconómicos.

La economía ecuatoriana recibió una serie de fuertes golpes externos desde 2015 y estaba todavía padeciendo las consecuencias del paro nacional y del movimiento de protesta de octubre pasado que permitió evitar el alza súbita de más de 100% en los precios de los hidrocarburos. Con la crisis global del coronavirus, cayeron los precios del petróleo ecuatoriano a 15 dólares, un commodity del cual el país depende, y a lo que deben sumarse los problema de una economía polarizada (es decir, que no puede devaluar y que está obligado a obtener la moneda estadounidense mediante expoertaciones). Pero ahora los ecuatorianos ven erosionado, además, el sistema de protección social paralelo que representan las remesas de los emigrados. Los migrantes ecuatorianos en el mundo, principalmente en Estados Unidos, España y Italia, deben hacer frente a sus propias emergencias.

También el panorama interno se viene deteriorando. Las industrias florícolas y camaroneras, caracterizadas por su nivel de explotación de la mano de obra y de contaminación del ambiente, y al mismo tiempo por ser importantes fuentes de empleo del país, han despedido a centenas de personas, a veces de un día al otro. Hasta la minería a cielo abierto ha suspendido sus operaciones, mientras el Banco Central está cambiando oro por facilidades de liquidez. Entretanto, renunciaron el ministro del Trabajo Andrés Madero, tras su test positivo de coronavirus, y la ministra de la Salud, Catalina Andramuño, por sus desacuerdos sobre el presupuesto con el gobierno.

Adicionalmente, la deuda externa, heredada de la década correísta e incrementada por el gobierno de Moreno, se ha vuelto particularmente «odiosa». Esto puede resultar aún más morboso que los cuerpos expuestos en las aceras de Guayaquil y sus instrumentalizaciones políticas en las redes. Hace unos días, Ecuador pagó 324 millones de dólares de su deuda externa. Esto corresponde aproximadamente a la cantidad de oro vendida al mismo tiempo por el Banco Central para hacerse de liquidez. En parte, con esta decisión de pagar, el gobierno estaría buscando evitar el default, renegociar pasivos pendientes y asegurarse más financiamiento o ayuda en el futuro. Es lo que hizo Rafael Correa en julio de 2016, cuando acordó firmar un cheque de 112 millones de dólares a la compañía petrolera estadounidense Chevron, en medio de la recesión económica causada por el terremoto de abril de ese año, para poder obtener recursos del Fondo Monetario Internacional (FMI). De lo contrario, pagar una deuda de este tipo, cuando el país solo está al comienzo de la crisis sanitaria y económica, sería económicamente criminal. Por una vez, la casi totalidad del espectro político parece estar de acuerdo en la necesidad de renegociar los pagos de la deuda externa y sus intereses.

La fuerza de la epidemia en Guayaquil, la ciudad más grande del Ecuador (2,3 millones de habitantes) y la más afectada por el virus (70% de los decesos), es real en comparación con el resto del país. Muchas imágenes que circularon en las redes sociales y medios de comunicación demuestran el impacto trágico del colapso del sistema funerario. No obstante, son necesarias algunas explicaciones para no añadir pánico al horror. Hay mucha información de tipo sensacionalista sobre los «cuerpos abandonados en las calles».

Algunos medios de comunicación, así como cuentas en redes sociales de grupos políticos bastante identificados, dejan entender que está muriendo tanta gente que el sistema médico y funerario estaría colapsado, a punto tal que se «abandonan» cadáveres en las aceras de esa ciudad húmeda y calurosa. Eso es falso: según la revista Plan V, entre otras fuentes, las funerarias de Guayaquil han dejado de funcionar en el momento en que empezó a aumentar la cantidad de fallecimientos, lo que hizo colapsar el sistema. El portavoz oficial Jorge Wated explica que la alerta de pandemia «complicó el funcionamiento del sistema mortuorio de la ciudad», lo cual «es entendible cuando existe un incremento de fallecidos, una limitación de personas para poder trabajar en todos los sectores».

En realidad, no se trató tanto del aumento del número de muertes por coronavirus, superior solo en 10 o 15 decesos diarios por encima del promedio habitual, lo que provocó que empezaran a aparecer cuerpos en la calle. Por el hecho de no tener el material adecuado para protegerse, muchos trabajadores decidieron limitar sus actividades o suspenderlas en algunos servicios indispensables, como las funerarias comerciales. Por ese motivo, los familiares debieron esperar unos tres días en promedio para que los servicios se llevaran a los difuntos de sus casas; no obstante, la distancia en fallecimientos con países como España, Italia y Estados Unidos es aún enorme. Y ante la demora de los servicios funerarios o por miedo a ser contaminados, algunos habitantes de Guayaquil están dejando los cuerpos en la calle, lo que aleja un poco el riesgo de contagio y atrae, con éxito, la atención de las autoridades por la vía de los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales.

