Las mujeres reclaman la ayuda del Estado mientras tejen redes de solidaridad para poder alimentar a sus hijas e hijos.

La Diaria, 30-3-2020

Correspondencia de Prensa, 31-3-2020

Una de las principales sugerencias que hacen los gobiernos, los profesionales de la salud y los organismos internacionales para evitar la propagación del coronavirus es pedirle a la gente que se quede en casa. Pero para las trabajadoras sexuales esa no es una opción, ya que viven y sostienen la vida de sus familias del trabajo que realizan cada día puertas afuera.

La llegada del virus al país hizo que, en la mayoría de los departamentos, todas sus posibilidades laborales mermaran. Los boliches, bares y whiskerías cerraron de manera temporal apenas sintieron los efectos del distanciamiento social. Tampoco pueden estar en la calle sin que las pare la Policía. En algunas localidades los boliches siguen abiertos, pero, incluso así, los clientes habituales no los frecuentan porque en general son mayores de 60 años. Como son una de las poblaciones de riesgo, suelen estar en cuarentena voluntaria. El resultado es la incertidumbre de no saber de dónde rescatar plata para comer y dormir.

“La realidad es que si los negocios no abren y no laburás, no tenés de dónde generar ingresos. Eso es lo que nos está pasando a la mayoría”, explica a la diaria Karina Núñez, referente a nivel nacional de la Organización de Trabajadoras Sexuales Organizadas (Otras). En su voz están las voces de todas las demás. “Tenemos compañeras que se han tenido que ir a vivir con sus hijos a las whiskerías, que están cerradas, porque no han podido pagar los alquileres de las pensiones donde se quedan”, cuenta. “Tenemos compañeras que fueron sacadas como perros de los lugares donde trabajaban porque no los habilitaban para abrirlos y las dejaron en la calle para que se manejaran como pudieran, ni siquiera les dieron plata para el pasaje de vuelta a casa”, sigue Karina, y toma aire para seguir enumerando casos similares, que se multiplican.

La situación es la misma para todas las trabajadoras sexuales del país, con alguna variación según la localidad. En Tacuarembó, por ejemplo, durante los primeros días de emergencia sanitaria se podía hacer “una salidita”, y ahora ya no “porque salís a la calle y la Policía te para, te pregunta qué estás haciendo y te hace regresar a tu casa”, aseguró Daniela, una de las referentes del departamento. “Acá somos entre 15 y 20 mujeres que estamos sin trabajar. Tengo compañeras que tienen tres o cuatro hijos, algunas además tienen nietos, y están pasando mal de verdad. Además, los clientes que tenemos son personas mayores, que son las que más se están cuidando”, explica la trabajadora.

Desde un boliche abierto pero vacío de Villa del Carmen, departamento de Durazno, Natalia piensa en cómo va a pagar todas las deudas que tiene pendientes: “La gente no sale a la calle y no hay trabajo. No tenemos ni para comer. Debo 3.000 pesos a la niñera, que ya no me quiere cuidar a los chicos; debo dos facturas de luz, que no sé si no me la cortan esta semana; tengo una vivienda de Mevir y debo un año”.

En Sarandí del Yií a unos 40 kilómetros de ahí, los boliches también siguen abiertos y las mujeres van a trabajar “corriendo un riesgo tremendo”, dice Mariana, una de las referentes de esa ciudad. En esta localidad, las trabajadoras sexuales tienen permitido trabajar “con la autorización del comisario”, explica Karina. “Lamentablemente no hay suficiente gente, pero por lo menos no se les prohíbe salir a buscar la plata diaria”.

¿Qué pasa con las medidas sanitarias para quienes continúan trabajando en este marco de emergencia? “Es a suerte o verdad. La que quiera salir a arriesgarse a hacer un peso para llevar a la casa se la juega”, dice Karina.

El Estado es responsable

El trabajo sexual es un oficio feminizado en todas partes del mundo. En Uruguay, el Registro Nacional del Trabajo Sexual tenía anotadas 12.358 personas en 2018, de las cuales 11.559 eran mujeres, según datos de la Dirección Nacional de Policía Científica. La gran mayoría son madres solteras y jefas de hogar. Para ellas, dejar de trabajar significa no poder pagar las facturas y el alquiler del lugar donde viven, y por eso muchas están al borde de quedarse en situación de calle.

Pero, sobre todo, dejar de trabajar es no tener manera de alimentar a sus hijas e hijos. Este aparece como el principal problema que plantean las mujeres. En algunos casos, las niñas y los niños tienen garantizado el almuerzo en las escuelas y los Centros de Atención a la Infancia y la Familia a los que asisten, pero se complica la provisión de las meriendas y las cenas, así como durante los fines de semana. “Trato de conseguirles de un lado y del otro algo para que les hagan de comer a esos niños. […] Voy pidiendo el pan en las panaderías y pedí algún litro de leche que nos puedan dar en algún tambo”, cuenta Jacquelin, referente de las localidades de Cerro Colorado, Reboledo y Battle y Ordóñez (departamento de Florida). “Pero la situación sigue igual, se cerraron toditos los comercios y los bares, y las mujeres están sin trabajar”.

El ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, anunció la semana pasada algunas medidas para distribuir alimentos a las personas que viven las situaciones de mayor vulnerabilidad, en el marco de la crisis sanitaria: dijo que duplicaría la cantidad de alimentos destinada al Sistema Nacional de Comedores, el monto de la Tarjeta Uruguay Social –por única vez– y las canastas que reparte el Instituto Nacional de Alimentación (Inda) en las oficinas territoriales del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). También adelantó que aumentará las asignaciones familiares.

