Pueblos tradicionales y originarios víctimas de asesinatos y agresiones en Mato Grosso do Sul, Amazonas y Maranhão.

Lu Sudré, en São Paulo

Brasil de Fato, 15-1-2020

Traducción de Pilar Troya

Correspondencia de Prensa, 17-1-2020

Año nuevo, violencia vieja. Los 13 primeros días de 2020, indígenas y quilombolas (1) fueron víctimas de asesinatos y ataques que dieron continuidad a la escalada de violencia que alcanzó a los pueblos tradicionales y originarios el año pasado.

El número de líderes indígenas muertos en conflictos en el campo, por ejemplo, fue el mayor en por lo menos 11 años. Datos de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) registraron siete muertes en 2019, contra dos muertes en 2018. Las informaciones son preliminares y el balance final sólo será divulgado en abril de este año.

Entretanto, la tónica continua la misma. Apenas comenzado el 2020, el 2 de enero, cerca de 180 familias Guaraní y Kaiowá sufrieron una ofensiva de guardias privados en Dourados, en el estado de Mato Grosso do Sul. La confrontación, que duró 16 horas y terminó apenas al día siguiente, dejó siete indígenas heridos por balas de goma y proyectiles de arma de fuego.

Entre ellos, un indígena de 12 años que perdió tres dedos de la mano izquierda al manipular una granada dejada atrás por la policía. Los policías, de acuerdo con el Centro Indigenista Misionero (CIMI), fueron hasta el lugar durante el ataque de los guardias privados y también actuaron de forma violenta contra los indígenas.

La acción de guardias privados de hacendados contra los indígenas que ocupan los territorios en los límites de la Reserva de Dourados, de la cual fueron expulsados, es constante. Después del ataque de comienzos del año, la Defensoría Pública de la Unión (DPU) de Campo Grande solicitó al gobierno estadual que requiera el envío de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública para atenuar los conflictos.

El primer domingo del año, 5 de enero, dos campesinos quilombolas fueron brutalmente asesinados en el municipio de Arari, en el estado de Maranhão. Líderes de la asociación quilombola de Cedro, Celino Fernandes y Wanderson de Jesus Rodrigues Fernandes, padre e hijo, fueron asesinados con tiros en el rostro después de que su residencia fuera invadida por cuatro pistoleros.

Según la CPT, los trabajadores habían denunciado el conflicto agrario entre la comunidad y grileiros (2), que cercan – inclusive con cercas eléctricas – terrenos públicos de la región para la cría de búfalos.

Paulo Moreira, de la coordinación nacional de la CPT, evalúa que el primer año del gobierno de Bolsonaro profundizó la violencia contra los pueblos tradicionales de la selva.

“El recado del gobierno fue claro. No va a apoyar de forma alguna políticas para los pueblos y comunidades tradicionales. Eso está provocando, ha provocado a lo largo de los últimos años, ese incentivo a la violencia. El gobierno tiene una política de favorecer al capital, al agro negocio y a las mineras. Deliberada y sistemáticamente, paralizó las políticas para los pueblos del campo y avanzó en el sentido contrario”, denuncia Moreira, añadiendo que la perspectiva negativa se mantiene para 2020.

Durante la noche del 6 de enero de este año, el día siguiente al asesinato de los quilombolas maranhenses, tres indígenas del pueblo Miranha, de la Terra Indígena Cajuhiri Atravesado, en el municipio de Coari (estado de Amapá), también fueron asesinados. Las muertes ocurrieron debido a un conflicto local involucrando indígenas y no indígenas y desavenencias relacionadas a la extracción de la nuez de Brasil en la región.

Profesor, el indígena Joab Marins da Cruz fue asesinado en su casa, en la aldea Cajuhiri Atravessado. De acuerdo con la PM de Coari, Joab habría entrado en confrontación con el propietario de un rifle supuestamente robado por su hermano.

Inmediatamente después, Marcos Marins da Cruz y Francisco Marins da Cruz también fueron asesinados después de intentar localizar y perseguir a los autores de los disparos contra Joab. Uno de los asesinos está preso.

Para Paulo Moreira, no es coincidencia que gran parte de los conflictos y asesinatos contra indígenas y quilombolas históricamente sucedan en la Amazonía. El destaca que los territorios de los pueblos tradicionales son extremadamente valiosos y codiciados por diversos sectores.

“Es un mercado que avanza de forma violenta, incentivado por el Estado, a exterminar los pueblos para explotación de la selva. Es el fin de la selva”, lamenta el coordinador de la CPT.

Otra forma de violencia

Desde comienzos de enero, seis niños indígenas de menos de un año de edad también murieron en la región de la Terra Indígena Vale do Javari. En entrevista al CIMI, Jorge Duarth, coordinador del Distrito Sanitario Especial Indígena (DSEI), afirmó que las muertes ocurrieron debido a las condiciones insalubres del puerto local, donde atracan las canoas indígenas y no hay saneamiento básico.

También de acuerdo con informaciones del DSEI, la mayoría de los fallecimientos tuvo lugar en la ciudad de Atalaia do Norte, municipio brasileño del interior del estado de Amazonas.

Antonio Eduardo Cerqueira de Oliveira, secretario general del CIMI, analiza que la desestructuración completa de una red de asistencia que garantice derechos básicos es otra forma de violencia responsable por el aumento de muertes de indígenas en Brasil.

Como ejemplo, cita el desmantelamiento de instituciones importantes desde el inicio del gobierno de Jair Bolsonaro. Entre ellas, la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) y el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA).

“Las poblaciones indígenas y quilombolas están siendo colocadas como enemigas del Estado, del pueblo brasileño. Eso es terrible. El propio Estado brasileño patrocina una violencia tamaña que niños mueren y eso parece natural. Tres indígenas fueron asesinados y eso parece natural”, lamenta Cerqueira de Oliveira.

Según él, el gobierno de Bolsonaro tiene la intención de privatizar la atención de salud de las comunidades indígenas y ya inició el proceso de desarticulación de esa red.

Crítico al proyecto de minería en territorios indígenas presentado por el gobierno, el secretario del CIMI relata además que el fin del programa Más Médicos y la consecuente retirada de médicos cubanos de las regiones más vulnerables del país precarizaron aún más la atención a los indígenas.

“Son señales de que estamos viviendo una situación de barbarie. La población indígena, rural y más pobre, está completamente desprotegida”.

Notas

1) Habitantes de quilombos: comunidades rurales ancestrales de población mayoritariamente negra, creados inicialmente por esclavos fugados.

2) Los grileiros legalizan tierras con títulos de propiedad falsificados.