La ministra del Interior María Paola Romo afirmó el 30 de marzo que Guayaquil y otras regiones habían manejado picos de mortalidad todavía comparables a otros momentos (dengue, terremoto, etc.), pero que para evitar el contagio de los trabajadores funerarios y manejar el alza de la mortalidad por venir, los trabajos funerarios serían asumidos por el Estado. El gobierno lanzó entonces un programa de emergencia para el entierro de los fallecidos. Luego de haber pedido un terreno a la ciudad de Guayaquil para una eventual «fosa común», el gobierno aseguró más tarde que todos tendrán un entierro digno en un «campo santo».

Este tipo de problemas vinculados a la calidad de la información, que todos los países enfrentan a su manera, aparece agudizado en Ecuador por las disputas políticas, que recientemente incluyeron una condena judicial a Correa por parte de la Corte Suprema. La forma en que se aborda la cuestión de la aparición de cadáveres en la calle anuncia tanto el ritmo como el tono político del colapso general hacia el que se dirige el país si las medidas tomadas por el gobierno no se aceleran, y si no mejora sustancialmente la situación para que los trabajadores esenciales puedan realizar sus tareas de manera efectiva. De hecho, esto no es muy diferente de la situación en Italia, especialmente en la rica provincia de Lombardía, donde a principios de marzo los difuntos quedaban durante días en apartamentos urbanos antes de ser retirados.

En Italia, el gobierno tardó al menos dos semanas, desde las primeras alertas, en confiar la gestión del sistema funerario nacional al Ejército cuando ya había más de 3.000 muertes oficiales. Desde Quito, el gobierno reaccionó tan pronto como llegaron las alarmas, mientras que el país contaba entonces menos de cien muertes por el Covid-19. Pero en Ecuador, este tipo de imágenes, que juega a favor de los opositores políticos del gobierno y ha afectado la imagen del presidente Lenín Moreno, podría tener efectos anímicos y políticos devastadores en el resto del país.

No obstante, afirmar que existen flujos intensos de falsas noticias irresponsables para desestabilizar al gobierno no impide afirmar que son muchas las contradicciones entre las fuentes disponibles de información. El registro de defunciones de la provincia de Guayas, obtenido por Plan V por ejemplo, da una otra impresión del nivel de emergencia. Más allá del «desfase» entre las funerarias privadas y el lanzamiento del programa del Comité de Operación de Emergencia (COE), es posible que la situación sea muchísimo peor que lo que reflejan las cifras oficiales. No lo descarta el propio gobierno, mientras desmiente la cifra de 700 muertos que circula en las redes sociales. Y no es menos cierto que en muchos países se están habilitando morgues improvisadas de emergencia. Ecuador está mal, pero los ecuatorianos tienen a su vez mucho que enseñar a otros pueblos en términos de catástrofes naturales.

El tema de la corrupción vuelve a aparecer en esta emergencia: ya salió a la luz un supuesto delito de sobrefacturación en el Instituto Nacional de Seguridad Social, sobre una compra de máscaras a 12 dólares la unidad. Al mismo tiempo, sigue el proceso judicial en contra del ex-presidente Correa, el ex-vicepresidente Jorge Glas (preso por otro caso) y sus principales colaboradores, cuyo gobierno entre 2007 y 2017 quedó profundamente manchado por hechos de corrupción.

Correa, por ejemplo, propuso en Twitter que las instalaciones de la Refinería del Pacifico fueran un posible lugar para montar un hospital de emergencia sobre el inmenso terreno plano que costó más de 1.200 millones al Estado desde la inauguración de la obra, con Hugo Chávez en 2007. Y en general parece no tener nada más útil que hacer para su país que intentar liberar a Glas, retuitear los mensajes del papa y difundir desde las redes sociales un flujo continuo de noticias de muy baja calidad con el objetivo de desestabilizar el gobierno de Moreno, su vicepresidente entre 2007 y 2013. Hace por ejemplo circular, con su ex-ministro Guillaume Long, un artículo en inglés que transcribe el discurso de la muy derechista alcalde de Guayaquil, Cynthia Viteri, justamente acusada de ser la principal responsable del mal manejo de la situación en Guayaquil, además de impedir de forma irregular, el 18 de marzo pasado, el aterrizaje de dos aviones que intentaban recoger extranjeros que deseaban regresar a su país de origen.

Sunniva Labarthe es doctoranda e investigadora en Ciencias Sociales en el Centre d’Études Sociologiques et Politiques Raymond Aron de la École des Hautes Études en Sciences Sociales, París.