Bartol explicó que la población beneficiaria de las “canastas de emergencia” –destinadas a quienes no tienen ingresos o están desocupados, en situación de calle, tienen alguna incapacidad o son derivados de alguna otra institución– incluye a personas que hasta el momento no habían contado con apoyo del Mides. También a trabajadoras y trabajadores “que no están registrados de manera formal”, según dijo en la conferencia de prensa del viernes. Es el caso de muchas de las trabajadoras sexuales con hijas e hijos a cargo, que además de ser informales no reciben asignación familiar y tampoco cuentan con la tarjeta del Mides.

Karina Núñez se comunicó con Bartol para alertar sobre la situación de estas compañeras y pedir la ayuda del ministerio. El jueves pasado, el ministro se contactó para decirle que “podría” incorporarlas en el sistema de canastas, aunque no precisó cómo ni cuándo. Karina le pasó un formulario en el que se inscribieron 619 trabajadoras sexuales de todo el país. Forman parte del registro mujeres cis y trans.

Hasta el día que llegó la respuesta del ministro, la información que habían recibido las trabajadoras sexuales acerca de las canastas de emergencia había sido –por lo menos– confusa. En Sarandí del Yi, por ejemplo, les dijeron que el Inda iba a repartir canastas “el miércoles”, pero cuando las mujeres se acercaron a la oficina del Mides “les dijeron que era un error”, cuestiona Mariana. En otras localidades, el número de atención que creó el ministerio para atender a quienes soliciten ayuda alimenticia (0800 7263) no funcionaba.

La Unión de Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social denunció el jueves en un comunicado “múltiples dificultades en el desarrollo de las tareas de los distintos servicios y programas” a raíz de la falta de “solvencia y claridad” de las medidas anunciadas por la cartera. Entre otros ejemplos, el sindicato aseguró que quienes atienden el nuevo servicio telefónico “no cuentan con criterios técnicos para entregar una canasta de emergencia” y que “muchos programas ya entregaron todas las canastas disponibles” y no se sabe “cuándo se recibirán más”.

Por otro lado, representantes de las intendencias de Montevideo, Canelones y Paysandú confirmaron el viernes a Karina que entregarán canastas de alimentos a las trabajadoras sexuales que realizaron solicitudes en esas comunas.

“Unidas se puede”

Durante las últimas dos semanas, a la espera de las respuestas del Estado, las trabajadoras sexuales tejieron redes comunitarias para conseguir alimentos. De ahí surgieron distintas iniciativas, entre ellas la que lidera la Red de Mujeres a Contracorriente, que recibe donaciones de dinero para comprar canastas. Para evitar viajes y traslados que puedan retrasar la llegada de los alimentos al interior del país, el colectivo optó por otra modalidad: contactarse con los almacenes de las localidades y hacerles transferencias.

“Se está haciendo un voucher de compra por 600 pesos en los almacenes, entonces cada una de las compañeras gasta ese dinero en lo que necesite. No puede comprar ni alcohol ni cigarrillos, ni realizar recargas electrónicas. Son sólo productos básicos”, explica Karina. “Después les pedimos el ticket, la firma y que nos manden una foto para certificar. Lo hacemos lo más transparente posible, porque si bien está bueno poder recibir apoyos, una de las premisas es que con las cosas claras llegamos a todos lados”, asegura la fundadora de Otras. Este sistema se encuentra con obstáculos en algunas ciudades donde los comercios no realizan transferencias, no trabajan con el banco de referencia o simplemente no quieren colaborar. Porque, sí, el estigma y la discriminación hacia quienes ejercen el trabajo sexual siguen siendo moneda corriente.

En Montevideo, las trabajadoras se organizaron para reunir donaciones de alimentos no perecederos y artículos de higiene en la sede del PIT-CNT. El viernes pasado se armaron y repartieron las canastas para asegurar especialmente la comida de las hijas y los hijos de las trabajadoras durante el fin de semana. Cada canasta incluía un paquete de harina, uno de azúcar, uno de polenta, lentejas, una lata de legumbres, una de arvejas y otra de salsa de tomate.

Las demás iniciativas que hay nacen en los territorios desde las trabajadoras sexuales para las trabajadoras sexuales, que se juntan a armar ollas populares. En Paysandú, las 25 trabajadoras sexuales que están paralizadas se contactaron para analizar cómo salir adelante, juntas. “Ahora se nos ocurrió poner un poquito cada una y hacer entre todas una olla para que nuestros hijos puedan comer, pero no tengo idea de hasta cuándo lo vamos a poder hacer. Tenemos una situación ya casi extrema de no saber para qué lugar vamos a agarrar para que a nuestros hijos no les falte la comida, ya que somos el único sustento que tienen y nosotras no podemos hacer nuestro trabajo. Ya no sabemos qué puertas tocar para tener una ayuda”, plantea Cintia, referente del departamento.

Todas, en todo momento, agradecen y se agradecen, porque se saben juntas. “Gracias a todas las compañeras”, insiste Natalia. “Todas tenemos situaciones diferentes y muy difíciles, todas tenemos niños chicos, todas tenemos que pagar niñera. Está muy complicada la mano. Ojalá que podamos salir adelante con el apoyo de todos. Vamo arriba que se puede”, dice, y se corrige: “Unidas se puede”.