La última palabra

Desde su exilio en Argentina e imposibilitado de competir nuevamente por la presidencia, Evo Morales realizó esta semana un anuncio que sorprendió a las organizaciones sociales que lo apoyan. Contra lo decidido por el llamado Pacto de Unidad, Morales impuso como cabeza de la fórmula presidencial del Movimiento al Socialismo a su exministro de Economía, y marcó cuál será la estrategia electoral a seguir por los suyos. Pero el malestar generado por esa decisión sacudió la compleja interna de la oposición boliviana.

F. Kovacic, desde Buenos Aires

Brecha, 24-1-2020

Correspondencia de Prensa, 24-1-2020

El cónclave encabezado por Evo Morales el pasado fin de semana se desarrolló en los salones del hotel cooperativo Bauen, en Buenos Aires, ciudad donde el exmandatario se encuentra asilado tras su salida de Bolivia y su paso por México, luego de ser derrocado por un golpe de Estado el pasado 10 de noviembre. En esa reunión en la capital argentina se definió que la fórmula presidencial del Movimiento al Socialismo (Mas) de cara a las próximas elecciones bolivianas del 3 de mayo estará conformada por el exministro de Economía, Luis Arce, y el excanciller David Choquehuanca.

Además de Morales, participaron del encuentro varios dirigentes del Mas y medio centenar de representantes de organizaciones comunitarias indígenas, sindicales y sociales bolivianas que integran con ese partido el Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos, la principal alianza política y electoral del país andino. Sin embargo, de inmediato surgieron voces críticas en Bolivia dentro de los sectores campesinos y obreros que apoyan al Mas, y que cuestionan al binomio elegido con base en la decisión de las asambleas sectoriales de los movimientos sociales del Pacto de Unidad, reunidas en los últimos días en Bolivia.

La decisión

La definición de la fórmula tuvo lugar entre el sábado 18 y el domingo 19 de enero, y estuvieron en danza cuatro nombres. Además del binomio finalmente consagrado, estaban en la lista el también excanciller Diego Pary y el joven dirigente cocalero Andrónico Rodríguez. En las semanas previas, en los corrillos de la comunidad boliviana en Buenos Aires, habían aparecido como posibles alternativas los nombres de las legisladoras Gabriela Montaño y Adriana Salvatierra, del expresidente y académico Eduardo Rodríguez Veltzé, del exministro de Justicia Héctor Arce y del periodista y exsenador José González Samaniego.

Fue la presión de los movimientos nucleados en el llamado Pacto de Unidad la que forzó finalmente el nombre de Choquehuanca sobre los cinco antes mencionados. Previamente, el jueves 16, los integrantes del Pacto de Unidad habían postulado en Bolivia la fórmula Choquehuanca-Rodríguez, en ese orden, que combinaba la veteranía y la juventud de dos dirigentes vinculados a los sindicatos: antes de llegar al gobierno, el excanciller comenzó su carrera política como asesor del movimiento campesino, mientras que Rodríguez es el heredero de Morales al frente de las organizaciones de cocaleros de Cochabamba que vieron al expresidente nacer a la lucha sindical.

Pero la palabra final de Morales fue decisiva, aseguraron voceros del encuentro en la capital argentina. Según explicó el expresidente en una conferencia de prensa el mismo domingo 19, la fórmula Arce-Choquehuanca logró “la perfecta combinación entre la ciudad y el campo boliviano […] entre la ciencia y la sabiduría ancestral”. “Yo también apoyaría a Andrónico y batallaría por su candidatura, porque representa a las federaciones de Cochabamba donde fui dirigente. Pero en la vida hay que saber sacrificarse”, sentenció Morales. Sus palabras, concluyentes, parecían querer explicarle a la masa juvenil obrera y campesina del Pacto la necesidad de hacer concesiones en pos de obtener una fórmula aceptable para un amplio espectro de votantes, incluida la clase media urbana.

Suena lógico el razonamiento del expresidente. En su ecuación, Arce es la “ciencia” y Choquehuanca, la “sabiduría ancestral”. Ambos fueron piezas clave en el armador de poder y gestión estatal del Mas desde 2006 y hasta 2019. El primero, economista con posgrados en universidades como la británica de Warwick y profesor en varias casas de estudio bolivianas, es señalado por la prensa internacional como el responsable directo de un milagro económico entre 2006 y 2019, período en el que presidió dos veces el Ministerio de Economía de Bolivia. Sus políticas económicas heterodoxas permitieron sacar de la pobreza a 3,5 millones de bolivianos e incorporar a 1 millón de ellos a la clase media, según informes de la Cepal.

