Los militares acusados de ejecuciones extrajudiciales comparecen ante la justicia transicional, que avanza en la prospección de una nueva fosa común.

S. Torrado, desde Bogotá

El País, 23-2-2020

Correspondencia de Prensa, 26-2-2020

Colombia, donde la guerra ha dejado hasta 200.000 desaparecidos, se asoma a una verdad tan dolorosa como reparadora. A lo largo de esta semana, el tribunal de justicia transicional surgido de los acuerdos de paz volvió a escudriñar fosas comunes en el cementerio católico de Dabeiba, un paraje montañoso en el noroeste del país, a unas cuatro horas de Medellín, donde ya ha recuperado más de medio centenar de cuerpos de presuntas víctimas de ejecuciones extrajudiciales que los militares presentaron como bajas en combate para mostrar resultados.

Las ramificaciones de los falsos positivos, el eufemismo con el que se conocen miles de asesinatos perpetrados principalmente durante los dos mandatos del expresidente Álvaro Uribe (de 2002 a 2010), siguen siendo una fuente permanente de conmoción en una sociedad que, sin esquivar la verdad, busca pasar la página de la violencia. Los últimos días no son una excepción. La semana anterior, en medio de enormes expectativas, el general en retiro Mario Montoya, comandante del Ejército en algunos de los años en que más casos se presentaron, compareció ante este tribunal, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en una audiencia a puerta cerrada. Las víctimas sintieron esas jornadas como una nueva afrenta, pues en sus respuestas el militar diluyó la responsabilidad de la cadena de mando, según las transcripciones a las que ha tenido acceso El País. Incluso han pedido que lo excluyan de la jurisdicción.

Montoya rechazó asumir responsabilidades y no mostró arrepentimiento, lo que es la primera condición del tribunal de paz colombiano para evitar penas alternativas a la cárcel. Dijo que no hay pruebas que lo vinculen con falsos positivos y atribuyó a la escasa formación e incluso a la clase social de los soldados el origen de este fenómeno. “Los muchachos que van al Ejército son de abajo, los de estrato uno, no van los estratos dos, tres y cuatro. Nos toca enseñarles cómo se utiliza el baño, cómo se utilizan los cubiertos”, señaló en referencia a la repartición de las clases sociales por estratos.

A pesar de todo, las indagaciones avanzan. Desde que le asignaron el caso 03, el que aborda las “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, el magistrado Alejando Ramelli ha entrevistado a más de 200 militares. Las versiones voluntarias aportadas por algunos involucrados han detallado las presiones por obtener resultados a cambio de recompensas. Esta semana también se conoció un video en el que un coronel –Álvaro Amórtegui– denuncia irregularidades en la inteligencia militar y asegura que Montoya pedía ejecuciones para exhibir un mayor número de bajas.

A la investigación de este caso se sumó en los últimos días la sorpresa por el relevo de Claudia García, la directora del Instituto de Medicina Legal que coordina las exhumaciones. En una de sus primeras decisiones, el nuevo fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, destituyó sin mayores explicaciones a García, quien llevaba 24 años en la entidad. Ella fue la funcionaria que sacudió al país al elevar hasta 200.000 el cálculo del número de cuerpos sin exhumar e identificar.

Las montañas y selvas de Colombia están llenas de cadáveres de víctimas enterradas sin sus nombres. Las dimensiones del fenómeno son estremecedoras. Hay por lo menos 2.248 casos de falsos positivos, de acuerdo con los informes de la fiscalía, pero representan un porcentaje pequeño del universo de desapariciones forzadas. Hay otros 18 sitios a lo largo y ancho de Colombia donde el tribunal de paz presume que se encuentran personas dadas por desaparecidas, víctimas de los diferentes actores armados, bien sea agentes del Estado, guerrillas o paramilitares. Solo en la zona rural de Dabeiba ya ha identificado cinco puntos donde habría víctimas de las FARC. El caso de los falsos positivos y otro por secuestros contra la cúpula de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia son los dos frentes en los que se esperan mayores avances en un año decisivo para la justicia transicional.

Cuerpos recuperados

Entre los hallazgos dados a conocer por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) esta semana sobresalen los cuerpos de una familia con prendas militares, varias mujeres, dos niños, cadáveres con botas de caucho y cráneos donde se encuentran las ojivas de heridas causadas por armas de fuego. Esos indicios se suman a los testimonios de comparecientes y testigos que llevaron a los investigadores a ese municipio de unos 20.000 habitantes en el departamento de Antioquia, uno de los escenarios del más avanzado de los siete macrocasos, o grandes procesos, que ha abierto la JEP.

El operativo no tiene precedentes. En su segunda visita de inspección y exhumación, la JEP recuperó 37 cuerpos de víctimas de ‘falsos positivos’, como se conoce en Colombia el asesinato de civiles inocentes por miembros de las fuerzas militares. Guiados por varios testimonios, los antropólogos, forenses y funcionarios se concentraron en las 16 fosas donde encontraron los cuerpos. El pasado diciembre, cuando se conoció el hallazgo, la JEP, en conjunto con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y el Instituto de Medicina Legal, ya había recuperado otros 17 cuerpos, para un total de 54.

La labor del tribunal de paz aún no ha concluido en Dabeiba, y más adelante habrá nuevas jornadas. Entre los hitos de esta semana también está la entrega a sus familiares, en el parque principal del municipio, del primer cuerpo identificado, el de Edison Lexander Lezcano Hurtado, un joven agricultor de 23 años, padre de tres hijos, desaparecido hace 18 años.

Su padre, Gustavo de Jesús Lezcano, denunció en 2002 que había sido raptado y asesinado por militares. Después de una emotiva misa y un sepelio, sus restos, encontrados en diciembre en una fosa junto a otro cuerpo vestido de camuflado, ambos con disparos en la cabeza, reposan por fin en una bóveda con su nombre.

“Sin acuerdo de paz, estos casos quedarían en la impunidad”

Alejandro Ramelli es el magistrado que instruye el caso sobre falsos positivos en la Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal de justicia transicional que esta semana entregó a sus familiares uno de los cuerpos hallados en el cementerio de Dabeiba e identificado como víctima de ejecución extrajudicial de militares.

“Se hizo en un tiempo muy breve”, destaca Ramelli al explicar que no se trata solo de entregar el cuerpo, también de realizar una investigación criminal. “Este es un caso emblemático que nunca se hubiera sabido. Sin acuerdo de paz, sin JEP, sencillamente nunca se hubiera conocido, seguramente esto habría quedado en la impunidad completa porque la justicia ordinaria no había hecho nada”, explica este doctor en derecho por la Universidad de Salamanca sobre un expediente que se encontraba archivado desde el año 2003.

“Tenemos fuertes esperanzas para que el resto sean plenamente identificados”, apunta sin desconocer las complejidades técnicas, como por ejemplo que algunos cadáveres están tan descompuestos que es difícil extraerles las muestras de ADN, o la necesidad de tener a mano las muestras de los familiares de desaparecidos.

Son resultados notables con un enorme peso simbólico. Con un amplio respaldo de la comunidad internacional, el tribunal avanza a pesar de formidables obstáculos en un país que se propone reparar a más de ocho millones de víctimas de un conflicto de más de medio siglo que involucró a guerrillas, paramilitares y agentes del Estado.

Al priorizar las ejecuciones extrajudiciales, la JEP tuvo en cuenta que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional también ha llamado la atención sobre este fenómeno, uno de los mayores escándalos de las Fuerzas Armadas en décadas de campaña contrainsurgente.