En comparación con el expresidente y con otros funcionarios de su gobierno, Arce es una excepción en su forma de vestir: camisa, corbata, traje y un siempre prolijo peinado. Es con él que Morales apunta a atraer los votos de la clase media citadina. Choquehuanca, en cambio, es un aymara de humildes orígenes rurales cercanos a La Paz y moldeado por su formación sindical. Tras cumplir durante 11 años el rol de ministro de Relaciones Exteriores, conserva el apoyo de varias comunidades rurales bolivianas. Él es quien encarna al votante campesino y es el “punto medio” entre las intenciones para la fórmula abrigada por Morales y las que emanaron de las bases del Pacto de Unidad.

Malestar en las bases

No obstante, según pudo saber Brecha, la definición de la fórmula presidencial en Buenos Aires y no en Bolivia levantó quejas entre algunos referentes sociales y representantes de movimientos sociales miembros del Pacto de Unidad. Al día siguiente al anuncio de Morales, Eva Copa, actual presidenta del Senado boliviano por el Mas, dijo a la prensa que lo resuelto en Buenos Aires era sólo “una propuesta que viene de allá para que sea debatida dentro de nuestras organizaciones”. “Todavía no están inscritos los candidatos, nuestras organizaciones harán un debate, una evaluación en torno a esta propuesta que nos está llegando y nosotros daremos a conocer en su momento”, agregó, antes de remarcar: “Serán nuestras bases las que vayan a definir” (La Razón, 20-I-20).

Copa, Henry Nina, vocero del Pacto de Unidad, y Johnny Pardo, de la Federación de Trabajadores Campesinos, habían firmado el documento de hace tres semanas que ratificaba a Choquehuanca y a Andrónico Rodríguez como los candidatos presidenciales para el 3 de mayo. La cuestión se complicaba si se tiene en cuenta el rol que el Pacto de Unidad cumple desde la primera elección presidencial ganada por el Mas en 2005, nucleando a las organizaciones más importantes del mundo campesino y sindical boliviano: la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu.

Finalmente, el jueves 23, los dirigentes de las organizaciones integrantes del Pacto reunidos en la ciudad boliviana de El Alto resolvieron por voto mayoritario aceptar la fórmula definida en Buenos Aires. “Ahora, allá han decidido: presidente Luis Arce Catacora”, afirmó Choquehuanca a los presentes en la asamblea, en una férrea defensa de lo resuelto en la capital argentina. El candidato a vice también advirtió que la derecha se haría una “fiesta” si el Mas se dividía por la definición de la fórmula electoral (Erbol, 23-I-20).

Lo cierto es que durante los años de gobierno del Mas los acuerdos entre los integrantes del Pacto fueron evolucionando y generaron cruces, salidas, ingresos y reingresos a ese colectivo, según lo ameritara la gestión de gobierno (véase “Evo perdió a Evo”, Brecha, 15-XI-19) . El Pacto ha sido la base de sustentación social del Mas en un país donde los movimientos sociales son actores políticos determinantes. Articular tantas voces no siempre resulta fácil. Si el Pacto insistía con la postulación de Choquehuanca y Rodríguez, la Central Obrera Boliviana había anunciado que postularía en su lugar una fórmula conformada por Choquehuanca y el dirigente sindical minero Orlando Gutiérrez.

Lawfare a la boliviana

Por su parte, Andrónico Rodríguez no había asistido al encuentro en Buenos Aires, pero había enviado una carta a la asamblea reunida allí en la que aceptaba asumir el rol que el cónclave resolviera. Morales se respaldó en ese documento para cerrar la dupla presidencial. El joven dirigente cocalero no puede salir de Bolivia porque está acusado de sedición y terrorismo por el gobierno provisional de Jeanine Áñez.

El politólogo boliviano Fernando Mayorga (véase entrevista) explica que estas acusaciones, junto a las de corrupción, son hoy moneda corriente en el altiplano. El lawfare a la boliviana también funciona. Por estos días son investigados por corrupción el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana y el exministro de Gobierno Carlos Romero. El lunes 21, a pocas horas de haber sido anunciada la fórmula presidencial Arce-Choquehuanca, la fiscal de la ciudad de La Paz Heidi Gil anunció que ampliará una investigación por corrupción contra Arce a raíz de la denuncia del nuevo director del Fondo Indígena, Rafael Quispe, sobre dineros mal utilizados por esa repartición, dependiente del Ministerio de Economía.

En tanto, en la tarde del 22, fecha conmemorativa de la instauración del Estado plurinacional, tanto la presidenta Áñez desde el Palacio de Gobierno como Evo Morales desde Buenos Aires hicieron un balance de gestión. Áñez consideró haber cumplido su papel transitorio, haber reordenado las cuentas del Estado e investigado los casos de corrupción de la gestión de Morales. No mencionó las masacres de Senkata y Sacaba de noviembre del año pasado –investigadas actualmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos–, donde murieron 36 personas a manos de las fuerzas de seguridad bajo su mando. Morales, en su discurso transmitido a Bolivia, destacó los logros económicos y sociales de sus 14 años de gestión, y denunció al gobierno de Áñez como una dictadura.

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Con el politólogo boliviano Fernando Mayorga

“Bolivia volvió a manos de la oligarquía histórica”

Sociólogo y doctor en ciencia política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Mayorga dialogó con Brecha sobre la situación boliviana y el escenario político de cara al próximo 3 de mayo, día de las elecciones presidenciales.

Fabián Kovacic

Brecha, 24-1-2020

—¿Corre riesgo el Estado plurinacional, que acaba de cumplir 14 años?

—Para modificar el Estado plurinacional como entidad constitucional sería necesaria una asamblea constituyente y eso no parece posible hoy. Si bien es cierto que Carlos Mesa prefiere volver a la República y Fernando Camacho se inclina por hablar de un nuevo federalismo, las nuevas autoridades deberán seguir con el Estado plurinacional. Pero si bien no podrán modificar esa denominación, es cierto que hoy el país se encuentra en un retroceso en sus políticas públicas y que ha vuelto a estar en manos de una oligarquía histórica.

—¿Cuál es la situación del Mas para las próximas elecciones? ¿Hay críticas en Bolivia a la fórmula integrada por Luis Arce y David Choquehuanca?

—El Mas, pese a todas las críticas recibidas desde la oposición –que hoy es gobierno a partir del golpe de Estado– sobre la dictadura que habría impuesto Evo Morales, es la fuerza política más democrática del país. La candidatura del binomio Luis Arce-David Choquehuanca es cuestionada aquí por algunas fuerzas y organizaciones sociales del Pacto de Unidad [la alianza de las principales organizaciones sociales que apoyan al Mas],y eso hay que leerlo en dos claves complementarias. Por un lado, porque es parte de la lógica asambleísta y comunal de los bolivianos, y es también parte de los mecanismos históricos del sindicalismo boliviano. Y por otro lado, porque demuestra la expresión democrática en el interior del Mas.Bolivia2401 II

—¿Cómo podría describirse al gobierno actual de Bolivia?

—En este momento el gobierno de Bolivia está en manos de lo que fuera la oposición al Mas, que está fragmentada. La propia presidenta Jeanine Áñez es parte del movimiento Bolivia Dice No, surgido para oponerse a la candidatura de Morales en la elección de octubre. Se trata de un partido que no alcanzó el 5 por ciento de los votos. Quienes hoy gobiernan fueron parte de una oposición que desde el triunfo del Mas en las presidenciales de 2005 no logró articular una fuerza que pudiera enfrentarlo. El único candidato que mantiene su partido y está listo para presentarse legalmente es Carlos Mesa, con Comunidad Ciudadana. Por eso se da la curiosa paradoja de que el liberal Jorge “Tuto” Quiroga será el candidato presidencial del Movimiento Nacionalista Revolucionario, cuando en 2014 fue candidato del Partido Demócrata Cristiano y viene originalmente del partido liderado por el general Hugo Banzer, Acción Democrática Nacionalista, un partido de derechas. Otro que espera presentarse, pero aún no está claro con qué sello lo hará, es el empresario Samuel Doria Medina, derrotado en las elecciones de 2005 y 2009.

—¿Hay garantías para la presentación electoral del Mas en los comicios?

—Hubo un pedido de proscripción que fue desechado por el Tribunal Supremo Electoral. La personería jurídica del Mas está intacta para presentar candidatos en todos los cargos, en todo el país. Es pronto para elaborar hipótesis sobre el curso que puedan tomar los hechos electorales. Todo está en permanente movimiento y cambio. Hay que esperar que las cosas decanten con el correr de los días y ver qué ocurre con las candidaturas. Pero a fines de diciembre, cuando las encuestadoras preguntaban la intención de voto de Andrónico Rodríguez a la cabeza del Mas, su candidatura alcanzaba el 40 por ciento. Luego cuando ya Evo Morales se estableció en Buenos Aires y los debates por los candidatos fueron mayores, algunas encuestadoras preguntaban por el voto al Mas independientemente de cuál fuera el candidato y la intención de voto se mantuvo en ese 40 por ciento.

—Las acusaciones de corrupción parecen ser un elemento común de las nuevas derechas de la región. ¿Qué pasa hoy en Bolivia con la acusación en este sentido contra Luis Arce?

—No sólo Arce es acusado de corrupción, también lo es Carlos Romero, exministro de Gobierno. Andrónico Rodríguez es acusado de “sedición y terrorismo”. Estas dos palabras son las más usadas para acusar a dirigentes sociales, dirigentes del Mas o exfuncionarios del gobierno depuesto. Tanto jueces como fiscales aceptan esas acusaciones para perseguirlos y minar la unidad del Mas o de algunas agrupaciones sociales con miras a las elecciones del 3 de mayo. Habrá que esperar que efecto surten. Por lo pronto el Mas denunció que detrás de algunas de esas acusaciones está la mano de la Usaid, una agencia de Estados Unidos que fue invitada por la presidenta Áñez a supervisar las elecciones del 3 de mayo.